Para el debate: El populismo venezolano y sus tendencias actuales

Margarita López Maya

Febrero de 2011

 La República Bolivariana de Venezuela se encamina hacia una importante encrucijada en 2012. Sumida en una larga y profunda polarización política, que en años recientes converge con significativos desajustes económicos, sociales y ambientales, para ese año las fuerzas políticas antagónicas volverán a confrontarse en unas elecciones presidenciales, donde el presidente Chávez se presentará a la competencia una vez más. Pese a su aún importante popularidad, asentada en un exitoso populismo de izquierda, hoy el contexto venezolano pareciera indicar que Chávez no las tiene todas consigo. En esta ponencia se revisan características y data reciente del contexto general de Venezuela,  así como un análisis de la coyuntura política que se derivó del proceso electoral realizado el pasado 26 de septiembre, para poner de relieve algunas tendencias políticas que incidirán en los próximos procesos eleccionarios.

1.      Características del escenario general: populismo, rentismo y transición al socialismo del siglo XXI

Las elecciones presidenciales de 2012, se verán influidas por un contexto político, económico, institucional, social e internacional muy complejo, pero donde algunos factores que las condicionarán están ya presentes.  En lo político, las relaciones entre la sociedad y el gobierno vienen pautándose en clave populista desde el inicio del primer gobierno de Chávez. Es en ese contexto donde debemos evaluar  otros desarrollos político-institucionales más recientes, como el peso de las fuerzas de la oposición reunidas ahora en lo que se conoce como la Mesa de la Unidad (MUD), y las limitaciones impuestas tanto por nuevas leyes que conforman el marco institucional emergente de “socialismo del siglo XXI”, como por las prácticas intimidatorias constantes del gobierno.

 

En lo económico, Venezuela mantiene su perfil de economía capitalista rentista, y se encuentra en la actualidad inserta en un contexto económico mundial con importantes incertidumbres. Éstas, si bien no presagian catástrofes para la economía nacional a corto plazo, sí auguran inestabilidad y dificultades. En lo social institucional, encontramos el avance conceptual y jurídico de los llamados consejos comunales y las comunas, para ir estableciendo un  poder popular, base de un Estado comunal. También son importantes de revisar las trayectorias de políticas distributivas como las misiones, que han venido ofreciendo importantes oportunidades de acceso a recursos públicos para sectores con exclusión social y/o necesidades materiales, y los indicadores socioeconómicos generales así como la magnitud de la protesta popular. Para completar la caracterización del momento actual y sus tendencias, es necesario plantear consideraciones sobre el rol que pudiera jugar el ámbito internacional y las políticas que en ese campo desarrolla el chavismo antes de 2012. 

A.    Lo político: Populismo ¿socialista?

Las tendencias políticas de los próximos años en Venezuela se mantienen dentro del marco populista, que ha sido la forma determinante de las relaciones entre la sociedad y el gobierno desde que Chávez llegara al poder. Por populismo entendemos aquí, siguiendo a autores recientes, una forma de hacer política, que emerge en sociedades con sectores o actores que impulsan aspiraciones de inclusión social, siendo su eje definitorio un discurso dicotómico de gran valor movilizador, que construye sujetos políticos antagónicos e irreconciliables: el pueblo y la oligarquía (De la Torre, 2000). El populismo puede considerarse una forma de democracia directa, que privilegia el vínculo identitario entre líder y bases y rechaza las formas mediadas de la política (Peruzzotti, 2009). Así mismo, tiende a prescindir de instituciones de representación, concentrándose en la movilización tras el líder como el instrumento político por antonomasia, con lo que terminan creando profundos déficits de democracia en la sociedad donde se asienta (Ibíd.). Según Laclau (2005), este enfoque no entraña una caracterización ideológica: lo fundamental es la forma de construcción del sujeto político pueblo mediante el discurso dicotómico. Un populismo de izquierda (no necesariamente socialista) ha sido identificado con programas y políticas que priorizan la búsqueda de igualdad e inclusión social, y por una forma de organizar y movilizar a sus bases desde una dinámica direccionada “desde arriba” (Levitsky y Roberts, inédito).

El presidente Chávez, puede ser hoy considerado una figura emblemática del populismo latinoamericano. Desde su irrupción en la política venezolana, ha privilegiado la relación directa entre líder y masas a través de una diversidad de mecanismos. Aquí resaltaremos tres, por su mayor estructuración, permanencia e impacto en el futuro próximo. Estos mecanismos explican de manera importante el emotivo y sólido apoyo popular del que aún goza el Presidente, sus partidos y sus propuestas pese a doce años en el poder[1].

La campaña permanente

En los once años que lleva Chávez como Presidente, se han realizado quince procesos electorales, que tienen poco que ver con el significado que éstos tienen en democracias representativas tradicionales. En todos ellos, bien sean nacionales, regionales, locales o referendos, Chávez ha sido la figura principal, bien porque se ha relegitimado en el cargo -como en el 2000 y en la reelección de 2006- o porque su liderazgo ha servido como portaviones para los miembros de su elite política. En el caso de los referendos (2000, 2007 y 2009), en todos ha operado la lógica de votar a favor o en contra de Chávez. Así, se ha operado una relegitimación permanente del líder, donde los partidos han sido apenas una parte de la plataforma que moviliza a las bases. Desde 2006, en su segundo mandato, la tendencia a la personalización que la lógica plebiscitaria ha ido imponiendo se ha exacerbado.

Esta dinámica convierte a Chávez en un Presidente en permanente campaña política en la cual los partidos y otras mediaciones juegan un papel secundario. El carácter plebiscitario de la Presidencia, moldeado por esta campaña permanente, ha debilitado toda mediación institucional entre Estado y sociedad, y ha erosionado la capacidad de otros poderes públicos y/o de la sociedad organizada para ejercer contraloría sobre el Presidente.

El Estado comunicador

Los medios de comunicación oficialistas han sido otra vía privilegiada para la comunicación entre el líder y las masas, intrínsecamente vinculado con la estrategia plebiscitaria. Luego del paro petrolero de diciembre de 2002 –que se prologó hasta febrero de 2013- fue tomando cuerpo una política estatal comunicacional, que ha sido conocida como del Estado comunicador (Bisbal 2009), donde la centralidad de Chávez se reforzó, girando todo el andamiaje de propaganda oficial en torno de las cadenas presidenciales de televisión y radio, y el programa dominical Aló Presidente. Se calcula que en los primeros diez años de gobierno, las cadenas presidenciales alcanzaron el equivalente a 1.038 horas de transmisión, es decir unos 43 días. El promedio para Aló Presidente hasta junio de 2008, fue de 4 horas, 21 minutos, subiendo a 6,22 horas a partir de 2006 (Oropeza, 2009).

Esta estructura o plataforma comunicacional creada por el gobierno gira sobre los propósitos de enfrentar al enemigo -tanto interno como externo- y a la vez irradiar, a través de la cultura de masas, los valores y orientaciones del proceso político-ideológico de su proyecto. Cuenta con Venezolana de Televisión (VTV), canal de televisión bandera del Estado venezolano, que ha modernizado y expandido su señal hasta tener cobertura en todo el territorio nacional, además de Vive TV, Ávila TV y Telesur. Ésta última fue concebida en 2005 como canal de varios Estados latinoamericanos (Argentina, Cuba y Uruguay), pero ha terminado por ser otro canal del gobierno venezolano, pues gracias a los petrodólares, Venezuela lo financia casi íntegramente y lo usa a los propósitos de posicionar el liderazgo de Chávez en la región. Además está la red radial estatal, donde Radio Nacional de Venezuela (RNV), funge como el centro de un conglomerado de estaciones que transmiten el Aló Presidente, así como información y propaganda oficial que llega a toda la geografía urbana y rural del país. Adicionalmente, cuenta con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), que tiene corresponsalías en Brasil, Argentina, EEUU, España y Colombia, y varios periódicos. Toda esta plataforma se ve reforzada por el impulso y financiamiento que el gobierno ha dado a numerosas radios comunitarias, muchas de las cuales apoyan las políticas del Presidente, y se movilizan en coyunturas electorales (Bisbal, 2006, Fernandes,  2007).

La expansión del aparato propagandístico oficialista se combina con un creciente control gubernamental de la actividad de los medios privados de comunicación. Mediante varias normativas, el gobierno se dotó de recursos a los que puede acudir en caso de necesitar debilitar medios que considera contrario a sus intereses. Estas normativas, si bien tienen aportes importantes para regular este cuarto poder, también mantienen ambigüedades que pueden ser objeto de interpretaciones de acuerdo a la ocasión. Con la pérdida de autonomía de los poderes públicos, en particular el Judicial, sirven para controlar o castigar a dueños de medios o periodistas que el Presidente considere adversos[2]. El gobierno acude también a otros recursos intimidatorios. Se señalan entre éstos: sanciones tributarias, confiscación de equipos, retiro de publicidad del Estado, uso abusivo de las cadenas que representan cuantiosas pérdidas para los medios privados, retiro de concesiones al espacio radioeléctrico, etc. (Bisbal, 2009).

Gracias a esta estrategia, el Presidente es una figura cotidiana en la vida de todos los venezolanos. Sus seguidores lo ven permanentemente, se sienten en contacto con él y se perciben participando de su gestión de gobierno. A través de los medios Chávez avanza su agenda y al mismo tiempo estigmatiza y obstaculiza cualquier iniciativa que se le opone.

 Las redes populares para la organización, participación, distribución de recursos y movilización electoral

La construcción de un vasto tejido organizativo político-social para la movilización frecuente, impulsado desde el gobierno y centrado en la figura de Chávez es el tercer mecanismo clave en la vinculación del Presidente con sus bases. Estas redes se han desarrollado desde el primer gobierno, pues ha sido una preocupación central del chavismo encontrar alternativas a las formas de representación convencionales del modelo  liberal. En el segundo mandato, las tendencias de sujeción y cooptación de redes al Ejecutivo Nacional se intensificaron. Así mismo, desde 2007, el Presidente impulsó la disolución de todos los partidos de la alianza gubernamental para integrarlos en un sólo partido, el Partido Socialista de Venezuela (PSUV), sobre el cual ejerce fuerte control. Este partido es hoy el mayor y más importante del país, siendo los aliados que aún se mantienen por fuera, electoral y políticamente irrelevantes. Desde 2006, bajo la figura de los consejos comunales, y más recientemente con la creación de comunas, se viene adelantando también la uniformización del tejido social popular y su adscripción al Estado, o más precisamente al Presidente. Este tejido sirve como brazo gestor de políticas públicas, canal de distribución de recursos fiscales e instrumento para movilización electoral a favor del Presidente (ver López Maya, 2010).

La transición al régimen “socialista”

            El proceso de transformación institucional que tuvo lugar a inicios del primer gobierno de Chávez, dirigido a reestructurar al aparato estatal conforme a los principios y fundamentos de un régimen de democracia participativa y protagónica que se asentó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), sufrió a fines de ese período y en el segundo gobierno de Chávez un viraje significativo. Desde entonces, el Presidente avanza un proyecto político distinto, que ha llamado socialismo del siglo XXI.

Desde 2005, el Presidente anunció su abandono de una transformación societal dentro de los parámetros del capitalismo y la democracia liberal. El nuevo proyecto político fue anunciado en el discurso de la campaña presidencial de 2006, y luego fue sistematizado en la propuesta de reforma constitucional de 2007, que fue rechazada por los ciudadanos en referendo popular. El proyecto, sin embargo, ha continuado desarrollándose, orientado por el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 ó Primer Plan Socialista.

Este proyecto político “socialista”, ha sido difundido como una radicalización del proyecto participativo protagónico. En realidad es un proyecto distinto del aprobado en la CRBV, pues propende al declive de todas las instituciones de la democracia liberal (separación y autonomía de poderes, pluralidad y alternancia política, participación de los ciudadanos en decisiones políticas, sufragio universal, directo y secreto), lo que no estuvo planteado ni en la Asamblea Constituyente de 1999, ni en el texto constitucional. El nuevo proyecto apunta a una casi absoluta concentración de poder político en las manos del Presidente Chávez.

 Por ejemplo, el nuevo marco jurídico implica la construcción de un Poder Popular, un poder que no existe en la CRBV, entendido como un conjunto de instancias a partir de donde surgirá el Estado Comunal del modelo socialista chavista . El Poder Popular según las nuevas leyes, no surge de elecciones universales, directas ni secretas, sino de decisiones y votaciones tomadas en asambleas, y articula un conjunto de organizaciones sociales y políticas cuyos fines son asignados a priori y están orientados por la construcción en Venezuela de una sociedad socialista (ver entre otros, Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno de 2010, la Ley Orgánica del Poder Popular de 2010 y Ley Orgánica de las Comunas de 2010)[3]. En la Ley Orgánica del Poder Popular y en la ley Orgánica de Las Comunas, el Estado sólo reconoce como soberanas a las formas organizativas comunitarias consideradas por él como socialistas, y les da prioridad en la transferencia de gestión de servicios públicos y en la asignación de recursos, erosionando así la organización político-administrativa de la CRBV, cuya orientación descentralizadora corre por los cauces de las entidades federales, los municipios y las parroquias, entes descentralizados del poder regional y local del Estado constitucional. Estos entes, designan sus autoridades por sufragio universal, directo y secreto y por tanto no están subordinadas al Presidente de la Republica.

En el nuevo esquema del Poder Popular, los consejos comunales, las comunas y las ciudades comunales serían las unidades político administrativas privilegiadas en una planificación que vuelve a ser fuertemente centralizada (ver reforma a la Ley Orgánica de Planificación Pública y la reforma a la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública ambas de 2010, entre otros).

La transición a este nuevo modelo de régimen político y Estado, ha venido acompañada por tendencias crecientes por parte del gobierno de cercenar derechos civiles y políticos, bien echando mano de la intimidación y/o represión, o bien modificando normativas para criminalizar cualquier forma de disidencia u oposición política. En algunos casos, esto ha significado retrocesos con relación a avances obtenidos durante el proyecto de democracia participativa.

Lo ocurrido con el derecho a la manifestación pacífica es muy claro. Según data de los informes anuales de PROVEA (diversos años), el número de manifestaciones pacíficas reprimidas durante el segundo gobierno de CAP fue de 1 de cada 3 y durante el de Caldera 1 de cada 6. La situación era, y había sido así durante todos los años de democracia representativa, de criminalizar a la gente que ejercía ese derecho. La situación mejoró notablemente durante los primeros cinco años de gobierno de Chávez. De 1 da cada 6, se pasó primero a 1 de cada 28 en el período 2000-2001, llegando a 1 de cada 79 en 2004-05. A partir de entonces la situación ha venido revirtiéndose, registrándose el año pasado una protesta reprimida por cada 22 y en el período anterior 1 de cada 16. A esto hay que añadir la criminalización de quienes protestan, un proceso visible desde 2004, siendo imputados por la Fiscalía General de la República de delitos tipificados por el Código Civil y otras leyes, como obstaculización de vías, agavillamiento, daños a bienes del Estado, instigación a delinquir, resistencia a la autoridad, daños y hurtos a locales comerciales. PROVEA calcula que más de 2.200 personas han sido sometidos a procesos penales por el derecho de manifestar en forma pacífica (PROVEA, 2009). Un caso emblemático de la criminalización de la protesta en general es la prisión por más de un año del sindicalista de Ferrominera, Rubén González, por liderar una huelga obrera. González fue finalmente liberado, luego de una huelga de hambre promovida por como protesta por el movimiento estudiantil.

Otro caso es la reducción extrema del derecho a la representación proporcional que había sido una conquista del pueblo venezolano desde 1947, y que está presente en la constitución de aquel año, en la de 1961 y de nuevo en la de 1999. Con la aprobación por la AN de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en 2009, las minorías quedan prácticamente excluidas de los cuerpos deliberantes. Otros derechos civiles debilitados hoy son por ejemplo, el de acceso a la información pública y el de expresión y los derechos políticos ejercidos a través de organizaciones, que el gobierno, sirviéndose de definiciones confusas, puede tildar de desestabilizadoras por el sólo hecho de recibir financiamiento internacional (ver Ley de la Soberanía Política y Autodefensa Nacional de 2010).

Lo económico: El rentismo

            El proceso llamado de transformación socialista del Estado trancurre en un contexto económico interno signado desde hace cuatro años por una pérdida de dinamismo de la economía. En los últimos dos años se tornó en recesión, que se reflejó en un PIB negativo (-3,3% en 2009 y -1,9% en 2010), una inflación de dos dígitos (25,1% en 2009, 26,4% en 2010)[4], un sistema de control de divisas rígido y engorroso, y dos devaluaciones del bolívar fuerte en 2010, entre otros desajustes importantes (BCV, 2011). La recesión tiene en la falta por parte del gobierno de un modelo económico que trascienda la lógica rentista, su principal causa estructural. El rentismo condiciona las políticas económicas y sociales del país desde hace casi un siglo, y produce caídas abruptas de la economía, cuando se produce un contexto internacional de inestabilidad de los precios del barril petrolero como a finales de 2008 y 2009[5].

Pese al discurso oficial y los lineamientos en materia económica del Primer Plan Socialista, que asegura estar creando un nuevo modelo productivo socialista, la vulnerabilidad de la economía a los vaivenes de los precios petroleros en el mercado internacional sigue intacta. Por ello, es apropiado caracterizar la economía actual como de socialismo rentista (López Maya y L. E. Lander, 2010)[6]. Más aún, las perversiones que introduce la lógica rentista –excesiva regulación a la economía, ineficiencias y corrupción-  se han exacerbado en los últimos dos años dentro de la lógica estatista que orienta al gobierno, expresándose en estatizaciones masivas a empresas privadas y expropiaciones de tierras tanto ociosas como productivas, que han pasado principalmente a manos estatales, muchas de las cuales están ahora estancadas en su producción, y algunas en franca bancarrota (como Alcasa y la Siderúrgica del Orinoco, Sidor). Las expropiaciones masivas de tierras, y las inversiones públicas cuantiosas al  agro en los años de bonanza, no han dado frutos satisfactorios, pues salvo casos puntuales de algunos cereales, la economía revela caída de la producción agrícola, con un consecuente aumento de las importaciones de alimentos. La población rural, además, sigue disminuyendo, el aporte de formas productivas endógenes al PIB es irrelevante, contradiciendo los objetivos trazados por el Primer Plan Socialista, y evidenciando el fracaso de la llamada de revolución agraria (Hernández, 2010, López Maya y Lander, 2010).

En otra dirección, los casos de corrupción proliferan al amparo de la ausencia de contrapesos al Ejecutivo Nacional en el resto de los poderes públicos. Casos como la intervención de siete bancos realizada por el gobierno a fines de 2009, donde fueron detenidos y acusados por corrupción banqueros muy vinculados al alto gobierno; el descubrimiento de más de dos mil contenedores de Pdval, contentivos de más de 130.000 toneladas de alimentos, que se dejaron dañar en los almacenes de las aduanas, y la intervención de dieciseis casas de bolsa de valores en 2010, son casos paradigmáticos, aunque de ninguna manera únicos[7].

            Así mismo, Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), también viene reflejando una baja de su producción y exportación de petróleo, dificultades en su flujo de caja y creciente endeudamiento externo. El gobierno ha reconocido que la baja de la producción de derivados se debe a paradas de las refinerías, imprevistas o planificadas. Otras fuentes atribuyen la disminución de la producción a la diversificación de Pdvsa hacia actividades sociales y económicas distintas a la petrolera, falta de inversión, pobreza en la gestión, aumento de la burocracia y desvío de gasolina, que antes estaba destinada a la exportación al mercado interno, para responder a una demanda creciente y a las dificultades que confronta la energía hidroeléctrica[8].

Gestión pública e indicadores socioeeconómicos

            Constituye parte intrínseca del populismo venezolano y su lógica rentista, una gestión pública plagada de debilidades, inconstancias y déficits, que privilegia la lealtad partidista a valores como la honestidad y los méritos profesionales, desprecia criterios de competividad y productividad, y no hace seguimiento ni evaluación de las políticas públicas que impulsa. Luego de once años en el poder –que coincidieron entre 2004 y 2008 con una descomunal bonanza petrolera- en el actual contexto de la economía, los defectos se han hecho inocultables y difíciles de superar en el corto plazo. Han reducido los recursos disponibles para políticas sociales como las misiones, y han intensificado los incumplimientos del gobierno en el pago de compromisos laborales, debilitando la popularidad del Presidente. La superación de estas tendencias negativas constituye el desafío más importante que tiene Chávez en sus aspiraciones de reelegirse y legitimar su proyecto político en el 2012.

Entre los problemas de gestión con más impacto político se señalan:

-          Algunas misiones sociales padecen inestabilidad en sus recursos o éstos se han reducido drásticamente. Misión Barrio Adentro, por ejemplo, ha tenido un desempeño inestable, y luego de caídas en la prestación del servicio, ha sido relanzada varias veces por Chávez desde su programa Aló Presidente[9]. Misión Ribas ha visto disminuir los  recursos que le aportaba Pdvsa (Castillo, 2008). Otras misiones como Sucre, Milagro, Guaicaipuro, etc. salieron del presupuesto nacional en 2009, por la penuria fiscal, pasando a depender de ingresos extraordinarios (Figueroa, 2009; López Maya y L.E.Lander, 2010).

-          En servicios eléctricos. La falta de planificación e inversiones de mediano y largo aliento en el sector eléctrico, al combinarse en 2009 con una estación seca particularmente aguda, reveló una crisis eléctrica en todo el país urbano, afectando también el acceso a agua potable. Si bien las copiosas lluvias posteriores disminuyeron el problema, su solución definitiva no es inmediata y de hecho en las semanas recientes (mayo-junio de 2011) se ha vuelto a agudizar el problema, ahora en un contexto de lluvias abundantes [10].

-          El déficit de viviendas, una situación endémica que alcanza a fines de 2010 niveles de crisis, al combinarse el fracaso de las políticas del gobierno en esta materia con los daños causados por la estación lluviosa de 2010 en los barrios urbanos. En diciembre, las intensas lluvias y los deslaves en las colinas dejaron en la calle a miles de familias, que ahora se encuentran en refugios, muchos totalmente improvisados y con severos déficits para proporcionarles niveles mínimos de dignidad.

-          Infraestructura y transporte insuficientes y deteriorados. La falta de planificación e inversiones ha deteriorado severamente servicios como el Metro de Caracas, sucitando fuertes protestas. En noviembre 2010, una protesta espontánea en la estación Propatria del Metro de Caracas, fue reprimida de manera desproporcionada por el gobierno, empeorando la percepción de la gente común hacia el desempeño gubernamental[11].

-          Desabastecimientos de alimentos y alto costo de los mismos. Es el resultado de la inflación, las fallas de las políticas agroalimentarias, y los procesos de expropiación y estatización de tierras e industrias agroalimentarias (PROVEA, 2010). Aunque gobierno y sector privado disienten en sus cifras, se calcula que en Venezuela actualmente se importa cerca del 70% de los alimentos (Fedeagro en PROVEA, 2010: 59).

-          La inoperancia de los servicios de seguridad ciudadana. Una combinación de factores, entre los que destaca una muy alta impunidad, crisis institucional y policial, y tráfico de drogas, ha llevado al país a ostentar niveles de violencia e inseguridad, de las más altas de América Latina y el mundo (Briceño León et al., 2009, Observatorio Venezolano de la Violencia, 2011).  El gobierno nacional no proporciona cifras oficiales, pero de acuerdo al informe anual de Provea, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en el año 2008 fue de 52, habiendo sido el año anterior de 48. En 2009 la tasa de homicidios se elevó a 60 por cien mil habitantes (Mármol García en El Impulso, 2010). Un estudio de la organización civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2011), informó que la tasa de homicidios de Caracas en 2010 fue de 118,6 por cada 100.000 habitantes haciéndola la cuarta urbe más peligrosa del mundo después de Ciudad Juárez en México; Kandahar en Afganistán y San Pedro Sula en Honduras[12].

La combinación de dificultades económicas y fiscales, con ineficiencias de gestión, potencian malestares en la sociedad. Algunos indicadores socioeconómicos refuerzan la tendencia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desocupación ha venido subiendo (INE, 2011). En 2008 se ubicó en 7,4 pasando en 2009 a 7,9% y ubicándose en el primer semestre de 2010 en 8,8%. Pese a estos datos recesivos, los indicadores de pobreza siguen, según la misma fuente, con tendencia a la baja. En 2008, el número de familias en situación de pobreza fue de 27,5%, mientras para 2009 bajó a 24,5% (INE, 2010). Igual tendencia sostienen para el coeficiente de Gini (PNUD, 2010). Otras fuentes señalan que si bien la pobreza disminuye, no ocurre una movilización social importante, las clases medias en Venezuela, en contraste con Brasil, no han crecido significativamente en años recientes (Paramio, 2010)

Este conjunto de desarrollos viene abonando un creciente malestar social, que donde mejor se expresa es en la data de un sostenido aumento de la protesta de calle en estos años. Dicha protesta es, además, motivada fundamentalmente por la percepción del deterioro que la gente percibe en sus condiciones de vida, constituyendo las protestas por derechos económicas, sociales y culturales las predominantes (ver PROVEA, 2009 y 2010). Para el período octubre 2008- septiembre 2009, se registraron 2.893 protestas, un aumento del 64% con relación al período anterior. En el período siguiente, la cifra llegó a 3.315 protestas, casi 25% más que el año anterior. Estos dos años han sido los de mayores protestas en los once años de la administración de Chávez.

Lo internacional: Hitos subregionales e internacionales

            En los años recientes también ha cambiado el entorno regional y mundial que durante el ciclo de bonanza petrolera sirvió al Presidente para proyectarse como líder internacional. El Presidente ha venido promoviendo desde su primer gobierno un orden mundial alternativo de concepción multipolar, pero que en el discurso de los años de bonanza fue más bien antiimperialista y polarizadora. Este proyecto se ha debilitado en virtud de las penurias fiscales y políticas que viene confrontando el gobierno, además de algunos desarrollos internacionales recientes:

-          El presidente Chávez perdió a contrincantes privilegiados polarizadores en el ámbito internacional con el cambio de gobierno en EEUU en 2009 y Colombia en 2010. Tanto Barack Obama como Juan Manuel Santos han rehuido caer en el discurso ofensivo que caracterizó las relaciones presidenciales previas, lo que junto con el hecho real de la enorme dependencia y/o interdependencia comercial de Venezuela con estos dos países, se viene manifestando en un clima de mayor convivencia, aunque las tensiones se mantengan y reflotan de tiempo en tiempo.

-          La diplomacia de los petrodólares de los años de bonanza no parece ahora sostenible. Son cientos los convenios de cooperación que se encuentran estancados, y muchas ofertas venezolanas de apoyo a países de la región se han disminuido o pospuesto, con detrimento de los apoyos políticos que por ello se recibían (López Maya, y L.E. Lander, 2010). Sin embargo, con los aliados de la ALBA los vínculos y apoyos materiales que da Venezuela siguen siendo importantes.

-          La relevancia económica y política que ha adquirido Brasil como líder de la América del Sur y potencial potencia mundial, debilita el protagonismo al que aspiró Venezuela en instancias subregionales como Unasur.

-          Reveses diplomáticos como el acaecido en 2009, cuando en torno al golpe de Estado de Honduras, Chávez buscó protagonismo en Centroamérica, sin lograr reponer al presidente Zelaya, y ataques como los que Chávez ha propinado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA debilitan su imagen en tiempos en los cuales se está sucediendo una reorganización en América Latina que no favorece la política beligerante que caracteriza al presidente de Venezuela (noticias24, 26-2-2010).

La coyuntura política de fines de 2010: elecciones parlamentarias, deslaves y paquetazo socialista

Sobre este complejo escenario tiene lugar la coyuntura política de septiembre 2010 a enero de 2011. A continuación describimos brevemente lo que consideramos sus características y episodios más significativos.

La coyuntura fue abierta por el proceso electoral de 26 de septiembre para diputados a la Asamblea Nacional, las cuales enmarcadas en unas condiciones político institucionales que daban importantes ventajas al gobierno, tuvieron como resultado la obtención de 98 diputados para el gobierno, 65 para la MUD y 2 para el partido Patria Para Todos (CNE, 2010). La votación a favor de los candidatos chavistas fue superada por la votación de los candidatos no chavistas. Los primeros sumaron 5.451.422 votos mientras los segundos 5.757.479.  Estos números significaron una pérdida por parte de las fuerzas gubernamentales de las mayorías calificadas del parlamento para el próximo período legislativo 2011-2015. Pese a que el Presidente y su partido obtuvieron el control de la mayoría absoluta de diputados, dada la dinámica plebiscitaria que signó este proceso, como ha sucedido en todos los quince realizados en la era de Chávez, la no obtención de dichas mayorías calificadas, ni mayoría de votos fue interpretada por el Presidente –como por algunos analistas- como una derrota política[13]. Conocido los resultados, Chávez no se asomó, como estaba previsto, al balcón del pueblo, no dio declaraciones públicas, ni asistió a las celebraciones programadas esa noche por su partido.

Pasar de una situación de control total de la AN a otra con sólo la mayoría absoluta, pareció ser inaceptable para un gobierno que en los últimos cinco años había gobernado sin contrapesos, ni espacios plurales de deliberación. En diciembre, aprovechando una situación de emergencia nacional ocasionada por intensas lluvias y deslaves se desenvuelve un segundo episodio dentro de la coyuntura. La vaguada ocurrida en toda la zona costero-montañosa del norte del país, que dejó un saldo oficial de 40 muertos y alrededor de 130.000 personas sin vivienda, fue el argumento del Presidente para solicitarle a una AN a punto de terminar su mandato, que le confiriera facultades extraordinarias para legislar por decreto por un año[14]. La Ley Habilitante –como constitucionalmente se denomina la ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo- fue inmediatamente aprobada por la AN, que aumentó el tiempo de su vigencia a dieciocho meses, y delegó al Ejecutivo facultad para aprobar leyes en nueve materias de gobierno, redactadas de manera amplia a fin de poder ir más allá de enfrentar la urgencia puntual argumentada[15]. De hecho, en unas declaraciones del vicepresidente Elías Jaua se reconoce: “La solicitud la ha hecho el presidente …con la finalidad de dar el cuerpo de leyes necesarias para atender una profunda crisis, sustentada sobre todo en las causas estructurales que aún mantienen a la población venezolana en una situación de pobreza” (Noticias24, 15-12-10). Adicionalmente, estos diputados con su período a escasos días de vencer, se declararon en sesión permanente, aprobaron convocar inmediatamente a sesiones extraordinarias, para simultáneamente aprobar también un sorpresivo paquete de diecinueve leyes, cuyos contenidos avanzan en la construcción de un nuevo Estado, el Estado Comunal, con un ordenamiento territorial y un poder público, el poder popular, que se sobreponen y debilitan a las instituciones liberales contempladas por la CRBV (Reyna y D´Elía, 2010).

La dudosa legalidad del procedimiento utilizado para aprobar estas leyes, que pasaron por alto la obligación de consulta que exige la CRBV, y que contienen cambios en los principios y fundamentos constitucionales, desató en el país denuncias, protestas y movilizaciones, entre otros, del movimiento estudiantil y universitario. Los partidos de oposición, coordinados por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) enviaron a la OEA una carta denunciando la violación por parte del gobierno de Chávez de la Carta Democrática, por considerar que la Habilitante otorgada al Presidente por año y medio, aprobada por una AN, cuyos diputados cesaban sus funciones unos pocos días después, tenía visos inconstitucionales (El Universal, 18-12-10).

En esas últimas semanas del año 2010, el gobierno también procedió a la toma provisional e inconsulta de hoteles, terrenos y fundos agrícolas para poder alojar y atender a las familias damnificadas[16]. El Presidente anunció así mismo, una pronta modificación de la cota del Parque Nacional El Ávila de Caracas, para levantar la prohibición de construir viviendas. Como es usual por el gobierno, las medidas fueran poco consultadas y en los casos de entidades regionales en manos de partidos de oposición, como Miranda y Zulia, donde los daños ocasionados por las lluvias fueron muy severos, el Ejecutivo actuaba sin informar ni coordinar acciones con autoridades regionales o municipales (ver, entre otros, Tal Cual, 7-12-2010).

Estos desarrollos crearon una situación de intenso malestar en sectores sociales y políticos adversos al gobierno, pero aparentemente también, aunque menos visible, en organizaciones sociales chavistas, y personalidades del chavismo. Esto fue particularmente significativo en el caso de dirigentes chavistas vinculados a la vida universitaria, que no habían sido consultados por la ley aprobada para ese sector, y contribuyó a que Chávez no promulgara la Ley Orgánica de Educación Universitaria. Este hecho político y otros eventos, como las declaraciones en enero de 2011 del secretario general de la OEA, Miguel Insulsa, manifestando su opinión de que la Ley Habilitante aprobada era contraria a la Carta Democrática; y el mensaje de Memoria y Cuenta del Presidente presentada el 15 de enero ante la recién inaugurada AN, parecen cerrar la coyuntura, enviando signos de una situación fluida, que refuerza las incertidumbres del contexto más general de los dos últimos años.

En su mensaje de Memoria y Cuenta del 15 de enero Chávez, después de su agresivo discurso y acción de diciembre, parece dar un giro táctico. En siete horas y media que duró su intervención, hizo llamados al diálogo, a dejar atrás “códigos de guerra amigo-enemigo” e insinuó devolver la Ley Habilitante a la Asamblea Nacional para su reconsideración, pensando que podía recortar la actuación de éste en cinco meses: “¿De dónde pueden sacar que eso es dictadura? Yo soy capaz de solicitar a esta AN la derogatoria de esa Ley. Hasta en 5 meses podemos hacer lo que tenemos que hacer, lo que necesito es 4 o 5 meses para enfrentar una emergencia. El Gobierno somete eso a consideración de la AN. En 4 o 5 meses se pudiera haber terminado de acelerar las leyes que estamos haciendo y que nadie vaya a sentirse aquí limitado. Te las devuelvo, no tengo problema. Voy a trabajar más duro y más rápido” (en El Universal, 16-1-2011).[17]

Conclusiones

·        En lo político: Se profundizan las tendencias hacia lo que el gobierno considera una democracia revolucionaria, es decir, un régimen político personalista, concentrador de poderes en la figura del Presidente, y con creciente debilitamiento de instituciones liberales como la división y autonomía de los poderes públicos y aún el sufragio universal, directo y secreto. En dirección contraria, los resultados de las elecciones del 26S de 2010, abrieron un importante espacio democrático institucional de resistencia a estas tendencias cuya evolución apenas comienza. Como un complicado juego de ajedrez, Chávez y sus fuerzas políticas, han respondido acelerando los cambios de régimen y del Estado mediante la aprobación por la AN saliente de un paquete legislativo y una Ley Habilitante que avanzan hacia la consolidación de un nuevo Estado Comunal, que debilita la organización territorial del Estado constitucional, así como toda organización de la sociedad. Estamos en un proceso de consolidación del Estado socialista, centralizado y autoritario del siglo XXI.

·        En lo político: también prosigue un proceso de resistencias desde la sociedad a las imposiciones del gobierno, observándose un fortalecimiento de organizaciones políticas de oposición, la mayoría de ellos reunidos bajo el paraguas de la MUD. Adicionalmente ha emergido también una disidencia del chavismo, que se expresó el 26S a través del partido PPT, un partido que se separó de la coalición de gobierno en 2010. El PPT logró dos representantes en la Asamblea Nacional y una votación de cerca de 320.00 votos. Hasta los momentos, este partido se mantiene fuera de la dinámica polarizada PSUV y aliados versus MUD,  y si bien su base electoral es pequeña, pudiera ser decisiva para alguna de estas dos tendencias polarizadas en las elecciones del 2012. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil, ya débiles de por siempre, fueron fuertemente golpeadas en diciembre por la aprobación de la Ley Orgánica de Soberanía y Autodeterminación Nacional. Hasta la fecha han carecido de real capacidad de respuesta. Su comportamiento más previsible es seguir denunciado el ahogo de las asociaciones autónomas de la sociedad venezolana en el ámbito internacional.

·        En lo económico: se profundiza el modelo socialista-rentista, expresado en la continuación acentuada de las estatizaciones de empresas, expropiaciones de tierras y de bienes como hoteles, terrenos urbanos, etc. Y la elaboración de leyes conducentes a consolidar una economía fuertemente controlada por el Estado. Venezuela es un caso del modelo de lo que llama Alberto Acosta neo-extractivismo del siglo XXI –similar al primario exportador de minerales de los siglos previos- que sigue reproduciendo pobreza, desigualdad, una inserción subordinada y funcional a la globalización comercial y financiera, agravando los impactos ambientales y en algunos casos buscando aplicar un desarrollismo senil (2010). Pese a estas tendencias, los altos precios del barril petrolero que se avizoran para el 2011 permitirán una mejora de algunos indicadores económicos y seguramente recursos suficientes para continuar en lo social estrategias distributivas concentradas a que Chávez obtenga el voto popular en 2012 (Guerra, 2010).

·        En lo social: continua tendencia de los indicadores sociales a estancarse (pobreza, informalidad) o a decaer discretamente (desempleo). Habrán esfuerzos por relanzar una vez más algunas misiones (como Mercal), o a darles mayor racionalidad como Barrio Adentro, con escasos resultados[18]. La protesta popular seguirá alta y la represión continuará intermitente.

·        En gestión pública: los esfuerzos por mejorar la calidad de servicios básicos como luz y agua exhibirán algunos resultados, lo mismo que los que ahora se harán en viviendas, infraestructura y transporte. El gobierno tiene conciencia de que este es su talón de Aquiles e invertirá fuertemente buscando resultados. También buscará mejorar desempeño en seguridad ciudadana. Por su inconstancia, ineficiencia, alta rotación de personal y escasa valoración del profesionalismo burocrático, los resultados seguirán siendo insuficientes. De lo que logre en estas materias y en desempeño de misiones como Mercal, Barrio Adentro y Barrio Nuevo Tricolor, y el más reciente, la Gran Misión Vivienda, dependerá en mucho sus posibilidades electorales en 2012.

·        En lo internacional: el gobierno mantiene su estrategia de construir y apoyar aliados políticos ajenos a EEUU, pero pierde protagonismo interamericano e internacional. Su vinculación fuerte con Cuba continúa, su modus vivendi inestable con Colombia y EEUU también, aunque es probable que no se protagonicen en lo inmediato agresiones verbales y acciones intempestivas como en el pasado. La ALBA tiende a estancarse por el cúmulo de problemas y otras prioridades de Venezuela. El país ha venido disminuyendo su influencia regional e internacional, y eso continuará a futuro.

·        También en lo internacional: pese a que aumentarán las críticas a Venezuela por su deriva antidemocrática, no se prevén importantes intervenciones de agencias interamericanas o internacionales sobre la situación. Sin embargo, las presiones sobre el gobierno arreciarán por las continuas denuncias de organizaciones políticas y ONG de derechos humanos. Venezuela pierde relevancia como caso de transformaciones creativas y exitosas en el siglo XXI.

Referencias

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[1] Un desarrollo más extenso sobre estos lo hemos hecho en otro trabajo. Aquí nos apoyamos en él para hacer una apretada síntesis (López Maya y Panzarelli 2009)

[2] Ejemplos de la subordinación del Poder Judicial al Presidente pueden verse en López Maya y L. E. Lander (2010)

[3] Puede verse una primera evaluación de conjunto sobre las leyes del Estado Comunal aprobadas en 2010 en Reyna y D´Elia (2011). Este documento nos ha servido como apoyo de algunas de las ideas que aquí desarrollamos.

[4] La inflación de dos dígitos es una tendencia anterior a los años más recientes. Ha sido constante en la economía de los dos gobiernos del presidente Chávez.

[5] Sobre la economía rentista petrolera existe una abundante bibliografía, véase entre otros trabajos de Asdrúbal  Baptista (1997) y Bernard Mommer (2002). Para una visión de cómo moldea las relaciones entre Estado y sociedad, Terry Karl (1997).

[6] Para datos y un análisis más exhaustivo sobre el socialismo rentista, remítase al texto citado.

[7] Véase entre otros Petkoff, “Pleito entre mafias”. Tal Cual, 30-11-2009; “Ortega Díaz de pronunció sobre casos de alimentos dañados”, Noticias24, 10-6-2010 y “Chávez en un laberinto financiero”, El Universal,  15-5-2010.

[8] “Venezuela reconoce la baja de su producción petrolera” en http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/venezuela-reconoce-la-baja-de-su-produccion-petrolera  bajado el 30-7-2010; “Haber dejado de lado los presupuestos para mantenimiento e inversiones está pesándole a la estatal”. Tal Cual, 12-12-2010,

[9] En septiembre de 2009 el Presidente, reconociendo las graves deficiencias de todo el sistema de salud público, incluyendo Barrio Adentro,  lo declaró en “emergencia” (Tal Cual, 21-9-2009).

[10] Ver, entre otros, Comunicado del Comité de Profesionales y Técnicos de Electrificación del Caroní (Edelca) (en El Universal, 20-1-2010).

[11] Entre otros véase: “Esperan que hoy presenten en tribunales a 33 detenidos por protestar en el Metro”, El Nacional, 13-11-2010.

[12] “Caracas es la capital más violenta del mundo”, El Nacional, 14-1-11, “La violencia nos ha convertido en uno de los países más peligrosos”. El Impulso, 29-8-2010.

[13] Para análisis de los resultados electorales, véase entre otros, L. Lander (2010),  Hernández (2010), E. Lander (2010)

[14] A continuación, la información se apoya en prensa venezolana, recogida por mi en una base de datos digitalizada. Se ha hecho un proceso de cotejo con varias fuentes y sistematización de data.

[15] Las áreas en las que el Presidente puede legislar: atención sistematizada de las víctimas de las lluvias; infraestructura, transporte y servicios públicos; vivienda y hábitat; ordenación territorial, desarrollo integral y uso de la tierra urbana y rural; finanzas y tributos; seguridad ciudadana y jurídica; seguridad y defensa integral; cooperación internacional y sistema socioeconómico (GO Extraordinaria 6.009 del 17-12-10)

[16] Verse, entre otros, Noticias24, 5-12-2010, El Nacional, 3-12-2010,  9-12-2010 y 18-12-2010, que dan cuenta de desalojo de huéspedes en hoteles de Caracas, toma de hoteles y terrenos en Maiquetía e Higuerote, y la toma con tres batallones del Ejército de 47 fundos al sur del Lago de Maracaibo, para alojar a damnificados o construir viviendas para ellos.

[17] Pese a estas declaraciones el Presidente en mayo de 2011 no devolvió dicha ley que sigue vigente y que ha servidos para aprobar múltiples leyes que poco tienen que ver con la situación de emergencia de diciembre de 2010.

[18] Chávez anunció en enero 2011 que estudia relanzar las misiones (El Universal, 22-1-11)