Contra la domesticación y la pacificación electoral

Periódico El Libertario

Tras aprobar una Habilitante por un período de 18 meses, así como un paquete legislativo de 24 leyes en apenas 15 días, el gobierno bolivariano rompió con dos de los paradigmas que había promocionado mundialmente como base de su legitimidad: el respeto a la voluntad popular y un proyecto de país, surgido del llamado poder constituyente originario, plasmado en la Carta Magna de 1999. La posibilidad de aprobar leyes de manera unilateral por parte del Ejecutivo, sin el concurso del poder legislativo, socava parte de las funciones de la Asamblea Nacional electa el pasado 26 de septiembre, desconociendo así los resultados de la voluntad popular expresada mediante el voto, fundamento de la democracia representativa. Por otro lado, el paquete legislativo catalizó la tendencia de construcción de un andamiaje jurídico diferente al expresado en la Constitución, que como recordaremos, representaba el programa político del chavismo en los primeros cinco años de su mandato. Lo sucedido el pasado mes de diciembre, atendiendo a la propia lógica bolivariana, ha sido la promoción de un golpe de Estado por parte del propio presidente de la República, quien se ha atribuido facultades que perfectamente pueden adjetivarse como dictatoriales.

Sin embargo este análisis formal es incompleto si no se acompaña de su debida interpretación política. Después de contar con un período, entre los años 2006 y 2008, de control casi total de los espacios de poder en el territorio nacional y un inusitado caudal de ingresos económicos por el alza internacional de los precios del petróleo, el proyecto político bolivariano se enfrentaba al escenario de compartir cuotas de poder con los partidos políticos de oposición. Por otro lado, las consecuencias de la crisis económica impiden desplegar, con el mismo énfasis, los mecanismos clientelares de años atrás. Después de una década de gobierno y una agenda que ha priorizado la oferta ideológica sobre la resolución de los problemas concretos de la gente, la relación cualitativa entre los amplios sectores de apoyo popular y el presidente Chávez se ha transformado. El sustento, que previamente era de una fidelidad incontestable, se ha problematizado hasta niveles que hacen tambalear el caudal de votos que pudieran asegurar una nueva reelección en el año 2012. El descontento ha alcanzado cuotas tales que el año 2010 cerró como uno de los mayores lapsos de conflictividad en el país, registrándose, según el conteo de la ONG en derechos humanos Provea, más de 9 manifestaciones al día. De estas movilizaciones casi el 80% son por reivindicaciones sociales: falta de vivienda, ausencia de servicios básicos y malas condiciones de trabajo, entre las principales. El debilitamiento del control de los espacios políticos, la crisis económica y un aumento irreversible de la conflictividad social han estimulado esta huida hacia delante, en donde los factores ligados al oficialismo intentan aumentar la concentración de poder, ampliar la presencia del Estado en todos los órdenes de la vida cotidiana y disciplinar a la población en el nuevo modelo de gobernabilidad.

Por su parte los factores oposicionistas, nucleados alrededor de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han abandonado la estrategia insurreccional que los caracterizó en años anteriores para hacer énfasis en el parlamentarismo y la recomposición de la representatividad, intentando capitalizar –sin mayor suerte afortunadamente- el creciente descontento con el bolivarianismo. El objetivo de la MUD en el momento actual, al igual que el chavismo, son las elecciones del 2012, intentando reconducir el malestar popular hacia las oficinas de los partidos, estimulando la mitificación del pasado cuartorepublicano, “eramos felices y no lo sabíamos”, y apostando por la reconstrucción del bipartidismo. Cualquier movimiento, tanto del PSUV como de la MUD debe leerse en clave electoral, por lo que si en algo coinciden sus odios mellizales es en la rápida desarticulación de cualquier iniciativa que, desde abajo, pueda sobrepasarlos por la izquierda.

La necesidad de una alternativa

En el aumento de su crisis económica y política el chavismo construye, por decreto, un nuevo Estado en Venezuela, un orden de cosas que sólo será posible con grandes inyecciones de recursos provenientes de la renta petrolera. El Estado “comunal”, al nacer de escritorios burocráticos y no de la gestación de las luchas concretas de la gente, necesitará de montañas de petrodólares que levanten el decorado de las apariencias. Esta es la única manera en que los veteranos de la lucha armada de Tierra de Nadie, incapaces durante su larga estancia universitaria a generar un auténtico movimiento social, puedan hacer realidad sus delirios épicos seudorevolucionarios: desde los aires acondicionados del poder. Mientras los onanistas justifican el peor de los caudillismos con la excusa del “proceso”, militares y empresarios manejan los hilos del poder real en el país, hipotecando el territorio a los diferentes flujos de dinero que permitan el continuismo que extienda lo más posible su tiempo para hacer negocios. No hay que llamarse a engaños: La ficción del socialismo del Siglo XXI sólo será posible aceitando los engranajes del capitalismo y la usura internacional, nada más y nada menos que el mercado especulativo petrolero global conducido por empresas trasnacionales.

El movimiento popular venezolano demostró con el “Caracazo” su capacidad de resistencia a las medidas de ajuste impuesta por los factores de poder internacionales. Es por ello que el bolivarianismo representa el modelo de gobernabilidad que, desmovilizando a las diferentes organizaciones sociales, institucionaliza sus discursos y exigencias para vaciarlas de contenido, desgastándolas en falsos enfrentamientos y distrayéndolas de los reales problemas estructurales de las mayorías.

Algunos y algunas dilatan la perentoria necesidad de derrotar, mediante la movilización y autoorganización popular, el modelo de opresión en construcción representado por el bolivarianismo con el falso chantaje de la amenaza de la “ultraderecha”. Si con ese adjetivo queremos denotar al sector conservador y oligárquico del país, nuestra respuesta es que no volverán porque sencillamente nunca se han ido. No hay que dejarse confundir con los performance del zurdo de Sabaneta contra un sector capitalista en declive en el país, ese cuya base de enriquecimiento lo constituyó la producción de bienes y servicios durante el siglo XXI, como por ejemplo la clase ganadera del Sur del Lago –en un país que importa cada vez más leche y carne-. El capitalismo en ascenso de hoy, ligado a los sectores de telecomunicaciones, banca, finanzas y, para el caso de nuestro país, a la exportación de energía, ha florecido en los últimos diez años y financia la paz social que sólo el chavismo puede proporcionar.

Depositar las esperanzas en las urnas electorales o en el parlamentarismo es un error. La salida está en la paciente pero testaruda creación de un espacio de encuentro, diálogo y cooperación sin mando, desde abajo, entre todos los marginados y marginadas. Es por ello que, como anarquistas, trabajamos en la reconstrucción de la autonomía beligerante de los movimientos sociales y en la recuperación de los lazos horizontales de los diferentes sectores en lucha. Caminaremos junto a quienes, aprendiendo de las lecciones del pasado y de las decepciones del presente, trabajan por la edificación de una alternativa radicalmente enfrentada a la pugna interburguesa actual, representada por la Mesa de la Unidad Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí no existen atajos ni resultados mágicos a corto plazo, pero creemos que es la única manera de asumir la necesidad de cambiar el modelo civilizatorio que hasta ahora nos ha condenado a la abulia y la miseria.