Por Idilio Méndez Grimaldi*
Este artículo escrito unas horas antes del derrocamiento de
Fernando Lugo en Paraguay. Idilio Méndez nos explica las claves detrás del
complot político en un país acosado por la agroindustria y con una clase
política al servicio de sus intereses.
¿Quienes están detrás de esta trama tan siniestra? Los
propulsores de una ideología que promueven el máximo beneficio económico a
cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.
El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba
a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera
con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que
reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala
para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías
y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y
timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema,
cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un
Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las
organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente
de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de
las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y
el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea
para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las
elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.
El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla
de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de
biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas
campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de
este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria
tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un
coleóptero que oviposita en el capullo del textil.
El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel
Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares,
por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del
Ambiente, tal como exige la legislación.
Campaña mediática
Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de
Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el
diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la
semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una
nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia
Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo
en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de
Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre
ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por
Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP.
Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis
columnas: “Los 12 argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos
argumentos fueron presentados al vicepresidente de la República ,
correligionario del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien
en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo,
de viaje por Asia.
El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición
anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo
Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de
inversores de la India ,
del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay
por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En
esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.
En el marco de esta exposición preparada por el citado
ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón,
doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado
y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana es
la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países
del mundo.
Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció
sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud,
Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios
que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.
Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre
de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto
de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay.
Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda
la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones
de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el
2010.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el
proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de
bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la
aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya
sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley
contempla la eliminación de la
Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de
funcionarios técnicos del Estado paraguayo.
En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto
de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio
próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando
medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las
reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera
del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para
su cultivo comercial.
Las conexiones
El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de
Cargill, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La
sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay,
denominado Puerto Unión, a 500
metros de la toma de agua de la empresa aguatera del
Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción.
Las transnacionales del agronegocio en Paraguay
prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en
el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es
apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado
paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan
impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión
tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2)
aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que
representan unos 6.000 millones de dólares anuales.
Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El
85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del
2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente
extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra.
La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del
Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector
financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le
facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera,
están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con
amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP , apoyada por las
transnacionales del sector financiero y del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental
del Paraguay, a unos 200 km
de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la
estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil
hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner
(1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general
Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador
Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y
senador de la República ,
dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante
subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas , aproximadamente, que
pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que
venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una
fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de
Operaciones, GEO, de la
Policía Nacional , cuyos miembros de élite en su mayoría
fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha
contrainsurgente.
Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de
inteligencia de la Policía ,
con la complicidad de la
Fiscalía , explica la emboscada, en la cual murieron 6
policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del
Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por
campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus
camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando
unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario
Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad
del presidente Lugo.
El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio
extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a
abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento,
doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente
contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo,
por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura
guaraní.
Tanto la
Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional ,
así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante
convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados
Unidos.
El asesinato del hermano del jefe de seguridad del
presidente de la República
obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo
objetivo, probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su
gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a
Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a
Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo
lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada,
incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner.
Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de
Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un
periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier
Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido
la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos
populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado
por el entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue
responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue
acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su
contra para quitarlo del gobierno.
Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero
que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los
campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación,
sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza
policial represiva sin contemplación.
Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP , encabezado por Héctor
Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron
garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo
dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales
favorables para la UGP
(léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución de
Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los
oligarcas) derechizando aun más el gobierno.
Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de
2013 por un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio
Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por
lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo
eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por
WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre
de 2011.
Juicio político a Lugo
En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP , (4) algunos integrantes
del Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical
Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno,
amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente
de la República
del Paraguay.
Lugo depende del humor de los colorados para seguir como
presidente de la República ,
así como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político,
con seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El
Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene
la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones.
Quizás se esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto , la patria
financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se
estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este
gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como
conservador, controlado por los poderes fácticos.
Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la
aprobación de la
Ley Antiterrorista , propiciada por Estados Unidos en todo el
mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona
Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles
norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en las narices del Brasil -
supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades
campesinas.
El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a
Lugo, no logra unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva
en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas.
Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la
administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo
galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica
se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los
recientes gobiernos del derechista Partido Colorado.
Curuguaty también engloba un mensaje para la región,
especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos
sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de
operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil
está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China, denominado
BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante
de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México,
Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos
expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.
Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en
Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar
vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados
Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de
servicio apenas culminó la Segunda Guerra
Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por
si no comprendiese la persuasión diplomática.
Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países
hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es
también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede
convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del
Brasil.
Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal
del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el
Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la
civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van
dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con
señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.
1-
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/presentan-12-argumentos-para--destituir-a--lovera-411495.html
2- Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto
Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso
de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007.
3- Censo Agropecuario Nacional 2008.
4-
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/productores-se-ratifican-en-juicio-politico-416196.html
(*) Periodista, investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía
Política del Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de Stroessner.
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