Por ANRed - L
(redaccion@anred.org)
El pasado 23 de marzo, en la
Ciudad de Buenos Aires, Organismos de Derechos Humanos
nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron un informe
sobre la
Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de
Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Se proporcionaron datos
estadísticos acerca de los más de 4000 criminalizados y se describió la
progresión de esta metodología entre los años 2001 y 2012, al tiempo que se
recordó a los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo
período. En este artículo, el informe completo.
Luchar es un Derecho
Informe sobre la Criminalización de la Protesta y la Represión durante los
gobiernos de los Kirchner
Viernes 23 de marzo de 2012. A 36 años del golpe
genocida y a días del próximo 24 de marzo, Organismos de Derechos Humanos
nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron un informe
sobre la
Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de
los Kirchner.
En el informe se proporcionaron datos estadísticos de los
más de 4000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta
metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre
los conflictos y reclamos judicializados. También se presentó un informe con
los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo
período.
Estuvieron presentes en la conferencia de prensa
representantes de los organismos de derechos humanos: Enrique Fukman y Gabriela
Vargas de la Asociación
de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD; Claudia Ferrero de la Asociación de
Profesionales en Lucha - APEL; Gina Erramuspe del Centro de Abogados por los
Derechos Humanos -CADHU; Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos - CEPRODH; Martín Alderete de la Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP; María del
Carmen Verdú de la
Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional - CORREPI; y Diana Kordon de Liberpueblo; y representantes de
las siguientes organizaciones: Jorge Cardelli del Partido Socialista; Elena
Hanono del Partido Comunista Revolucionario; Vilma Ripoll del Movimiento
Socialista de los Trabajadores; Cristian Castillo del Partido de los Trabajadores
Socialistas; Néstor Pitrola del Partido Obrero; Oscar Kuperman de la Coordinadora por la Unidad Barrial
CUBA-MTR; Santiago Gándara de la Asociación Gremial Docente AGD-UBA; Mary Martín
asesora del diputado Piamonte ARI; Mario Mazitelli del Partido Socialista
Auténtico PSA; José Castillo de Izquierda Socialista; Hugo Blasco de CTA
Nacional; Leonardo Pérez Esquivel; Victoria Donda de Libres del Sur; entre
otros.
Informe sobre la Criminalización de la
Protesta Social
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos
sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el
avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa
campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos
de luchadores populares.
Entendemos que es fundamental insistir en la defensa y
reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la
preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los
demás derechos están en riesgo.
El informe fue realizado por la Asociación de
Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha - APEL; el
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU; el Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos - CEPRODH; la Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP; la Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional - CORREPI; y Liberpueblo.
El informe:
Abarca el período 2001-2012
Sintetiza los primeros resultados de la investigación que
estamos realizando desde principios del año 2011, y refleja la sistematización
de datos sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.
La base de datos se encuentra en permanente proceso de
registro de nuevos datos y será actualizado periódicamente para su consulta.
Está organizado en las siguientes partes:
Presentación de la
situación de criminalización y represión 2001-2012
Presentación de la
metodología de trabajo para la recopilación y registro de casos.
Informe estadístico
de casos criminalizados registrados
Identificación de
tipos penales utilizados para la criminalización de la protesta
Registro de las
organizaciones criminalizadas en distintos lugares del país
Anexo con listado de
víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización
popular entre los años 2001-2012
Detalle de las
fuentes de información utilizadas para el relevamiento de los casos
Listado de
materiales bibliográficos, investigaciones e informes consultados para la
realización del informe
Resultados Estadísticos
Total de Criminalizados Registrados: 2268
Porcentaje de
criminalizados por año - 2001-2012
Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de
judicialización se puede observar un incremento de esta medida represiva a
partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010
ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años.
Porcentaje de
criminalizados por sector de pertenencia - 2001-2012
Sobre un total de 2238 casos que cuentan con identificación
de sector criminalizado se observa que los sectores a los que ha apuntado con
más fuerza esta política de criminalización son el sector sindical (31,6%) y el
sector pueblos originarios (31,4%), que suman el 63% del total de casos
registrados.
Porcentaje de
criminalizados por tipo de conflicto - 2001-2012
Sobre un total de 2256 casos que cuentan con identificación
de conflicto criminalizado se observa que los conflictos que involucran los
derechos y reclamos por tierra y vivienda ascienden a un 32,3%, y los
conflictos que involucran los derechos y reclamos de los trabajadores suman un
31,7%.
En coincidencia con los datos reflejados en el punto
anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los
derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado
respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza
su política de persecución y criminalización.
Porcentaje de
criminalizados por provincia - 2001-2012
Sobre un total de 2221 casos que cuentan con datos
específicos sobre el lugar donde se desarrolló el conflicto se observa la
aplicación de esta política en 19 de las 24 provincias de nuestro país.
Organizaciones criminalizadas
Son 167 las organizaciones, comunidades y grupos de
pertenencia que se relevaron como criminalizados hasta la fecha para este
informe.
Se registraron en este informe 72 compañeros y compañeras
víctimas de crímenes cometidos por el Estado o con su complicidad entre los
años 2001 y 2012.
Estas víctimas se suman a los 1911 casos de muertos por
gatillo fácil y torturas durante el período comprendido entre el 25/05/2003 y
el 29/02/2012 (Fuente: Correpi)
Más de 4000 compañeros y compañeras criminalizados
Como se refleja en el informe estadístico, en estos primeros
resultados de nuestra investigación hemos sistematizado detalladamente los
datos relativos a los sectores criminalizados, las fechas de judicialización,
los conflictos por los que se está persiguiendo a los luchadores, las
organizaciones de pertenencia, y cómo se aplica esta práctica represiva en las
provincias, todo ello sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.
A estos datos sistematizados, debemos tener en cuenta que se
suman varios centenares de procesados pertenecientes a la Central de Trabajadores de
la Argentina
(CTA). En Neuquén, los estatales comprenden el sector con más encausados con un
total de 270 dirigentes y delegados criminalizados, siendo en su mayoría
integrantes de los gremios ATEN y ATE. En Río Negro, unos 50 dirigentes
sindicales están procesados o imputados en alguna causa producto de acciones
gremiales.
Por otra parte, según consta en publicaciones del mes de
mayo de 2011, los datos suministrados por la conducción de la CTA dan cuenta de que desde 1997 a esa fecha se dictó el
sobreseimiento de 1450 militantes que participaron de protestas sociales.
Con todos estos registros, el número de compañeros y
compañeras judicializados en nuestro país asciende a más de 4000.
Nueva denuncia
En la conferencia se denunció que se abrió una acción penal
con el número 2569/12 contra militantes y dirigentes sociales y políticos a
raíz de las declaraciones de la Ministra Garré que los acusó de extorsionadores
el pasado 16 de marzo, luego de una manifestación de trabajadores desocupados
del programa Argentina trabaja que reclamaban un aumento salarial y contra el
clientelismo.
Se anunció una convocatoria para el jueves 29 de marzo a las
11:30 en Comodoro Py para presentar ante el juez Rafecas una delegación en
defensa y solidaridad con los compañeros.
Para descargar el informe ACA
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