Boletín Especial sobre los últimos acontecimiento en Paraguay

El siguiente es el Boletín Edición especial que ha sacado el Serpaj-Paraguay con respecto a los sucesos que se viven en dicho país.

Varios ensayos que sirven para el debate sobre la complejidad de la realidad paraguaya. Ojalá sirva como aporte para la reflexión y el análisis crítico en estos momentos voraginosos. Valga la nunca sobreentendida aclaratoria que nosotro/as no defendemos a quienes pugnan por el Poder sino a la movilización y autonomía de las bases en busca de sus reales intereses.

Al poder a costa de la vida

SERPAJ -PARAGUAY

Es innegable que se promovió un escenario que termine justificando un juicio político. Personeros del Partido Colorado y del PLRA pergeñaron acciones que propiciaron estas muertes y ahora toda esa sangre derramada es aprovechada para intentar sostener un JUICIO POLITICO al Presidente.

El partido liberal después de cuatro años, saca sus garras y su actuar sucio y conspirativo para sacar tajada de esta situación y quedarse con la presidencia de la república, ¿cuál será el costo? en la derecha nunca se puede confiar, sea cual fuese su lugar. El desenlace que está teniendo el sangriento montaje de Curuguaty es un jaque mate al sistema democrático dentro del Estado Social de Derecho que aún se pretende seguir sosteniendo, se cuenta con todas las instancias para la investigación y aclaración de los hechos, como debe ser y a partir de eso asumir y castigar a los responsables de la muerte de los paraguayos. Estas muertes van sumando y seguirán mientras la inequidad y el acceso a la tierra sean negados a compatriotas.

La pregunta fundamental en este momento donde se pretende, vía confusión y los intereses mezquinos de sectores que detentan el poder, someter a juicio político al Presidente: los que ayer fueron sus aliados ¿hoy son quienes lo ponen en el banquillo de los acusados?

No negamos la responsabilidad que le compete al Ejecutivo, ni tampoco a los otros poderes del Estado, pero pretender mirar solamente hasta nuestras narices y no mirar el proceso de lucha por la tierra en el país es tener una visión simplista y cortoplacista, la tierra acarrea un drama que data desde la transición y mucho antes. De esto el poder judicial y legislativo es más que consciente.

Hacemos un llamado a todas las personas, organizaciones e instituciones a mirar fijamente e intentar tener la claridad suficiente para situar lo que está en disputa y por sobre todo, identificar quiénes son los promotores de la inestabilidad.

Convocamos a manifestaciones pacíficas, a no provocar más violencia. No podemos permitir la construcción o acceso al poder a costa de muertes de compatriotas inocentes. No se puede tirar por la borda un proceso de cambio iniciado por la ciudanía harta de la prepotencia, la corrupción y el autoritarismo, este proceso se defiende por la vía que corresponde: el respeto a la institucionalidad y no por intereses mezquinos del sector del poder económico.

Paraguay: El drama de la tierra permanece con muertes, desapariciones y detenciones de campesinos

Por Abel Irala

A unos 270 kilómetros de Asunción, en el lugar conocido como Colonia Ybyra Pyta o Campo Morombi del Distrito de Curuguaty, tuvo lugar un enfrentamiento fatal entre policías y campesinos. Según los datos que se manejan hasta el momento sólo se pueden confirmar las bajas totales del cuadro policial que asciende a un número de seis agentes, entre ellos el jefe y sub jefe del GOE (Grupo de Operaciones Especializadas), grupo que realizó el operativo con unos doscientos cincuenta efectivos.

De los cincuenta o sesenta campesinos que estaban resistiendo en la ocupación se sabe, provisoriamente, que once fueron abatidos por la policía, nueve están imputados y el resto está desaparecido.

Las víctimas fatales entre los campesinos asciende a un mínimo de once, nueve cuerpos fueron encontrados el viernes 15 de junio día que se produjo el trágico hecho, al día siguiente los pobladores del lugar se organizaron y entraron al campo a buscar más campesinos, encontraron dos cuerpos y todo indica que podría haber más cadáveres abandonados en la zona o personas heridas que no están recibiendo atención médica y no puedan salir del lugar.

Los referentes civiles y pobladores en general siguen con las búsquedas. Entre los detenidos e imputados por la fiscalía se debe mencionar que se hallan personas del distrito que ni siquiera se encontraban en la ocupación y que fueron apresadas por ir al hospital para saber información sobre los heridos que arrojó el enfrentamiento, según las primeras denuncias que de a poco se van haciendo públicas.

Las nueve personas imputadas, quienes serán procesadas por los delitos de violación de propiedad privada y homicidio doloso. Según las versiones que manejan los lugareños, las fuerzas policiales se encargaron de rematar a los campesinos que resultaron heridos, ejecutándolos y desapareciendo los cuerpos, impidiendo que éstos fuesen auxiliados o reciban atención médica. Las tierras ocupadas por el grupo de campesinos que no estaban nucleados bajo ninguna organización, ya había sido motivo de varias ocupaciones anteriores por otras organizaciones campesinas y en todos los intentos han sido desalojadas.

El político y ex senador Blas N Riquelme, perteneciente al partido colorado, se apropió fraudulentamente de esas tierras [1] y actualmente goza de total impunidad erigiéndose como el supuesto dueño de la propiedad. El acaparamiento de tierras en manos de un sector minoritario, privilegiado, el avance del cultivo de la soja y el agronegocio, es motivo de graves conflictos sociales hace décadas en el Paraguay y una de las principales causas de este triste episodio, las consecuencias, hasta ahora en el plano político institucional fue la destitución del Ministro del Interior Carlos Filizzola, lo reemplaza Rubén Candia Amarilla ex Fiscal General del Estado, reconocido por impulsar en años anteriores toda una campaña de persecución y criminalización de la luchas sociales.

Lo que seguirá, sin dudas será un nuevo periodo de militarización violentando territorios y comunidades campesinas, propiciando persecuciones y violaciones de derechos humanos, un clima de alta inestabilidad política donde los partidos de derecha serán los más privilegiados, conspiraciones y negociaciones a menos de un años de las próximas elecciones presidenciales, se abre un terreno propicio para una mayor injerencia de los Estados Unidos Colombia con su planes de seguridad y control, para garantizar el latifundio y la inversión privada.

Por ahora se vive en el país un clima tenso, en un escenario bastante complejo, se visualizan muchos intereses en juego, manipulaciones, conspiraciones y un avasallamiento total a las familias campesinas empobrecidas. [1] Ver más en: http://ea.com.py/blas-n-riquelme-y-las-tierras-malhabidas-de-curuguaty/

Rubén Candia Amarilla, ¿designado o impuesto?

Por Cristina Coronel

"Tenemos que tratar de hacer más eficaz el carácter preventivo de los procedimientos, reevaluar el protocolo por no decir dejarlo sin efecto y ver en qué condiciones hacer más efectivo el cumplimiento de la ley y que no necesita protocolizarse". Palabras del nuevo Ministro del Interior.

Ante los hechos sucedidos el pasado viernes 15 de junio en el Departamento de Canindeyú, distrito de Curuguaty, la puesta a disposición de parte del presidente de la república al cargo que hasta ese entonces lo tenía el doctor Carlos Filizola, comenzó a sonar junto con el nombre de nada más y nada menos que el ex Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla. Entre sus hojas de servicio se encuentra una frondosa adhesión a gobiernos de la época colorada, de hecho su llegada a la fiscalía data de agosto del 2006 al 2011, dando continuidad a la política implementada por su antecesor, el doctor Oscar Germán Latorre, que criminaliza las luchas campesinas y a todas la organizaciones del sector popular. El mismo también ha continuado con la política del Plan Colombia en estrecho relacionamiento con Álvaro Uribe. Dentro de su andar se visibiliza que en junio del 2006 realizó una visita oficial al Ministerio Público de Colombia en el marco del Plan de Acción en materia de seguridad firmado por Paraguay y Colombia.

Los principales puntos tratados citan a la cooperación técnica ofrecida por el gobierno colombiano, la precaución de la instauración del componente de las FRAC en Paraguay y el narcotráfico entre otras cosas.

En el 2010 fue reconocido por la DEA de los Estados Unidos por su labor desplegada en la lucha contra el Narcotráfico y con el fortalecimiento de esta área. También en el 2010 fue invitado por el Departamento de Justicia de los EE.UU. para realizar un recorrido de observación y reunión con representantes de agencias del gobierno en capítulos como la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y la piratería. Entre las tantas cooperaciones se destaca el acuerdo bilateral entre la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE.UU. (USAID) y el gobierno de Paraguay, en el que el Ministerio Público fue beneficiario como parte del Programa Umbral. http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/resol/inf_ges/pdf/sexenio/8_gestion_interna.pdf

Con sus antecedentes y con su posición respecto a uno de los grandes logros de protección y defensa de los derechos humanos como son los protocolos de intervención de las fuerzas públicas responsables del orden - instrumentos claves para determinar los pasos que las mismas deben dar ANTES del uso de la fuerza (cachiporras, armas de fuego, etc.)-, no se comprende su designación como Ministro del Interior en el contexto en que se dio.

La decisión del nuevo Ministro del Interior de dejar de lado esos protocolos deja al arbitrio de quien dirige una operación -desalojos, allanamientos y otros- aspectos básicos que pueden resultar en graves violaciones a los derechos humanos de las personas.

Hay que estar atentos/as ante estos retrocesos que vamos dando en las supuestas líneas progresistas con esta designación y con lo ocurrido pues aun quedan varias interrogantes a ser respondidas o esperar que causes van tomando

¿Es realmente el cambio en esta cartera de Estado el que dará solución a los graves problemas de fondo en país? El problema de la inequidad, el problema de la tierra y el empobrecimiento del país. ¿Es la ausencia de una política represiva (tenebrosa y torturante) lo que hace falta para contar con una seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos? ¿Quién necesita protección y garantía en nuestro país? ¿El modelo de desarrollo agro exportador, el latifundio o las personas que se organizan para luchar por el pedazo de tierra que les corresponde?

-La sociedad de los próximos muertos

Por Ramón Corvalán

La única realidad son los muertos, dice Raúl Zaffaroni en su libro La palabra de los muertos. Y la palabra viene después, y la escritura, incluso, tarda más. La Comisión de Verdad y Justicia nos cuenta de que en tiempos del stronismo, una por cada 6.345 personas fue ejecutada extrajudicialmente y 336 personas desaparecidas. Un jueves 28 de agosto del año 2008 la Comisión de Verdad y Justicia entregó oficialmente su informe. Un año antes, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, dio a conocer el Informe Chokokué que daba cuenta de 77 casos de ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay registrados en el período 1989 – 2005.

De los 77 casos, solamente en tres causas penales fueron impuestas y cumplidas sanciones penales, condenándose coincidentemente a un sicario en cada caso, sin llegar a investigar responsabilidades en grado de coautoría, instigación o complicidad. En los demás casos, la única realidad siguen siendo los muertos. Para el caso de los muertos en tiempos de dictadura, terminamos el año 2011 con el no cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia. También aquí la única realidad son los muertos…y los desaparecidos que es una forma siniestra de muerte suspendida porque ni siquiera da lugar al duelo.

Como un persistente transversal de estos muertos, está la lucha por la tierra en Paraguay, la disputa por hacer real el texto constitucional dedicado a la Reforma Agraria. Igualmente cerramos el 2011 sin avanzar en eso; igualmente aquí la única realidad son los muertos.

Con estas realidades que no se deben confundir con justificaciones, llegamos a los muertos de Kuruguaty, en la finca número 9, propiedad del Estado paraguayo, conforme al Registro público. También aquí las palabras llegan tarde, y encima confusas. Un juez afirma que aquello debía ser un allanamiento; los policías y fiscales sostienen que era un desalojo. Oficialmente se habló de un despliegue para la búsqueda de muertos y desaparecidos, pero fueron pobladores de la zona quienes realizaron los primeros hallazgos…porque nadie llegaba. ¿Vale la pena insistir en datos tales como que en los últimos ciento cincuenta años en Paraguay se produjo un proceso de concentración de la tierra? Incluso hasta llegamos a ser precisos en los números: en el 2008, el 2,5 por ciento de los propietarios eran dueños del 85 por ciento de las tierras…pero nuestros mecanismos, instituciones políticas, judiciales siguieron otra lógica, aquella que no escucha la palabra de nuestros muertos.

Y a eso le llamamos democracia, una construcción que la avanzamos ignorando sus fundamentos criminales. Esta ignorancia se sostiene en un sistema judicial incapaz de procesar los eventos que surgen de los conflictos sociales, y cuando esto pasa, la lógica de la venganza se ocupa del trabajo. Por supuesto, de esto no deriva una sociedad digna, sino una donde nos preguntamos quienes serán los próximos muertos.

“Los muertos son nuestros” 

Por Magali Casartelli

Uno de los primeros comentarios que leí en twitter, apenas iniciaban las informaciones sobre las muertes en torno al conflicto en Curuguaty, decía, aludiendo a los policías caídos: “qué denso tener que morir por defender las tierras de Blas N. Riquelme”. Era como decir: qué fuerte, qué doloroso que el deber de esta gente sea morir por defender lo que, de buenas a primeras, supone ser la propiedad de una persona tan turbia, tan dañina. Me pareció que el mensaje reunía todo lo que debe tener una comunicación eficiente: mensaje corto y contundente. Expresaba la perplejidad que sentíamos muchos.

Porque si bien todo el tratamiento informativo posterior hizo que la tendencia fuera condenar a los campesinos como los criminales que propiciaron esto y, en contrapartida, ensalzar a los policías en lucha contra la ilegalidad, tanto policías como campesinos caídos son nuestros muertos. Ambos son víctimas de un sistema de relaciones sociales y económicas que beneficia a gente oscura como Blas N. Riquelme.

Este último, personaje nefasto, que no satisfecho con el exceso inmoral de bienes y propiedades en posesión (todo bajo sospecha de fraude) se aprovecha de la inoperancia e ineficiencia de la maquinaria burocrática del Estado, y, avalado en su pretensión de beneficiarse con tierras que no le corresponden, 16 compatriotas terminan muertos. Resumiendo el caso de estas tierras, son 2000 hectáreas donadas al Estado por la empresa La Industrial Paraguaya en 1967.

Según el periódico E’a “sólo a través de un decreto el Estado acepta la donación y a través de la emisión de otro, en el año 2004 las declara de interés social para la reforma agraria”, pero la lentitud de administraciones anteriores hizo que nunca se concretara la transferencia a favor del Estado. Esta dejadez fue aprovechada por este señor para apelar a la figura de usucapión que habilita a quien sea a reclamar como suyas tierras que viene ocupando por años (La pregunta en este punto es ¿por qué en este caso no se definió reprimir a balazos para desalojarlo de esa propiedad?). Sin embargo, como aclara la abogada Milena Pereira, no se puede hacer usucapión en contra de los bienes del Estado.

Y, como el recurso de amparo por usucapión fue cancelado, desde hace casi dos años, a partir de diciembre de 2010, fue inscrito nuevamente a nombre de la Industrial Paraguaya. Esta serie de piruetas y mañas legales hizo que nunca se transparentara la situación de estas tierras que derivó en estas muertes. En síntesis, luego de 5 días de los trágicos sucesos, tímidamente la prensa comercial publica que Marina Kue es del Estado (Decreto 1967 - 2004-2010).

Es “denso” que el aparato de seguridad del Estado mande a morir a policías por defender tierras de un delincuente, es “denso” que campesinos en resistencia y con el legítimo derecho de hacer uso de la medida de desobediencia civil (ocupación de tierras) ante años y años de atropello y desatención, mueran. Es “denso” que recién luego de las muertes “se sepa” que el supuesto dueño no es tal, sino el principal y único invasor y acaparador.

Andrés Ramírez, abogado especialista en derechos humanos, responde: El mismo Informe de la CVJ que es permanentemente citado en el contexto de la masacre de Curuguaty, en su capítulo de Conclusiones y Recomendaciones, responde: 75. Proceder [...] a la recuperación de las tierras mal habidas con los demás bienes mal habidos por los personeros de la dictadura o sus prestanombres que puedan ser identificados con base en una investigación del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, a fin de que el Estado pueda recuperarlos e ingresarlos a Rentas Generales de la Nación.- 78. Promover por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo las acciones judiciales y legales pertinentes para la recuperación de las propiedades colectivas, comunitarias, campos comunales y espacios públicos que fueron usurpadas.

  "La dignidad no se compra, ni se vende. Si no la entendemos así, es porque nos han derrotado y asimilado"

Adolfo Pérez Esquivel 

PENSANDO CURUGUATY 

Preguntas, confusiones, ingenuidad 

Por Marta Almada

Nuestra historia reciente puede conducir a desbaratar esperanzas porque durante los años de la dictadura el poder adquirió formas siniestras, difíciles de entender para muchos de nosotros. Sin embargo, si asumimos la responsabilidad de preguntarnos por qué fue posible eso en Paraguay y reconocemos las admirables luchas de quienes lo resistieron, podemos generar el desenlace contrario y, en lugar de anular la esperanza, volver a encontrarla. A lo largo de la historia las sociedades encontraron diferentes formas de reaccionar ante la vulneración de los Derechos Humanos.

En Paraguay durante la dictadura, distintos sectores de la sociedad vencieron el miedo, salieron al espacio público e inventaron formas para resistir, fortaleciendo, al mismo tiempo, el lazo social que la Dictadura pretendía desarticular. Ahora bien, para que estos derechos se hagan efectivos en el presente, hay que comprender por qué en otros momentos históricos fueron violados sistemáticamente por un Estado que tenía que haber sido su garante.

Para ello, necesitamos ejercer el pensamiento crítico porque no alcanza solamente con conocer la historia y decir «ya pasó, forma parte del pasado, no volverá a repetirse». Tampoco se trata de formular buenas intenciones, sino de emprender con coraje y honestidad el desafío de analizar este hecho doloroso y preguntarnos qué y por qué. Curuguaty nos plantea hoy ese escenario, representa hoy esa página grande llamada realidad, cargada de complejidades, de confusiones, de hechos que se harán historia, pero que hoy, sin embargo, necesitamos analizar, reflexionar y coloca en contexto para explicar y explicarnos ¿qué pasó?, ¿por qué pasó? y nos permita construir en conjunto un fundamento para la esperanza, para la justicia social, la verdad y la reparación debida.

Curuguaty nos puede ayudar a ejercitar la memoria, como forma de hilar los hechos y acontecimientos, o como forma para recordar nuestros compromisos, exigir nuestros derechos, asumirlos y plantear propuestas con argumentos posibles, eso estaban haciendo con las ocupaciones los campesinos y campesinas en “Yby Pyta”, con este hecho nos estaban recordando, a la sociedad, al Estado en su conjunto la eterna deuda social, histórica, moral y ética para con ellos, los sectores más vulnerabilizados de nuestra sociedad.

El conflicto en Curuguaty puede servir de andamiaje a la tarea de hacer justicia mediante su complejidad, su rebeldía, sus recursos, sus debates, sus imágenes, sus interpelaciones. El terror es ofensivo y, hasta malicioso, en cambio la discusión, el debate y las investigaciones responsables pueden ser o son las herramientas privilegiadas para la toma de decisiones y para hacer justicia ante tanta injusticia denunciada, el medio para que se dé esa necesaria toma de conciencia del problema “la tenencia de la tierra y la lucha por ella”, problema de fondo, como hoy todos denominan.

Múltiples fueron las clasificaciones y adjetivaciones mediáticas que se cruzaron y conjugaron en Curuguaty, graficando el hecho de uno y otro modo y a quienes fueron sus protagonistas: “Terrorismo de Estado, Jaque mate”, “grupos ideologizados y subversivos, peligrosos, supuestos campesinos, autodenominados campesinos, agitadores, asesinos, carperos”; “fue una emboscada, ejecución, masacre”; “las balas llegaron de arriba, desde el norte, para el sur, de allá, para acá”. Curuguaty, lucha por la tierra, explica con claridad cómo la ausencia de respuestas, la falta de implementación de la postergada Reforma Agraria Integral, condena a miles de paraguayos y paraguayas a la miseria y muestra cómo ante esa ausencia son desarrollados otros mecanismos que resultan peligrosos, mecanismos para la eliminación, tortura y desaparición de personas, lo que no sólo implicó en el caso Curuguaty el fin de muchas vidas, sino también la privación de un duelo, de un entierro justo, es decir, la posibilidad de inscribir esas muertes dentro de una historia familiar, social y politica.

El conflicto desarrollado en Curuguaty es complejo porque refiere un hecho límite, multideterminado por factores políticos, económicos, sociales, culturales. Y esta complejidad nos exige ser claros en un aspecto: estamos con nuestras posiciones planteando ideas, pensamientos y razones y tenemos por tanto el compromiso de ser críticos y responsables, para el efectivo cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos.

En los límites que dibuja un modelo de producción extractivista y agroexportador, que privilegia a los grandes grupos de poder económico, que hambrea, vacía y des-propone prácticas y tekos comunitarios, modos de ser y hacer sostenidos en un profundo respeto a la naturaleza y a su dinámica, hay que hacer Memoria y al menos indignarnos porque situaciones como las de Curuguaty y otras, sean mediatizadas, manoseadas, traducidas en show mediático y utilizados para intereses particulares.

Finalmente, la lucha por la tierra no se reduce a la adquisición de ciertas hectáreas de suelo para la producción, se trata de una lucha frente a un modelo que privilegia el tener por sobre el ser, que no respeta vidas, ni humanidades, se trata además de plantear en la agenda política y social la discusión, el debate sobre la desigual distribución de las riquezas desde el marco de la noviolencia y el respeto a los derechos humanos, fundamentado en la vida y dignidad de las personas y la naturaleza.

Sabemos que es responsabilidad del Estado llevar adelante políticas concertadas para avanzar en el respeto y la defensa de los Derechos Humanos, entendemos que este hecho (Curuguaty) nos dice que es el momento para sentar las bases de una nación en donde tengan plena vigencia los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos. Pensemos Curuguaty