Programa de la patria: Sabino y Alexis

Por: Inti Rodríguez

La historia de los pueblos indígenas ha sido desde siempre una historia de resistencia contra el despojo y el olvido. Una historia que se niega a morir entre las páginas de los libros, y que cobra vida en las luchas y en la voz de los muertos. Una historia de 500 años de saqueo y genocidio, 500 años de engaños, 500 años de miradas apagadas y de voces encendidas.

El 03 de marzo de 2013, sicarios abrieron fuego contra la humanidad de Sabino Romero causándole las heridas que finalmente apagarían su mirada, pero que encenderían aún más su voz y la de sus hermanos indígenas.

Rápidamente, la Fiscal General de la República, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia y la Ministra de Pueblos Indígenas, se comprometieron a iniciar una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso, no sin antes señalar a la "derecha ganadera" como la responsable de este crimen. Curiosamente, la propia Fiscalía General de la República, había negado las medidas de protección solicitadas para proteger a Sabino, quien fue amenazado de muerte en reiteradas ocasiones.

Pero más allá de las declaraciones y la propaganda oficial, la tierra sabe que el asesinato de Sabino no ocurrió aquel domingo de marzo. Su crimen fue ejecutado mucho tiempo atrás.

La Sierra de Perijá, hábitat ancestral de los pueblos Yukpa, Wayúu y Barí, es una de las reservas de bosque y agua potable más importante del país. Allí, también se concentran enormes yacimientos carboníferos que el gobierno de Chávez, desde su llegada al poder, continuó entregando a las transnacionales del carbón: Itabira Rio Doce Company, Vale do Río Doce, TOMEN, EXCEL, Carbones del Guasare (Ruhrkohle, Anglo-American Coal), Carbones de la Guajira (Inter-American Coal/Chevron-Texaco, Evan Energy), Venequip-CAT, Washigton Group International, Morrinson Knudsen Corporation, Carbonífera Caño Seco y Corporación Carbones del Perijá. Como consecuencia de esta política entreguista y ecocida, 500.000 hectáreas de bosque están amenazadas por la explotación del carbón en la Sierra, y la vida y costumbres de los pueblos indígenas que la habitan condenadas a desaparecer.

Frente a ello, los líderes indígenas y las organizaciones defensoras de sus derechos, han denunciado y resistido al despojo de sus tierras. La única respuesta del gobierno ha sido la criminalización de sus luchas, el encarcelamiento y la impunidad ante los continuos atropellos y asesinatos de sus caciques.

El artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: "El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”. Una declaración que no ha bastado para impedir que las carboníferas y los hacendados -con la complicidad del Ejército y la Guardia Nacional-, sigan despojando a los Yukpas, Wayúu y Bari de sus territorios ancestrales.

Sabino, siempre defendió el derecho a la tierra. Su lucha fue criminalizada por el estado venezolano, estuvo encarcelado durante 18 meses, y sus hijos y hermanos han sido perseguidos y asesinados.

En octubre de 2011, Alexis Romero encabezó junto a sus hermanos Pemones, una protesta que logró desarmar y someter a 19 funcionarios del ejército venezolano. Ese mismo año, el Presidente Chávez promulgó en Gaceta Oficial la “nacionalización” de la industria del oro, y la creación de empresas mixtas para la explotación del mineral con participación de capitales públicos y privados. Los indígenas, rechazaron la entrega de los recursos auríferos que se escondía tras la llamada nacionalización, y denunciaron los atropellos contra su pueblo por parte de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la aplicación del Plan Caura, que lejos de combatir las fuentes de la minería ilegal y ecocida, estuvo orientado a criminalizar a los Pemones, Yekuanas y otros pueblos originarios.

Los indígenas Pemones habitantes de la comunidad “El Casabe” en el Estado Bolívar -que habían sido desalojados de sus tierras de trabajo ante la prohibición de ejercer la minería artesanal-, respondieron enérgicamente al enterarse que los soldados que les habían impedido ejercer su derecho al trabajo, estaban explotando y comerciando con el mineral que decían proteger. Luego de la protesta, Alexis Romero permaneció detenido durante tres días en la cárcel de La Pica, en el Estado Monagas, y luego fue sometido a régimen de presentación ante los Tribunales cada quince días.

Posteriormente, en febrero de 2013, los Pemones encabezados por el líder Alexis Romero, sometieron a 42 efectivos del ejército en el poblado de Uriman, en el Estado Bolívar, el reclamo fue el mismo: rechazo a la llamada nacionalización del oro, que entrega los recursos a las transnacionales y hostiga a los indígenas.

“Independencia y Patria Socialista”

“Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos.” Así reza uno de los grandes objetivos históricos del Programa de la Patria 2013-2019, presentado en junio de 2012 por el presidente Chávez en una concurrida movilización realizada en la Plaza Diego Ibarra de Caracas, con ocasión de la inscripción de su candidatura a la reelección presidencial. El Programa, hoy convertido en bandera de los sucesores políticos de Chávez, establece la asunción de varios objetivos históricos y estratégicos para la construcción del llamado socialismo bolivariano. En general, dichos objetivos –fundamentalmente los referidos a la materia energética y minera-, son el desarrollo de lo establecido en la Constitución Nacional, Ley de Hidrocarburos y Ley de Minas, instrumentos que han consolidado el papel de Venezuela en los mercados internacionales como fiel suministrador de recursos energéticos, y que han permitido la entrega de nuestra soberanía a las transnacionales.

A pesar de la consigna Independencia y Patria Socialista, Hugo Chávez, consecuente con su divorcio entre el discurso y la práctica, anunció en febrero de 2012 la firma de un contrato con la empresa estatal china CITIC GROUP, para explotar el yacimiento de oro de Las Cristinas, uno de los más grandes del mundo con 17 millones de onzas de reservas. Adicionalmente, Citic Group y el gobierno nacional, suscribieron un acuerdo en septiembre de 2012 en el que se contempla la instalación de 27 campamentos geológicos en todo el país, para elaborar el mapa geológico de la nación y “…ubicar los nuevos yacimientos minerales en el Escudo de Guayana, Sistema Montañoso del Caribe, Cordillera de los Andes y Sierra de Perijá…”, así como planificar la política minera nacional, un hecho violatorio de la soberanía, al entregar a manos de empresas extranjeras una labor propia del Estado Venezolano.

Asimismo, el Programa de la Patria contempla entre sus objetivos estratégicos el impulso del plan Arco Minero del Orinoco, un proyecto que, de la mano de las transnacionales chinas, está orientado a “duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro, coltán…”, en los estados Bolívar y Amazonas, y con el que se pretende explorar un área de 176.300 Km2 en territorios habitados por comunidades Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi, quienes ya sufren una nueva amenaza a su modo de vida y sus costumbres, ante la explotación del coltán, también conocido como el oro azul.

“Entre los hacendados y los indios, este gobierno está con los indios”

Esta afirmación fue hecha por Hugo Chávez en 2008 luego de producirse un enfrentamiento entre hacendados e indígenas Yukpas en la Sierra de Perijá. Luego de su muerte, los herederos del comandante-presidente se apresuran a edificar el mito alrededor de su “gesta emancipadora e independentista” y ya comienzan a calificarlo como el libertador del siglo XXI y redentor contemporáneo de los pobres. Igual que hace hace 500 años, el poder se sigue valiendo de espejismos para perpetuar el engaño.

La gesta que Chávez encabezó fue, sin duda, la más entreguista de toda la historia venezolana. La aprobación de la Constitución Nacional creó el marco jurídico para la entrega de nuestros recursos, al poner en igualdad de condiciones a la industria nacional y la extranjera; luego, con la aprobación de la ley de hidrocarburos, ley de minas, tratados para evitar la doble tributación, aprobación y acompañamiento del IIRSA, entre otros, el régimen chavista se afianzó como un continuador de las políticas entreguistas del pasado. En 14 años de gobierno chavista, el país se ha hecho más dependiente de la economía rentista -sostenida gracias a los altos precios del petróleo-, lo que no ha impedido que la deuda externa siga en ascenso, y que nuestros recursos hayan sido hipotecados al imperialismo chino y al capital financiero internacional.

Entre los hacendados y los indios, el comandante-presidente no solo escogió a los hacendados, escogió el camino de la impunidad y la persecución a los indígenas. El crimen de Sabino sigue impune, y seguirá impune, hasta tanto el Estado Venezolano no cese en la entrega de los territorios pertenecientes a los pueblos originarios de la Sierra.

Entre los hacendados y los indios, el comandante-presidente y sus herederos apostaron por la criminalización de los luchadores indígenas. El 10 de abril, el líder Pemón Alexis Romero deberá comparecer ante un Tribunal Militar de Ciudad Bolívar por su participación en los hechos de octubre de 2011, donde sometieron a 19 militares que explotaban ilegalmente la minería. El 14 de mayo, Provea y Homo et Natura, dos organizaciones defensoras de derechos humanos, deberán acudir a un juicio abierto en su contra, por expresar su solidaridad con los pueblos indígenas.

En tiempos de retahílas, leyendas y mitos, solo nos queda asirnos al legado histórico, a lo real, a lo que demuestra la fuerza de los hechos, y que está muy por encima del supuesto legado apostólico de Chávez. Así -desprendidos del halo mágico-religioso-, el legado de Chávez, se presenta en su verdadera dimensión: un estado militarizado y corporativista que intenta secuestrar y cooptar las luchas de los indígenas y de los movimientos sociales, para domesticarlas y ponerlas al servicio del capital. Una “insurrección organizada” como diría el apóstol Nicolás Maduro, que en el discurso reivindica la rebeldía y la irreverencia, pero en la práctica promueve la subordinación y el oscurantismo cuartelario. Un freno a las fuerzas reales de cambio.

La historia de los pueblos indígenas ha sido desde siempre una historia de resistencia contra el despojo y el olvido. Hoy, su historia mostrará que entre nosotros y las transnacionales, Chávez y sus apóstoles siempre han estado y estarán con las transnacionales.