Sabino Romero fue asesinado por sicarios con la complicidad del Estado

Opción Obrera

El cacique Yukpa Sabino Romero, de la comunidad Chaktapa en la Sierra de Perijá en el estado Zulia, fue asesinado por sicarios el domingo 3 de marzo de los corrientes cuando en compañía de su compañera Lucía se dirigía hacia El Tukuko a una asamblea que elegiría al cacique mayor de la comunidad. Lucía se encuentra herida de gravedad.

Sabino Romero ha representado el accionar directo de los pueblos indígenas Yukpas por los derechos conculcados por el Estado respecto a la delimitación de tierras que por propiedad ancestral les otorgaba la constitución de la república de 1999. Tras una larga lucha que se remonta a los años 50 del siglo pasado, los Yukpas han exigido la titularidad de sus tierras ancestrales. Los propietarios latifundistas siempre han constituido fuerzas de choque paramilitares y de sicarios para enfrentar la radicalidad indígena, inclusive han favorecido la migración hacia sus fundos de otra etnia indígena como la Wayú. Con lo contemplado en la CRBV de 1999, Sabino Romero consiguió motivos de derecho para exigir la delimitación de las tierras indígenas ancestrales Yukpas, lo que fue siempre negado o subvertido por latifundistas y empresas de minería del carbón con la anuencia de la GNB y el ministerio para los pueblos indígenas de la mano de Nicia Maldonado.

Desde el año 2006 los intentos de acallar al pueblo Yukpa han sido cotidianos además de permisivos respecto a latifundistas y empresarios de la minería del carbón. Sabino Romero ha vivido en carne propia los desmanes provenientes de sus sicarios y paramilitares con la complicidad del Estado con el apoyo que les brinda al permanecer en las tierras ancestrales Yukpas la GNB. El padre y uno de los hijos de Sabino Romero fueron asesinados igualmente. En 2010 la Fiscalía imputó a PROVEA y a la Sociedad Homo et Natura de llevar niños Yukpas a una toma que hicieron los indígenas de la comunidad de Chaktapa a la entrada del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. En febrero de este año se inició el juicio que demuestra muy claramente la intensión de criminalizar la solidaridad de organizaciones y colectivos sociales hacia el pueblo Yukpa. Que los Yukpas se movilicen para reclamar por sus derechos como colectivos sociales con sus ancianos, mujeres y niños resulta incomprensible para la justicia burguesa, como no pueden atentar de manera obvia hacia ellos entonces se enfila con la criminalización la solidaridad prestada por los colectivos mencionados.

 

El año pasado el gobierno bolivariano tuvo que ceder en el tema de la delimitación de las tierras Yukpas. Terminaron reconociéndoles las zonas escarpadas de la Sierra de Perijá y no los valles ancestrales ocupados recientemente por los latifundistas o aledaños a las zonas de concesión de la minería de carbón. Con todo y lo precario de la zona delimitada, los Yukpas debieron esperar más de 8 meses para proceder a asentarse en sus territorios haciéndolo a la fuerza con la toma de dos haciendas que quedaban dentro del perímetro y a las cuales sus dueños latifundistas alegaban su permanencia todavía porque el Estado no les había pagado “sus” bienhechurías. A los Yukpas solo se les decía que el trámite estaba en proceso, mientras la GNB colocaba soldados para proteger a los “criollos” de las haciendas.

La guinda del “postre” la terminó representando Vanessa Davies, cuando en “vivo” desde el estudio de VTV en la Plaza Bolívar de Caracas, procedió a tapar con una cortina “roja” la ventana desde la que se veía la manifestación que por lo motivos anteriores hacía de nuevo el pueblo Yukpa en noviembre del año pasado en Caracas. El intento de nuevamente “invisibilizar” al pueblo Yukpa y sus demandas por sus derechos ancestrales consagrados en la CRBV pero negados por el Estado y sus instituciones, desde el Sistema Nacional de Medios Públicos, generó el repudio colectivo de sectores chavistas y no chavistas del país. Se terminaba demostrando mediáticamente lo que Sabino Romero y el pueblo Yukpa no se cansaron de denunciar: la complicidad de las instituciones civiles del Estado junto a las militares, el poder de los latifundistas y los monopolios extranjeros de la minería del carbón, en negarles sus derechos.

Es imprescindible conquistar en las calles el juicio y el castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Sabino Romero porque de seguro se intentará tapar el hecho como un conflicto entre indígenas como en otras veces ha ocurrido. A Sabino Romero lo mandaron a matar los dueños del capital por la afectación que les ocasionaba la lucha transcendental y colectiva que como pueblo los Yukpas con tenacidad y perseverancia han demostrado dar recuperando sus tierras y desalojando a los latifundistas. El vil “pase de factura” con la complacencia del Estado, y por tanto de su administrador de turno, el gobierno bolivariano, resulta obvio.

Con la misma acción hay que denunciar la abierta criminalización a la que están sometidos dos de las organizaciones sociales que les han brindado solidaridad al pueblo Yukpa, PROVEA y Sociedad Homo et Natura. Dejar pasar ese juicio es aceptar como jurisprudencia asentada la imposibilidad de prestar solidaridad concreta de colectivos y organizaciones por los que luchan con su acción directa porque igualmente se les podría llevar a juicio por iniciativa gubernamental.

No solo los indígenas de Perijá deben alzarse ante el asesinato de Sabino Romero, los explotados deben acompañarlos masivamente para que se dé el juicio y el castigo ejemplar a sus autores materiales pero más aún por los autores intelectuales que se esconden tras los dueños del gran capital.

EL ESTADO ES CÓMPLICE EN EL ASESINATO DE SABINO ROMERO

JUICIO Y CASTIGO EJEMPLAR A SUS ASESINOS MATERIALES E INTELECTUALES

POR UNA CONVOCATORIA MASIVA EN REPUDIO AL ASESINATO DE SABINO ROMERO

Opción Obrera

03/03/2012