Rafael Uzcátegui
Mientras nos entreteníamos con la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo Ley del Trabajo y el anuncio de la salida del país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno aprobaba, sin mayor oposición, la normativa más peligrosa de penalización de los derechos políticos y ciudadanos: La “Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo” (Lodofat). La norma, compuesta de 89 artículos, representa el cénit de la política estatal de criminalización del movimiento popular y social venezolano. Lo curioso es que a pesar de toda la retórica antimperialista bolivariana, la normativa está influenciada directamente por las líneas maestras generadas desde el Pentágono. Y no es conspiranoia.
La Lodofat es una ley tramposa que capitaliza la conmoción posterior a los atentados del 11S en Estados Unidos, y la orden imperial de “guerra contra el terrorismo”, para prohibir y castigar prácticamente todas las estrategias y herramientas históricas de lucha del movimiento popular venezolano, mezclando normativas represivas a la protesta y la asociación incómoda con la penalización a la pornografía, trata de personas, uso de sustancias químicas tóxicas, narcotráfico y asesinato de altos funcionarios públicos.
El contenido de la normativa tiene dos referentes. Por un lado las directrices del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre financiamiento al terrorismo. Por otro, el Manual para la redacción de leyes antiterroristas redactado, nada más y nada menos, por el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Por qué el FMI está tan interesado en la promoción de leyes antiterroristas? Ellos mismos lo explican en su sitio web: “El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden menoscabar la integridad de las instituciones y los sistemas financieros, desalentar la inversión extranjera y distorsionar los flujos internacionales de capital”. La Lodofat certifica al mercado mundial que nuestro país desea seguir siendo un proveedor “seguro y confiable” de energía.
La Lodofat posee una conceptualización ambigua, discrecional peligrosa de lo que es “terrorismo”, “acto terrorista” y “delincuencia organizada”. El Estado es exceptuado en el artículo 31: “Las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles (…)”. Cierres de calles, tomas de establecimientos e instituciones, quema de cauchos, huelgas y boicots, protestas indígenas y de la tercera edad, grafittis y pintas contra edificios públicos, entre otros, pueden ser calificados como actos terroristas. Quien lo hubiera dicho: Diosdado Cabello, Aristóbulo Istúriz, Blanca Ekhout, Ivan Zerpa y Víctor Clark rubricaron la versión criolla de la Ley Patriota estadounidense. @fanzinero
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa el debate, la confrontación de ideas y el disenso. Pero si tu comentario es sólo para descalificaciones sin argumentos, o mentiras falaces, no será publicado. Hay muchos sitios del gobierno venezolano donde gustosa y rápidamente publican ese tipo de comunicaciones.