En esta columna escrita por el periodista Manuel Isidro Molina en el año 2006, se describe pormenorizadamente la actuación del Mayor Carlés en la represión contra el pueblo el 27 de Febrero de 1989 y su muerte en estos operativos. La historigrafía bolivariana ha tergiversado este capítulo.
El Caracazo
Manuel Isidro Molina
El Caracazo de Román Chalbaud, resultó una película panfletaria y ajena a la verdad histórica. Lo lamento mucho por la trayectoria cinematográfica del afamado director y dramaturgo venezolano, a quien admiro.
El sesgo pro-chavista y la exculpación militarista le quita fuerza a la producción cinematográfica; y la adulteración de hechos históricos importantes la empobrece. Salí de la sala de cine, indignado, porque no hay derecho a tal grado de manipulación.
Tal vez en el exterior, pueda ser recibida la cinta de Chalbaud con indulgencia, dado el desconocimiento de los acontecimientos, relativamente recientes. Ya obtuvo una primera premiación en el XXVII Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Lo que en Venezuela conocemos como el “27 de Febrero” o el “27F” de 1989, fue un acontecimiento popular de protesta en contra de las políticas neoliberales del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, reprimido brutalmente por las fuerzas militares, especialmente la Guardia Nacional y el Ejército; un genocidio impune, hasta hoy, luego de siete años de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Ni los jerarcas del gobierno ni los altos mandos militares de la época, han sido enjuiciados legalmente, aunque el 27F partió en dos la historia contemporánea y sirvió de disparadero a sucesivos acontecimientos políticos que dieron paso al desplazamiento de las fuerzas de poder tradicionales: estremecimiento político inmediato; rebeliones militares en febrero y noviembre de 1992; emergencia de nuevas tendencias políticas nacionales, regionales y municipales; destitución y enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez; elección presidencial de Rafael Caldera para el período 1994-1999; triunfo de Hugo Chávez Frías, en 1998, candidato presidencial del extinguido “Polo Patriótico”; y el proceso constituyente de 1999. Sin embargo, en el fondo ha perdurado el “peso inercial de la cultura de la vieja política”, asociada a la corrupción, la improvisación, la arbitrariedad y el caudillismo, que está dejando muy lejos al tan criticado “presidencialismo” de la democracia venezolana.
REPRESIÓN BRUTAL
Las fuerzas militares venezolanas reprimieron brutalmente a decenas de miles de hombres y mujeres que pasaron de la protesta en contra de los aumentos de pasajes del transporte públicos a saqueos indiscriminados. Ni los jerarcas políticos ni los jerarcas militares que ordenaron la matanza, son suficientemente reflejados en la película. Centenares de muertos y millares de heridos a bala, presos y torturados tuvieron como verdugos materiales a oficiales, suboficiales, soldados y agentes del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana, la Disip y la Dirección de Inteligencia Militar. Los calabozos de la Policía Militar, en Fuerte Tiuna, fueron un centro de violación de derechos humanos. Aunque tales crímenes sigan bañados de impunidad, la verdad histórica está allí, acusadora.
Si bien hubo dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), reacciones contrarias a la represión genocida ordenada por el gobierno de Pérez, institucionalmente las FAN tienen la carga histórica de ese crimen de lesa humanidad. A diferencia de lo que ocurrió en Argentina y está ocurriendo en Chile con el enjuiciamiento criminal del sátrapa, asesino y ladrón Augusto Pinochet, en Venezuela no se mueve una hoja. Tal es el grado de complicidad y encubrimiento, en la Venezuela chavista: ni el gobierno, ni la Asamblea Nacional, ni la Fiscalía, ni la Defensoría del Pueblo, ni el Poder Judicial se atreven a jorungar el enramado de culpables y encubridores del genocidio. Después de casi 16 años, no hay responsable político ni material de ese histórico crimen de lesa humanidad.
LA MUERTE DE ACOSTA CARLES
En la película de Chalbaud resalta el oficial del Ejército “CARLES”, que no es otro que el mayor Felipe “El Catire” Acosta Carlés, destacado en la Academia Militar de Venezuela. El cineasta se acogió a la “historia oficial” del presidente Hugo Chávez y su entorno, quienes por afecto al desaparecido oficial, compañero de juramento del MBR-200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200), han sembrado la especie heroica de que fue liquidado por un francotirador, cuando cumplía una misión de “apaciguamiento” en un barrio de Caracas. Hasta un épico corrío llanero le compuso –y canta- su entrañable amigo Hugo Chávez. Siempre he respetado esos sentimientos de camaradería y dolor, expresiones humanas que valoro. Sin embargo, la historia es muy otra: Aquella semana del 27F, había fuertes disturbios en el barrio “La Antena” del kilómetro cero de la carretera Panamericana, en Coche. Por su reconocido arrojo como oficial comando del Ejército, con pasantías en Centroamérica, Acosta Carlés fue escogido para encabezar una misión represiva en dicho barrio; llegó disparando a diestra y siniestra, reventaba puertas de humildes viviendas (“ranchos”, les decimos en Venezuela) y “peinaba” a balazos la zona, con su grupo de soldados del Ejército.
En su avance a fuego abierto, asaltó un rancho, donde estaba agazapado un malandro (delincuente) con una pistola, quien le disparó varios tiros al oficial, hiriéndolo mortalmente. Las actas forenses deben reposar en el tribunal militar que conoció la causa.
REPRESIÓN MILITAR
La muerte de Acosta Carlés desató una ola represiva militar brutal. La oficialidad del Ejército dio la orden de secuestrar a todos los hombres heridos de bala que eran atendidos en el Hospital de Coche. Llegaron en la madrugada, pasando por encima de las autoridades médicas del centro público de emergencia, sin orden judicial de ningún tipo, cargaron con todos los heridos de bala, sin importarles su estado de salud, y se los llevaron a los calabozos de la Policía Militar, en Fuerte Tiuna.
Tres de esos jóvenes secuestrados del Hospital de Coche, fueron irresponsablemente inculpados como “asesinos del mayor Acosta Carlés”. Uno de ellos, Zarrameda Zárraga (ZZ), vendedor de papas y cebollas en el mercado municipal de Coche, había recibido un balazo de FAL en su talón izquierdo, pero lo mantenían secuestrado en la Policía Militar y sin atención médica apropiada.
-Diputado, se le está pudriendo el pie, me dijo un día, llorosa, su mamá, requiriendo ayuda para salvar la pierna y la vida de su hijo.
Fue a comienzos de marzo de 1999. Yo formaba parte de la Fracción Parlamentaria del MAS, junto con Enrique Ochoa Antich, Víctor Hugo D’Paola, Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff, Luis Manuel Esculpi y muchos otros, amigos con quienes mantuve y mantengo diferencias ideológicas y políticas importantes, sin que ello haya causado mella en la amistad y estima mutua.
“ESE NO SALE VIVO”
Al joven ZZ, me correspondió rescatarlo. Su pie estaba purulento. Requerí a los oficiales de guardia –primero reticentes-, su urgente traslado el “Hospitalito” de Fuerte Tiuna, donde los médicos de guardia se negaron a atenderlo por lo avanzado de la infección de la herida, desatendida durante varios días de secuestro. Exigí, entonces, llevarlo urgentemente al Hospital Central de las FAN, en Artigas, donde fue atendido diligentemente por los traumatólogos de guardia. Sin embargo, cuando llevaba al joven herido en una silla de ruedas a tomarle una radiografía, en el piso 1, venían detrás de nosotros, dos médicos militares, y uno le comentó al otro: -Ese es el asesino del mayor Acosta Carles… Ese no sale vivo de aquí!Alarmado, procedí con cautela hasta que ZZ fuera curado por los médicos y paramédicos. Cuando bajamos a traumatología, le informé al jefe de guardia de lo acontecido en los pasillos, ante lo cual el médico-coronel (si mal no recuerdo ese era su rango militar) reaccionó irrespetuosamente hacia mí, por lo que tuve que gritarle también y hacerle ver que era una denuncia grave en resguardo de la vida de un joven venezolano inocente, de 18 años de edad, a quien no iba a desamparar ni permitir su hospitalización en esas condiciones.
ZZ y sus dos compañeros de infortunio, con la debida asesoría legal, salieron en libertad plena, el mismo día que fueron presentados al tribunal militar que vio la muerte del mayor Acosta Carlés. En ese expediente se puede encontrar parte importante de la verdad verdadera.
“LA PESTE”
En aquel genocidio, murieron más de trescientas personas y resultaron heridas varios millares. “La Peste” es una zona del Cementerio General del Sur, donde cavaron una fosa en la cual los militares enterraron decenas de cadáveres, sin reconocimiento forense ni cualquier otro trámite legal. La matanza fue tan brutal que quisieron esconder los muertos. Allí no se encontraron osamentas, sino cadáveres en estado de putrefacción, hecho en el cual fue reconocido el protagonismo parlamentario de Enrique Ochoa Antich, en nada reflejado en la película de Chalbaud; tampoco, la persistente y valiente gesta de COFAVIC, ONG venezolana que ha logrado ventilar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció indemnización a las víctimas.
El film en cuestión debió ser de rango histórico, con una auténtica carga de protesta y denuncia, sin sesgos partidaristas. Lamento, reitero, que Román Chalbaud lo haya dirigido y producido. Antes de verla tenía la expectativa de encontrarme con un relato valiente, pero salí defraudado.
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