(Caracas 27.01.12)
Los indígenas sometidos a un inconstitucional proceso
en la justicia militar se les castigan por ejercer el legítimo derecho a
defender sus derechos y territorio. Cansados de denunciar la explotación ilegal
de minería en sus territorios, de solicitar la investigación de militares que
favorecen esa actividad, así como la participación directa de algunos
funcionarios militares en el negocio ilegal del oro, decidieron retener a 19
militares que sustraían mineral el 25.10.11, de manera pacífica sin causar
ningún herido, ni producir maltrato de los retenidos ni apropiarse de ningún
armamento. Este acto legítimo de resistencia indígena es calificado como delito
y la justicia militar les imputa “ataque al centinela” y “sustracción de armas
de la Fuerza Armada ”,
El enjuiciamiento en la justicia militar viola el artículo 261 de
La detención arbitraria e ilegal del Capitán Alexis Romero y el procesamiento de nueve capitanes más expresa las incongruencias del sistema de justicia en el país. En lugar de investigar y sancionar la corrupción de algunos militares, se castiga a los denunciantes. En vez de escuchar la voz de los pueblos indígenas, se les intimida para que no sigan denunciando y reclamando sus derechos.
Los pueblos indígenas del país tienen años siendo afectados por las consecuencias de la minería. A mediados de 1993, en un sector del estado Amazonas conocido como Haximú, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinados por mineros que ejercían la extracción de manera ilegal. Desde esa fecha a la actualidad otros asesinatos han sucedido en la zona. En el otro extremo del país, en el estado Zulia, se ha generado un conflicto con tres comunidades indígenas (Yukpa, Barí y Wayuu) desde el año 2003 por la decisión de triplicar la producción de carbón. La profundización del extractivismo como modelo de desarrollo para el país ha tenido como contraparte el estancamiento del derecho constitucional a la demarcación de los territorios indígenas. A pesar de ser una obligación estatal, como lo expresa
Ante la situación anterior el Foro por la vida exige:
1.- La derogación inmediata de las medidas de presentación en tribunales para los indígenas pemones
2.- El
no uso de la justicia militar para procesar a civiles.
3.- Se investigue
las denuncias realizadas por los pueblos indígenas sobre la posible
participación de funcionarios militares
en la explotación ilegal del oro.
4.- Se
adopten medidas eficaces para resguardar a las poblaciones indígenas y se
adelanten los procesos de demarcación de tierras
Por la vocería del Foro por la Vida:
Cofavic
Provea
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Por la vocería del Foro por la Vida:
Cofavic
Provea
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
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