A casi 30 años de Tacoa, Amuay. El Estado como patrono, ¿es impune en los accidentes laborales?

Por Maria Esperanza Hermida

El accidente ocurrido en el estado Vargas el 19 de diciembre de 1982, conocido como la Tragedia de Tacoa, ocasionó más de 150 víctimas fatales. La propietaria de la planta termoeléctrica donde sucedió el percance era la C.A. Electricidad de Caracas. El hecho está considerado como el mayor accidente laboral ocurrido en Venezuela. Según información de prensa de diciembre del 2004, el entonces Alcalde Metropolitano Juan Barreto, asumía el compromiso público de impulsar la reapertura de las averiguaciones judiciales. Años más tarde, en diciembre de 2008, el portal en internet del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) rendía homenaje a las víctimas de aquel hecho, al tiempo que se reivindicaba como organismo rector de políticas públicas orientadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores. “…para que desastres como el de Tacoa no se volviesen a repetir…” De aquel accidente de 1982 quedaron entre otras enseñanzas, la constatación de la lentitud con que actúan los órganos de administración de justicia en estos casos. Hoy Tacoa pasó a ser Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez y pertenece a CORPOELEC, pero lo cierto, más allá de su reciente reactivación (12/07/2012), es que la responsabilidad de PDVSA y su filial Lagoven, propietaria del barco “Murachi” que presentó el sobrecalentamiento causante de la explosión, no ha sido determinada.

En recientes declaraciones al diario larense El Impulso, el médico ocupacional y fundador del INPSASEL, Francisco González, señalaba que Venezuela es uno de los 3 países en Latinoamérica que consagra constitucionalmente el derecho a la salud en el trabajo “…lo cual nos convierte en un país vanguardia en materia de protección a los trabajadores”. Pero una mirada a la Valuación Actuarial de la Asamblea Nacional 2003, contenida en el Boletín Epidemiológico del INPSASEL 2007 (último año que INPSASEL publicó una cifra oficial sobre el tema), así como a las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo referidas a Venezuela, evidencian que nuestro país se sitúa más bien en la perspectiva de contabilizar 369.746 accidentes laborales para 2012, respecto a 4.113.785 trabajadores expuestos. Estas fuentes no indican los sectores productivos donde la incidencia de accidentes laborales tendría mayor frecuencia y magnitud. Además, INPSASEL no publica las estadísticas oficiales actualizadas sobre accidentalidad y morbilidad laboral, desde hace 5 años. Estos hechos obligan a matizar el optimismo de Francisco González, a quien se le reconoce por sus aportes y preocupación constante sobre la materia.

Lo sucedido en Amuay bien pudiera calificarse como el peor accidente laboral en la historia de la industria petrolera venezolana y ante su magnitud, salta la duda acerca de la eficacia de INPSASEL para determinar la responsabilidad del Estado como patrono. Esta obligación no se circunscribe sólo a una palabra de condolencia, a un ascenso post mortem o a la atención médica, pues implica la prevención. El 28 de mayo de este año acompañamos desde PROVEA el diseño de una Queja presentada ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos del Estado Falcón (SUTPGEF), a propósito de la denuncia encabezada por Iván Freites, su Secretario General. Para entonces, una de las principales actividades desarrolladas por la Guardia Nacional acantonada en las adyacencias del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), consistía en evitar que Iván Freites y demás miembros de la Junta Directiva del SUTPGEF, se comunicara con los trabajadores, hicieran asambleas y en general, impedir que transitaran por las instalaciones del CRP, bajo el argumento de que la industria petrolera es una “zona de seguridad”. Es decir, un espacio donde las actividades sindicales están prohibidas. Quizá algunos de esos funcionarios de la Guardia Nacional, hoy hayan sufrido algún daño en su organismo físico y eso es triste y lamentable. Pero es peor que Ramírez, el “ministro”, haya pretendido acallar la denuncia permanente del sindicato y de los trabajadores que conocen mejor que nadie la falta de prevención en esas instalaciones, y quien lejos de resolver la omisión de cumplimiento a su responsabilidad como patrono, invirtiendo el dinero necesario en adecuar los procesos a condiciones seguras de trabajo, haya optado por la represión. Es como matar al mensajero… Ahora, irónicamente, pareciera como si desde el centro de la tubería de gas en mal estado, haya salido otro tipo de grito, otra forma de denuncia. Estalla en la cara de la ineficiencia y de la burocracia, toda la verdad. Pareciera que la PDVSA “roja rojita” es esa que sale ardiendo en las fotos, roja por las llamas de incendio en Amuay.

Son notorias las deficiencias de INPSASEL en cuanto a la certificación de enfermedades ocupacionales (Caso Ovallera, por ejemplo) y su complicidad ante las denuncias de condiciones inseguras en la industria petrolera, en las empresas básicas de Guayana y en general, en los organismos públicos. INPSASEL y el Ministerio del Trabajo, han hecho caso omiso a las denuncias formuladas desde hace más de 3 años consecutivos por José Bodas, Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), relativas a las fallas en el Complejo de Jose, el derrame petrolero en Guarapiche, los accidentes de PetroAnzoátegui, PetroPiar y un sin fin de empresas mixtas que operan sin garantizar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Dado el agotamiento de las instancias nacionales para hacerse escuchar y en vista de la retaliación de la que ha sido objeto por sus denuncias, en mayo de este año y contando con el acompañamiento de Provea, José Bodas también formuló una Queja ante OIT denunciado al Ministerio de Energía y Minas, por violar la libertad sindical a los representantes de los trabajadores petroleros que no son genuflexos al gobierno, ya que se les excluyó de la discusión y firma de la convención colectiva, efectuada entre gallos y media noche, este mismo año. Entre los excluidos por un acuerdo entre la Central Sindical Socialista y Ramírez como Ministro de Energía y Minas, además de Bodas, está Iván Freites del SUTPGEF y Fran Luna (Zulia), miembros de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-CURA).

Este análisis global del problema que está detrás del accidente de Amuay, es que el artículo 129 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), norma que entró en vigencia hace 7 años, determina que el empleador en el responsable principal de los eventos que ocurren dentro del centro de trabajo y además, establece claramente las sanciones a las que se expone el patrono cuando el trabajador es afectado en su vida y en su salud, con motivo del trabajo. Amuay como centro de trabajo, pertenece a la empresa PDVSA que posee el carácter de empleador. PDVSA, constitucionalmente, pertenece al Estado. Entonces el Estado por órgano del Ministro de Energía y Minas, en primera instancia, debe responder civil, administrativa y tal vez, penalmente, por lo ocurrido en Amuay. Que no haya otra muestra de impunidad como la de Tacoa!