Por: Esperanza Hermida (C-cura)
En pleno año electoral, el gobierno pretende hacer del
retorno al esquema de cálculo de las prestaciones sociales con base al último
salario una bandera electoral. Pero lo cierto es que asistimos a una obra de
teatro tardía, pues la disposición transitoria cuarta, numeral 3º de la Constitución de 1999
le estableció a la
Asamblea Nacional un plazo máximo para cumplir este mandato:
un año después de su promulgación. Por tanto, desde el año 2000 existe una mora
de doce (12) años sin que haya restituido el sistema de indemnización por
concepto de antigûedad y cesantía. Además, el gobierno pretende instrumentar el
pago de las deudas por concepto de prestaciones en el sector público, por medio
de bonos de Pdvsa, según lo han declarado públicamente voceros de la Comisión Presidencial
nombrada por Chávez. Dichos bonos serían cobrables dos años después de su
emisión. Se trata de un mecanismo financiero que en última instancia terminará
beneficiando a la banca pública o privada, pues del presupuesto nacional se
movilizarán millones de bolívares que adoptarán la forma de papeles para ser
negociados entre los diferentes entes financieros.
Y para colmo de males, como lo han repetido reiteradamente
Oswaldo Vera y Francisco Torrealba, diputados del PSUV, miembros de la Comisión Presidencial
para la reforma de la LOT ,
también se pretenden introducir nuevos requisitos para que el trabajador o
trabajadora puedan acceder al adelanto de sus prestaciones.
Son evidentes las contradicciones existentes entre las
versiones que ofrecen públicamente los miembros de esta Comisión, pues primero
señalaron que se crearía un fondo único nacional para la administración de las
prestaciones y luego indicaron que este fondo sólo sería para el sector
público. En uno u otro caso, la verdad es que no se ha hecho una consulta a la
clase trabajadora al respecto. De paso, la creación de un fondo para la administración
de las prestaciones no es nada novedoso, pues ya está previsto en la Ley actual. Lo nuevo es la
pretensión del gobierno de confiscar las prestaciones, pues la decisión sobre
la forma de administración de estos capitales no derivaría de la voluntad del
trabajador o trabajadora.
El artículo 108 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo
establece que: ... la prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del
trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará
mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un Fondo
de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará mensualmente a su nombre, también
en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa.
Bajo el supuesto de restituir el sistema de recálculo de la
antiguedad y la cesantía, el gobierno lo que está es fraguando un mecanismo
legitimado por vía de una ley a la se llama "reforma" de la LOT , para utilizar el dinero
acumulado por la clase trabajadora. Dicho de otra forma, nuestras prestaciones
serán puestas al servicio de los intereses de la burguesía financiera y de los
altos funcionarios del Estado. El fondo de prestaciones, de manera
discrecional, sin preguntarnos ni darnos ningún tipo de participación en la
administración de nuestros bienes patrimoniales, utilizará nuestro dinero para
inversiones dudosas y riesgosas, u otros planes experimentales supuestamente
"socialistas", como sucedió con el fondo de pensiones de los
trabajadores petroleros, o con las llamadas cooperativas y/o empresas de producción
socialistas dirigidas por militantes del PSUV. En otras palabras, estamos ante
un nuevo y escandaloso robo contra los trabajadores.
El robo de 1997
En 1997 se consumó el robo de la retroactividad de las
prestaciones sociales de los trabajadores. Debemos recordar que una parte
importante del proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) fue elaborado
entre el Ministerio de Planificación, a cargo de Teodoro Petkoff y León
Arismendi, por un lado, y por el otro el Ministerio del Trabajo a cargo de
María Bernardoni de Govea y César Carballo. El contenido de esa propuesta fue
enfrentado por el movimiento sindical combativo y socialista de los años 90,
nucleado en el "Frente Contra el Robo de las Prestaciones". Allí
estuvieron algunos compañeros trostkistas que trabajaban o estaban muy ligados
a Provea, como Armando Guerra, y el movimiento sindical clasista y autónomo de
los estados Aragua y Carabobo; sindicatos no confederados como el SNTP y
SUONTRAJ, así como el movimiento profesoral y de empleados administrativos de
las universidades nacionales autónomas, organizados en la FAPUV , en la AEA-UCV y ATAUSIBO.
La reforma de 1997 está fundamentada entonces en el Acuerdo
de esa Comisión Tripartita designada por el Ejecutivo Nacional, publicado el
17-03-97, y en el Proyecto del Ministerio del Trabajo presentado el 08-05-97 al
Congreso de la
República. Fue promulgada en fecha 19-06-97 como Ley de
Reforma de la Ley
Orgánica del Trabajo. Al eliminar la retroactividad en el
pago de las prestaciones se redujo con ello la carga refleja del salario sobre
las prestaciones sociales. Los beneficios de orden laboral derivados de la
suprimida indemnización se irían a concentrar en una proyectada ley de
Seguridad Social Integral. La farsa de 1997 se centraba en "propender a la
estabilidad del trabajador y favorecer las negociaciones colectivas y el
tripartismo, como elemento esencial de un sistema democrático de relaciones de
trabajo", según la
Exposición de Motivos del proyecto del Despacho del Trabajo.
El Informe de Provea de 1998 refleja lo siguiente
textualmente: "la acción gubernamental y legislativa en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, se caracteriza por la violación de
un principio básico y fundamental de la acción estatal: la obligación de no
regresividad en la protección legal y práctica de los derechos humanos ”.
Durante 1998, nuevamente el Ejecutivo y el Congreso Nacional han profundizado
esa tendencia que supone una contradicción con la doctrina internacional en
materia de derechos humanos. Esta situación se da en un contexto, como bien
destaca el Foro por la Vida ,
en el que “luego de un año de iniciado el diálogo con el Alto Gobierno, el
cuadro de violaciones a los derechos humanos no ha variado significativamente y
en el caso de los derechos sociales, como salud y trabajo, se reporta una
situación creciente de deterioro que debe llamar a la reflexión a las
autoridades”. Esta contradicción signa el proceso que se desarrolla actualmente
en Venezuela, donde las ONGs de derechos humanos y organizaciones sociales
deben luchar a contracorriente de las orientaciones gubernamentales, de la
mayoría de los partidos políticos e inclusive de sectores sociales organizados
que, influidos o ganados por el pragmatismo neoliberal de moda, pretenden
desconocer la categoría de derecho que tienen los económicos, sociales y
culturales, y por ende liberar y flexibilizar las obligaciones que el Estado
tiene para su promoción, protección y satisfacción. Durante 1997, el Ejecutivo
Nacional propició y el Congreso Nacional sancionó finalmente la reforma a la Ley Orgánica del
Trabajo (LOT), en lo que sin duda fue un claro irrespeto al principio que
prohíbe expresamente la regresividad de las normas en materia de protección de
los derechos económicos, sociales y culturales establecidos por el derecho
internacional de los derechos humanos. Durante 1998, ambos poderes públicos
profundizaron esa tendencia al presentar propuestas legislativas que buscan
reformar la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Salud, la Ley Orgánica de Sanidad Nacional, crear un
Sistema de Seguridad Social Integral con sus diferentes subsistemas e incluso,
aprobar un proyecto de Ley de Educación Superior, que a todas luces menoscaban
derechos adquiridos de la población"
2012: Una confiscación en ciernes
Uno de los recursos discursivos más utilizados por los
defensores del actual proceso de reforma a la LOT por vía de la ley habilitante o en por
decreto - ley, es reproducir el robo de la retroactividad en el cálculo de la
cesantía y de la antiguedad. A diferencia de muchos de los voceros sindicales
del actual gobierno, algunos de los cuales apoyaron la reforma del 97 con la
misma vehemencia con la que apoyan la reforma del 2012, quienes entonces nos
opusimos a la destrucción de importantes conquistas legales de la clase
trabajadora, tenemos hoy la responsabilidad de advertir acerca de los peligros
que entraña el proceso de reforma en curso. Y -repetimos- la restitución de la
retroactividad se ha convertido en un caballo de Troya para introducir un
peligroso instrumento que en la práctica significaría la confiscación de esas
prestaciones. La creación de un fondo único gubernamental para la
administración de las prestaciones de los trabajadores, y utilizar bonos para
cancelar los pasivos que por este concepto mantiene el Estado con miles de
trabajadores del sector público, no tiene nada que ver con la intención del
constituyente en 1999.
¿Cuáles serán los intereses de las prestaciones depositadas
en el fondo único que proyecta crear el gobierno? ¿Existirán mecanismos de
control social en la administración de esos recursos? La experiencia reciente
del desfalco del fondo de jubilaciones de los trabajadores petroleros está
fresca en los trabajadores de este país. También preocupa la intención
manifiesta de voceros de la comisión presidencial para la reforma de la LOT de crear nuevos requisitos
para la tramitación de los adelantos de prestaciones, con lo cual nuevamente se
atenta contra la exigibilidad inmediata de las prestaciones.
Una primera respuesta de miles de trabajadores del sector
privado a los anuncios gubernamentales ha sido solicitar el pago adelantado de
prestaciones. Pero no basta con respuestas atomizadas a la política
gubernamental. Indudablemente, es necesaria una respuesta unificada del
movimiento sindical, para que sobre la base de la movilización se derrote la
pretensión de imponer unilateralmente una legislación laboral regresiva,
obligando al gobierno a discutir con los trabajadores sobre todos los aspectos
que contenga la reforma a la LOT.
Una LOT que no solo amenaza las prestaciones de los
trabajadores, sino que además legitima la ingerencia del Estado en la vida
interna de las organizaciones sindicales; una LOT que incorpora figuras que lesionan
la libertad y la autonomía de la clase trabajadora a afiliarse al sindicato de
su preferencia; una LOT que impone los llamados "consejos de
trabajadores"; y una LOT que pretende limitar el derecho a huelga, debe
convertirse en motivo suficiente para el nacimiento de iniciativas de lucha y
organización desde el seno de la clase trabajadora, como la convocatoria y
realización de una constituyente sindical que proponga el contenido de una
reforma legal al servicio de la clase trabajadora. En el caso de las
prestaciones sociales, éstas deben ser manejadas a través de un fondo público
bajo el control democrático de las organizaciones de los trabajadores.
Extraído de Laclase.info
Extraído de Laclase.info
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