(A propósito del derrame petrolero de Monagas y los
planteamientos de Frank Bracho)
Por Alexander Luzardo Nava
El artículo del Ex Embajador de Venezuela en la india, Frank
Bracho, es pertinente. Bracho es una persona comprometida con las luchas
ambientales desde hace muchos años, incluyendo su activa participación en la Red de Alerta Petrolera.
Testimonios sobre derrames petroleros los posee de sobra, por provenir de los
campos petroleros del Zulia, así como artículos y libros vinculados a la
temática petrolera y ambiental que cuestionan el paradigma petrolero.
Bracho posee no solamente buena pluma, también una capacidad
y rigor analítico como economista. Postgraduado en la Universidad de
Stanford y luego de visitar más de cien países asistiendo a congresos,
conferencias y otros eventos, probablemente sus planteamientos así como los de Jorge
Padrón, otro destacado ambientalista, requieren ser ampliados y profundizados.
Recordemos que el movimiento ambiental no se reduce a limitadas experiencias
recientes.
En todo caso, se trata de discutir sobre políticas
ambientales y no sólo de detalles técnicos. Por ejemplo, de la necesidad de
avanzar en la construcción y consolidación de un movimiento social ambiental,
independiente de grupos económicos, petroleros y del Estado. (subrayado El Libertario)
Dicho movimiento, en el cual estuve directamente
involucrado, ya ha obtenido logros importantes durante la década de 1980-1990 y
años posteriores. Estos aportes deben ser destacados e incorporados para este
nuevo tiempo que utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación, pero que
son insuficientes.
En aquellos momentos la gente salió a la calle, hubo
organización social, parlamento, ONG´s., presencia masiva en los medios,
influencia en los partidos políticos y en el Ejecutivo Nacional. La gran
mayoría de ese movimiento constituido por grupos e individualidades no ha sido coartado,
solo muy pocos, no precisamente los mas representativos, con las debidas
excepciones.
Por ejemplo, el movimiento que lucha en la Sierra de Perijá, Estado
Zulia, es heterogéneo. Está integrado por indígenas y ambientalistas y es
modelo de continuidad y compromiso. Sus miembros tienen más de 25 años
arriesgando la vida. Probablemente es el movimiento de mayor significación
actual en Venezuela pues militan personas vinculadas al proyecto político del
actual presidente, pero son muy críticos. También lo integra gente que se opone
a las políticas carboníferas auspiciadas por el gobierno de turno, junto con
sectores de oposición o grupos económicos vinculados a éstos. Las cosas no son
blanco y negro porque la conservación del ambiente en nuestros días y hacia el futuro,
se enmarca en el paradigma de la complejidad política, social, económica,
ecológica, biológica, física, cultural y jurídica global.
Yo recomiendo a los que quieran conocer o investigar sobre
esas luchas, que revisen en la prensa de ese período, temas como Amazonas,
Nuevas Tribus, minería en Guayana, el carbón en la Sierra de Perijá, la
carretera sobre el Parque Nacional Canaima, la lucha por la aprobación de la Ley Penal del Ambiente,
la descontaminación de los lagos de Maracaibo y Valencia, el caso de la Sierra de San Luis (Estado
Falcón), el Cerro El Café en Valencia, el Parque San Esteban, el caso de los
garimpeiros, la impugnación del Decreto 1850 (hoy 3110, que decreta la apertura
minera en la Reserva
Forestal de Imataca, simbolo del Movimiento Ambiental
Venezolano), el tendido eléctrico hacia Brasil, el derrame petrolero del Nissos
Amorgo, las luchas por el Refugio de Fauna y Reserva de Pesca de Los Olivitos,
los desechos tóxicos de Puerto Cabello, la persistente lucha del pueblo El
Hornito contra la petroquímica de El Tablazo, los daños de las petroleras
transnacionales en el Delta de Orinoco, la minería estatal de la CVG , la invasión del Parque
Nacional Yapacana, los lodos rojos de las empresas de Guayana en las orillas
del Orinoco, la creación del Parque Parima Tapirapecó y la Reserva de Biósfera Alto
Orinoco Casiquiare (como respuesta a la minería de oro y las concesiones de casiterita
aluvional), así como numerosos derrames petroleros en el Catatumbo y el lago de
Maracaibo de la PDVSA
de ayer y de hoy.
En 1990 la presencia de garimpeiros depredando y
contaminando el ambiente del Alto Orinoco galvanizó la opinión nacional. Vinculamos
al Ejecutivo con la necesidad de aprobar la Ley Penal del Ambiente:
En abril de 1990 tomé la decisión de convocar una marcha ecológica desde la
esquina de Pajaritos en Caracas, a la 10 A .M. pero a las 11:45 A.M. no había llegado
nadie, estaba íngrimo, soportando las miradas de burla disimulada y la
comprensión y respeto de otras personas. A esa hora sólo contaba con el apoyo
de la
Fundación Ecodesarrollo que coordinaba y Eduardo Szeplaki
quien presidía Fundatrópicos. A las 12m comenzaron a hacer acto de presencia
grupos de la UCV ,
algunos de mis alumnos de la UCV
de la época, luego llegaron autobuses de Yaracuy, de la universidad de
Carabobo, Maracay, y se fue sumando gente de la calle. Los manifestantes se
disfrazaron con mascaras anti-gas, por la contaminación de la ciudad, trajeron
zancos y hubo representación teatral en la calle. Llegó la prensa nacional e
internacional, nos dirigimos al Congreso Nacional. La movilización y el
despliegue fue un éxito y contribuyó a levantar el movimiento ambiental en todo
el país. Se realizaron posteriormente dos marchas ecológicas entre 1990 y 1991.
En 1993 la actividad de calle la convocamos desde la Plaza del Rectorado de la UCV en protesta por la matanza
de los Yanomami y el ecocidio perpetrado por garimpeiros brasileños en el Alto
Orinoco. Nos recibió el Fiscal General de la República , Ramón Escobar
Salóm. En 1997 convoqué a una rueda de prensa en la sede del colegio de
sociólogos y antropólogos con el apoyo de la Fundación Ecodesarrollo.
Asistió el diario El Universal que destacó la información
sobre el Decreto minero 1850. Imataca se convirtió en un fenómeno
comunicacional generando un debate nacional.
Convocamos una marcha desde la Plaza Caracas hasta
el Congreso y fue un éxito. Demandamos el Decreto en la Corte Suprema de
Justicia acompañados de Tulio Álvarez, Juan Sans, Alicia García, María Eugenia
Bustamante y José Moya. Nos recibió la Directiva del Congreso, sus comisiones de
ambiente nos apoyaron, asimismo, el Fiscal General de la República Iván Darío
Vadell, quien también solicitó la nulidad del Decreto ante la Corte Suprema de
Justicia presidida por la
Dra. Cecilia Sosa, acogió nuestra solicitud de paralizar el
Decreto a través de una medida cautelar innominada, mientras se decidía sobre
el fondo de la materia. Esta medida en la práctica liquidó el Decreto.
El movimiento ambiental que estaba dormido se levantó y
desarrolló una poderosa corriente de opinión que se convirtió en un
cuestionamiento al desarrollismo y al gobierno de turno, incluyendo a varios de
sus ministros emblemáticos. Luego vino el tendido eléctrico, la presidencia de la Comisión de Ambiente del
Senado en el 99, en manos por primera vez de alguien que procedía de las luchas
ambientales, desde esta instancia asumimos la elaboración de la normas
ambientales de la
Constitución , aprobadas primero en la comisión constitucional
presidida por Herman Escarrá y luego ratificada con leves ajustes por la
comisión respectiva y la plenaria, previa aceptación de la presidencia de la Asamblea y el nivel
político que la acogió y al cual yo tenia acceso en esa época.
El programa ambiental del actual Presidente de la República , donde se
cuestionaba el desarrollismo subyacente en las políticas económicas, se
presentó en acto realizado en el Hotel Caracas Hilton el 26 de noviembre de
1998, con 85 puntos. Luego sería desechado por él y su equipo de gobierno, lo
cual provocó mi ruptura con el gobierno en el 2000. Sin embargo, algunos de los
ambientalistas se sumaron después al gobierno de Chávez, y otros se quedaron.
Dirigentes de la oposición actual apoyaron la continuación del tendido
eléctrico y la tentativa de construir plantas nucleares, el nuevo decreto de
Imataca 3110, que es el mismo 1850.
El logro más importante son los derechos ambientales constitucionales
que trascienden a la constituyente, pero la incluye por supuesto. Sin esas
luchas previas que crearon un entorno favorable, los derechos ambientales no
serían hoy una realidad constitucional, aunque tuvo sus detractores en la
constituyente y en el gobierno y de ciertos ambientalistas que por torpezas
pusieron en peligro su aprobación.
Estos testimonios y reflexiones estimuladas por el artículo
de Frank Bracho y demás opiniones, pretenden ser una contribución a la historia
contemporánea del movimiento ambiental en un país que oculta su memoria, que la
reprime o la desconoce, o en algunos casos, pretende asumirla solo a partir de
una experiencia restringida.
El problema con los garimpeiros, la Ley Penal del Ambiente
de 1992, Imataca y las expectativas de una nueva Constitución, levantaron el
movimiento ambiental venezolano. Esperamos que el derrame petrolero actual de
Jusepín en el Estado Monagas, también contribuya con este propósito. Como dice
Iacoca en su libro Biografía de un Triunfador, luego que se tiene toda la
información, el conocimiento técnico y político, alguien tiene que tomar la
decisión, asumir el riesgo con inspiración, con fuerza, con sacrificio, con una
direccionalidad, sin tantos cálculos, teniendo presente que la lucha ambiental
trasciende los gobiernos, las transnacionales, las contratistas, los intereses
individuales de cualquier tipo, pues tiene que ver con el destino de La Tierra y de cada uno de sus
habitantes presentes y futuros.
Considero que el tema venezolano en el tapete, hoy y mañana,
es el petróleo, el cambio climático y sustentabilidad, ya que todos los que
aspiran gobernar y los que gobiernan, se sustentan en la misma tesis de
aumentar la producción de petróleo. Ello significa avanzar en la contaminación
del Orinoco, sus afluentes y ríos como el Guarapiche.
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