Tomás
Gisbert y Maria Jesús Pinto
El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas
en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte
militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El
gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados
Batallones Energéticos, Mineros y Viales.
Las fuerzas armadas colombianas, con 281.400 efectivos son
el segundo ejército más grande de toda Latinoamérica sólo superado por Brasil.
A ellas hay sumar los 159.000 miembros de la Policía Nacional, policía
militarizada que depende orgánicamente del Ministerio de Defensa. En Colombia
hay 6,2 soldados por cada mil habitantes, ratio que casi cuatriplica el de Brasil.
El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas
en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte
militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El
gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados
Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Su crecimiento ha acompañado la
política de atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del
sector para la implementación de la política neoliberal extractivista: la denominada
“locomotora minero-energética”. Si a inicios de 2011 eran 11, en 2014 ya son 21
los batallones minero-energéticos.
Los Batallones Minero-Energéticos están formados por 80.000
efectivos, el 36% del total de efectivos del Ejército de Tierra en el que están
encuadrados, y representan casi un 30% de las fuerzas armadas.
La fuerte militarización de las zonas extractivas no ha
significado una mayor seguridad de las poblaciones afectadas. Censat Agua Viva
y Mining Wacht Canadá advertían de que “las regiones ricas en recursos son la
fuente del 87% de los desplazamientos forzados, 82% de las violaciones a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y 83% de los
asesinatos de líderes sindicales” [1]. La función de estas unidades, contra lo
que pudiera parecer razonable, no es proveer seguridad pública sino asegurar
las inversiones extranjeras y la extracción minero-energética.
Varios de estos batallones están radicados en el interior
mismo de las instalaciones de las empresas o minas, como es el caso del
Batallón Militar 15, localizado desde octubre de 2011 dentro de los campos
petroleros de la multinacional Pacific Rubiales, en Puerto Gaitán, donde la
empresa además les aporta vehículos y combustible. O el Batallón Energético
Vial nº 8 radicado en los terrenos e instalaciones de la minera Frontino Gold
Mines, en el municipio de Segovia, tal como indica la misma página web del
Ministerio de Defensa.
La colaboración entre ejército e inversionistas es fluida.
Como indica el director de operaciones del Ejército, coronel Jorge Arturo
Matamoros Blanco [2] el ejército analiza los proyectos que elaboran las propias
empresas inversoras y los deriva a la división militar correspondiente para su
protección.
Aunque las autoridades militares siempre lo han negado, hay
evidencias de que la protección de las empresas extractivas conlleva la
concertación de “convenios” privados entre empresas extractivas y las Fuerzas
Armadas, en los que las empresas pagarían altas sumas económicas al ejército, a
cambio de seguridad y poder desarrollar sus planes. Estos acuerdos son secretos
pero han trascendido a los medios de comunicación ya sea por investigaciones
periodísticas [3] en o porque directivos de las mismas empresas, sin ningún
pudor así lo han expresado [4].
La comunidades locales afectadas ven con desconfianza el
despliegue militar pues no sienten sus intereses protegidos por la fuerza
pública, sino que por el contrario ésta va asegurar las actividades
extractivas, los intereses de las grandes empresas extractivas, en abierta
contradicción con sus medios de vida tradicionales y el medio ambiente que los
permite.
La presencia del ejército también ha ido acompañada de
graves violaciones a los derechos humanos de esas zonas, de violaciones a las
mujeres, de las ejecuciones extrajudiciales de los opositores y las opositoras
a los proyectos mineros. Uno de los muchos casos denunciados fue en septiembre
de 2006 el asesinato de Alejandro Uribre Chacón, opositor al proyecto de gran
minería de la Kedhada SA en el sur de Bolívar, asesinado por efectivos del
Batallón Antiaéreo nº 2 Nueva Granada y presentado posteriormente como
guerrillero dado de baja en combate, doce días después de que interpusiera una
queja por presuntas persecuciones del ejército por sus denuncias contra la
minera [5].
También es significativo el caso del apoyo del ejército a la
entrada de la empresa Muriel Mining Corporation en el Norte del Chocó, donde
apoyó sus actividades a pesar de un proceso fraudulento de consulta previo, tal
como dictaminó la Corte constitucional [6], restringiendo la movilidad de los
habitantes ancestrales en sus territorios y provocando graves abusos y el
desplazamiento interno contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas [7].
Es evidente pues, que aunque estas unidades militares estén
emplazadas en zonas dónde el conflicto con la insurgencia ha sido más agudo, y
ese es el argumento que ha utilizado el gobierno para su existencia, el
objetivo clave es la defensa de las transnacionales en contra de los derechos
legítimos al territorio de las comunidades indígenas, campesinas y
afrodescendientes, lo que ha provocado fuertes conflictos sociales, masacres y
desplazamientos directamente relacionadas con esta política invasiva, muchas de
ellas realizadas en connivencia de ejército, paramilitarismo y empresas.
Tomás Gisbert, investigador del Centre Delàs de Estudios por
la Paz, y María Jesús Pinto, activista e investigadora en derechos humanos.
Notas
[1] Para mayor información ver “Actores Armados Ilegales y
Sector Extractivo en Colombia” de Frédéric Massé y Johana Camargo,
CITpax-Observatorio Internacional sobre DDR y la Ley de Justicia y Paz. Censat
Agua-Viva y Mining Watch Canadá. “Tierras y conflicto - Extracción de recursos,
derechos humanos y la responsabilidad empresarial: compañías canadienses en
Colombia”. Septiembre de 2009, pág 2.
[2] Col-Prensa-Nuevo Dia, 4 de febrero de 2014
[3] "Oro y
plomo", Semana, 28 de julio de 2009
[4] José Oro, vicepresidente de la Gran Colombia Gold
manifestó en un documental realizado por periodistas franceses sobre la minería
en Colombia: “Tenemos un contrato con la Policía, un contrato con el Ejército,
un contrato con la Alcaldía” Langlois, Roméo y Mariani, Pascale, “Pour tout
l’or de Colombie”, Woow & Canal + Production, 2011
[5] “Por ‘falso positivo’ con líder comunal llaman a juicio
a cuatro militares”, El Espectador, 21 de septiembre de 2010
[6] Sentencia de la
Corte constitucional T-769/09
[7] “Estamos en desplazamiento forzado causado por la
empresa Muriel Mining, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 11 de marzo de
2009
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