Opción Obrera
El cacique Yukpa Sabino Romero, de la
comunidad Chaktapa en la Sierra de Perijá en el estado Zulia, fue asesinado por
sicarios el domingo 3 de marzo de los corrientes cuando en compañía de su
compañera Lucía se dirigía hacia El Tukuko a una asamblea que elegiría al
cacique mayor de la comunidad. Lucía se encuentra herida de gravedad.
Sabino Romero ha representado el accionar
directo de los pueblos indígenas Yukpas por los derechos conculcados por el
Estado respecto a la delimitación de tierras que por propiedad ancestral les
otorgaba la constitución de la república de 1999. Tras una larga lucha que se
remonta a los años 50 del siglo pasado, los Yukpas han exigido la titularidad
de sus tierras ancestrales. Los propietarios latifundistas siempre han
constituido fuerzas de choque paramilitares y de sicarios para enfrentar la
radicalidad indígena, inclusive han favorecido la migración hacia sus fundos de
otra etnia indígena como la Wayú. Con lo contemplado en la CRBV de 1999, Sabino
Romero consiguió motivos de derecho para exigir la delimitación de las tierras
indígenas ancestrales Yukpas, lo que fue siempre negado o subvertido por
latifundistas y empresas de minería del carbón con la anuencia de la GNB y el
ministerio para los pueblos indígenas de la mano de Nicia Maldonado.
Desde el año 2006 los intentos de acallar
al pueblo Yukpa han sido cotidianos además de permisivos respecto a
latifundistas y empresarios de la minería del carbón. Sabino Romero ha vivido
en carne propia los desmanes provenientes de sus sicarios y paramilitares con
la complicidad del Estado con el apoyo que les brinda al permanecer en las
tierras ancestrales Yukpas la GNB. El padre y uno de los hijos de Sabino Romero
fueron asesinados igualmente. En 2010 la Fiscalía imputó a PROVEA y a la
Sociedad Homo et Natura de llevar niños Yukpas a una toma que hicieron los
indígenas de la comunidad de Chaktapa a la entrada del Tribunal Supremo de
Justicia en Caracas. En febrero de este año se inició el juicio que demuestra
muy claramente la intensión de criminalizar la solidaridad de organizaciones y
colectivos sociales hacia el pueblo Yukpa. Que los Yukpas se movilicen para
reclamar por sus derechos como colectivos sociales con sus ancianos, mujeres y
niños resulta incomprensible para la justicia burguesa, como no pueden atentar
de manera obvia hacia ellos entonces se enfila con la criminalización la
solidaridad prestada por los colectivos mencionados.
El año pasado el gobierno bolivariano tuvo
que ceder en el tema de la delimitación de las tierras Yukpas. Terminaron
reconociéndoles las zonas escarpadas de la Sierra de Perijá y no los valles
ancestrales ocupados recientemente por los latifundistas o aledaños a las zonas
de concesión de la minería de carbón. Con todo y lo precario de la zona
delimitada, los Yukpas debieron esperar más de 8 meses para proceder a
asentarse en sus territorios haciéndolo a la fuerza con la toma de dos
haciendas que quedaban dentro del perímetro y a las cuales sus dueños
latifundistas alegaban su permanencia todavía porque el Estado no les había
pagado “sus” bienhechurías. A los Yukpas solo se les decía que el trámite
estaba en proceso, mientras la GNB colocaba soldados para proteger a los
“criollos” de las haciendas.
La guinda del “postre” la terminó
representando Vanessa Davies, cuando en “vivo” desde el estudio de VTV en la
Plaza Bolívar de Caracas, procedió a tapar con una cortina “roja” la ventana
desde la que se veía la manifestación que por lo motivos anteriores hacía de
nuevo el pueblo Yukpa en noviembre del año pasado en Caracas. El intento de
nuevamente “invisibilizar” al pueblo Yukpa y sus demandas por sus derechos
ancestrales consagrados en la CRBV pero negados por el Estado y sus
instituciones, desde el Sistema Nacional de Medios Públicos, generó el repudio
colectivo de sectores chavistas y no chavistas del país. Se terminaba
demostrando mediáticamente lo que Sabino Romero y el pueblo Yukpa no se
cansaron de denunciar: la complicidad de las instituciones civiles del Estado
junto a las militares, el poder de los latifundistas y los monopolios
extranjeros de la minería del carbón, en negarles sus derechos.
Es imprescindible conquistar en las calles
el juicio y el castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato
de Sabino Romero porque de seguro se intentará tapar el hecho como un conflicto
entre indígenas como en otras veces ha ocurrido. A Sabino Romero lo mandaron a
matar los dueños del capital por la afectación que les ocasionaba la lucha
transcendental y colectiva que como pueblo los Yukpas con tenacidad y
perseverancia han demostrado dar recuperando sus tierras y desalojando a los
latifundistas. El vil “pase de factura” con la complacencia del Estado, y por
tanto de su administrador de turno, el gobierno bolivariano, resulta obvio.
Con la misma acción hay que denunciar la
abierta criminalización a la que están sometidos dos de las organizaciones
sociales que les han brindado solidaridad al pueblo Yukpa, PROVEA y Sociedad
Homo et Natura. Dejar pasar ese juicio es aceptar como jurisprudencia asentada
la imposibilidad de prestar solidaridad concreta de colectivos y organizaciones
por los que luchan con su acción directa porque igualmente se les podría llevar
a juicio por iniciativa gubernamental.
No solo los indígenas de Perijá deben
alzarse ante el asesinato de Sabino Romero, los explotados deben acompañarlos
masivamente para que se dé el juicio y el castigo ejemplar a sus autores
materiales pero más aún por los autores intelectuales que se esconden tras los
dueños del gran capital.
EL ESTADO ES CÓMPLICE EN EL ASESINATO DE
SABINO ROMERO
JUICIO Y CASTIGO EJEMPLAR A SUS ASESINOS
MATERIALES E INTELECTUALES
POR UNA CONVOCATORIA MASIVA EN REPUDIO AL
ASESINATO DE SABINO ROMERO
Opción Obrera
03/03/2012
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