Provea respalda solicitud de organizaciones indígenas y exige una investigación transparente sobre ataque a Yanomamis

(Caracas, 04.09.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) respalda la solicitud de 11 organizaciones indígenas del estado Amazonas dirigida al Gobierno Nacional para no desestimar denuncias sobre ataque a comunidad Yanomami hasta que no se finalice la investigación.

Como se recordará el pasado 27 de agosto, representantes de la Organización Yanomami “Horonami” introdujeron ante el Defensor del Pueblo Delegado del Estado Amazonas, el Fiscal Superior del Estado Amazonas y el Comandante de la 52 Brigada Ejército y Guarnición Militar de Puerto Ayacucho, una solicitud de investigación judicial sobre un ataque contra la comunidad Irotatheri, ubicada en el municipio Alto Orinoco del Estado Amazonas. La denuncia había sido realizada por primera vez a finales de julio de 2012. “Horonami” recibió información de los Yanomami de la comunidad Parima B en el Municipio Alto Orinoco, según la cual Garimpeiros provenientes de Brasil habrían asesinado a un grupo indeterminado de indígenas yanomami de Irotaheri, en las cercanías de las comunidades de Momoi, Hokomawe, Ushishiwe y Torapiwei.

Tanto la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, como el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, han declarado que la comisión investigadora ha visitado nueve comunidades y en ninguna se han visto “signos de violencia”, por lo que han afirmado que es falsa la noticia acerca del ataque contra Yanomamis. Medios estatales se han hecho eco de esta versión. Inclusive el diario Ciudad CCS, en su edición del 03.09.12 calificó la denuncia como un “montaje”.

Ante la versión oficial, 11 organizaciones indígenas difundieron un comunicado el 03.09.12 en donde afirman que la comisión investigadora no visitó la comunidad Irothateri, sino los pueblos más cercanos, a cuatro días a pie del shapono que habría sufrido la agresión. Ante esta situación las organizaciones indígenas afirman que “no se puede decir que no se encontró evidencia alguna que demuestre la presunta masacre.” Esta versión ha sido ratificada por el comandantre 52 Brigada de Infantería de Selva y Guarnición de Puerto Ayacucho, general de brigada Jesús Zambrano, quien confirmó que ninguna autoridad ha podido llegar aún al lugar de los supuestos hechos. El militar explicó que integrantes de la brigada a su cargo estarían tratando de llegar a la comunidad Irothateri, a la que sólo se puede acceder a pie por un trayecto que toma varios días.

Provea lamenta que la actitud de los altos funcionarios gubernamentales recuerde el comportamiento oficial, en el año 1993, ante la denuncia de ataques de garimpeiros contra la comunidad Yanomami de Haximú. Las autoridades de la época desestimaron la agresión, hasta que del lado brasilero surgieron las evidencias que ratificaron el asesinato de 16 yanomamis. A partir del hecho, conocido como la “Masacre de Haximú, el Estado venezolano asumió una serie de compromisos con el pueblo Yanomami los cuales han sido cumplidos parcialmente.

Provea respalda la solicitud de las comunidades indígenas de la zona de continuar con la investigación, de manera transparente, sobre los hechos hasta llegar a la comunidad Irotatheri, sitio de los hechos. Asimismo, que se cumplan los compromisos del Estado venezolano de coordinar políticas binacionales con el Brasil para controlar el territorio Yanomami e impedir la actividad minera ilegal desarrollada por garimpeiros, así como adelantar un plan de salud dirigido a esta comunidad originaria.