Para el debate: Por el Derecho a defender Derechos

Por Mariengracia Chirinos

La criminalización a la labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Venezuela se evidencia como una política de Estado para desprestigiar y deslegitimizar las acciones que realizan las y los activistas en promoción y defensa de las garantías fundamentales en el país.

Ésta ha sido una realidad que se ha venido incrementando en los últimos años -según ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en distintas oportunidades- ha llevado a que diferentes miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de DDHH sean víctimas de campañas de descredito, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y verbales. Estas acciones son impulsadas por funcionarios públicos y representantes de medios oficialistas quienes se han dedicado a emitir opiniones contra el trabajo de denuncia de las y los defensores de DDHH.

El trabajo que realizan las ONG -relacionadas al acompañamiento a las víctimas, a las denuncia sobre violaciones de DDHH ante organismos nacionales e internacionales, la tarea de investigación, realización de exigencias y propuestas que persiguen el pleno cumplimiento de los derechos humanos que le corresponden a los ciudadanos- han sido motivo para que el Gobierno Nacional, desde distintas vocerías, juzgue negativamente la labor en defensa de los Derechos Humanos y deslegitime toda acción de contraloría social que como ciudadanos, según mandato constitucional todas y todos, estamos llamados a realizar.

Para evidencia de ello, en lo últimos días, representantes de varias ONG, en especial Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), han sido blanco de una campaña de criminalización ante las denuncias realizadas por las violaciones de derechos humanos a propósito de los hechos ocurridos, durante el mes de junio, en el centro penitenciario de El Rodeo (Más información detallada, aquí). Vale la pena resaltar que estos exhortos son producto de un largo período de investigaciones y un proceso de seguimiento que, rigurosamente, realizan las organizaciones en defensa de las garantías ciudadanas, cumpliendo las disposiciones de la Constitución Nacional y los lineamientos de los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos.

El trabajo de los activistas se basa en la lucha contra la Impunidad y la consolidación del Estado de Derecho en el país. Las labores de promoción y exigibilidad de las garantías fundamentales persigue la construcción de una sociedad en la que cada persona sea dignificada. Esta condición solo se logra a través del respeto y garantía de los derechos humanos, los cuales son universales, inviolables e intransferibles. Además, no conocen distinción de raza, edad, género, condición social e ideologías políticas.

En este sentido, las organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela han trabajado siempre teniendo como norte la búsqueda de la igualdad y la justicia social; contrario a la matriz que han querido infundir diversas personalidades oficialistas -como el Ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, Tarek El Aissami y otros representantes de medios públicos- que han impulsado una campaña de descredito y hostigamiento contra quienes hacen de la defensa de los DDHH su labor diaria.

Lo que además se desconoce con estas iniciativas, consideradas como política de Estado, es que la protección de la labor de los defensores y defensoras ha sido establecida, por distintos órganos de los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos, como garantías fundamentales que los Estados deben adoptar en cumplimiento de los principios fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.

Las Naciones Unidas a través de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos ha definido como defensores de derechos humanos a los individuos, grupos, instituciones y organizaciones no gubernamentales que cumplen una labor de manera pacífica para la promoción, respeto, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. También se ha establecido que los “Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores y defensoras de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad”, según lo reseña el Informe sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos en Venezuela 1997-2007, que publicó la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.

De igual manera, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, establece en el artículo 132 que es deber de toda persona promover y defender los derechos humanos, lo que obliga al Estado a garantizar las condiciones adecuadas para dar cumplimiento a esta disposición.

En este sentido, no se admite que desde las vocerías de instancias Estatales y desde los medios de comunicación oficiales se promuevan acciones que colocan en riesgo la vida, integridad, honra y reputación de los activistas de derechos humanos, promoviendo así un proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo que desarrollan las organizaciones de derechos humanos en el país.