Después de un tiempo de estar bajo perfil, Ramon Rodríguez Chacín vuelve a protagonizar los titulares de prensa como flamante vocero electoral por el partido oficial PSUV. Como los venezolanos y venezolanas somos de memoria de corta duración, reproducimos el relato de la participación de Chacín en la Masacre de El Amparo extraído del libro "Venezuela, la revolución como espectáculo. Una crítica anarquista del gobierno bolivariano".
Venezuela y Colombia comparten 2.216 kilómetros
de frontera. Del lado venezolano, tres estados diferentes se reparten dicho
privilegio: al norte el estado Zulia, rico en yacimientos petroleros, gaseosos
y carboníferos; más abajo el estado Táchira, un siglo atrás epicentro de la
producción cafetalera para exportación, actividad agrícola que dejó algunas
tímidas secuelas; y, al sur el estado Apure, inicio de los llanos venezolanos, región
caracterizada por su ganadería, su amplia extensión territorial y su rica
biodiversidad. En esta infinita sabana de verdes se desarrolla la obra
literaria más conocida de Venezuela, Doña
Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos, quien en su prólogo la describe de la
mejor manera que se puede expresar:
“Sol abrasador y lluvia copiosa, con
todo el estruendoso aparato de una tormenta llanera, donde entre nublado y sabana un solo trueno no
tiene cuando acabar, me acompañaron por el trayecto -uno cualquiera de los mil caminos que ofrece la
llanura- cual para demostrarme desde un principio, repartiéndose el día, cómo acostumbraban dividirse
equitativamente todo el año, mitad sabana seca, con espejismos de aguas ilusorias atormentadores de la sed
del caminante, y mitad aguas extendidas, de monte
a monte en los ríos, de cielo a cielo en los esteros (…) El ancho río, el
cálido ambiente llanero, de aire
y de cordialidad humana. Alguna ceja de palmar allá en el horizonte, tal vez un
relincho de caballo salvaje a lo
lejos, respondiéndole quizás a un bramido de toro más o menos cimarrón y, por
qué no también, cerca de nosotros, un
melancólico canto de soisola. El llano es todo eso: inmensidad, bravura y melancolía (…) Tierra ancha y tendida, toda
horizontes como la esperanza, toda caminos como la voluntad”[1].
La capital del estado Apure es San Fernando, y se
encuentra dividida territorialmente en siete municipios, de los cuales, uno termina
en el Río Arauca, frontera natural entre Colombia y Venezuela. El Municipio
Páez tiene como sus pueblos más importantes a Guasdualito, Palmarito, El Nula, la Victoria y El Amparo. A
pesar de contar con el 8.35% de la extensión territorial del país, en Apure
viven, según el último censo realizado en el año 2000, menos de medio millón de
habitantes, 466.931 personas, convirtiéndolo en el sexto estado con menor población del
país[2].
Por su parte el Municipio Páez representa el 15% del total de los límites entre
Venezuela y Colombia.
En 1987, fecha de inicio de esta historia, un informe
estatal del Ministerio de la
Secretaría de la Presidencia diagnosticaba las necesidades de la
zona: falta de electrificación y de infraestructuras que estimulen actividades
productivas, elevado déficit de instalaciones educativas e inadecuación de los
planes de estudio a la realidad social y cultural de la población, falta de
viviendas adecuadas para los habitantes, ausencia de equipamiento y cobertura
de los servicios médico-asistenciales, alta incidencia de enfermedades
endémicas como el paludismo y la fiebre amarilla, crónicos problemas de
desnutrición, etc. Los datos evidenciaban un municipio con dramáticas carencias
a nivel de servicios básicos, falta de un mínimo desarrollo del sistema
educativo regional y una situación de salud que reflejaba el abandono por parte
de los programas estatales. En contraste, el 59,5% de la tierra se encontraba
en propiedad de 6.3% de los productores[3].
El 28 de octubre de 1987, el entonces Presidente de la República Jaime Lusinchi
firmaba el decreto 1810 mediante el cual se creaba el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) con el fin de “garantizar
la integridad de la Frontera
Terrestre en su jurisdicción y planificar, organizar y
ejecutar operaciones orientadas a combatir y erradicar el narcotráfico, la
subversión, el contrabando y el hampa común en la franja limítrofe
sur-occidental”[4].
Este Comando dependía directamente del Presidente de la República y, en términos
operativos, del Ministerio de la
Defensa , quedando conformado por unidades de los cuatro
componentes que integraban las Fuerzas Armadas venezolanas (Ejercito, Armada,
Aviación y Marina), junto a los representantes de los organismos de seguridad
del Estado: Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DIM),
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Dirección
General Sectorial de Identificación y Extranjería (DIEX) y Cuerpo Técnico de
Policía Judicial (CTPJ).
Entre el 16 de enero y el 6 de octubre de 1988 el CEJAP
reporta 6 “enfrentamientos” con la “guerrilla colombiana”, en el que murieron
por lo menos 20 “guerrilleros”. Los operativos del comando se cumplen con una
inusitada eficiencia, donde el bando militar-policial no sufre ninguna baja y
desmantela por completo los planes subversivos del enemigo. Para el 29 de
octubre el CEJAP planifica lo que sería su mayor victoria, operación denominada
Anguila III. Tras una emboscada
realizada en el Caño La Colorada , cercano a
la población de El Amparo, el CEJAP asesina a 14 personas[5],
las cuales en apenas dos horas fueron presentadas en los medios de comunicación
como guerrilleros colombianos que intentaban dinamitar el campo petrolero
Guafitas de Apure. No obstante, a diferencia de las acciones anteriores, la
operación deja con vida a dos sobrevivientes, quienes protegidos por el pueblo
de El Amparo, cuentan una versión opuesta diametralmente a la gubernamental.
Las averiguaciones posteriores confirman lo dicho por los sobrevivientes: la
autopsia revela que todos habían muerto de disparos por la espalda, y la
mayoría, por tiros de gracia. La escena del crimen se había manipulado, los
cadáveres vestidos apresuradamente con ropas de guerrilleros y sembrados de
armas que nunca dispararon. Se desvanece la hipótesis del enfrentamiento y toma
fuerza el de la masacre. A pesar de que las víctimas eran civiles, las
investigaciones del crimen se realizaron a través de la justicia militar. Provea,
una organización de derechos humanos que tenía un mes de fundada y que se
incorporó a la defensa de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, afirmó:
“En el caso de la masacre de El Amparo, la actuación de los integrantes de los
tribunales, consejos de guerra y cortes marciales que lo procesaron se orientó
al claro propósito de producir impunidad. Salvo contadas excepciones -que las
hubo- los fiscales militares y jueces cometieron un sinnúmero de
irregularidades con la finalidad de favorecer a los masacradores”[6].
El caso es llevado a instancias internacionales, y el 18 de enero de 1995 la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) dicta su primera sentencia en contra del Estado
venezolano, responsabilizándolo de haber asesinado a 14 inocentes pescadores.
El gobierno asume la sentencia, con lo que reconoce su culpabilidad, cumpliendo
parcialmente lo ordenado por el CIDH: indemniza a los familiares de las
víctimas, pero sin castigar a los responsables materiales e intelectuales del
crimen.
Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988,
un helicóptero del CEJAP se estrella mientras realizaba labores de
inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP , comisario Henry López
Sisco. En el resto de la maltrecha tripulación se encontraba un funcionario de
la marina de menor perfil: el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El
accidente los imposibilitó de estar presentes en Anguila III, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios
del Ejército, la Disip
y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La participación intelectual de
Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado
plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45,
manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente
del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaraba
ante la justicia militar que "fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP,
Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín,
nos convocaron días después a "Hipólito" –alias del inspector de la Disip Celso Rincón
Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento".
Si el helicóptero no se hubiera estrellado, es posible, como ocurrió en las
operaciones anteriores, que Chacín se involucrara directamente en el hecho.
Efectivamente, las actuaciones del CEJAP anteriores al Caño La Colorada ,
genéricamente reunidas bajo el nombre de Los
Amparitos, señalan una participación
directa de Chacín en sus crímenes. Entre estos operativos tenemos a Isla de
Charo, 16 de enero de 1988, que acabó con la vida de 10 personas; Caño Las Gaviotas, 22 de abril de 1988,
2 personas; Los Totumitos, 08 de
Julio de 1988, 5 personas; y El Vallado, 06 de octubre de 1988, 3
personas. Es por ello que el 20 de junio de 1994 una sentencia de la Corte Marcial que
investigaba las actuaciones del comando, presidida por el General Ubaldo López
Barrios, dictara un auto de detención contra 11 funcionarios por su
participación material en Los Amparitos. Uno de ellos era el Comisario Henry
López Sisco (quien años después sería asesor de seguridad del gobernador del
Zulia, opositor al presidente Chávez, Manuel Rosales), otro para el Capitán
Rodríguez Chacín[8].
En el año 2002, Ramón Rodríguez Chacín fue designado Ministro
de Interior y Justicia, cargo que ejerció durante varios meses. En diciembre de
2007 fue designado Coordinador Especial de la Operación Emmanuel , nombre del hijo de la
política secuestrada colombiana Clara Rojas nacido en cautiverio por la
guerrilla colombiana FARC. El 4 de enero de 2008 es nombrado nuevamente como
Ministro del Interior y Justicia, cargo que ejerce hasta el mes de septiembre
siguiente. Cuando este texto se finalizó, realizaba funciones dentro de la Comisión
Coordinadora del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), principal organización partidista gubernamental.
En julio de 2008 el autor de estas líneas realizó dos
viajes a El Amparo para producir un documental que recordara los 20 años de
impunidad de la masacre del Caño La Colorada , viajando 14
horas a través de la única línea de autobús que hace el trayecto
Caracas-Guasdualito, y desde este poblado, 30 minutos en taxi hasta El Amparo, una
comunidad de 9.000 habitantes congelado en el tiempo. En ese momento Rodríguez
Chacín ejercía por segunda vez sus funciones ministeriales. Todos los
encuentros, conversaciones y entrevistas con los familiares de las víctimas y
con los dos sobrevivientes recordaban a este funcionario. La mayoría de ellos y
ellas no ocultaban su simpatía con el gobierno del presidente Chávez. Sin
embargo, no dejaban de preguntarme el por qué la revolución bolivariana
colocaba a un asesino, precisamente, como Ministro de Justicia. En aquel calor
de 34 grados centígrados, aquello sonaba como una metáfora.
[1] Breve
introducción escrita por Rómulo Gallegos para la edición conmemorativa de los
veinticinco años de Doña Bárbara, Fondo
de Cultura Económica, México, 1954. Uno de más raros e interesantes testimonios del novelista en relación con su
propia obra.
[2] Gobierno en
línea, estado Apure. (en línea) (vi:
julio 2009) disponible en Internet en: http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/venezuela/perfil_apure.html
[3] Provea, Las
estrategias de la impunidad. Nueve años de lucha por la justicia en El Amparo,
Provea, Caracas, 1997.
[4] Ibid.
[5] Estas 14
personas fueron: José Indalecio Guerrero, José Ramón Puerta, Rigo Jose Araujo,
Rafael Magín Moreno, Emeterio Marino Vivas, Julio Pastor Ceballos, Luis Alfredo
Berrios, Arín Maldonado, Justo Pastor Mercado, José Gregorio Torrealba, José
Mariano Torrealba, Moisés Antonio Blanco, Pedro Indalecio Mosquera y Carlos
Antonio Eregua.
[6] Provea,
Masacre de El Amparo, 20 años de impunidad.
Provea, Caracas, 2009.
[7] Ibid.
[8] El
Libertario, Rodríguez Chacín: Ministro del Poder Popular para la Impunidad. El Libertario, nº 54, septiembre-octubre, 2008.
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