El desarrollo minero argentino, un debate a cielo abierto

Rosaura Audi

La expansión de la minería metalífera de exportación en Argentina, a cielo abierto y con utilización de químicos, comenzó con las reformas al Código Minero y la Ley de Inversiones Mineras en los 90, bajo el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem. Pero fue en la última década que creció de manera asombrosa, al ritmo al que se fueron replicando asambleas ciudadanas que la rechazaban. Hoy hay un fuerte debate entre los que se niegan a este tipo de explotación por completo, debido al impacto ambiental, y quienes afirman que lo que está en juego es el progreso.

El país estaba acostumbrado a otro tipo de minería, a piedra partida, la del cemento, y a diferencia de otras naciones latinoamericanas, como Chile, Bolivia y Perú, aquí no existía tradición metalífera. Este ha sido históricamente un país agro-exportador. Así es que no hubo un análisis o una preocupación extendida sobre lo que significaban las modificaciones de esas legislaciones y el ingreso pleno de este tipo de extracción al territorio.

Como sucedió con cada una de las empresas que se privatizaron durante el menemismo -1989/1999-, un período de entrega de los recursos naturales y los servicios estatales, la minería fue dada, principalmente a las transnacionales, con un porcentaje de regalías del 3%, y la exención de impuestos y beneficios fiscales que no tienen las demás industrias. También pueden generar cuentas offshore como base de sus activos financieros y de depósito de divisas generadas por sus exportaciones [1]. Fue la misma época en la que Argentina abrió sus puertas a los transgénicos para convertirse en el tercer país exportador de soja del mundo.

Se trató del período posterior a las dictaduras latinoamericanas y la aparición de gobiernos que en toda la región siguieron la línea del Consenso de Washington y el modelo privatizador, en el que el Estado se retiró de la escena y el ciudadano quedó a merced de los intereses de las corporaciones extranjeras, tanto en actividades extractivas como en servicios financieros, transportes, electricidad, agua y gas. Con la aparición de gobiernos progresistas, uno a uno estos países comenzaron a dar un cambio de rumbo, a volver a un Estado con un rol más fuerte, que fue ampliamente criticado por los partidos de derecha y de centro, locales y de fuera del continente. La llegada de Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales, Michelle Bachelet, Rafael Correa y Fernando Lugo, significó un cambio. Pusieron a la región en otro lugar.

Ello no implicó, sin embargo, una revisión del modelo capitalista, como esperaban algunos de estos líderes. Chávez y Morales plantearon que el culpable de todos los problemas medioambientales, empezando por el cambio climático, es el capitalismo, y que la solución es el socialismo. Lo remarcaron con ahínco en la Cumbre de los Pueblos contra el Cambio Climático en abril de 2010. Pero, como también dijo en el marco de esa reunión en Cochabamba el presidente boliviano, todas estas naciones basan sus ingresos en las actividades extractivas, al menos por ahora. La propuesta es más humana, con mayor inclusión, con más controles al saqueo foráneo, con mayor presencia estatal. El modelo permanece. Y, justamente, lo que los ambientalistasy organizaciones de ciudadanos -que se sintieron afectados o amenazados por los emprendimientos mineros- comenzaron a cuestionar en Argentina fue el modelo. El presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, denuncia que la megaminería significa “degradación ambiental, saqueo económico y devastación institucional, social y cultural”. Del otro lado, el gobierno nacional y las provincias mineras afirman que la extracción de metales trae progreso a sus territorios -fuentes de empleo e ingresos a las arcas locales- y aseguran que ellos garantizarán que no haya contaminación.

La movilización ciudadana

Una muestra contundente de resistencia popular a la minería se vio en 2003, en Esquel, en la provincia patagónica de Chubut. El gobierno local promovía la apertura de la mina de oro a cielo abierto llamada El Desquite, de la empresa Meridian Gold. Pero la población exigió un referendo, contemplado en la Ley General del Ambiente -y en el caso de los pueblos originarios, como los Mapuche de esa región, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- (2). En la consulta popular ganó el “no” a la explotación por el 80 por ciento de los votos. La concurrencia fue del 75 por ciento de los habitantes. Los esquelenses tenían una referencia clara sobre esa modalidad de explotación. Sabían lo que sucedía en La Alumbrera, la primera mina metalífera a cielo abierto, en la provincia de Catamarca, que tiene varias denuncias por contaminación, incluso una contra su vicepresidente, Julián Rooney. En ese caso fue el primer directivo de una minera en ser procesado en América Latina y ahora la causa se encuentra en etapa de apelaciones. El emprendimiento abrió en 1997. Esquel fue el puntapié de una serie de organizaciones de pobladores comunes que luego se constituyeron en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de todo el país, las cuales se reúnen dos o tres veces al año para discutir estrategias y ya no sólo plantean la posición frente a la explotación metalífera sino al resto de las actividades extractivas.

“Ningún proceso en la administración de justicia camina si no hay una comunidad que reclame por ese proceso”, dijo a una radio local el fiscal de la provincia de Tucumán -norte- Antonio Gustavo Gómez, especialista en causas ambientales, que encabezó la causa contra Rooney. De acuerdo a datos de la Secretaría de Minería de la Nación, en su informe “La minería en números”, los proyectos de emprendimientos en 2003 eran 40 y en 2009 alcanzaban los 336. Ahora se habla de 600, entre los que están en proceso de explotación, de exploración y en análisis. Esto explica cómo se han ido replicando las asambleas ciudadanas en todo el país, que temen por el cambio social, cultural y ambiental de sus territorios. Pero en muchas de las provincias cordilleranas mineras, en donde hay fuertes protestas de oposición a la extracción metalífera de exportación, han ganado en las urnas los gobernadores que la promueven.

Y otro dato significativo es que de los 51 megaemprendimientos, 49 están en manos de multinacionales.

Famatina y La Alumbrera

Son dos emblemas. Uno porque su población resiste, a fuerza de cortes de ruta multitudinarios, la instalación de las minas, y otro porque es la muestra de lo que puede suceder con el resto.

El Famatina es un cordón montañoso ubicado en la provincia de La Rioja -noroeste-. Los pueblos de Famatina y Chilecito, al pie cerro, se levantaron primero en el 2000 contra la Barrick Gold y tras seis años de movilizaciones y bloqueos la compañía de origen canadiense desistió del emprendimiento. La apertura a la minería en ese distrito fue incentivada por el ex gobernador Ángel Maza y ahora por su sucesor, Luis Beder Herrera, quien había ganado el puesto proclamando férrea oposición a la actividad.

A fines del año pasado, los habitantes del Famatina supieron que había permisos de exploración para la empresa canadiense Osisko y volvieron a hacer un corte al camino que conduce a la mina, con lo cual impidieron los trabajos iniciales. La movilización de esas localidades y de otras en solidaridad, como también la operatoria de los grupos de medios opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hicieron de esta lucha un debate nacional. Beder Herrera suspendió el proyecto hasta tanto la población estuviera informada, según expresó. El debate fue perverso en algunos aspectos. El eje central, la discusión sobre el modelo de desarrollo, quedó truncado. Los medios opuestos al gobierno utilizaron la lucha contra la minería mientras le sirvió y los oficialistas se centraron en criticar el accionar de lo que denominan “la corpo mediática” y defendieron a los gobernadores.

Y de todo lo planteado en la televisión, la radio y la prensa escrita, hubo un artículo (3) muy destacable publicado por Miradas al Sur, un periódico cercano a la gestión de Fernández, en el que fue entrevistado el ingeniero Héctor Nievas, inspector de la Secretaría de Minería de Catamarca, en la que se emplaza La Alumbrera. Habló allí de los problemas de filtraciones que detectó en 1997 en el dique de cola, donde se colocan los materiales para que los metales se separen de la roca. No se volvió a construir sino que hicieron perforaciones para absorber lo que se filtra. Esos bombeos deberán seguir por 18 o 20 años después de cerrado el yacimiento. El especialista fue separado de las inspecciones.

La postura del gobierno

"¿Y por qué la minería? Porque el 80% del territorio provincial está cubierto por terrenos montañosos, conformados por distintos ambientes geológicos, propicios para albergar diferentes tipos de mineralización y por tanto, diferentes depósitos de minerales, algunos de interés económico y otros no", precisa en la página de la Secretaría de Minería de la Provincia de San Juan su gobernador, José Luis Gioja. Este hombre, que presidió la Comisión de Minería de Diputados entre 1991 y 1995, años de las fuertes reformas del rubro, es sindicado por ciudadanos y ambientalistas como el zar de la minería. Él y sus hermanos César y Juan Carlos han defendido esas políticas en ambas cámaras del parlamento. Las denuncias sobre los vínculos de esta familia con la Barrick Gold volvieron a salir a la luz el año pasado con declaraciones cruzadas que se hicieron José Luis, que buscaba la re-reelección provincial en octubre, y César, que quería ese cargo. José Luis dijo que su hermano era proveedor de la Barrick y César que la nueva candidatura del gobernador era apoyada por la Barrick porque él le garantiza negocios y ganancias.

Hasta aquí un entramado que trasciende lo provincial. Gioja, junto al resto de los gobernadores de las provincias de La Rioja, Jujuy, Salta, Mendoza, Neuquén, Chubut y Catamarca, crearon la Organización Federal de Estados Mineros (OFEM) a mediados de febrero, en medio de protestas en varias localidades del país y con la presencia del ministro de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "Pretendemos dar soluciones sobre el impacto ambiental. El turismo genera impacto y a nadie se le ocurriría prohibirlo. Hay que manejarlo, conducirlo y mejorarlo", dijo Eduardo Fellner, gobernador de la norteña Jujuy.

Mayoral, de quien las organizaciones ambientalistas dicen que tiene una empresa minera con la misma dirección que la Barrick -se pidió una entrevista con el secretario pero no hubo respuesta-, inauguró el segundo stand más grande en la principal feria de minería del mundo, que se realizó a principios de marzo en Canadá. Allí destacó “dos proyectos mineros que tienen una característica única a nivel internacional, por su tamaño, por el desafío a nivel tecnológico que encierran y, sobre todo, por el nivel de inversión”. Uno es Pascua Lama y el otro Potasio Río Colorado, en Mendoza, “la unidad de potasio más grande del mundo”.

Cordillera, glaciares y el pacto binacional

En la época privatizadora se firmó el Tratado Binacional con Chile, en la Cordillera de los Andes, zona glaciar, gran reservorio de agua dulce. Lo suscribieron en 1997 los presidentes Menem y Eduardo Frei. Allí crece el primer emprendimiento binacional del mundo a cargo de Barrick Gold. Se llama Pascua Lama, con 3.400 hectáreas de extensión -400 de ellas serán para el dique de cola-, y compromete a la provincia argentina de San Juan -donde se llevará a cabo el procesamiento de los metales- y la región chilena de Atacama, uno de los lugares más desérticos del mundo -donde se realizará la extracción-. Se cree que comenzará a funcionar en 2013.

Sus procesos de exploración produjeron un retroceso en los glaciares Toro I y Toro II del 62 y 71 por ciento respectivamente, según el estudio encargado por Barrick a GolderAssociates. En sus inicios la empresa planeaba cortar los glaciares y trasladarlos, una acción que fue rechazada por el gobierno chileno, presionado por ambientalistas, por lo cual ahora la explotación será subterránea, explicó la presidenta de la organización Chile Sustentable, Sara Larraín.

El emprendimiento de Pascua Lama debería revertirse si se tiene en cuenta la Ley de Protección de Glaciares aprobada en Argentina en 2010 -después de un veto presidencial en 2008 y un nuevo tratamiento en el Parlamento, cuando la mandataria dio vía libre a sus legisladores-. Pero la provincia de San Juan impuso medidas cautelares que traban la ley, un hecho por el que varias organizaciones ambientalistas en conjunto reclaman ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo al Informe de Impacto Ambiental se pretenden sacar 447 millones de toneladas de oro. Para eso hay que remover 1.806 millones de toneladas de roca, utilizar 170 millones de metros cúbicos de agua, se requerirán 379.428 toneladas de cianuro y 493.500 toneladas de explosivos [2], además del enorme consumo de combustible y electricidad.

Estas cifras, de un solo emprendimiento, hablan de la magnitud de lo que está en juego. En ocasión de un fallo que desestimada la instalación de un proyecto en la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad de Unesco, el juez del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y escritor, Héctor Tizón, explicó que no puede haber crecimiento sostenible si se permite la degradación del medio ambiente. “Puesto que el paso del tiempo habrá producido mayores pérdidas que las que se trata de evitar con la explotación de actividades -cualquiera sea, no solo la minería- que no podrán perdurar, tampoco, justamente porque no existirá medio ambiente que soporte ninguna actividad susceptible de lograr beneficios de algún tipo”, dijo.

Pero al debate general sobre qué tipo de desarrollo se desea -y aquí entran en juego todas las actividades extractivas de gran impacto en el ambiente y el hombre- falta agregarle cómo se quiere vivir, cuántos aceptarían la filosofía originaria del buen vivir, de reciclar y racionar recursos para proteger al planeta, además de generar igualdad, y qué cosas las sociedades consideran indispensables. ¿Por qué es necesario hacerse esos planteos? Porque con el nivel de consumo de los países desarrollados y las élites de los que están en desarrollo es imposible preservar el planeta. Si no hay un cambio en la modalidad de consumo, todo lo que hagan las sociedades para cuidarlo serán parches de un globo que no resiste más. Y los primeros en pagar los costos serán los pobres.

Rosaura Audi

NOTAS:

[1] ”15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina”, Colectivo Voces de Alerta, 2011, Editorial El Colectivo.

[2] Informe Ambiental Anual 2011, Fundación Ambiente y Recursos Naturales.