Hace pocos días la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) difundió un pronunciamiento al cumplirse 15 años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La coalición que agrupa casi una veintena de iniciativas asociativas recordó el avance que había significado la inclusión de todo un capítulo, enlistado bajo el número 8, referente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. También rememoraron, además, que la principal demanda indígena incluída en la Carta Magna, el derecho a la tierra, no se había cumplido como establecía el texto constitucional. El artículo 119 reconoce los derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan, y la disposición transitoria decimosegunda establecía dos años como plazo para que las mismas fueran demarcadas y entregadas a las comunidades. No solamente los tiempos no se cumplieron, sino que como establece la propia COIAM al día de hoy apenas se ha demarcado y entregado el 12.4% de los territorios.
Las razones para estos resultados son múltiples: Desde el desconocimiento de los funcionarios sobre la especificidad de los derechos de los pueblos originarios; la fragmentación, cooptación e institucionalización de una parte significativa del movimiento indígena hasta una visión que jerarquiza la llamada “seguridad nacional” y la soberanía al cumplimiento efectivo de los derechos. Sin embargo, a nuestro juicio la mayor razón de fondo tiene que ver con el proyecto de desarrollo impulsado por el gobierno nacional, basado en la explotación y exportación de recursos minerales y energéticos, muchos de ellos bajo territorios indígenas. Como se recordará el propio “Plan de la Patria”, actualmente en aplicación, estableció que para el 2019 habríamos duplicado la producción de petróleo y gas en el país. Frente a este objetivo, cualquier iniciativa denominada como “ecosocialismo” es un simple adorno.
Sin embargo la visión de la Venezuela rentista y de la “siembra petrolera” no es solamente patrimonio de los gobiernos bolivarianos recientes. Las propuestas de los voceros de los partidos políticos opositores no se alejan del modelo, sino que lo refuerzan. Un buen ejemplo es el reciente documento “Todo el petróleo para todos los venezolanos” difundido por Leopoldo López, desde prisión. Las ideas allí vertidas fueron suficientemente discutidas hace bastantes años por Arturo Uslar Pietri, Alberto Adriani y Juan Pablo Pérez Alfonso, y con diferentes énfasis han protagonizado la vida de este país en los últimos 100 años.
En el resto del continente el debate sobre las sociedades post-extractivas está suficientemente posicionado, con nociones y reflexiones verdaderamente nuevas de las cuales podríamos aprender para contextualizar a nuestra realidad. Podríamos empezar por revisar lo que ha dicho Eduardo Gudynas, desde el Centro Latinoamericano de Ecología Social, sobre las transiciones a un momento post-petrolero. Aunque nosotros estemos en otra, es una de las discusiones medulares en la región para superar la pobreza mediante un proyecto civilizatorio respetuoso del medio ambiente.
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