Solidarícese con los indígenas Yukpa defendiendo a los trabajadores de las empresas básicas

Cuando este artículo se escribe, más de 80 yukpas, entre los cuales hay más de 50 niños y niñas, se encuentran desde el miércoles 21 de julio en las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitando la aplicación de la Constitución, tras la introducción de una acción de amparo que, después de cuatro meses, no merece la respuesta del máximo tribunal de justicia del país. Los indígenas solicitan que el TSJ ratifique el artículo 260 de la Carta Magna, que expresa: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos (…)”. La solicitud tiene como motivación el caso que involucra al cacique indígena Sabino Romero, hoy detenido por acusaciones de homicidio.

Como se recordará, diferentes comunidades aborígenes han venido presionando en los últimos años para que se realice la demarcación y entrega de sus tierras tradicionales, una promesa que ha venido repitiéndose en la última década, especialmente en los días previos a eso que desde el poder ejecutivo y en los avisos publicitarios llaman “Día de la Resistencia Indígena”, pero que no ha tenido ningún avance en la realidad. La demagogia provocó que como medida de presión, dos comunidades ocuparan una finca en Chaktapa para exigir celeridad en el proceso. La estrategia gubernamental no fue la negociación sino el desgaste y la división, lo que ocasionó un turbio enfrentamiento entre las propias comunidades que originó muertos y heridos, la detención de Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández y el desmantelamiento de la acción reivindicativa. Desde ese día Sabino ha estado detenido en una instalación militar, violando el debido proceso y originando diferentes humillaciones a sus familiares. Desde ese día las comunidades solicitan que puedan juzgar los hechos según sus tradiciones, como lo dice la Constitución, haciendo diferentes manifestaciones y protestas en el Zulia, sin resultado.

Es así con el apoyo de diferentes manos solidarias las familias, junto con sus hijos, se han movilizado hasta la capital del país con la esperanza de que se les escuche y se les haga justicia. Sin embargo, el TSJ literalmente les ha cerrado las puertas, de ese inmenso muro con el que pueden mantener separado al soberano de la sacrosanta institución. Ninguna autoridad, salvo la policial, los ha ido a visitar en su pernocta, ni siquiera la ministra de los pueblos indígenas, la cual el sábado 24 estaba en un acto protocolar a pocos metros de la acampada. Tampoco la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, ha visitado los indígenas para corroborar personalmente si están siendo vulnerados sus derechos fundamentales.

La beligerancia mantenida por las comunidades originarias de la Sierra del Perijá tiene el mismo origen que las movilizaciones de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Venezuela ha profundizado el rol que le ha sido asignado por la globalización económica: el proveer, de manera segura y confiable, recursos energéticos al mercado mundial. Este modelo de desarrollo, que ha sido edificado en el país durante los últimos 50 años pero que se ha acentuado en la etapa actual del capitalismo, coloca el énfasis en el desarrollo de las minas sobre el desarrollo de las personas. Después de la embestida de la época neoliberal, el Estado se ha redimensionado para promover la competitividad de sus territorios creando condiciones económicas locales favorables mediante el establecimiento de políticas sobre los recursos humanos, naturales o el capital. Si en el Zulia esto significa el desarrollo de obras de infraestructura para la exportación de hidrocarburos o detener la demarcación de tierras ricas en recursos minerales, su equivalente en Guayana es reducir los costos de producción, mediante la flexibilización de las condiciones laborales y la tercerización, manteniendo así la competitividad de los precios del aluminio o el acero venezolano en el mercado global. Como diría mi abuelo, la resistencia indígena y el control obrero son cuentos de camino, mientras el proyecto en marcha es hacer de Venezuela una gran cantera de mineros y mineras disciplinadas en su rol, bajo un gran cartel que dice “Socialismo bolivariano”.

Es por lo anterior que la mejor manera de ser solidarios con la lucha indígena en Perijá es mantener encendida la pelea de los tercerizados de Sidor por sus derechos. Entender nuestro verdadero contexto local, en el concierto internacional, dará las claves para entender que las luchas populares no están signadas por el enfrentamiento mediático polarizado, sino vinculadas por su resistencia a un modelo de desarrollo que pone a la ganancia –y el poder que genera el administrar un bien escaso y codiciado alrededor del orbe- sobre las consideraciones a escala humana y la contaminación del medio ambiente. La reconstrucción de los movimientos sociales autónomos en el país debe pasar, necesariamente, por su vinculación fraterna desde abajo y por la comprensión del proyecto de dominación que los subyuga por igual. Es por ello que para adherirse a las exigencias de Sabino Romero, exija condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas y del país.

Rafael Uzcátegui