Natalia Sierra
Siguiendo la política de persecución a dirigentes sociales y
a militantes de izquierda, hace pocos días el Poder Judicial ecuatoriano, en la
figura del Juez Décimo de Garantías Penales, resolvió llevar a juicio a los 10
activistas sociales que fueron detenidos el pasado 3 de marzo en el barrio
Luluncoto de Quito. Increíblemente, el gobierno de la Revolución Ciudadana ,
auto declarado de izquierda, les acusa de conspirar en contra de la seguridad
del Estado y de terrorismo organizado.
Las pruebas usadas por el Estado como argumento de semejante
acusación, según han dicho los funcionarios judiciales, son algunos textos
políticos, discos de música protesta, un pañuelo rojo, fotos de Ernesto
Guevara, una pistola en desuso y la reunión política que estos activistas
llevaban a cabo el día de su detención. Este escenario resulta muy similar a
aquellos vividos en las épocas de las dictaduras militares o de los gobiernos
de corte fascista en América Latina. En el país, estos escenarios de
persecución y cárcel fueron muy comunes con las dictaduras militares y, más
aún, en el gobierno socialcristiano de Febres Cordero. Sin intención alguna de
querer justificar a estos gobiernos, su política represiva, que muchas
ocasiones se volvía terrorismo,se entendía, era coherente con los intereses de
los grandes grupos de poder económicos que dichos gobiernos defendía a través
del Estado.
Sin embargo, de un Gobierno autoproclamado de izquierda, que
llegó al Estado gracias a la movilización social de los sectores populares, que
se presenta a nivel internacional como impulsador de un proyecto
antimperialista, no se entiende. No se entiende que lleve a juicio a activistas
de izquierda, no se entiende que use pruebas que son, primero absurdas y
segundo y más grave, signos de la lucha revolucionaria. De un gobierno que
tienen entre sus funcionarios ex guerrilleros que fueron perseguidos,
enjuiciados, encarcelados, torturados, es menos aún comprensible.
Cómo se entiende que un gobierno supuestamente
antimperialista, que en su discurso hace fuertes críticas al poder del Estado
norteamericano y que incluso está pensando en dar asilo a Julian Assange, cosa
que por cierto es muy rescatable, en su política interna asuma el discurso y la
legislación imperialista de la lucha contra el terrorismo y lo use contra
militantes de izquierda. ¿Acaso no saben que es el discurso y la legislación
antiterrorista lo que le ha permitido al imperio norteamericano perseguir,
encarcelar y asesinar a miles de personas por todo el planeta con la acusación de
ser terroristas o ayudar al terrorismo? ¿Acaso no están enterados que la
derecha mundial, orquestada por el poder norteamericano, acusa a Julian Assange
de terrorismo organizado y de atentar contra la seguridad del Estado? ¿Acaso
desconocen que los norteamericanos acusan al gobierno Iraní, con el cual están
estrechando relaciones, de apoyar al terrorismo internacional?
Este hecho incomprensible genera una pregunta fundamental.
¿El gobierno de la Revolución Ciudadana
es incoherente con sus propios postulados de izquierda?, ¿ha traicionado sus
principios revolucionarios? o ¿muestra su verdad política?
Obviamente que, existe una incoherencia total entre el
discurso político de la
Revolución Ciudadana y su política represiva contra toda
movilización social de izquierda. Resulta incongruente que, en muchos de los
actos públicos que lleva acabo el gobierno, se haga referencia a la revolución,
al Che Guevara, se canten canciones protestas, se recupere los procesos de
liberación nacional en América Latina mientras se persigue, se encarcela y se
enjuicia a dirigentes sociales y a activistas de izquierda por querer la
revolución, por tener como símbolo de la lucha a Guevara, por escuchar música
protesta, por leer textos de lucha política. Es incoherente que el gobierno
recupere la imagen de Ernesto Guevara para sus arengas políticas y al mismo
tiempo la use como prueba de actividades terroristas.
No puede estar más claro que el gobierno de la Revolución Ciudadana
ha traicionado los principios de la revolución social con los cuales llegó al
poder del Estado. De otra manera, no se entiende como puede poner en ejecución
una legislación totalmente anti-revolucionaria, como puede enjuiciar por
terrorismo a dirigentes sociales y a activistas de izquierda, cuando lo coherente
sería que gobierne atendiendo las exigencias de la transformación social que
ellos demandan y defienden.
Lo más importante es que con su incoherencia y su traición,
el Gobierno muestra su verdad política. Nunca fue y obviamente no es un
gobierno revolucionario. Entonces, cuando persigue, enjuicia y encarcela a
dirigentes sociales y a activistas de izquierda lo hace porque es un Gobierno
que, como las dictaduras militares y los gobiernos de derecha, trabaja para
intereses contrarios a los intereses del pueblo. Usan el Estado como aparato
para garantizar que el orden existente siga reproduciéndose sin interferencias,
por eso aplican legislaciones que reprimen todo intento de cuestionar el
sistema dominante y de luchar por un mundo diferente, un mundo más justo y más
equitativo, un mundo donde sea posible recuperar la esperanza de la vida humana
en el planeta.
Sería conveniente que los ex guerrilleros, que ahora son
funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana , mediten sobre los 10
activistas que hoy son enjuiciados por terrorismo, no les haría mal hacer
memoria, quizá puedan darse cuenta de la incoherencia ética y política en la
que están participando y a la cual defienden.
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