Chile: Represión reaviva protestas ambientales

Sara Larraìn

Fuentes: Grupo Tribunal de Enlazando Alternativas, Agencia IPS
Extraido de Boletìn Social Watch

El gobierno de Sebastián Piñera retiró las acusaciones por “desórdenes públicos” contra Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable y ex candidata independiente a la Presidencia detenida junto con otros 63 manifestantes por participar el día 9 en Santiago en una protesta contra el proyecto HidroAysén, por el que se instalarían cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia de este país.

En un correo electrónico, Larraín atribuyó la decisión gubernamental al hecho de que “la justicia determinó” que el arresto “por parte de las fuerzas especiales de la policía fue ilegal, dado que el Ministerio del Interior presento acusaciones sin fundamento y no tiene pruebas” contra los detenidos.

La sentencia judicial a la que se refería Larraín determinó, además, “que las fuerzas especiales violaron derechos constitucionales” al ejercer “violencia innecesaria” contra una manifestación pacífica y autorizada “por la intendencia” local.

Larraín y el diputado Sergio Aguilo, que también fue detenido en la misma oportunidad, brindaron testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso legislativo, y luego presentaron una demanda contra el Ministerio del Interior.

Dos semanas después, las protestas contra la represa de HidroAysén se hicieron multitudinarias. Casi 80.000 personas desfilaron el viernes 20 por el centro de Santiago, 50.000 el sábado 21 en Valparaíso y decenas de miles más en 26 ciudades, informó la agencia de noticias IPS. 

La movilización supera todas las cifras de protesta desde que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dio paso a una democracia pactada con los sectores no comunistas de la oposición al régimen militar. 

El arresto de Larraín y los 63 activistas fue objeto de “repulsa e indignación” por parte del Grupo Tribunal de Enlazando Alternativas, una red que reúne a organizaciones de Europa, América Latina y el Caribe que participa del informal Tribunal Permanente de los Pueblos. La ex candidata presidencial chilena integró el Tribunal cuando sesionó en Madrid en 2010.

“Consideramos que la lucha que llevan adelante las compañeras y compañeras chilenos es nuestra lucha y lamentamos profundamente la aprobación, por 11 votos a favor y una abstención, del proyecto HidroAysén, que aportaría 2.750 MW al Sistema Interconectado Central con un costo cercano a los 7.500 millones de dólares y que emitiría, al menos, 3,77 millones de toneladas de dióxido de carbono”, agregaron.

El Tribunal Permanente de los Pueblos recomendó en 2010 "la suspensión de grandes proyectos y megaproyectos como el de Endesa/ENEL en la Patagonia chilena”, los cuales tendrían “impactos negativos enormes sobre la vida de las personas y el medio ambiente, sin contrapartidas significativas para el desarrollo de las comunidades afectadas."

“La construcción de dicho proyecto causaría la inundación de miles de hectáreas con un enorme valor ecológico y natural y afectará a la tercera reserva de agua dulce del mundo y, por ello, al clima global. Los embalses de las centrales hidroeléctricas inundarán una superficie de 6.000 hectáreas, incluidas tierras agrícolas y ganaderas de alto valor turístico, formaciones boscosas y especies endémicas en uno de los últimos ecosistemas prácticamente vírgenes del planeta. El proyecto supondrá destruir de forma irreversible un territorio de gran valor ecológico y natural. Las inundaciones y obras anexas provocarán la extinción de especies y afectarán a la tercera reserva de agua dulce del mundo y al clima global”, agregó la red de organizaciones de la sociedad civil.