(Caracas, 25.06.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (Provea) rechaza la decisión del Congreso de la República de Paraguay de
destituir al presidente Fernando Lugo mediante un procedimiento
inconstitucional y violatorio al debido proceso. Si bien el juicio político es
un mecanismo previsto en la Carta Magna ,
su celeridad inusitada y el no ajustarse a las garantías de imparcialidad y del
derecho a la defensa, coloca dicho procedimiento al margen de la legalidad. En
este sentido Provea coincide con la opinión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) la cual considera que el procedimiento seguido
afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay.
Provea apoya los llamados de los movimientos sociales y de
derechos humanos paraguayos los cuales están convocando a realizar jornadas de
protesta no violenta para rechazar la ruptura constitucional. Solicitamos a
todos los gobiernos de la región realizar el seguimiento y denuncia de las
posibles violaciones a los derechos humanos que pudiesen ocurrir en el país
latinoamericano en las próximas horas.
Asimismo Provea deplora los sucesos ocurridos durante el
desalojo en la localidad de Curuguaty los cuales originaron el asesinato de por
lo menos 17 personas. Por ello nos
solidarizamos con la exigencia de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
solicitando “el esclarecimiento de los hechos, a fin de conocer la verdad acerca
del conflicto, sus causas, sus antecedentes, el desarrollo del enfrentamiento
ocurrido el 15 de junio y toda la información acerca de las víctimas del suceso
y de qué manera ocurrió cada caso, tomando como fuentes tanto la información
que puedan dar los efectivos policiales, como el testimonio de campesinos y
campesinas que han estado en el lugar y otras personas que han sido conocedoras
del caso”. Además, rechazamos el manejo político de la investigación que lejos
de intentar conseguir la verdad para aplicar justicia, ha buscado desde el
comienzo la retaliación partidista.
Por último instamos a la comunidad internacional a
desarrollar acciones diplomáticas que no vulneren los derechos humanos del
pueblo paraguayo. Provea rechaza el anuncio de algunos gobiernos de la región
de imponer sanciones económicas a Paraguay. Como ha sido demostrado en las
sanciones económicas a países como Cuba o Irak, quienes padecen las
consecuencias directas de dichos bloqueos son los sectores más vulnerables de
la población, violando sus derechos fundamentales. Al respecto resaltamos la
opinión del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de
Naciones Unidas que, sobre las sanciones económicas, ha opinado “No se debe
responder a un comportamiento ilícito con otro comportamiento ilícito”.
Rechazamos toda ruptura democrática por más que sea
disfrazada de legalidad y toda medida que afecte el goce y disfrute de los
derechos de todas las personas.
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