Sociedad Homo et Natura
El 28 de diciembre de 2012 nuevamente efectivos de
organismos de seguridad del estado venezolano arremeten contra la familia de la
defensora de derechos humanos Carmen Fernández Romero, en esta oportunidad se
trata de disparos efectuados por dos efectivos del Ejército Bolivariano de
Venezuela contra su hijo Franklin Fernández Fernández. El hecho ocurrió cuando
se desplazaba de su casa materna ubicada en la comunidad Kuse a buscar su
esposa en la comunidad vecina Ponoya.
Los dos efectivos del Ministerio del Poder Popular para la
Defensa vestidos con shorts y franelas deportivas se desplazaron de la hacienda
que custodian varios soldados y un Capitán de 7 de la mañana hasta las 7 de la
noche con la intención de detenerlo sin ninguna orden alguna, sólo porque unos
colombianos de uns parcelas cercano lo señalaron como hijo de Carmen Fernández
Romero, mamá de Alexander y José Luis asesinados por sicarios colombianos en el
mes de diciembre de 2011, conjuntamente con Leonel Romero; así mismo la
violencia sembrada en esa zona por la disputa del territorio ancestral Yukpa
determinó cuatro meses después el asesinato del primo materno Franklin Darío
Segundo García Fernández cuando se desplazaba al igual el de un lugar a otro.
En esa oportunidad fue un parcelero guajiro quien fue detenido por el CICPC en
estado de embriaguez en presencia de varios dirigentes Yukpor pero luego fue
absuelto bajo las acciones del poder jurídico política del abogado ganadero
Alfoso Chacín odiador de Alexander Fernández Fernández y Sabino Romero, en este
mismo momento cayó herido otro hijo Gaby José de la defensora de derechos
humanos Carmen Fernández Romero, Cacique de la comunidad Kuse a quien espera en
el mes de enero una nueva intervención quirúrgica en el sistema intestinal a
raíz de los disparos.
Los efectivos del Ministerio del Poder Popular para la
Defensa en franela y short le dieron vos de arresto y uno de ellos trató de
agarrarlo y en eses momento fue empujado por Franklin cayéndose el soldado en
el suelo y el hijo de Carmen salió corriendo y a los pocos minutos se cayó en
el preciso instante que el otro soldado le disparaba por la espalda sin darle
en su cuerpo ningún proyectil, igualmente se tiraron en el suelo otros Yukpa de
la comunidad. Este hecho es tipificado por el Código Procesal Penal como homicidio frustrado.
Los moradores de la comunidad Ponoya y familiares de Fernández Ferández el 29 de diciembre de 2012 pusieron la denuncia ante la jerarquía superior que están acantonados en la hacienda Rancho Calvario cuidándoles las vacas a Julio y Jesús David Romero, conducta militar propia del llamado Ejército de la Cuarte República “cuidadores de vacas agresor de yukpa” como dicen en Machiques de Perijá.
Esta conducta violadora a los derechos humanos de los organismos de seguridad del Estado, el fracaso de la educación intercultural bilingüe y de la salud indígena, las viviendas inapropiadas, la sal y agua del dinero que entra a los Consejos Comunales, o por créditos agrícolas otorgados, el mal trato y el racismo contra los indígenas por los funcionarios públicos, el burocratismo y las cuentas por aclarar, el sicariato, el paramilitarismo, la siembra de amapola en las tierras límites con Colombia, la alta presencia de hombres colombianos solos en las adyacencias y en las comunidades Yukpa del piedemonte de la Sierra de Perijá algunos sin cédulas o cédulas falsas, la violencia de los ganaderos, el bajo salario de los peones de hacienda, el abigeato estructural, la no existencia de un frigorífico municipal, ni de una plante de tratamiento de aguas servidas y residuales, el sobre precio de los víveres, la ropa y demás enceres y muebles al pueblo pobre de Machiques, el salto de talanquera y la corrupción de los políticos, los constantes incendios de la Sierra de Perijá todos los meses de veranos de todos los años hacen invivible Perijá y mantienen un caldo de cultivo generador de todo tipo de delincuencia. Se necesita construir políticas públicas adecuadas a cada grupo étnico indígenas Yukpa, Barí, Japreria y Wayuu, y sobre todo el pago de todas las bienhechurías de las haciendas que señalan los Yukpa y Barí en la autodemarcación de sus territorios, y no el que el Estado pretende imponer, causante del estímulo a la violencia en Perijá y al cao imperante hasta el momento.
Estamos en presencia de terrorismo de Estado contra la defensora de derechos humanos Carmen Fernández Romero y su familia donde están involucrados desde octubre del 2009 varios efectivos del CICPC, Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército Bolivariano de Venezuela.
Dos efectivos del CICPC torturaron a Alexander Fernández Fernández en octubre de 2009 para que señalara a Sabino Romero Izarra como el asesino de Ever Romero y Nireya, tal como fue denunciado cuando comparecieron como testigos durante el juicio realizado en el Circuito Judicial de Trujillo, de igual manera en la Fiscalía 35 de Competencia Nacional otros efectivos fueron denunciados por Carmen Fernández Romero de haberla amenazado durante el interrogatorio en la misma cede en Machiques ante la muerte de Alexander de matar uno a uno a sus hijos por asaltar hacienda, robar de ganado y violadores, uno de ellos aseguró durante el interrogatorio que se bebería la sangre de sus hijos. En círculos allegados al CICPC en Machiques que Sabino está vivo porque el funcionario X cayó preso. El Destacamento de Fronteras Nº 36 Primera Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana del Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia se niega a brindarle protección a Carmen Fernández Romero solicitada por la abogada Maglenis Márquez Melean Fiscal Auxiliar Trigésima Quinta del Ministerio Público bajo OFICIO Nº 0590-2012 de fecha 9 de julio de 2012.
El anterior atropello contra un hijo de Carmen Fernández Romero fue contra Cristóbal quien fue bajado del bus en la Alcabala del Peaje de Barquisimeto en donde se trasladaba a Caracas el 7 de noviembre de 2011 para exigir el pago de las haciendas y la continuación de las investigaciones de los casos de los indígenas Yukpa asesinados y heridos en compañía de 50 dirigentes Yukpa, fue detenido y trasladado al Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana (CORE Nº 3) de la Maracaibo; al llegar al Comando algún oficial llamó a los ganaderos de la Asociación de Ganaderos de Machiques para ver si lo identificaban como asesino de ganaderos y por practicar abigeato. Este asesinato nunca ocurrió, pero los ganaderos y efectivos de la GNB aprovecharon el momento para torturarlo psicológicamente. Todo parece indicar que si no se lleva este caso a una instancia superior nacional e internacional, o a un tribunal no se tiene seguridad de que esta defensora de derechos humanos y sus hijos tenga en este país y con este Gobierno sus vidas aseguradas.
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