Rafael
Uzcátegui
El pasado
26 de noviembre se cumplieron dos años de impunidad en el asesinato del joven
defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez, hecho ocurrido en la ciudad de
Barquisimeto en el año 2009. Como se recordará, ese día tres sicarios se
acercaron a su hogar a tempranas horas de la mañana y le realizaron varios
disparos en el pecho, los cuales le quitaron la vida. El joven era colaborador
del Comité de Víctimas contra la
Impunidad del estado Lara (Covicil) y, en el momento de su homicidio,
realizaba un documental sobre la lucha de las personas de bajos recursos en la
ciudad contra los delitos cometidos por funcionarios policiales. Diferentes
organizaciones populares de la región, incluyendo al propio Covicil, han
denunciado la existencia en la ciudad de escuadrones parapoliciales que
actuaron bajo el presunto amparo de altos ex funcionarios en la región. Mijaíl
era hijo un ex diputado de la asamblea legislativa del estado Lara, quien fiel
a su activismo por las causas populares continuó, bajo su rol parlamentario y
dentro del MVR, la denuncia de las irregularidades cometidas por los
funcionarios policiales contra los sectores humildes. Ese año, precisamente, el
diagnóstico de Provea ubicaba a PoliLara como la principal institución policial
regional de mayores violaciones al derecho a la vida. Hay quien asegura, como
lo hizo Heinz Dieterich en un artículo sobre el caso, que “el mensaje era para
su padre, el revolucionario Víctor Martínez”.
Las distorsiones
del sistema de administración de justicia en el centro occidente del país se
confirmaban cuando, días después del asesinato, un muchacho de nombre Jairo
Salones se presentó ante un medio impreso para declarar que era el autor de los
disparos contra Mijaíl. Un día después voceros del CICPC confirmaban la
participación de Salones en el hecho pero, increíblemente, es liberado tras ser
sentenciado a régimen de presentación en tribunales por posesión de
estupefacientes. Desde el día de su liberación él y su familia se encuentran
desaparecidos. Sin embargo, ante la omisión de los cuerpos de investigación y
la propia Defensoría del Pueblo en el caso, las investigaciones adelantadas por
la familia Martínez descartan la participación de Salones en el crimen, a quien
consideran una “cortina de humo” para desviar la atención de los verdaderos
responsables. En estos dos años, a pesar de estar apresados dos de los
presuntos autores materiales del homicidio, por otras causas, no ha sido
posible una sentencia en el caso. El 15.03.11 fue detenido en un operativo
policial Carlos Alberto Zavarce
Carucí, por tener presunta responsabilidad en el asesinato. Zavarce, luego de
una audiencia de presentación en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, fue
recluido en el recinto penitenciario de Uribana, mientras se realizan las
investigaciones correspondientes. Posteriormente, el 09.06.11, se detuvo a Jean
Carlos Pérez, presunto autor material señalado en una prueba anticipada; fue
detenido por orden de aprehensión del Juez de Control Nº 3, cuando estaba
siendo atendido en el hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, y se ordenó su
trasladado a la penitenciaría de Uribana, donde hasta la fecha se encuentra detenido.
La familia
Martínez acusa al ex gobernador Luis
Reyes Reyes y al antiguo jefe policial Comandante Luis Rodríguez Figueras,
quien después de un quinquenio al frente de los uniformados larenses dejó una
estela de violaciones a los derechos humanos que solicitan ser investigados por
diferentes organizaciones populares del estado. Corresponde a los organismos
competentes, luego de una investigación imparcial, expedita y transparente,
corroborar si estos señalamientos tienen asidero.
La
indefensión de las personas que realizan actividades de promoción y defensa de
los derechos humanos no es exclusiva de los activistas radicados en el estado
Lara. Según datos recopilados por la investigadora Mariengracia Chirinos, en el
último año se registraron al menos 20 casos de ataques a defensores, arrojando un
total de 31 violaciones de DDHH. Las violaciones más frecuentes fueron por campañas
de desprestigio, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias e inicio de acción
judicial. Hay que recordar que el Estado venezolano no aceptó las diferentes
recomendaciones que solicitaban tomar medidas para proteger a los activistas.
Una de las recomendaciones rechazadas fue la de Eslovaquia, que pedía “Asegurar que los defensores de derechos humanos y
representantes de la sociedad civil sean protegidos efectivamente contra
cualquier forma de intimidación y acoso, y articularse constructivamente con
ellos en la identificación de soluciones a los desafíos de los derechos humanos
en Venezuela”.
Tras el asesinato de Mijaíl Martínez sentimos una
“sensación” muy parecida a la tristeza.
II
Qué significará un maldecir
dentro de cánticos
al señor que me permite
desahogarme bajo la lluvia
y sonreír al lado
de la luna,
qué es si no lo
que me dice que la
noche y mi vida aún
no acaban.
Mijaíl Martínez. Del poemario “En ilusiones de aventuras”
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