Para el debate: POBREZA Y LA JUSTICIA PENAL EN VENEZUELA (Segunda Parte)

En medio de la retórica característica del gobierno de Chávez, el alzamiento de los presos del “Rodeo” le estalló como una granada en la cara, a los funcionarios de la justicia venezolana, que cacareaban sobre un supuesto plan de humanización carcelaria. El motín y toma del control de las instalaciones de este penal por parte de los reos, evidenció la inexistencia absoluta de tal plan de humanización y la total incapacidad de las autoridades gubernamentales para ejecutar cualquier medida orientada a resolver el dantesco panorama penitenciario venezolano. A escasas horas de la rendición de los detenidos del “Rodeo II”, luego de la batalla campal que protagonizaron durante casi un mes, las mafias carcelarias por una parte y los cuerpos de seguridad del Estado, por la otra, no hay un solo rostro gubernamental, que pueda explicarle al país, qué fue lo que se solucionó con el diálogo, en la peor crisis de la justicia penal en la historia contemporánea de Venezuela.

Ni Chávez puede explicar cómo un capo de esta prisión, imputado por el delito de homicidio (entre otros cargos), cuyo nombre es Yorvis López, alias “Oriente”, mantuvo secuestrados más de 1.000 presos, actuando en alianza con otros jefes mafiosos de esta cárcel y utilizando su importante poder de fuego. Tampoco puede explicar que se haya comunicado con un importante diario de circulación nacional para anunciar públicamente su rendición y además, que se haya fugado por las alcantarillas, junto con un grupo de escoltas personales, también privados de libertad, burlando el cerco sostenido por 2.000 efectivos de la Guardia Nacional. “Oriente” tiene 26 años de edad.

Ni el surrealismo puede explicar lo ocurrido el 13 de julio de 2011, con Yoifre Francisco Ruiz Estanga, alias “El Yoifre” (socio de “Oriente”), quien fue recibido al entregarse, nada más y nada menos que por el Ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami y por Diosdado Cabello, ex Presidente de CONATEL, Ministro de la Secretaría, Vicepresidente de la República, ex Gobernador de Miranda, Ministro de Infraestructura y actualmente, Diputado a la Asamblea Nacional. “El Yoifre” tiene 20 años de edad, está imputado por homicidio, entre otros delitos y reivindicó la acción que mantuvo en vilo a buena parte del país, a través del canal de televisión del Estado…

Pero tampoco existe un solo rostro gubernamental que pueda explicar, en medio de este caos de la administración de justicia penal venezolana, con que moral se justifica la grosera decisión de los Magistrados del TSJ, aumentándose el bono de alimentación (cesta ticket) a Bs. 10.000,00 mensuales. No hay un solo vocero gubernamental capaz de explicar el entramado de corrupción que permitió los altos volúmenes de ingresos de armas, alcohol y drogas a “El Rodeo I y II”, donde estarían involucrados el Capitán de la G. N. Camargo Gómez y los Directores de ambos recintos penitenciarios, Cecilio Hernández y Luis Aranguren Castillo (ahora detenidos). Lo más difícil del supuesto plan de humanización carcelaria, es que no se pueden ocultar los hallazgos de droga -especialmente cocaína de alta pureza-, licores de alto precio y el comercio de armas de fuego: innumerables granadas, 25 fusiles R15, 2 rifles con mira telescópica, 200 pistolas 9 milímetros, 2 ametralladoras y 2 Kalashnikov (según cifras oficiales).

Más de 3.000 personas estaban en “El Rodeo I y II” cuando comenzó el motín. Evacuados 1.800 reos por la intervención militar, quedaron secuestrados durante casi 3 semanas, más de 1.000 presos, bajo las órdenes de “Oriente” y “El Yoifre”. En ese lapso de tiempo, los voceros del Gobierno de Chávez responsabilizaron del mal manejo de la crisis penitenciaria, a los medios de comunicación social y acusaron de instigación para delinquir a representantes de organizaciones de Derechos Humanos. Fotos, videos y mensajes provenientes de esta cárcel, empezaron a circular por las redes, dándole una triste vuelta al mundo. En el contexto del alzamiento carcelario, cual película del cineasta español Luis Buñuel, se celebró el Bicentenario de la Independencia Nacional y regresó recuperado de salud, el Presidente de la República.

Pero además, aumentó la inflación, afectando la mayoría de los rubros alimenticios, lo que significó un duro golpe para el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. En Julio, el aumento salarial decretado en Mayo, dejó de existir, pues con más dinero se compró menos. Por ello, desde una perspectiva clasista debemos denunciar que mientras la locura y el envilecimiento del ser humano es lo que reina en el país que sufre prisión, otro tanto acontece afuera de las cárceles. Otros derechos son también violados, pues el Gobierno no discute contrato colectivo alguno. Tampoco, reconoce la legitimidad de las organizaciones de los trabajadores, el fuero sindical o el derecho al trabajo. Para colmo, no garantiza la vida, ni la integridad física de los directivos sindicales, pues el sicariato y la intimidación violenta son la respuesta a los sectores laborales combativos, como en el caso de Guayana, de Rubén González –detenido durante 18 meses, por defender los derechos que el Estado les niega- y del Sindicato de Ferrominera. El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y de todas las Instituciones que integran el sistema de administración de justicia (Policía, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Interior y Justicia, Tribunales), guardan silencio frente al asesinato y a la persecución, impunemente perpetrados por colectivos organizados, contra la clase trabajadora.

Los trabajadores universitarios protagonizaron en las últimas semanas, una serie de movilizaciones exigiendo al Gobierno el cumplimiento de sus derechos, al igual que los trabajadores del INCESS. Una huelga nacional de médicos, obligó a Chávez a decretar un aumento salarial, que sigue dando hambre. Trabajadores de varias empresas privadas del Estado Miranda, marcharon hasta el MINPTRASS, exigiendo la destitución de los Inspectores del Trabajo de Los Teques y Valles del Tuy, por sus actuaciones a favor de los intereses del empresariado. En ninguno de estos casos, las autoridades gubernamentales han dialogado en paz con la clase trabajadora. Despidos, represión, desconocimiento de las directivas sindicales y “gas del bueno”, es la fórmula de Chávez para atender las demandas laborales. Por eso en este contexto, es imposible un plan de humanización carcelaria, pues las soluciones a la problemática que generan la delincuencia y la violencia social, están en la reducción de la pobreza, el desempleo y en el respeto a los derechos humanos a la clase trabajadora. El sistema capitalista crea las condiciones para que crezcan y se desarrollen los “Oriente”, los “Yoifre”, los “Makler” y las mafias que trafican armas y drogas en la GN como entre los administradores de justicia y que la proveen a los penales. De allí que los farsantes Ministros del Gobierno de Chávez, prefieren negociar con sus engendros delincuentes, protegiendo la red de corrupción instalada en las cárceles del Estado Burgués, antes que dialogar con los sindicatos y propugnar por una equitativa distribución de la renta petrolera. ¿Como explicar que a Makler, lo han traído a Venezuela para tenerlo herméticamente cerrado, mientras el “Oriente” convenientemente desaparece, para que igual guarde silencio?

La cuenta se ha perdido en las distintas denuncias que el actual mandatario nacional, ha presentado sobre los centenares de intentos magnicidas. Los pinchazos y grabaciones telefónicas se han desplegado como mecanismos para demostrar las supuestas “conspiraciones” y se ha desarrollado un gran despliegue tecnológico para resguardar la vida del jefe del Estado, incluyendo el uso de CONATEL, CANTV, MOVILNET y servicios satelitales, entre otros. Durante la crisis del Rodeo, los reos seguían siendo puntos fijos, y en ese momento con poca posibilidad y acceso a un móvil, lograron sin embargo, “burlar” todo cerco comunicacional y enviaron mensajes de texto a sus seres queridos y a las redes sociales. Solo falta saber, si también los internos tienen intervenidos los teléfonos de los Ministros. Tanta audacia por parte de estos detenidos, ridiculiza y desnuda el papel del Estado. El Ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami durante los días de la crisis, calificó a los reos de “líderes negativos”, y acusó a los medios de estar al servicio del mal y de prestarse a hacer apología del delito, por difundir las noticias provenientes de los PRANES. ¿Cómo se puede calificar a un gobierno que desde sus más altas esferas atacó a los medios, pero que se contradice en la práctica al asumir públicamente la existencia de estas mafias y se sienta a negociar con ellas, “una salida” a esta crisis? El Gobierno descalificó todas las intermediaciones, buscando centralizar todo el proceso de negociación y ante el resultado alcanzado, no hay otro responsable que el mismo Gobierno. Queda evidenciada ante la opinión pública, que en las mismas entrañas del Gobierno y las instituciones del Estado, están gran parte de los responsables en la penetración de las armas y las drogas, a un mercado seguro: las cárceles. ¿Donde queda entonces, el plan de humanización?

No sólo es el caso de los presos del país y sus familiares, los vecinos del Rodeo, sino que es también la situación de las comunidades Yukpas, el caso del cacique indígena Sabino Romero, quien estuvo 21 meses detenido injustamente, por orden del Ministro que negoció con los PRANES. El Gobierno no puede seguir siendo cómplice de tamaña impunidad e incapacidad, no puede seguir tapando los delitos cometidos contra la población penal del país. Por ello, no debe mantener a Tareck El Aissami, en el ejercicio de su cargo como Ministro de Interior y Justicia. Pero además, esta crisis impone un debate sobre el carácter de toda la administración de justicia penal venezolana y las supuestas medidas implementadas para resolverlas, pues no son suficientes sólo las orquestas, sino que es necesaria una investigación donde participen las organizaciones de derechos humanos, los familiares de los reos, los mismos reos, las universidades, los medios, en fin un examen del sistema carcelario –donde no existe un hueso sano-, que esté abierto al país. Para ello proponemos la integración de una Comisión de la Verdad. Mientras el modelo capitalista respire, se reproduce el origen y al mismo tiempo, el gran negocio que está detrás de la crisis de justicia.

Esperanza Hermida, ex Presidenta de SUONTRAJ – Miembro de C-CURA