Para el debate: Sin tumba ni lápida: los mil desaparecidos de la IV República

José Agustín Petit Colina

Yesenia Chapeta
De José Agustín Petit Colina nunca se publicó un obituario. No hay una lápida que lleve su nombre, una cruz, un trozo de tierra donde llorarlo. No hay cómo recordar la fecha de su muerte, porque no tuvo siquiera eso. A decir verdad, no hay ni cómo llamarlo muerto. Simplemente no está. Desapareció.


Pero no se esfumó, no se extravió. No fue que decidió cambiar de nombre, de residencia, de país, de vida. José Agustín tenía 29 años y hablaba o reía con un vecino, al frente de su casa en el sector Pueblo Nuevo de Barquisimeto, estado Lara, cuando un comando del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) se los llevó a ambos sin que mediaran palabras ni mucho menos una orden de detención.


Al vecino lo soltaron al poco “porque no tenía nada que ver”, y fue él quien dio pistas de lo que pudo haber sucedido luego: a los agentes del SIFA los escuchó preguntarle insistentemente a José por Douglas Bravo, comandante guerrillero y fundador del Partido de la Revolución Venezolana. Eso ocurrió el 28 de marzo de 1967. Y aunque se presume su muerte, hasta la fecha se ignora adónde fue a parar.


“Mi mamá murió de 97 años, y la mitad de su vida la pasó buscando a mi hermano José Agustín”, dice Ana Petit Colina. “Recuerdo que cuando estaba en sus últimos días nos decía, a los hijos: ‘Ay, dios mío, sigan buscando, por favor, no dejen de buscarlo’. Mamá quería a todos sus 12 hijos, también sufrió mucho con la muerte de Amado, asesinado en 1962, pero lo de José Agustín… no te sé decir: eso le consumió la vida”.


La señora Xista, madre de los Petit, emprendió una búsqueda que comenzó en el TO5, el tenebroso Teatro de Operaciones antiguerrilleras asentado en Yumare, estado Yaracuy, y que no ha concluido todavía porque Ana continúa en esa lucha.

“Alguien le dijo a mamá un día, de muy buena fuente, que ‘a esa gente’ la estaban enterrando por el río Aroa (Yaracuy). Nosotros seguimos buscando”, asegura la hermana.

José Agustín no es la única tragedia para los Petit. Nueve personas del grupo familiar fueron asesinadas por causas políticas entre 1962 y 1986. De ellas, dos continúan desaparecidas: también Leonardo Petit Vásquez, un primo detenido en 1967, en Cojedes, corrió esa suerte.

Edmundo Hernández, otro primo, fue asesinado en la masacre de La Victoria (1972). Dilia Rojas cayó, inerme y acribillada, en la masacre de Yumare (1986). Entre ambos dejaron seis hijos. Las circunstancias en las que murieron cada uno los de los Petit son dignas de sendos reportajes.

En realidad, cada historia que narran quienes buscan y buscan los huesos de sus seres amados, merece ser contada. Pero haría falta un libro.

Un crimen de “factura” venezolana

Es un oprobio, no un orgullo: mucho antes de que en Argentina, Uruguay y Chile se institucionalizara la práctica de la desaparición de luchadores democráticos y revolucionarios, en Venezuela se “estrenaba” el método como parte de la cacería de comunistas decretada por Estados Unidos en todo el continente y aun a escala planetaria.

Junto con la tortura y las ejecuciones sumarias, la desaparición forzosa era una de las disciplinas impartidas en la célebre Escuela de las Américas (instituto del Pentágono norteamericano, con sede en Panamá, donde se graduaron más de 60.000 oficiales militares y policiales de América Latina), como recomendación para enfrentar a quienes “distribuyesen propaganda en favor de los grupos extremistas de izquierda o de sus intereses”, “simpatizasen con manifestaciones o huelgas” o hiciesen “acusaciones sobre el fracaso del gobierno en solucionar las necesidades básicas del pueblo”, según lo establecen documentos desclasificados mucho después en Estados Unidos.

El dudoso privilegio de iniciar su práctica le fue conferido al gobierno de Raúl Leoni (1964-1969). Contra ese régimen y su predecesor, el de Rómulo Betancourt, también de AD, insurgían en Venezuela movimientos populares que denunciaban la traición del movimiento cívico-militar que en 1958 había derrocado la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Y no fueron los Petit, ni remotamente, los únicos en sufrirlo.

Los Pasquier

“Mi tío Ramón le seguía los pasos a su hermano Andrés. La gente cree que el comunismo y el socialismo se limitan a una doctrina política, y no es así. Resulta que allí hay muchos principios que coinciden con lo que te enseñaron en tu casa: la unión, la colaboración, la solidaridad, la igualdad”. Aura Pino Pasquier comienza así el relato de esa incógnita que son todavía hoy sus dos tíos desaparecidos, ambos en 1965. Andrés tenía 29 años cuando se lo llevaron. Se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y estaba “fichado” por ser fundador de un partido de izquierda.

Ramón, de 25 años para el momento de su desaparición, era deportista y estaba por graduarse de ingeniero en la UCV. “Ya por eso era sospechoso. Era como una etiqueta: el que estudiaba en la UCV, era de izquierda”, acota Aura.

–¿Hay pistas de dónde pueden estar sus restos?
–Acerca de mi tío Andrés tengo una carta de Efraín Labana Cordero, un sobreviviente del Teatro de Operaciones 3, el de El Tocuyo, donde dice que compartieron prisión unos días. Aparte de eso, he escuchado 50.000 cuentos. Mi abuela (madre de Andrés y Ramón) me contó que en una de esas cárceles que recorrió, un soldado le dijo: “Señora, deje de buscarlo. Si lo encuentra, no lo va a reconocer”. De mi tío Ramón no se supo nada, más nunca.

–¿Por qué está usted en esta lucha? ¿Aún espera encontrarlos?
–La verdad, algunas veces he pensado en rendirme, pero esto hizo sufrir tanto a mi abuela y a mi mamá (hermana de Andrés y Ramón), ¡tanto…! Nunca vi sufrir a nadie como a mi madre por la tragedia de sus dos hermanos. Y ellas, las dos, murieron sin tener nada: ni restos, ni justicia. Ellos no dejaron hijos, y yo siento que si abandono esta lucha, abandonaría la esperanza de mi madre. Pero lo que más me motiva a seguir, es lograr que esto salga en los libros de historia que estudian nuestros niños y bachilleres. Sería una forma de resarcirlos a ellos, a los desaparecidos y asesinados, porque estas miles de historias fueron silenciadas. No es una cuestión de venganza, es justicia.


Soto Rojas

“Yo ya estaba estudiando en la UCV, psicología. Un día, un soldado fue a la Federación de Centros Universitarios a buscarme, nos sentamos en un banquito y me dijo: ‘Mire, no sigan buscando a su hermano, a él lo llevaron para el campamento de San José de Guaribe (Guárico), lo tenían muy torturado, lo subieron a un helicóptero, estaba el teniente Tomás Rojas Grafe. Cuando volvió el helicóptero, ya no venía el detenido’. Y añadió que entonces el piloto no pudo contenerse y protestó: ‘Eso no se hace, cómo se va a tirar a una persona viva de un helicóptero’, y Rojas Grafe y que le contestó: ‘Tú te callas, o te va a pasar lo mismo”.

Fue de esa manera que Pura Soto Rojas escuchó, por primera vez, la versión más conocida sobre la muerte de su hermano, Víctor Soto Rojas, también hermano de Fernando Soto Rojas, actual presidente de la Asamblea Nacional.

Víctor desapareció en 1964, a los 32 años. Era sociólogo egresado de la UCV y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

“Ese método (lanzar gente de los helicópteros) lo usaban mucho en Vietnam. Aquí también lo implementaron. Esa fue una época de terrorismo de Estado. El gobierno estaba consciente de toda esa barbarie, era horrible, eran allanamientos a cada rato, te destrozaban todo. Vivíamos con las garantías suspendidas todo el tiempo, con toques de queda. Con Rómulo Betancourt, eso era todo el tiempo”.


–¿A quiénes allanaban? ¿A los familiares de los guerrilleros?
–¡No! A todo el que fuera de izquierda. No se podía, estaba prohibido: o eras adeco o eras copeyano, y si no, te desaparecían. Fíjate que pasan de miles los fusilados y desaparecidos. Cuántos campesinos no morían en los bombardeos, o porque los acusaban de ayudar a los guerrilleros. Recuerdo a la mamá de Gabriel Puerta Aponte (líder de Bandera Roja), que vivía en el edificio de al lado: a esa señora la allanaban todo el tiempo. Ya murió. Siempre me pregunto cómo se sentiría ella de ver a su hijo ahora, aliado de sus propios verdugos.

Una tragedia – mil tragedias
Si bien cada una de estas tragedias –la de los Petit, la de los Pasquier, la de Soto Rojas– es en sí misma dura y terrible, no bastan ellas para develar en toda su magnitud lo que en décadas pasadas fue una política de Estado.

Todos las desapariciones relatadas aquí ocurrieron durante el gobierno de Raúl Leoni (1964-1969). Pero se produjeron otras antes, y les siguieron muchas después. Sometida esa realidad a la censura y el silencio, por largos años la misma izquierda no tuvo cómo precisar el número de los desaparecidos en Venezuela. Se hablaba de 100, de 200, de 300.

La realidad ha superado todo cálculo del horror. Al adelantar por primera vez una investigación exhaustiva, el Frente de Familiares y Amigos de las Víctimas de Crímenes de Estado en el período 1958-1998 (el de la llamada Cuarta República) ha consolidado un registro que hasta el momento suma algo más de 1.000 personas, con nombre y apellido.

“En realidad son un poco más, creo que podrían llegar a unos 1.200 o 1.300”, aporta el artista Paúl del Río, combatiente de los frentes guerrilleros Simón Bolívar y Ezequiel Zamora en los años 60 y hoy integrante de esta organización de familiares y amigos. “Ahora comenzaremos a saber de muchos casos, cuando se desclasifiquen archivos de los cuerpos policiales, del Sebin (antigua Disip), de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), y hasta del Ministerio del Interior y Justicia”.

El número de personas señalado por Del Río equivale a unos 33 microbuses llenos de pasajeros. Cada uno de ellos con sus dolientes perpetuos, porque la condición de “desaparecido” tiene la terrible particularidad de la incertidumbre, de no saber dónde está y qué sucedió con él o ella, de la ausencia de sepulcros y certificados de defunción. Es una presunción de muerte, pero peor que la muerte misma. Es una herida que no puede ser cerrada.

Multiplicada por mil, la tragedia individual se hace necesariamente colectiva. No es una u otra tumba lo que falta. Es un dolor nacional que, sencillamente, no puede ser enterrado en el olvido.

La ley

Este martes 21 de junio, cuando se conmemoran 45 años del asesinato del periodista y líder guerrillero Fabricio Ojeda, la Asamblea Nacional de Venezuela debatirá en primera discusión un proyecto de ley para sancionar los crímenes de Estado, de índole política, perpetrados durante el período 1958-1998, conocido como de la Cuarta República.

La iniciativa jurídica ya se había presentado a la AN en 2009, pero se pospuso su discusión y ahora se le incorporan nuevos elementos, como la necesaria desclasificación de documentos que reclama el Frente de Familiares y Amigos de las Víctimas.

También prevé la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia, un organismo de investigación que habrían de integrar ocho personas en representación de diversas instituciones del Estado con competencia en el tema y otras nueve del mencionado Frente.


En el proyecto, conocido como “Ley contra el olvido”, no se contempla expresamente la aspiración de muchos familiares que, como Aura Pino Pasquier, piden que este vergonzoso capítulo de la historia del país se vea retratada en los textos escolares, pero se reserva un capítulo a la “memoria histórica”, en el que se prevé promover la divulgación de estos hechos “a través de centros e instituciones públicas y académicas”.

Entre tanto, el Ministerio Público ya adelanta investigaciones. De hecho, el pasado 6 de mayo fue condenado a 13 años de prisión el general retirado Alexis Sánchez Paz por su participación en la masacre de Yumare (1986).

Hablan AD y Copei: “Habrá que asumir”

Frente a la inminencia de un debate que desde la Asamblea Nacional comenzará en breve a levantar polvo en el país, diputados de AD y Copei hablaron sobre la pertinencia de asumir responsabilidades.

Edgar Zambrano, jefe de la fracción de AD en el Parlamento, dijo que su partido no ha discutido si asumirá una disculpa pública ante los familiares de las víctimas, pero aseguró: “Si eso se va a convertir en un escenario propicio para mejorar la cultura política y democrática de los venezolanos y para establecer escenarios que permitan evitar que se repitan esos hechos, pues tiene que ser visto con mucha amplitud, y quienes sean señalados como responsables, pues habrán de asumir responsabilidades”.

Previamente, Zambrano acotó que “esta olla que se destapa” no debe ser usada para “revanchismos y pases de factura, porque contribuiría a la instigación al odio”.

Por parte de Copei, el diputado Miguel Castejón le restó crédito al Frente de Familiares y Amigos como propulsor de la propuesta de ley, y opinó que el proyecto responde a “un planteamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.

Sin embargo, coincidió con Zambrano: “Lo que pudo haber pasado en esos años de gobierno, los años de la democracia, puedo decir personalmente que en su debido momento nuestra organización (Copei) tendrá que sentarse y analizar los hechos para tener una posición bien clara (...). De cualquier manera, cualquier error cometido por cualquier militante o personaje de cualquier gobierno, debe asumirlo con mucha responsabilidad. Estaríamos en la disposición de revisar”.


Estatus legal de la desaparición forzada en Venezuela

El artículo 45 de la Constitución vigente (1999) prohíbe a toda autoridad civil o militar, aun bajo estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. Luego, la disposición transitoria tercera prevé una reforma parcial del Código Penal para incluir la tipificación de este delito.

Esta reforma está pendiente aún, pero entre tanto es válido aplicar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas (1994), a la que Venezuela está suscrita, en caso de que hubiere que procesar causas por dicho crimen de lesa humanidad, contemplado como tal en el estatuto de la Corte Penal Internacional.

Extraido de Laclase.info