Funcionarios de
El diputado de la Asamblea Nacional
Américo De Grazia, denunció que estas detenciones son un intento de intimidar a
los nativos e incumple la palabra del Gobierno de no tomar represalias
administrativas ni judiciales contra los indígenas, según el acuerdo alcanzado
en octubre tras la liberación de los 19 militares. Indicó el parlamentario que
llevará ambos casos ante la Asamblea Nacional.
Castrenses arrestaron ayer en el pueblo de La Paragua , municipio
Angostura, al capitán de la comunidad Kurum Eupay, Norberto Rincón. Este sería
el segundo vocero indígena detenido esta semana. Alexis Romero, capitán de
Musuk Pa, fue apresado el viernes por efectivos de la GNB y trasladado a la cárcel
de La Pica , en
el estado Monagas, donde permanecerá por alrededor de 40 días, según lo
informado por el mismo representante aborigen.
Rincón está recluido en un despacho de la Guardia Nacional
en Guri, por su participación en el desarme de 19 militares el pasado 28 de
octubre en La
Paragua. Efectivos habían desalojado meses antes a los
indígenas de una mina ubicada en el sector El Casabe, por explotación ilegal de
tierras; ese día los nativos encontraron a los militares ejerciendo la minería,
situación que originó los hechos.
Ambos están siendo imputados por los delitos de sustracción
de efectos de la Fuerza
Armada Nacional y ataque a centinelas.
También existen órdenes de arresto contra otros tres
capitanes: Alberto Moreno, de Santa Teresa; Obel Yépez, de la comunidad
indígena Dechel y Ramón Elías Mujica de la sociedad Kurun Kin.
Romero denunció irregularidades en el procedimiento de
detención. Reveló el sábado a Correo del Caroní que su caso sería atendido por
un tribunal militar, cuando debería manejarlo el Ministerio Público, sin
embargo la información no ha sido corroborada.
“No se están realizando las investigaciones necesarias.
Están actuando sin investigar, los atropellos no fueron por parte de los
indígenas sino por los militares que no cumplieron con lo establecido y estaban
explotando el mineral de la zona minera”, dijo Romero.
Acuerdos incumplidos
El 30 de octubre de 2011, el jefe del Comando Estratégico
Regional, Henry Rangel Silva, junto a la ministra de los Pueblos Indígenas,
Nicia Maldonado, negociaron la liberación de los funcionarios. Pese a las
denuncias de un supuesto enfrentamiento, negó cualquier conflicto entre
militares y nativos.
En ese entonces catalogó de “situación extraordinaria” los
sucesos ocurridos, y acusó a grupos opositores de provocar los hechos.
Ese día se anunció la inscripción de los indígenas en el
Gran Polo Patriótico (GGP).
Sin soluciones
Todo inició con la Reconvención Minera ,
en 2006. Los planes propuestos por el Estado para evitar la minería artesanal a
favor de la conservación ambiental, llevó al gobierno a ofrecer proyectos
socioproductivos ajenos a la explotación aurífera. Ninguno se concretó.
En abril de 2010 se promulgó el Plan Caura para implementar
control de la minería ilegal. El mismo tampoco logró cubrir las expectativas de
los nativos.
En agosto del año pasado el presidente de la República , Hugo Chávez
Frías, firmó una ley que nacionaliza el oro y que “reserva al Estado las
actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas y
auxiliares a ésta”, informó Chávez en ese momento.
Indígenas consideraron que la ley violaba los acuerdos de
demarcación de tierras, y que pretendía controlar la labor de explotación
artesanal a favor de las grandes trasnacionales. Dándole poder a las
autoridades a controlar las tierras.
Masacre en La
Paragua
Siete personas muertas, según datos oficiales, y otras
tantas heridas dejó un ataque entre grupos armados en este sector ubicado en el
municipio Angostura. Pobladores denuncian que los militares están involucrados
en el enfrentamiento.
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