Opinión: De nuevo se pretende intimidar a la Sociedad Homo et Natura

Por Sociedad Homoetnatura

El Fiscal Centésimo Sexto del Ministerio Público Abogado RAMÓN LISCANO introdujo una demanda contra la Sociedad Homo et Natura de ACCIÓN DE PROTECCIÓN por los intereses y resguardo de los derechos de 48 niños, niñas y adolescentes Yukpa.

La Boleta de Notificación aclara que en un término de diez días de su notificación debe introducir un escrito con pruebas ante el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. Tribunal Octavo de Primera Instancia de Medición, Sustanciación y Ejecución. Caracas, 18 de febrero de 2011. El número de expediente es: AP51-V-2011-012603*.

El documento expresa el error de considerar al abogado Dr. Ricardo Colmenares como nuestro representante. Aún no sabemos cual persona o institución del Estado venezolano ha introducido tal demanda contra la organización Sociedad Homo et Natura ante el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional; consideramos que esta demanda ha sido introducida por unos de los organismos del Estado que durante los primeros tres días en horas de la madrugada hacían levantar a todos los niños y adultos de las comunidades indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá Chaktapa, Kuse y Guamopamocha y dirigentes sociales que acompañábamos la permanecían de los indígenas en unas de las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre el 21 y 30 de julio de 2010 cuando exigían el pronunciamiento relacionado a si el máximo tribunal admitía o no el Amparo Constitucional a favor de la aplicación de la justicia indígena en Venezuela introducida hacía 4 meses.

 

Para aquel entonces más de 100 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos indígenas y representantes de una decenas de organizaciones sociales se agruparon en tres oportunidades en las madrugadas alrededor de unos funcionarios de la Dirección del Consejo de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Alcaldía de Caracas (CDENA), entre otros organismos afines, para discutir que esta no era la manera ni la hora para manifestar su particular preocupación por los niños indígenas ni para conocer los mandatos a que estaban obligados a cumplir por la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Ante la testaruda posición de los funcionarios apoyados por policías y Guardia Nacional Bolivariana de llevarse en la madrugada a los niños, niñas y adolescentes a un lugar más apropiado, varias veces se les explicó que los niños, niñas y adolescentes no se iban a enfermar porque dormían bajo el cielo con sus padres en esteras de palma o cartones en el suelo frente al TSJ, ya que desde siempre los Yukpa acostumbran a dormir de tal manera, y que ya estaban acostumbrado al clima caraqueño porque desde hace varias décadas acostumbraban vivir en la ciudad de Caracas y en otras ciudades del interior del país donde sus padres se trasladan por temporadas a vender artesanía. Sólo que muchas veces son reprimidos y trasladados a la Sierra de Perijá porque afean la ciudad, hoy bicentenaria.

Esta plan de llevarse a los menores de edad y separarlos del resto de los familiares fue la primera fase del plan represivo coordinado por el Ministro Tareck El Aissami paras romper la concentración de más de 100 indígenas Yukpa frente al TSJ por espacio de diez días.

Diez días de resistencia indígena y revolucionaria que superó airosamente dicho cerco represivo militar policial que consistía en fotografiar en horas de la madrugada cuando dormíamos en el suelo a todos los dirigentes indígenas y sociales, niños, hombres y mujeres indígenas por veloces funcionarios de la DIM y SEBIN con sofisticadas cámaras de video y fotográficas, colocación de antenas capaces de grabar todas las conversaciones telefónicas que entraban y salían de ese espacio de protesta frente al TSJ, la negación de llevar agua potable y un baño portátil, un cerco mediático por parte de los medios de comunicación en manos del Estado gobierno, la prohibición a los funcionarios de las instituciones y organismos principalmente de cultura, educación, juvenil del Estado, a no acercarse por el lugar, argumentaban que esta concentración mantenía vínculos con el narcotráfico que se mueve en la frontera del Zulia, cerco permanente por parte de todos los organismos represivos del Estado que en los últimos días de la concentración ya mantenían una posición agresiva y provocadora.

¿Porque se le demanda a la organización Sociedad Homo et Natura? ¿Acaso por poner en riesgo a estos indígenas menores de edad? si ellos fueron trasladados por sus propios padres y familiares, como tantas veces a pleno pulmón lo manifestaron sus padres a dichos funcionarios ya sean en Caracas cuando estaban frente al TSJ o frente a la Asamblea Nacional cuando acompañaron desde el 18 al 25 de octubre de 2009 al Hermano Jesuita José María Korta en su huelga de hambre exigiendo la libertad de los yukpa, o frente al Circuito Judicial de Trujillo donde la Sala Penal que presidía el Magistrado Eladio Aponte Aponte trasladó el juicio que se le seguía a sus familiares Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández Fernández y Olegario Romero Romero.

Estaban allí no por culpa de la Sociedad Homo et Natura, estaban allí porque sus caciques estaban presos, porque estaban exigiendo junto a sus padres la libertad para sus caciques, por la defensa de su derecho a ser juzgados por sus propias leyes, para que la Sala Constitucional presidida por la propia Presidenta Magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño se pronunciara a favor o en contra de la aplicación en Venezuela de la jurisdicción indígena exigida en un recurso de Amparo Constitucional introducido desde hacía cuatro meses por los abogados de Sabino y Alexander, los Doctores Ricardo Colmenares y Leonel Galindo. Porque se le acusa exclusivamente a la Sociedad Homo et Natura, si nuestra organización era una más de tantas organizaciones presentes en el apoyo activo y solidario a Sabino y a los otros presos Yukpa.

Será acaso que el Gobierno o sectores del Gobierno le está pasando factura por haber estado y seguir presente junto con otras organizaciones sociales y personalidades en apoyo a las comunidades Yukpa, barí, japreria y wayuu que luchan por la defensa de sus territorios, y demás derechos constitucionales, por haber conseguido el retiro de las concesiones de carbón en los territorios barí y Yukpa por parte del Corpozulia y demás empresas mineras multinacionales, por seguir en resistencia con los wayuu de Mara contra la apertura de la Mina Socuy de Carbozulia – Corpozulia y la de la compañía irlandesa Caño Seco, por
acompañar a los pueblos Barí y Yukpa desde 1985 en su lucha por el reconocimiento por parte del Gobierno de su derecho a poseer un territorio único, amplio y suficiente para gozar de una vida buena, así como el pago de las bienhechurías de las haciendas y parcelas que han quedado dentro de sus territorios autodemarcados.

O por haber sido un factor importante en la libertad de Sabino y Alexander, y en cierta manera de Olegario. Será acaso que no les gusta a ministras y ministros que denunciemos y al mismo tiempo busquemos salida al deterioro de la salud de varias familias de comunidades de los pueblos barí, Yukpa y wayuu del Socuy. Que sigamos denunciado los planes imperiales de la IIRSA en los territorios de dichos pueblos indígenas.

En septiembre cuando regresen los tribunales de vacaciones iremos a Caracas a defendernos, y en caso que vayamos a juicio, lo derrotaremos nuevamente.

No podrán comprobar que somos un factor etnocida, son ellos, el Estado y factores del Gobierno, los únicos violadores de los derechos humanos y de la vida de estos compatriotas, no podrán nunca demostrar nada, así como no han podido demostrar que somos escuálidos, representantes de empresas transnacionales mineras inglesas, agentes de la CIA, paramilitares o narcotraficantes.

Somos, como muchos otros compañeros, activistas revolucionarios practicantes ecologistas y defensores de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y de la ética de la solidaridad. Somos muchos.