Desde Lara sistematizan y divulgan la reflexión popular sobre la impunidad en el país (II)

Rafael Uzcátegui

En un artículo anterior resaltábamos la especificidad del reciente libro “Impunidad policial en Venezuela 2000-2009” del investigador y miembro del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara Pablo Hernández Parra. En esta oportunidad queremos comentar parte de su contenido.

Hernández comienza su argumentación caracterizando el problema de la violencia en Venezuela con los datos disponibles: “En 1976 se cometieron 1.028 homicidios en todo el país, estos crecieron hasta alcanzar los 4.550 en 1998. En 23 años la tasa de homicidios pasa de un 7,95 % en 1976 a 19,43 % en 1998. Para finales del siglo pasado la violencia social en Venezuela se había convertido en un problema de salud pública al superar la tasa de homicidios el 12%, nivel según el cual, un país o región enfrenta un grave problema de violencia. A partir de 1999 esta tendencia experimenta un salto, los homicidios pasan de 4.550 en 1976 a 16.047 en el 2009 y la tasa aumenta vertiginosamente de un 19,43% a un 56,54%”. El investigador hace en consecuencia dos preguntas claves: “¿Cómo explicar que en 23 años la tasa de homicidios creció en un 250% y en tan solo 10 años esta tasa prácticamente se triplica?, ¿Qué ha ocurrido en diez años para que se disparen de esta manera la violencia y los homicidios en Venezuela, cifra que no tiene comparación con situaciones similares o peores vividas en otros países del continente?

El autor comienza a trazar el mapa de la desprotección en el país haciendo una afirmación gruesa: “El poder del Estado es ante todo tener impunidad”. Citando números oficiales, revela que “en el año 1998 por cada 100 homicidios se detenían a 110 sospechosos o imputados, pero en el año siguiente las detenciones bajaron a 58, en el 2000 descendieron a solo 18 detenciones por cada 100 homicidios cometidos, hasta llegar a la insólita cifra de 9 detenciones por cada 100 homicidios con la que cerró el año 2009”. La conclusión es tajante: “Según estas cifras el grado de impunidad es del 91 %, lo que significa que los asesinos en Venezuela, tienen por cada 100 homicidios el 91% de probabilidades de cometer un “crimen perfecto”, por cuanto ni siquiera serán detenidos y menos juzgados”.

Pablo discute, acompañado de las cifras, la afirmación que reza que el aumento de la violencia se encuentra aparejado a la disminución de funcionarios policiales activos: “En 1990 existían sólo 22 policías uniformadas, las 101 restantes fueron creadas posteriormente. Este incremento fue consecuencia del proceso de descentralización (…)

La tasa policial para Venezuela es de 281 policías cada 100.000 habitantes. No obstante, la tasa asciende a 457 si toma en consideración a los funcionarios de la Guardia Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminológicas y el Cuerpo de Vigilantes de Tránsito Terrestre (…) En 1990 existían 22 cuerpos policiales en el país, que se incrementaron a 95 en el 2003, luego aumentaron a 114 en el 2005, llegando a 123 en el 2008. En ese periodo el número de cuerpos policiales en Venezuela se multiplicó en 5,6 veces”. Ante el incremento de los cuerpos policiales en el país, aparejado con el aumento del número de homicidios, es evidencia suficiente -para el activista- sobre el fallo de la concepción meramente represiva para la disminución de la inseguridad y la violencia. Al contrario, recuerda las propias estadísticas oficiales donde se reconoce la alta cifra de funcionarios vinculados a hechos irregulares, haciendo un cálculo sobrecogedor: de cada mil policías identificados en delitos de violación de derechos humanos sólo uno será detenido e investigado.

Ante lo anterior Hernández rechaza la tesis que pone el énfasis en la política de educar y formar a los cuerpos policiales y militares en valores humanistas como panacea a la inseguridad. Leamos su argumento: “Aunque entre los estados pilotos de estos programas están Anzoátegui, Distrito Capital, Aragua, Zulia, Táchira, entre otros, estas entidades federales siguen encabezando las listas de ejecuciones policiales en el país”.

Mediante cuadros, análisis y reflexiones el miembro del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara sostiene que las políticas aplicadas en materia de inseguridad y la actuación de los funcionarios policiales y militares no sólo han sido cuestionables en los órganos nacionales y regionales del oficialismo, sino también en las gobernaciones y alcaldías identificadas como de “oposición”. Para el activista han sido tristemente ejemplificantes las actuaciones de mandatarios locales como Tarek William Saab, Didalco Bolívar, Eduardo Manuitt y Manuel Rosales.

Reiteramos que la gravedad de la inseguridad ciudadana, la violencia y la impunidad ya no resisten explicaciones banales, superficiales o conspirativas. Las medidas para revertirla surgirán de un análisis riguroso del país que hemos sido y del proyecto de futuro que construiremos entre todos y todas, sin exclusiones. Algunas voces comienzan a sistematizar sus reflexiones, como en este caso un actor social que desde el año 2004 acompaña a las víctimas y denuncia las situaciones en el estado Lara. En la próxima entrega la última parte de los aspectos a resaltar de la investigación “Impunidad Policial en Venezuela: 2000-2009” de Pablo Hernández Parra.