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El día de ayer, lunes 12 de Noviembre del 2012, en el Juzgado
Quinto de Garantías Penales de Chillanes (provincia de Bolívar) se dictó orden
de prisión preventiva contra Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, ambos
dirigentes de la Comunidad
de San Pablo de Amalí, por supuestamente haber cometido actos de sabotaje y terrorismo.
De acuerdo al abogado defensor de los acusados, ellos se enfrentan a una pena
de 4 a 8
años de prisión si es que llegaran a ser sentenciados, “esta es una
contradicción con el Derecho a la Resistencia consagrado en nuestra Constitución y
un renovado ejemplo de criminalización a los defensores del agua”.
Manuel Trujillo, desde la clandestinidad, defiende su
inocencia e indica que desde que empezó el proceso de construcción de la
hidroeléctrica, no han dejado de ser perseguidos por la justicia y los aparatos
de represión estatales. “Lo que sentimos es indignación, porque la justicia no
es justa para nosotros. Lo de ayer es una revancha del Fiscal y de miembros de la Policía , acusándonos sin
pruebas de delitos que no hemos cometido.”
San Pablo de Amalí es una comunidad de campesinos ubicada en
la parte costera de la
Provincia de Bolívar en Ecuador. En ella habitan numerosas
familias que dependen de la agricultura para sobrevivir. Sin embargo, a lo
largo de los últimos nueve años se han configurado escenarios de represión y
persecución judicial contra estos campesinos. La construcción del proyecto
hidroeléctrico San José del Tambo, a cargo de la empresa Hidrotambo S.A.,
desató en la comunidad un rechazo generalizado y dio paso un largo proceso de resistencia
que dura hasta hoy.
Hace tres meses San Pablo de Amalí fue visitada por una
misión de verificación, conformada por varias organizaciones defensoras de los
derechos humanos y de la naturaleza, con la finalidad de constatar la situación
de vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad. Uno de sus integrantes
expresa que "es preocupante el proceso de despojo del agua que se está
propiciando en San Pablo de Amalí y en numerosas comunidades que viven en esta
microcuenca al concesionar a una empresa prácticamente todo el caudal; aquí se
han violentado los derechos constitucionales relacionados con el agua, poniendo
bajo grave amenaza la vida de la población". La realidad analizada por
esta misión será recogida en un informe que estará disponible en las próximas
semanas.
En el año 2006 llegó a esta zona el entonces candidato a
Presidente Rafael Correa Delgado, quien frente a los campesinos que
participaban de una asamblea comunitaria se comprometió a respetar el derecho
de la comunidad a oponerse al mencionado proyecto hidroeléctrico.
Los dirigentes campesinos, sin embargo, fueron acusados de
haber supuestamente cometido delitos de sabotaje y terrorismo, sin más pruebas
que las presentadas por la policía, la misma que actualmente da resguardo a la
empresa.
“Con esto se pretende desbaratar nuestra lucha, sigo con
ánimo de seguir luchando, estoy indignado por la impotencia de no ser más
preparado (para la defensa) y ahora tengo que ver a mi gente y a mis hijos
expuestos a esta injusticia”, culminó diciendo Manuel Trujillo
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