Guantánamos

Rafael Uzcátegui

El pasado 11 de enero se cumplieron 10 años del primer traslado de un grupo de detenidos en Afganistán a la base naval estadounidense, en suelo cubano, de Guantánamo. El operativo fue consecuencia directa de la orden emitida por el entonces presidente George Bush, acerca de la “detención, tratamiento y enjuiciamiento de determinados extranjeros en la guerra contra el terrorismo” que encargó a su secretario de Defensa para la localización de un “lugar adecuado” en el cual recluir a ciudadanos extranjeros bajo custodia indefinida sin cargos. Como bien lo ha registrado Amnistía Internacional, dicho mandato significaba la vulneración del estado de Derecho, pues prohibía que las personas detenidas en aplicación de sus disposiciones interpusieran recursos de cualquier índole en cualquier procedimiento ante cualquier tribunal estadounidense, extranjero o internacional. El oprobio no terminaba aquí. En febrero de 2002, el presidente Bush firmó un memorando en el que afirmaba que ningún detenido talibán o de Al Qaeda podía ser considerado prisionero de guerra y que tampoco se les podía aplicar el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Entre otras cosas, este artículo prohíbe los juicios sin garantías, la tortura, la crueldad y los “atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”. En agosto, un memorando del Departamento de Justicia al entonces asesor de la Casa Blanca, Alberto Gonzales (documentado por Amnistía Internacional), señala que “el presidente podía autorizar la tortura y que los interrogadores podían causar dolor intenso”. Afirma también que existía una amplia variedad de actos que podrían constituir trato cruel, inhumano o degradante sin llegar a considerarse “tortura, por lo que no serían objeto de procesamiento en virtud de la legislación estadounidense que la prohíbe a agentes estadounidenses fuera de su territorio”. El memorando sostenía que, aun en el caso de que se infligiese tortura, podría recurrirse a la doctrina de la “necesidad” o la “legítima defensa” para eliminar cualquier responsabilidad penal. En 2011 murieron dos detenidos, ambos ciudadanos afganos. Desde 2002, ocho detenidos han muerto en la base de Guantánamo, seis de ellos por presunto suicidio y otros dos por causas naturales.

Los horrores de Guantánamo comenzaron a filtrarse y a generar el repudio de la comunidad internacional. Por esta razón, Barack Obama prometió, al llegar a la Casa Blanca en 2009, que la cerraría en un año, lo cual generó amplias expectativas acerca del tren ejecutivo por instalarse en la Casa Blanca. Tres años después no ha cumplido su promesa. Al contrario, la detención de cientos de sospechosos de terrorismo sin derecho a juicio en dicho penal no ha cesado. Además, recientemente aceptó, como le pedía el Congreso, prohibir el uso de medios militares para trasladar a estos presos a EE UU o a algún otro país, y autorizar al Ejército a detener, por tiempo indefinido y sin juicio, dentro o fuera de EE UU, a cualquier presunto terrorista. Como recuerdan los activistas alrededor del mundo, la cuestión no es sólo Guantánamo, sino otros centros de detención que EE UU usa en el mundo, en Afganistán u otros lugares remotos. Guantánamo es una afrenta a la vigencia de los derechos humanos, constituyendo una vergüenza no sólo para los Estados Unidos, sino para los países europeos que han colaborado con los traslados secretos de los detenidos a ese Gulag moderno.

Sin embargo, las graves violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad no es patrimonio exclusivo de los Estados Unidos. En Venezuela faltan los calificativos para describir la situación de las cincuenta mil personas recluidas en las diferentes cárceles. Con un hacinamiento cercano al 300 por ciento y un increíble retardo procesal que mantiene en un limbo jurídico al 60 por ciento de los internos e internas, la violencia y la degradación de la condición humana son unas constantes dentro de los muros carcelarios. Según reportó el Observatorio Venezolano de Prisiones, solamente entre los meses de enero a julio de 2011 se reportaron 309 muertos y 836 heridos, y leyes no escritas han institucionalizado prácticas como las denominadas “Coliseos”, de las cuales, sólo en Uribana se realizaron 14 en el primer trimestre del 2011, con un saldo de 58 heridos y un muerto. De manera similar a las promesas de Obama sobre Guantánamo, el llamado “plan de humanización carcelaria” ha incumplido todo su cronograma, y como ratifican los hechos recientes, ni siquiera la creación de un nuevo ministerio ha logrado revertir o amortizar el horror. Cuando se conocen las historias intramuros, los hechos le dan la razón al filósofo ruso Pedro Kropotkin, que alguna vez propuso que la solución del problema penitenciario era, simplemente, la abolición de las cárceles.