Por Julia Evelyn Martínez
Una nueva ola de privatizaciones se acerca
a Centroamérica y amenaza con profundizar y ampliar el proceso de
transnacionalización de las economías que se inició en los años noventa. Esta
nueva forma de privatización se encubre bajo el disfraz de las concesiones y se
justifica oficialmente como el signo de una nueva era de la cooperación
Norte-Sur, basada en las Alianzas Público Privadas y en los acuerdos para el
desarrollo, que promueven los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea
así como por las agencias gubernamentales de atracción de la Inversión
Extranjera Directa. Es el momento de hacer un balance de los resultados de más
dos décadas de control transnacional sobre los recursos y de la vida de las
personas de la región para actualizar y/o renovar la estrategia popular de
resistencia frente a esta amenaza.
A finales de la década de los ochenta el
modelo de acumulación de capital fordista keynesiano entró en crisis, y abrió
paso al surgimiento de una fase superior del desarrollo capitalista denominado
capitalismo global que constituyó un auténtico “cambio de época” (Robinson,
2001).
Esta nueva fase del desarrollo capitalista
se caracterizó fundamentalmente por la globalización del proceso de circulación
del capital mediante la fragmentación geográfica de los distintos eslabones que
componen las cadenas de producción, circulación y financiación involucradas en
este proceso, bajo el control de las empresas transnacionales (ETN), que han
pasado a conformar una clase burguesa transnacional, integrada tanto por ETN
del Norte como ETN del Sur.
La incorporación de Centroamérica a esta
nueva división internacional del trabajo se inició alrededor de 1982, impulsada
por el estallido de la crisis de la deuda de México, y se prolongó hasta
finales de los noventa bajo el impulso de los programas de reformas económicas
en el marco de los Programas de Ajuste Estructural del Banco Mundial (BM) y del
Fondo Monetario Internacional (FMI), y bajo la influencia de una nueva
ideología económica: el neoliberalismo.
En Centroamérica, el decálogo del Consenso
de Washington (Willamson, 1993) se transformó en la década de los noventa en la
fuente de inspiración para el diseño de políticas económicas. Uno tras otro,
los gobiernos fueron adoptando las privatizaciones de empresas públicas, la
apertura externa, los incentivos a la Inversión Extranjera Directa (IED), la
descentralización del Estado y las reformas fiscales regresivas, como el nuevo
paradigma que conduce al desarrollo.
La adopción de estas políticas neoliberales
tuvo como consecuencia un cambio en los objetivos, instrumentos e
institucionalidad de la integración económica centroamericana, que se resume en
el abandono del enfoque desarrollista y en la adopción del enfoque del
regionalismo abierto. Este nuevo enfoque implicó concebir la integración de
Centroamérica ya no en función de la cooperación para la integración de los
aparatos productivos centroamericanos sino, más bien, en función de la
transnacionalización de las economías nacionales y de la incorporación de estas
economías a las cadenas globales de la valorización del capital.
Las economías centroamericanos comenzaron
así una carrera por la atracción de la IED mediante una guerra de incentivos
fiscales a las ETN; el desarrollo de “ventajas competitivas territoriales” para
promover la incorporación de las economía locales a las cadenas de la
valorización del capital global; la flexibilización de las condiciones de
contratación de la fuerza de trabajo, o las reformar fiscales regresivas, entre
muchas otras medidas.
Estas reformas económicas demandaron de
reformas en los Estados nacionales para convertirlos en Estados
transnacionales, es decir, en función del éxito del nuevo modelo de acumulación
de capital transnacional.
Lo anterior supuso un cambio en el concepto
de desarrollo y de las estrategias de desarrollo nacional. Éste dejó de
concebirse como proceso de profundas transformaciones estructurales y se
convirtió en sinónimo de reformas económicas para promover el binomio “comercio
+ inversión”.
El sujeto político que asumió como suyo el
proyecto de la reforma neoliberal fue la elite transnacional centroamericana,
surgida de las entrañas de las viejas oligarquías agroexportadoras y de los
grupos ligados al modelo de acumulación de industrialización por sustitución de
importaciones y al marco del Tratado General de Integración Centroamericana,
suscrito en 1960.
La expresión partidaria de este sujeto
político fueron los partidos políticos de “nuevas derechas” o de “nuevas
izquierdas” que comenzaron a gobernar en la década de los noventa bajo la
bandera de las reformas neoliberales, y, a partir del siglo XXI, con el lema de
la democracia popular o democracia inclusiva y que asumieron en la práctica los
nuevos discursos económicos elaborados por los centros del pensamiento único
neoliberal de la región (FUSADES, INCAE, FUNDESA, etc.).
El rasgo principal de esta nueva clase
dominante centroamericana es su disponibilidad de ceder y/o de compartir el
control de los sectores claves de la valorización y de la acumulación del
capital con las empresas transnacionales; es decir, su disposición a formar
parte de la burguesía transnacional.
Los resultados de 20 años de políticas
neoliberales
Transcurridas más de dos décadas de
políticas neoliberales y de una estrategia de desarrollo transnacional, en la
región centroamericana se ha consolidado una dinámica económica que se
fundamenta en la desigualdad y la exclusión, y que se reproduce de manera
ampliada a nivel regional, nacional y local, como resultado de cinco grandes
tendencias:
1. Economías transnacionalizadas
Se ha consolidado el control de las ETN
extrarregionales de los sectores económicamente estratégicos de la región:
Unión Fenosa, AES, Iberdrola (energía); Millicom, América Móvil y Telefónica
(comunicaciones); Holcim (cemento); Monsanto y Pioner (insumos agrícolas), o
CITI, HSBC, Santander, BBVA (banca), entre otras.
Respecto al control transnacional del
sector financiero, es curioso observar la paradoja que se presenta actualmente
en los organismos de integración económica centroamericana cuando reconocen que
la transnacionalización de la banca comercial no está contribuyendo a los
proyectos nacionales o regionales de desarrollo, mientras que estos mismos
organismos continúan insistiendo en la necesidad de promover más agresivamente
la IED que está controlada en un 75 por ciento por las ETN.
Esta transnacionalización también ha estado
a cargo de los grupos económicos centroamericanos que han comenzado a operar
con una racionalidad transnacional. Empíricamente se puede constatar la
existencia de 135 grupos empresariales en la región que agrupan a casi 2.500
empresas y franquicias, que controlan sectores de baja capacidad de innovación
(comercio, turismo, construcción, etc.) gracias a alianzas con ETN
extrarregionales, y que utilizaron para su expansión regional las ganancias
extraordinarias que obtuvieron como resultado de la primera oleada de reformas
neoliberales de los años noventa. Son estos grupos los que definen el rumbo de
la integración real de Centroamérica.
2. Más comercio intrarregional con menos
integración económica
Los países de Centroamérica continúan con
la tendencia de utilizar las negociaciones comerciales en bloque exclusivamente
como un mecanismo para crear economías de escala en las negociaciones
bilaterales con economías más grandes, como lo demostró con creces la
negociación del CAFTA. Se trata de una competencia por ofrecer entornos
institucionales menos exigentes para la IED: menos exigentes con el medio
ambiente (recursos naturales sobreexplotables; tierras, agua y ecosistemas
enajenables); población subcontratable; estatización de los costos de
infraestructura de apoyo a las inversiones privadas; exenciones fiscales;
concesiones, etc.
3. Debilitamiento de la capacidad
redistributiva de la política fiscal
Las reformas fiscales neoliberales, basadas
en el aumento de los impuestos indirectos y en el aumento del gasto fiscal para
financiar las exenciones fiscales a la IED, y otros incentivos a las empresas
exportadoras, han debilitado la capacidad fiscal de los gobiernos de la región
y consiguientemente, han (prácticamente) eliminado el potencial redistributivo
de la política fiscal.
Pero el potencial redistributivo de la
política fiscal también ha sido reducido como consecuencia de las reformas
neoliberales de la década de los ochenta que privilegiaron el aumento de los
ingresos tributarios por la vía de los impuestos indirectos y optaron por
incentivar IED por la vía de la eliminación y/o reducción de los impuestos
directos.
4. Profundización de las tendencias
estructurales a la desigualdad y a la exclusión
La desigualdad y la exclusión en
Centroamérica no son fenómenos surgidos con las políticas neoliberales en los
noventa. Sus raíces se encuentran en la configuración estructural de las
formaciones económicas sociales capitalistas a finales del siglo XIX. Sin
embargo, las reformas neoliberales y la transnacionalización de los aparatos
productivos han profundizado y ampliado estas tendencias, al mismo tiempo que
han restringido la capacidad de los Estados de reducir la desigualdad y la
exclusión por la vía de la ciudadanía (gasto social, seguridad social).
La apertura externa y el control
transnacional de la IED ha desmantelado la industria nacional y ha precarizado
los empleos, mediante el aumento del llamado sector informal en casi todos los
países del istmo y la reducción del empleo en la manufactura.
Esta tendencia en aumento del subempleo
explica en gran medida el hecho que en Centroamérica el 72,8 por ciento de la
población no tiene cobertura de seguridad social y el 24,5 por ciento no tiene
ni siquiera cobertura de servicios de salud.
Frente a la incapacidad de los aparatos productivos
de generar empleos decentes, y la parálisis de la capacidad redistributiva de
los Estados, la exclusión social en Centroamérica se vuelve crítica: de cada
100 hogares en Centroamérica, 37 están en situación de exclusión, siendo el
porcentaje superior en el área rural en donde 46 de cada 100 hogares están en
esta situación.
Esto está incidiendo en la profunda crisis
de cohesión social y en la pérdida de legitimidad en los sistemas políticos,
que se expresan tanto en el aumento en los índices de inseguridad ciudadana
como en la tendencia creciente hacia la militarización de la seguridad pública
y de los mismos Estados.
5. Políticas económicas transnacionales
_Los Estados centroamericanos progresivamente han perdido su capacidad de hacer
políticas autónomas para el desarrollo nacional y/o al margen de los
condicionamientos del BM, del FMI, del BID o de la OMC.
Las políticas quedan así fragmentadas entre
lo que se necesita hacer para lograr los objetivos del desarrollo nacional y lo
que se tiene que hacer para cumplir con las exigencias de los organismos
supranacionales que gobiernan la economía global.
Los desafíos: La necesidad de rediseñar la
estrategia de desarrollo en Centroamérica
Centroamérica necesita revertir los efectos
negativos que sobre sus posibilidades de desarrollo humano han tenido más de
dos décadas de neoliberalismo y de control transnacional de sus recursos. Es
urgente avanzar hacia una nueva estrategia de desarrollo fundamentada en tres
ejes:
a) Aparatos productivos integrados intra e
inter sectorialmente, con capacidad de generar dinámicas endógenas, sostenibles
y populares de producción, distribución y consumo.
b) Replanteamiento de la integración
económica de Centroamérica en función del desarrollo nacional y regional (y no
de la transnacionalización), con menos discursos y con más acciones de
convergencia de políticas económicas y sociales.
c) Recuperación de la capacidad de los
Estados de hacer políticas de desarrollo nacional y regional y de
redistribución del ingreso tanto primaria como secundaria.
¿Es posible una nueva estrategia de
desarrollo que tenga al menos estas características? La posibilidad dependerá
del surgimiento de un nuevo sujeto político que pueda asumir como propio este
proyecto de desarrollo y que tenga capacidad de construir relaciones populares
de poder para contrarrestar el poder de las alianzas entre elites regionales y
corporaciones transnacionales que por hoy controlan a los Estados
centroamericanos.
Julia Evelyn Martínez
Profesora del Departamento de Economía de
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.
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