El Foro por la Vida rechaza categóricamente los ataques recibidos por grupos violentos en las puertas del Ministerio Público.

Hoy, martes 31 de mayo de 2011, un grupo de representantes de ONG, agrupadas en el Foro por la Vida, acompañamos a la Sra. Elena Brito y Angela Brito, esposa e hija del Sr. Franklin Brito, al Ministerio Público, con el propósito de consignar un documento que exige una investigación de los hechos que desencadenaron la muerte de Franklin Brito, cuando se encontraba privado de su libertad y recluido forzadamente en el Hospital Militar.

Luego de la comparecencia de la familia Brito y de su abogado, el Dr. Alberto Arteaga Sánchez, ante los medios de comunicación social, un grupo de personas identificadas con el oficialismo se concentraban en las puertas de la Fiscalía para exigir justicia en los casos de desapariciones ocurridas en las décadas de los 60´s, 70´s, 80´s y 90’s en el país.

Mientras el abogado de la Familia Brito declaraba a los medios de comunicación, algunas de estas personas interrumpieron sus palabras para acusar de “asesinos” a la familia Brito y al grupo que los acompañaba, mientras rodeaban a los declarantes. Estas personas comenzaron a asumir características violentas, aupados por camarógrafos y fotógrafos de medios oficiales e intentando agredir físicamente a la familia Brito, rodeando y golpeando el taxi en el que intentaban retirarse del sitio. Una grabación de video captó cuando uno de los agresores amenazó de muerte a los representantes de ONG´s afirmando que la próxima vez volverían armados “para hacerse respetar”. Estos hechos ocurrieron bajo la tolerancia e indiferencia de los funcionarios del Ministerio Público y la Guardia Nacional quienes, en el momento de la agresión, cerraron sus puertas.

Estos hechos se inscriben en un creciente contexto de intolerancia y violencia que

pretenden inhibir la protesta pacífica y las muestras legítimas de exigibilidad de derechos, propias de un estado democrático, dentro de una estrategia de criminalización de la protesta que pretende deshumanizar a quienes exigen el disfrute de los derechos como forma de legitimar posibles agresiones. Asimismo, coinciden con el uso de presuntas organizaciones sindicales en el estado Guayana contra defensores de derechos laborales, lo cual puede sugerir una nueva modalidad de violación del derecho a la manifestación pacífica.

Los defensores de derechos humanos, históricamente, hemos estado al lado de las víctimas y en la lucha por la reivindicación de los derechos que defendemos y no declinaremos en estos propósitos, a pesar de que el Estado desarrolle una campaña de hostigamiento y amedrentamiento para intentar acallar nuestras voces.

Por todo lo anterior:

1. Condenamos la violencia y las manifestaciones de intolerancia e intimidación en contra de víctimas de violación de derechos humanos, abogados y defensores de derechos humanos.

2. Exigimos al Ministerio Público a que investigue estos hechos y todos aquellos que de manera recurrente han sido puestos bajo su conocimiento, donde se han denunciado ataques y amenazas en contra de defensores de derechos humanos que permanecen en absoluta impunidad.

3. Exhortamos, una vez más, al Estado Venezolano a que abra un diálogo constructivo con las organizaciones no-gubernamentales para analizar el fondo de los temas que preocupan en materia de derechos humanos y se puedan tomar los correctivos pertinentes.

4. Exigimos al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo su pronunciamiento acerca del derecho de acceso a los órganos de administración de justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminación por razones políticas.