Peru: entre el conflictuado modelo neoliberal y la mano dura estatal

 
José Lapa
 
En el Perú, por un lado, la pandemia nos ha mostrado la profunda y extendida exclusión,  desigualdad  social  y precariedades de los servicios públicos sobre los que se ha estructurado y funciona “anormalmente” nuestro marketeado modelo neoliberal peruano; y, por otro lado, en medio de la pandemia, se han  producido  más  conflictos  sociales –y también  políticos– que  muestran  una  vez más  la  dimensión  de  hierro  con  la  que  se hace  defensa  de un  modelo  de  barro  por parte  del  Estado,  desplegando  para  ello  la violencia y la coerción estatal.

Conflictuado modelo economico peruano

Después  del  régimen  autoritario  de  los  90, los    regímenes    “democráticos”de Alan García,    Ollanta    Humala,    Pedro    Pablo Kuzczinky,    Martín    Vizcarra    y    Francisco Sagasti han estado atravesados por crecientes  y  permanentes  conflictos  que han   sido   enfrentados,   en   su   mayoría, autoritariamente   para   dejar   intocado   el “exitosísimo” modelo hegemónico y garantizar  los  intereses  del  capital y  de  las clases mandantes en el Perú. Las   estructuras   estatales   y   el   sistema democrático en los que vivimos han tenido y  tienen  institucionalizadas,  legalizadas  y legitimadas la  violencia  y  la  represión  con las que se enfrenta los conflictos generados que    forman    parte    de    la    arquitectura coercitiva  y  represiva:  Decreto  Legislativo 1186   que   regula   el   uso   de   la   fuerza, Decreto   Legislativo   1095   que   establece reglas de empleo y uso de la fuerza, Decreto Legislativo 31012 que exime de responsabilidad a miembros de  fuerzas del orden   en   el   uso   de   armas   de   manera reglamentaria, Decreto Supremo 106-2017-PCM (Ley de Activos Críticos Nacionales), y otros.

La actuación de la arquitectura coercitiva y los   llamados   a   la   mano dura  de   las   clases mandantes   en   el   Perú,   que   tira   por   la ventana nuestro frágil sistema de derechos humanos,  han  generado  que  “entre  marzo del 2006 y mayo del 2018, han fallecido en el   contexto   de   conflictos   sociales,   279 personas    (244    civiles,    35    policías)    y resultaron heridas 4816 (3212 civiles, 1599 policías,  5  militares).  El  conflicto  social  de Bagua y Utcubamba es el caso en el que se presentó el mayor número de fallecidos, 23 policías y 10 civiles; pero también los casos Conga, Tía María, el ‘Aymarazo’ y Majaz han dejado  en  conjunto  23  muertos”,  según un análisis  de  la  conflictividad  social  de  la Defensoría del Pueblo de agosto y setiembre del 2018.

En  el  2020,  en  medio  de  la  pandemia,  los conflictos   en   los   sectores   dominantes   y privilegiados minero, petrolero y agroexportador     no     han     cesado. Estos conflictos  han  mostrado  una  vez  más  los privilegios  constituidos  durante  los  casi  30 años de hegemonía neoliberal: contrato de inversión que le permite realizar recuperación    anticipada    de    impuestos, convenios de estabilidad jurídica, exoneración     a     las     actividades exploración, obras por impuestos, fondo de adelanto  social  y  otros. Así,  estos  sectores en medio de la pandemia han operado en la “normalidad”,   no   obstante,   los impactos crecientes y acumulativos en ríos, riachuelos, bahías, biodiversidad, las economías locales, criminalización y en más de   5.000   personas   contaminadas por   metales tóxicos  en  diferentes  partes  de  la  geografía nacional.

El 2020, dada la operación en esa normalidad depredadora en medio de la pandemia, los conflictos no se  han  reducido  de  manera  significativa en estos  sectores,  que  llegaron  en  noviembre del  2020  a  198,  de  los  cuales  129  (65.2  %) han    sido    socioambientales,    según    el Reporte    de    conflictos    N°    201    de    la Defensoría del Pueblo.

Por ejemplo, el conflicto en Espinar (Cusco), en  julio  y  agosto,  donde  se  desarrolla  el proyecto  minero Antapaccay,  de  Glencore, tiene  en  sus  bases  viejas  y  nuevas  causas agudizadas  por  la  pandemia,que  generó que    la    población    de    la    provincia    se movilizará  por  casi  30  días,  exigiendo  un bono de 1.000 soles. El 15 de julio se inició el paro indefinido en contra de  la empresa minera  Antapaccay,  la  que  se  oponía  en cumplir    con    la    entrega    de    un    bono solidario. Hubo  tres  heridos  por  bala,  seis por perdigones y 28 agredidos producto de la   represión   y   violenciaq ue   atravesó   el conflicto.   Mientras   que,   en   agosto,   el conflicto  en  el  lote  95,  en  Loreto,  generó tres  fallecidos  y  diez  heridos  por  el  uso desproporcionado de la fuerza policial.

A  los  conflictos  casi  naturales  en  el  sector minero   y   petrolero   se   ha   sumado   el conflicto  en  el  sector  agroexportador,  que ha  tenido  en  su  base  la  movilización  de los asalariados  del  sector  agroexportador en Ica y Trujillo por la explotación salarial–abaratamiento  agudizado  con el aprovechamoento de  la  mano  de obra migrante–, el recorte de los derechos y los     privilegios     tributarios     del     sector agroexportador  por  más  de  20  años.  Allí hubo dos fallecidos y decenas de heridos.

Racismo de Estado y la sociedad en conflictos

En  el  Perú,  incluyendo  el  2020,  tenemos más  de  285  ciudadanos  fallecidos  y  4.816 heridos  en  conflictos.  Sin  embargo,  una mayoría de fallecidos y heridos están en las llamadas “regiones”, es decir, la mayoría de conflictos     se     han     producido     en     la marginalidad   de   la   centralidad   llamada Lima. Cuando  uno  le  quiere poner  rostro  a los fallecidos, la mayoría son ciudadanos de papel en una República aún de  señores,  es decir, indígenas,   originarios,   campesinos, quechuas,   aimaras,   awajún,   agricultores, hijos de agricultores, trabajadores agrícolas y   pobladores,   que   defienden   o   exigen derechos. Ciudadanos que han estado sometidos a la exclusión   y   la   discriminación   estatal. El Estado los    mira    y    los    niega    como históricamente se ha excluido y negado los derechos   o   una   vida   dignaa   los  indígenas,  negros,  mulatos  y  mestizos,  en una    sociedad    dominantemente    racista donde  sus  “elites”  y  privilegiados  en  el poder aún miran a los movilizados como “revoltosos”, “indios”, “radicales”, “rojos”, “terroristas” y “antidesarrollo”. La ciudadanía no  solo  es  una  realidad  aún irrealizable  para  la  mayoría  de peruanos, sino también es una realidad  aún  impensable  para la    mayoría    de    las    clases mandantes   en   el   Perú,   que tienen más  de  virreyes  que  de capitalistas.

Lo   cierto   es   que las   bases   del   "exitoso" modelo   hegemónico,   defendido   por   las clases dominantes y mandantes en el Perú y el Estado, están cubiertas por un manto de violencia, coerción   y   autoritarismo   para garantizar   la   supuesta   base   de   nuestra inventada  prosperidad  económica,  la  que violenta y vulnera derechos humanos. Pero también están   cubiertas   de   un   racismo instituido    en    las   entrañas    de    nuestra sociedad y del Estado que la rige.

[Artículo publicado originalmente en Gallo Negro # 1, Lima, marzo 2021. Se puede solicitar el número completo al e-mail marletrios77@hotmail.com]