En la Región Andina los gobiernos
abiertamente neoliberales y los llamados alternativos o progresistas insisten
en el capitalismo neoliberal extractivista que saquea y depreda la Madre
Tierra, vulnera los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y
criminaliza a sus líderes, autoridades y dirigentes, acusándolos de estar
financiados por la derecha y persiguiéndolos penalmente por graves delitos,
como sabotaje, secuestro, terrorismo y tentativa de homicidio.
Nosotras y nosotros, autoridades y
dirigentes de los pueblos y naciones indígenas originarios de Bolivia, Ecuador,
Colombia y Perú, reunidos en Lima los días 14 y 15 de marzo del 2012 en el
Seminario sobre cambio climático y preparación para Río+20 organizado por la
CAOI,
DECLARAMOS:
DECLARAMOS:
1. Que en la Región Andina los gobiernos
abiertamente neoliberales y los llamados alternativos o progresistas coinciden
en insistir en el capitalismo neoliberal extractivista que saquea y depreda la
Madre Tierra, vulnera los derechos humanos y colectivos de los pueblos
indígenas y criminaliza a sus líderes, autoridades y dirigentes, acusándolos de
estar financiados por la derecha y persiguiéndolos penalmente por graves
delitos, como sabotaje, secuestro, terrorismo y tentativa de homicidio:
- En Ecuador los pueblos indígenas
convocados por la CONAIE, ECUARUNARI y sectores sociales están realizando una
Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que desde el 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, se moviliza desde todo el país para
llegar a Quito el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Los pueblos indígenas y
los movimientos sociales marchan porque el Estado está vulnerando la
Constitución, está poniendo los recursos naturales en manos de las empresas
multinacionales, profundizando la concentración de las tierras, aprobando
megaproyectos de infraestructura e ignorando las propuestas de las
organizaciones indígenas para la elaboración de leyes importantísimas como la
Ley del Agua. Además, estigmatiza, criminaliza, discrimina y persigue a las
organizaciones indígenas, acusando a sus dirigentes de delitos gravísimos como
el terrorismo y sabotaje.
- En Bolivia se aprueba una Ley de Consulta
que viola la Ley de de Protección al TIPNISyel Ministerio Público cita a 26
personas, entre ellos 20 líderesydirigentes indígenas, acusándolos de los
peores delitos, como tentativa de homicidio, por participar en la marcha del
año pasado,ylo hace precisamente cuando se anuncia el inicio de la IX Gran
Marcha Indígena. Además se promueven leyes que atentan contra la plurinacionalidad
y el Buen Vivir consagrados en la Constitución Política del Estado y en
particular contra el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación,
recortando la jurisdicción y el ejercicio de la justicia indígena. La
concentración de tierras en poquísimas manos desplaza a los pueblos originarios
de sus territorios ancestrales.
- En Colombia, las fuerzas regulares e
irregulares siguen usando los territorios indígenas como campos de batalla e
imponiendo en ellos proyectos extractivos que obligan a desplazamientos masivos
y producto de los cuales más de treinta pueblos indígenas están en peligro de
extinción física y cultural. Los pueblos indígenas, dando ejemplo de
organización, fortaleza y madurez, forman parte de la Mesa de Concertación y
Diálogo Nacional con el Gobierno, pero los acuerdos a los que se llega en este
espacio no se cumplen por falta de voluntad política del mismo Gobierno,
expresada, entre otras formas, por la no dotación de recursos económicos para
implementarlos.
- En el Perú el Gobierno promulga una Ley
de Consulta basada en los intereses de los megaproyectos extractivos, insiste
en implementar los proyectos mineros en cabeceras de cuenca y zonas
vulnerables, maniobra para cooptar y dividir a las organizaciones. La criminalización
continúa y actualmente hay cerca de un millar de dirigentes y líderes de las
comunidades con persecución policial y procesos penales en su contra, por
ejercer su derecho a la defensa del agua y de la vida.
2. Los problemas son comunes: en toda la
región se afectan los bienes naturales, en particular el agua, los territorios
y los derechos de los pueblos indígenas, vulnerándose el derecho a la consulta
y el consentimiento previo, libre e informado reconocido por instrumentos
internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, suscritos por los cuatro Estados andinos.
Las causas también son comunes: el sometimiento al extractivismo neoliberal,
que criminaliza para beneficiar a las grandes empresas y profundiza el modelo
primario exportador con el mismo pretexto: no ahuyentar las inversiones
extranjeras.
3. La crisis climática y la crisis de
civilización pretenden ser resueltas profundizando sus causas, apelando a las
falsas soluciones sustentadas en los mecanismos de mercado, como REDD y ahora
la llamada economía verde, que solo cubre con un barniz ecológico los problemas
de fondo.
FRENTE A TODO LO ANTERIOR, ACORDAMOS:
- Expresar nuestro respaldo y solidaridad
con la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos de los pueblos
indígenas ecuatorianos, los movimientos sociales y sus organizaciones (CONAIE Y
ECUARUNARI); la defensa del TIPNIS por los pueblos originarios bolivianos y sus
organizaciones (CONAMAQ Y CIDOB); la campaña en defensa de los pueblos
indígenas colombianos en peligro de extinción que desarrolla la ONIC; y la
demanda de una auténtica Ley de Consulta que garantice el consentimiento
previo, libre e informado de los pueblos indígenas peruanos organizados en
CONACAMI, AIDESEP, CNA y ONAMIAP.
- Exigir el cese de la criminalización y
persecución policial y judicial contra los líderes, dirigentes y autoridades de
los pueblos indígenas y sus organizaciones en Bolivia, Ecuador, Colombia y
Perú, con el inmediato corte de juicio y garantías para el ejercicio de sus
derechos, entre ellos el derecho a la protesta.
- Reafirmamos la unidad de los pueblos y
naciones indígenas originarios y sus organizaciones, junto con nuestra decisión
de lucha articulada y conjunta por nuestros derechos y los derechos de la Madre
Tierra. Rechazamos las maniobras de los gobiernos para cooptar y dividir a
nuestras organizaciones.
- Demandar políticas públicas efectivas que
garanticen la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, nuestros glaciares,
las zonas vulnerables como los páramos y bosques de neblina, prohibiendo toda
actividad extractiva o megaproyecto que las afecte. Demandar también el
reconocimiento de la gestión y el manejo tradicional de estas zonas por parte
de los pueblos indígenas, promulgando leyes para que ese manejo y gestión esté
en sus manos, con apoyo de recursos financieros y técnicos de los Estados.
- Rechazar las falsas soluciones al cambio
climático sustentadas en los mecanismos del mercado: no a REDD, no a la
economía verde. Y reconocer que la respuesta no es tecnológica sino política,
económica y cultural. Se trata de la crisis de una civilización dirigida a la
acumulación y la única salida es rescatar y construir una civilización distinta
basada en el diálogo y armonía con la Madre Tierra: profundizar el Buen Vivir.
- Construir y consensuar nuestras
propuestas en defensa de la Madre Tierra para que éstas sean reconocidas por
los Estados, compartidas y enriquecidas por los movimientos sociales y llevadas
hasta los espacios internacionales de toma de decisión, como la Conferencia
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Río+20 y las Conferencias de Partes
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Por la construcción e implementación del
Buen Vivir y de auténticos Estados plurinacionales. Defender el agua es
defender la vida.
Lima, 15 de marzo
del 2012.
Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas, CAOI
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad
Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu, CONAMAQ
Organización Nacional Indígena de Colombia,
ONIC
Confederación Nacional de Comunidades del
Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI
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