Agua censurada

[Tomado del diario El Carabobeño, Valencia, 23/3/2012]


¿Conoce usted el perfil de calidad del agua que llega a su casa? Es su derecho, pero también un enigma. Los números que le dan la cualidad de potable al líquido son el secreto mejor guardado por quienes ahora exigen basamento científico para publicar estas noticias.


El miércoles, el Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas, previa petición del fiscal 20 nacional, Daniel Guédez, dictó medida cautelar innominada para prohibir a los medios de comunicación nacionales, regionales, impresos, audiovisuales y digitales difundir informaciones relacionadas con la presunta contaminación del agua para consumo humano, si no hay un soporte técnico veraz avalado por un organismo competente.


Esto no resiste ningún análisis jurídico o lógico. Pretende el juez evitarle, de un plumazo, un problema al Gobierno Nacional. Al censurar la información en los medios, el tema del agua desaparecerá de las páginas o las pantallas, no de las tuberías. Además, en razón del territorio, este tribunal no tiene competencia nacional para regular a medios de comunicación de todo el país.


Las denuncias divulgadas proceden de especialistas en esta materia. Se trata de ingenieros sanitaristas y químicos, biólogos y ecologistas, cuyos sustentados análisis han desvelado la existencia de elementos en cantidades que exceden las normas de calidad del agua potable. Diversas instituciones del Estado conocen estos reclamos desde 2010.


Ahora, la fiscal Luisa Ortega Díaz, con una eficaz capacidad de respuesta, vuelve por sus fueros. Intentar censurar a los medios es una práctica común para ella. Ya lo hizo en 2009, cuando propuso al parlamento un proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos, cuya esencia criminalizaba la opinión.



El pedimento del fiscal 20 y la decisión del tribunal caraqueño están impregnados del más rancio cinismo, ya que la solicitud y, en consecuencia, la medida cautelar tienen como argumentación jurídica los artículos 19 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que, paradójicamente, garantizan el goce y el ejercicio irrenunciable de los derechos humanos. El segundo establece que “...toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura...”, que se entienda bien, sin censura. Esto significa que no es constitucional prohibir la divulgación de la noticia. En caso de ser falsa, la misma Constitución señala los correctivos: réplica y rectificación cuando alguien se vea afectado por informaciones inexactas.


Pero además se perjudica al ciudadano: ¿Cómo pedirle a una ama de casa que realice un peritaje, sustentado por organismos reconocidos y confiables (desde luego para el Gobierno), antes de denunciar la calidad del agua que consume? ¿Dónde queda la garantía de este derecho humano fundamental?


Esta es, claramente, una medida aberrante. Desde un principio la intención de los expertos y de los medios ha sido la de buscar soluciones efectivas al problema, no generar alarma o zozobra. Estas se crean por la gravedad de un problema de salud pública que no ha sido y, parece, que no será atendido.