Por Rafael
Uzcátegui
Cualquiera
que tenga la curiosidad de conocer las tendencias de la conflictividad social
en América Latina en los últimos meses, podrá constatar que las principales
movilizaciones orbitan alrededor de dos temas relacionados: la comercialización
de los llamados bienes comunes y la resistencia campesina e indígena a los
grandes proyectos de extracción minera. Un rápido vistazo regional nos da
cuenta de la situación. En Bolivia la
iniciativa gubernamental de construir una carretera que atraviesa el Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ha generado un importante
rechazo popular. En Cajamarca, Perú, fueron asesinados por lo menos 4
manifestantes que repudiaban el Proyecto Conga, de la minera canadiense Newmont
Mining Corporation. En Argentina las convocatorias han relacionado la denuncia
de la aprobación de una ley antiterrorista con la exigencia de Reforma integral
del Código de Minería y derogación de la
Ley de Inversiones Mineras. En Ecuador la presión ciudadana
logró que el Estado haya sido sentenciado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos por haber violado el derecho a la consulta previa en el
caso de la promoción de proyectos extractivos dentro del territorio Sarayaku,
además del juicio abierto contra Chevron por la generación de pasivos
ambientales producto de su actividad dentro del país. En Guatemala diferentes
comunidades indígenas alegan inconstitucionalidad de la Ley de Minería, el decreto
48-97. Estos episodios generaron un pronunciamiento de 5 coordinadoras indígenas
latinoamericanas, en marzo pasado, en los siguientes términos: “Los gobiernos
abiertamente neoliberales y los llamados alternativos o progresistas coinciden
en insistir en el capitalismo neoliberal extractivista que saquea y depreda la Madre Tierra , vulnera
los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y criminaliza a sus
líderes, autoridades y dirigentes”.
Venezuela,
que tiene las mayores reservas energéticas del continente, no participa dentro
de esta dinámica movimientista por varias razones: 1) La actividad extractiva
ha sido mitificada por financiar las misiones sociales; 2) El movimiento
indígena y ambientalista se encuentra cooptado, inmovilizado, polarizado y
electoralizado; 3) La propaganda oficial sobre las cuestionables mejorías
sociales ha desarticulado la presión internacional; 4) La inexistencia de una
discusión pública sobre el modelo de desarrollo postpetrolero. @fanzinero
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