Debate: El planeta errante y la quimera verde de Río + 20

Javier Rodríguez Pardo (1)     

Transcurridas dos décadas desde Río 1992, el planeta vivió el manejo sórdido de tratados internacionales infringidos. La reducción de gases con efecto invernadero fue el primero que marcaba distintos grados de responsabilidad entre dos mundos diferenciados: por un lado, el mundo de los países industrializados y por el otro, el de los países pobres o en vías de un crecimiento convertido en utopía. Los desaciertos en torno al protocolo de Kyoto  de 1997 marcaron la impronta de un modelo de desarrollo que demostró su fracaso.  Los conceptos de desarrollo y de sostenibilidad se convirtieron en un mero propósito declarativo esgrimido  por las grandes potencias, más preocupadas por controlar y preservar a las organizaciones mundiales de comercio y los intereses rectores de un mundo globalizado. Por ello, las emisiones de dióxido de carbono alcanzaron en los dos últimos años (2009/2010) su mayor nivel histórico. En esa línea, la protección de la diversidad biológica que proponía una de las Convenciones Marco de las Naciones Unidas no sólo se incumplía sino que se diezmaba por una ola extractiva intensiva en los países del sur y la expansión de la frontera agro-tóxica.  El dominio de la biodiversidad permitía hegemonizar la biotecnología en poder de los laboratorios del Norte, que también desarrollaban nuevas estrategias sobre  los bosques nativos y las comunidades originarias en pos del conocimiento de activos moleculares y del registro de sus patentes.

En las dos últimas décadas la desertificación fue en aumento, a pesar del acuerdo firmado en 1994 por la Convención de las Naciones Unidas (UNCCD). En ese período los impactos del calentamiento global se estimaron con mayor frecuencia y rigor, permitiendo documentar un indubitable cambio de los patrones climáticos.

  

Río+20 aparece en 2012 en un escenario cada vez más contestatario, con movimientos sociales que rechazan las imposiciones orquestadas por las corporaciones del poder global.

En la última década, América Latina se ve sometida a proyectos concebidos en el marco de la Iniciativa para la Infraestructura de Integración Regional  Sudamericana (IIRSA) y de la prolongación del Plan Puebla Panamá de Centroamérica. Ambos designios fueron forjados con el claro objetivo de facilitar la extracción, circulación, comunicación de los bienes comunes (recursos naturales) que conforman el botín del saqueo de las corporaciones transnacionales. Si Río+20 es un llamado a la cordura para el rescate de un planeta agonizante, los proyectos  IIRSA no son la mejor respuesta para impedir su agonía.

Represas faraónicas desplazando a miles de indígenas de la Amazonía, ductos hidrocarburíferos, alteraciones hidrológicas y dragados de pasos fluviales son, con los corredores bioceánicos, parte estratégica de un modelo extractivo que agota fuentes de agua y consume ingentes volúmenes de energía. Se planifica Río+20 al mismo tiempo que se ejecuta un instrumento de depredación que contribuye aún más al calentamiento global. Agua, suelos fértiles y minerales críticos y estratégicos son bienes comunes escasos extraídos mediante una matriz energética generadora de emisiones atmosféricas que inciden en el calentamiento global.

Por todo ello la respuesta latinoamericana a Río+20 es de rechazo y refleja la desazón que ofrece un camino viciado desde su origen por quienes no abandonan consumismo y derroche.  Es también la esperanza de infinidad de movimientos sociales que se levantan en rebelión en una sola frontera continental que los une.  Son pueblos y comunidades originarias que conforman la masa crítica que intenta detener el rumbo hacia la destrucción del único hábitat posible: este planeta.

Elaborar una “economía verde” en un marco asociativo de desarrollo sostenible no evitará eludir las reglas de las corporaciones que hegemonizan el poder global. La historia de las dos últimas décadas da cuenta del papel hegemónico de las naciones que concentran  y consumen el ochenta por ciento de la riqueza y que, al mismo tiempo, son las principales generadoras  del impacto climático. Debido a este dominio y a sus efectos dañosos concretos, resulta quimérico pensar que volveremos  alguna vez al promedio histórico de la temperatura de la Tierra. De hecho será imposible hacer retornar los hielos polares que se fueron derritiendo, retrotraer los océanos a su nivel anterior y reparar la disminución  en curso de la masa glaciar de las cordilleras. Una lista interminable de consecuencias del cambio climático no ha sabido convencer a las supremacías políticas reinantes y no creemos que eso se revierta en los próximos cincuenta años.  Es el plan de un poder global que proyecta  su economía con el mismo rumbo de oferta y demanda, de dispendio y consumo, de ferocidad competitiva.

En cuanto a la pretendida economía verde asociada al concepto de desarrollo sostenible, cabe señalar que difiere completamente del pensamiento político que aboga por una economía decreciente, más preocupada por atender las necesidades humanas que las de los mercados. Río + 20 teorizará envuelto en una utópica sostenibilidad que reitera a nuestro entender  la vía errática y dispendiosa que ocasionó este desmadre. En cambio, la producción controlada, disminuir consumo y pensar en términos económicos de decrecimiento (advirtiendo escasez de bienes comunes ausentes en la naturaleza al límite del exterminio) podría significar el principio de un mundo nuevo. Cómo instalar esta  cultura es la tarea más difícil. Por lo pronto, es de suponer, a la luz de sus antecedentes, que Río + 20 formulará con tonos verdosos, el continuismo de las viejas vías hacia la inmolación.

Javier Rodríguez Pardo,  Buenos Aires, 3 de mayo de 2012.

MACH – RENACE – Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)

     (1) Hace unos años impedimos el uso y la explotación de 250.000 hectáreas de bosques nativos, ubicados en Alto Río Senguer, sudoeste de la cordillera chubutense (1999/2001). Evitamos que 50.400 hectáreas de floresta autóctona a orillas de los lagos Fontana y La Plata fueran utilizados como sumideros de dióxido de carbono y que  sospechados árboles degradados de lenga, ñieres y cohiues terminaran en las ebanisterías del Norte.  El proyecto lo impulsaba una organización ecologista europea (Prima Clima), la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania (GTZ), el gobierno argentino y la Provincia del Chubut  a través del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico. Tres convenios y dos contratos reunían a un ejército de profesionales entre los que sobresalían ingenieros forestales de cinco provincias sureñas, de universidades patagónicas, parques nacionales, el INTA y el Conicet. Regionalizamos la lucha con movilizaciones y caravanas e instalamos en Bonn los reparos de nuestros pueblos. Cámaras de la televisión alemana difundieron la protesta y las voces acusadoras de comunidades mapuche-tehuelche desfilaron por los medios de difusión de Europa central,  días antes de que se firmaran los nuevos acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En agosto de 2001 los compromisos firmados en Bonn derribaron definitivamente las aspiraciones de utilizar los bosques nativos como sumideros de dióxido de carbono  y estipularon que los planes de manejo y trabajo silvícola no califican para obtener certificados por la fijación del carbono. (Ref.: La Patagonia de Pie: Ecología vs. negociados, capítulo 9, “Poder político, tala y bonos verdes”, autores Javier Rodríguez Pardo y Lucas Chiappe, ediciones Lemú (2003/2004).