Debate: Visión sobre la coyuntura Argentina: contra el ajuste y la represión, lucha y organización de los de abajo

Columna Libertaria Joaquín Penina
Rosario

INTRODUCCIÓN

A la hora de pensar en la historia argentina de los últimos 40 años –y antes también- podemos observar como los ciclos de incremento de la represión fueron precedidos por “propuestas” de ajustes hechos por la clase dominante para garantizar la gobernabilidad política en equilibrio con el “rumbo económico” elegido. De más está decir que cada paso que ha dado el Estado en este sentido ha resultado en detrimento de reivindicaciones y conquistas populares logradas con la lucha. El argumento madre de los sectores de poder, con la clase política a la cabeza, es la apelación constante al bienestar de la nación, al porvenir de la patria y a mantener la paz social (entre clases). Durante la última década sectores de la clase dominante -sin distinción entre Gobierno y “oposición”- no han sido cortoplacista y han tomado nota de los últimos tambaleos institucionales para no caer en los mismos errores. Estos sectores tienen bien en claro hasta donde presionar sin que devenga en un conflicto social de grandes proporciones, algo que por ejemplo ocurrió hace más de una década durante el 2001. Aquella debacle social e institucional, donde los empresarios y la clase política estaban por demás de cuestionados, generó formas de socialbilidad prefigurativas entre los sectores populares. En todo el país llegaron a ensayarse diversas –aunque pequeñas- formas de autogestión que implicaron asambleas barriales como formas de decidir directamente, piquetes como forma alternativa de acción directa y se lograron tomar algunas fábricas y espacios laborales como forma de trabajo sin patrón. Sin embargo, a través de un alineamiento fuerte dentro de la clase dominante para salvar al Estado y al sistema democrático representativo, lograron la recuperación de dicha institucionalidad.

Esto dio como resultado el ascenso al gobierno del Kirchnerismo: una fuerza política que –reivindicándose como nueva- reunió lo más rancio de la política tradicional. Tildada de revolucionaria, la gestión encarada por Nestor Kirchner y un círculo de dirigentes del PJ se instaló y desarrolló mediante alianzas con el duhaldismo, los barones del conurbano bonaerense, los gobernadores feudales y la burocracia sindical y piquetera entre otras fuerzas. El autodenominado modelo Nacional y Popular –en alusión al viejo peronismo- se alineó al bloque regional latinoamericano con los llamados Gobiernos Populares o del Socialismo del Siglo XXI -. Con algunos matices, el Kirchnerismo fue utilizando una retórica nacionalista y de justicia social, al tiempo que fue estableciendo la imagen de país independiente inmerso en un proceso de reindustrialización, redistribución de las riquezas e inclusión social en paz. De este modo, el Gobierno logró captar la adhesión de algunos sectores de clase media, estudiantes, intelectuales, profesionales, artistas, movimientos sociales y grupos de Derechos Humanos, resquebrajando la unidad de las fuerzas sociales del post 2001.   

Sin embargo, con el correr de los años de la gestión K estamos atravesando uno de los peores desgastes de gobierno nacional –desde la disputa con los terratenientes y pooles de siembra por el excedente de las agroganancias en 2008-. La creciente e inocultable inflación y una crisis energética calamitosa que dilapidó las reservas del Banco Central, dejaron al gobierno como artífice de una profundización de medidas políticas de ajuste, lineamientos económicos recesivos, en un contexto de aumento de la conflictividad social y de derechización. A esto se le suma una profundización de la persecución y criminalización de la pobreza y la protesta social, determinadas por la situación de mayor marginación y exclusión que está dejando la coyuntura.

Todos estos signos van marcando sin dudas un agotamiento del modelo de acumulación de poder del  gobierno kirchnerista. Esa así que, después de más de 10 años, el saldo que deja es concluyente: ensanchamiento en la brecha entre ricos y pobres, una importante porción de la población por debajo de la línea de pobreza, proliferación de la violencia social, la delincuencia y las redes de narcotráfico, persecución abierta a luchadoras y luchadores, represión directa y tercerizada provista por estructuras mafiosas ligadas al poder, creciente consenso para la criminalización de la pobreza, teñida además por cuestiones racista y de estigmatización espacial, militarización en las barriadas periféricas de las principales ciudades del país, entre otras cosas.

Esta etapa de ajustes y aumento de la conflictividad social que evoca a un proceso de fin de ciclo, pone al sector de poder kirchnerista en el desafío de frenar la deslegitimación de la clase política sin perder el poder acumulado durante la última década. 

Intentaremos de este modo caracterizar estos últimos años de políticas en detrimento de los de abajo tratando de no caer en el facilismo de categorizar las medidas aplicadas por el “modelo” como simples ajustes neoliberales. Para esto vamos a echar un breve vistazo al contexto internacional y de la región, entender sus implicancias en las políticas locales, comprender la dinámica kirchnerista que permitió adaptar el mantenimiento del status quo en esta nueva etapa neoliberal en su versión extractivista. También, creemos necesario analizar la resistencia al ajuste que se organiza desde abajo en contexto de mayor represión. Para finalmente ahondar en las características que asume la política represiva, no limitándonos solamente a la represión directa sino buscando identificar los diferentes mecanismos de control y disciplinamiento social que se articulan y refuerzan entre sí en esta etapa.

CONTRA EL AJUSTE

Contexto Mundial y Latinoamericano para un Ajuste local

A nivel global hace ya una década que se está experimentando una crisis alimentaria sin precedentes. El aumento de los precios en los alimentos y productos agrícolas fue causado entre otras cosas por ciclos de malas cosechas (que redujeron la reserva de granos), una creciente demanda de biocombustibles y un aumento sostenido en el precio del petróleo y derivados del mismo -lo que devino en aumento en el transporte y productos del agro-.[1] En este punto es importante identificar el plan usurero de las trasnacionales y Estados productores de petróleo y biocombustible a la hora de determinar un aumento en el precio de los mismos. Amparados en el supuesto agotamiento de las reservas de petróleo mundial -algo por demás de polémico- y en el derecho a la propiedad privada resolvieron acopiar la producción y especular con el precio para exprimir la ganancia a cualquier costo social.[2]

Algunas consecuencias de esta crisis fueron grandes hambrunas, mayor empobrecimiento en países ya excluidos del reparto de las riquezas globales e inestabilidad política en algunas regiones. Podemos decir entonces que los “reacomodamientos” en el sistema de dominación llevan consigo la pérdida de vidas humanas de las clases populares como variable de ajuste y una mayor precarización de la vida.

Este contexto de demanda de los mercados internacionales de recursos naturales, bienes comunes y productos agrícolas -conocido como el “boom de las materias primas”- profundizó el proceso extractivista llevado a cabo en el cono sur, donde significativamente el territorio y sus recursos pasaron a ser el elemento de disputa. En este sentido, se puede visualizar una reestructuración en la división internacional del trabajo, en donde Latinoamérica se vio inmersa por voluntad de los sectores dominantes locales y trasnacionales en una re-primarización de sus economías.

Las relaciones de poder que se ponen en juego en este proceso no pueden reducirse a un análisis meramente económico sino que responden a estrategias de distintos proyectos políticos de dominación que se vienen configurando en la región. Podemos inferir que dentro de la clase dominante existen diferentes proyectos en pugna o en coordinación. En este caso el modelo K –al igual que los Gobiernos “Populares” y no tanto de la región-  representa un proyecto político en sí mismo de un sector de la clase dominante que está lejos de querer abandonar el capitalismo e intentar confrontar con un proceso neoliberal extractivista de las trasnacionales. No está en sus planes tocar siquiera la estructura económica y el sistema político vigente, sino ir consolidando los mecanismos  de dominación con alternativas “humanizadas” dentro del capitalismo.

Extractivismo y la continuidad del Neoliberalismo por otros medios

En un intento de construir un relato verosímil, el Kirchnerismo quiso hacer creer a la sociedad que la Argentina viene siendo una excepción en un mundo de ajustes capitalistas y conflictos sociales. Los números muestran que el “intento” por reactivar la industria sólo fue una pantalla para la cadena nacional. En el fondo de la escena estuvieron durante la última década sin distinción de color político el Estado Nacional y los Provinciales flexibilizando las condiciones de explotación desmedida de los suelos y la extracción y expoliación lasciva de cuanto recurso energético y mineral existe en el país, garantizando los bajos costos y la eficiencia en el traslado.

Al mismo tiempo que se viene proclamando que “la patria es el otro” y que Argentina es “un país con buena gente”, cuando hubo que garantizar la depredación de recursos de las multinacionales, se reprimió de forma abierta en La Rioja, Catamarca, Neuquén (Vaca Muerta) y más recientemente en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. A esto se suma la represión y persecución a los pueblos originarios por parte de las provincias avalada y encubierta por el Kirchnerismo.[3] 

Los beneficios que dio la asociación entre empresas extractivistas y gobiernos “populares” fueron múltiples: por un lado, habilitó modos de financiación de la política pública –incluyendo los sueldos y prebendas de la misma clase política- y a la par permitió a los capitales trasnacionales la estabilidad necesaria en la región a bajos costos para la exploración, explotación y exportación de los recursos locales.

Vale puntualizar que en el transcurso de este proceso extractivista no sólo no se han generado nuevos puestos de trabajo sino que además al arruinar suelos y reservas de agua potable obligó a las poblaciones aledañas a migrar a centros urbanos debido al riesgo ambiental que se ha generado a todo el ecosistema del lugar. El cianuro utilizado para la megaminería, los agrotóxicos con los que se rocían los cultivos, por nombrar algunos ejemplos, han generado la contaminación del agua, la muerte de animales y la aparición de numerosas patologías en los humanos.

Re-estatizando la crisis energética

Dentro de este proceso, una de las cuestiones más emblemáticas y determinantes que ha empezado a generar un importante desgaste institucional ha sido la cuestión de los recursos energéticos. Durante los últimos 10 años –toda la gestión K- Repsol se encargó, con la venia del Ministerio de Planificación de Julio De Vido, de distribuir entre sus socios casi la totalidad de la ganancia de la extracción y venta de petróleo y gas del suelo local. En este proceso de reparto de la torta, no solo el beneficio salió del país sino que se “olvidaron” de responder a la creciente demanda local energética. La inversión en exploración y desarrollo de yacimientos fue prácticamente nula de parte del grupo inversor. A raíz de esto la producción de hidrocarburos disminuyó considerablemente y el Estado tuvo que empezar a importar energía de países vecinos. Como dijimos anteriormente el precio internacional de los hidrocarburos –y principalmente el gas y el petróleo- ha estado aumentando de manera considerable, por lo que el Estado argentino empezó a evidenciar una gran pérdida de divisas al entrar en la dinámica de la importación de energía, y como ya sabemos en el sistema capitalista toda pérdida se hace pagar a los de abajo. [4]

El costo de la importación de gas y petróleo en el último tiempo ha revestido una magnitud tal que el Gobierno echó mano a las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), es decir al dinero del pueblo que “ahorra” el Estado para mostrar seriedad frente a banqueros y financieras internacionales. Estos costos que se sumaron a la fuga por el pago de los créditos al Club de París disminuyeron las reservas del BCRA a un poco más de la mitad en los últimos cuatro años.[5] Este proceso fue acrecentando la escasez de dinero circulante y la depreciación o pérdida de valor del peso, por lo que el Estado optó por la  emisión indiscriminada de billetes, generando una inflación creciente.[6] Medidas como el cepo cambiario, el freno a las importaciones o el blanqueo de dólares a cambio de bonos (CEDINES) poco pudieron revertir la tendencia.

En un intento de dar señales de estabilidad al sistema financiero y cumplir con más énfasis las exigencias de los organismos de crédito internacionales[7] el Estado Nacional tuvo que reconocer la crítica situación inflacionaria anunciando, a principios de este año, una devaluación de la moneda.

En medio de esta inestabilidad económica, sectores empresariales para seguir enriqueciéndose acordaron a puertas cerradas con el gobierno aumentos de precios, tal como ocurrió 2 días después de las elecciones del 27 de octubre de 2013 con los supermercadistas.[8] Posteriormente se irían sucediendo hasta hoy ficticios congelamientos de precios, para nada reflejados en la realidad. Y es así como en el primer trimestre del 2014 en el marco de una devaluación y una inflación pronunciada, se van produciendo sucesivos aumentos de precios en combustibles, pasaje de transporte, alimentos, materiales de la construcción y otros bienes y servicios.

Entre los resultados de la re-primarización de la economía local durante la “Década Ganada” podemos mencionar los siguientes casos. Las cinco cerealeras más grandes del país –y la región- (Cargill, AGD, Bunge, Molinos, Vicentín y Dreyfus) concentran más del 75% de las exportaciones de granos. Durante el pasado mes de Abril, en un intento de hacer eco de una reindustrialización –en los hechos vinculada al sector primario-, Cristina inaugura la planta procesadora de soja más grande del mundo en la provincia de Santa Fe, en un claro gesto de cercanía con el grupo Vicentín. A esto se suma la situación general del sistema de producción agrícola local con una dependencia del total de los productos de la trasnacional Monsanto[9].

Otro caso es el de las transnacionales mineras La Lumbrera, la Barrick Gold y la Meridian Gold se han llevado inimaginables cantidades de minerales con simbólicos impuestos del Estado Nacional y los Provinciales y acuerdos abusivos de explotación por largos años.

Por último, se destaca la reestatización a medias de YPF, ya que no sólo el Estado acordó el pago de una indemnización millonaria a Repsol sino que ha entregado mediante acuerdos secretos (regidos por leyes de EEUU)[10] la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en una de las mayores reservas locales como es la de Vaca Muerta.

Cuando los de abajo nos movemos…

Las consecuencias de los procesos desarrollados anteriormente sufridas por los de abajo son diversas. Con respecto al ingreso percibido por los trabajadores formales, no sólo hay un retraso respecto a la inflación, sino que el ya conocido Impuesto a la Ganancia -aplicado al salario- pone un techo al salario de bolsillo y a su poder adquisitivo. De más está decir que la gran mayoría del sector formal del país se encuentra muy por debajo de la Canasta Básica y el Salario Mínimo Vital y Móvil.[11] Además se está viviendo en este período claramente recesivo el fenómeno de la suspensión masiva de trabajadores como antesala de los despidos. Antonio Caló -secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) ligada al Kirchnerismo- llegó a hacer comentarios en su momento, como clara señal de genuflexión de clase, de estar viviendo una etapa para pelear por la estabilidad laboral más que por la recuperación del salario.[12] Como agravante el gobierno Kirchnerista apeló a poner un tope mezquino en las paritarias y a extender el inicio de las mismas para ganarle tiempo a la inflación anual. Sumado a esto, el empresariado y el Estado están recurriendo a la contratación basura y temporal, engordando el sector del empleo precarizado.

Toda esta situación potencia necesariamente un crecimiento significativo del empleo informal y una alta tasa de desocupación no reconocida por el Estado y los empresarios. En este sentido, a más desocupación más exclusión y precarización de la vida. Como hecho representativo de las consecuencias del ajuste por parte del gobierno fue que el pasado 24 de Abril Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete de la Nación, salió a justificar lo injustificable: la no publicación de índices de pobreza en los datos del Ministerio de Economía.[13]

Simultáneamente, y como respuesta, a esta avanzada de los de arriba la respuesta de  sectores  de la clase oprimida comenzó a hacerse más visible y “molesta”. Huelgas y cortes están floreciendo en diferentes puntos del país como estrategia de lucha. 

En este marco, los/as trabajadores/as formales presionaron a las dirigencias sindicales para salir a pelear una recuperación del poder adquisitivo. Esto generó un impacto diverso en las cinco centrales obreras; en la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) de Yasky -la más obsecuente con el kirchnerismo- las bases docentes obligaron a extender un paro de hasta 17 días en la Provincia de Buenos Aires, medida que la dirección K del sindicato se vio obligada a llevar adelante ante la inminente fuga de afiliados a la otra CTA o a la CGT de Moyano fruto de la inmovilidad de la burocracia.[14]

En la CGT oficialista el hecho más resonante fue el plegamiento al paro del 10 de Abril de los gremios del transporte de pasajeros (UTA) y los maquinistas de tren (La Fraternidad), acción clave para la efectividad e impacto de la medida. Así, las conducciones de estos sindicatos hicieron jugar sus intereses sectoriales, además de proteger sus negociados a la hora de parar. En este sentido, por un lado presionaron previamente a las paritarias de fines de Abril para negociar un piso alto de salario. Por el otro, intentaron poner freno a las auditorías sobre los fondos de las Obras Sociales y reclamar las deudas con las cajas de las mismas. Recordemos que las cajas de las Obras Sociales son fondos manejados discrecionalmente por las conducciones sindicales.

La CGT, que conduce Hugo Moyano y la Azul y Blanca –además de planificar un paro dominguero- tuvieron que empezar a discutir paritarias de altos niveles salariales para sus afiliados.

La CTA opositora, bajo la dirigencia de Pablo Micheli, por su parte no pudo solapar la participación de numerosos afiliados en algunos cortes de calle y rutas durante la medida nacional. Algunos sectores combativos del movimiento obrero pudieron aprovechar la medida para radicalizar la protesta en más de 50 piquetes donde se sumaron también sectores vinculados a organizaciones territoriales.[15]

Además del paro general, medidas de fuerza periódicas organizadas de sectores combativos del movimiento obrero –a pesar de falta iniciativa de la dirigencia de las centrales obreras- son un claro termómetro de la situación. Los cortes en la Panamericana y otras rutas de los trabajadores de Kraft, Pepsico, Ford, Volkswagen, Lear, Fate y Donnelley en Buenos Aires, los piquetes de los/as trabajadores/as de las fábricas del cordón industrial de San Lorenzo y Gran Rosario, los paros de las autopartistas de Córdoba, los paros en los ferrocarriles  son algunas de las expresiones de conflictividad social que se están dando desde estos sectores.

Siguiendo esta línea, las organizaciones territoriales de todo el país no sólo continúan nucleando a los sectores más vapuleados por la coyuntura, sino que desde hace meses, y a través de diferentes coordinaciones, vienen llevando a cabo medidas de fuerza para recuperar los ingresos. En concreto el reclamo está ligado al aumento en los planes de cooperativas de trabajo cuyos montos han quedado desfasados alrededor de un 1000% con respecto a la Canasta Básica.[16]

En resumen, las políticas de ajuste por parte del gobierno llevan irremediablemente a la puesta de marcha de acciones de resistencia organizada de las fuerzas sociales de los de abajo. El Estado, por tanto, para garantizar la gobernabilidad en este contexto de creciente conflicto, recurre a diferentes estrategias de control social, entre las que se incluyen la represión y persecución a los que luchamos.

CONTRA LA REPRESIÓN

En la argentina, el gobierno Kirchnerista desde sus comienzo ha recurrido a una retórica que hace eje en los derechos humanos y  la inclusión social, siempre intentando proyectarse como un proceso ruptura, que trata de instalar en el imaginario social la irrupción de una nueva forma de hacer política que se diferencia de forma tajante con la etapa anterior. Hoy después de más de 10 años, el saldo que deja es concluyente: ensanchamiento en la brecha entre ricos y pobres, una importante porción de la población por debajo de la línea de pobreza, proliferación de la violencia social, la delincuencia y las redes de narcotráfico, persecución abierta a luchadoras y luchadores, represión directa y tercerizada provista por estructuras mafiosas ligadas al poder, creciente consenso para la criminalización de la pobreza, teñida además por cuestiones racista y de estigmatización espacial, militarización en las barriadas periféricas de las principales ciudades del país, entre otras cosas.

Este proceso que se viene desarrollando en Argentina, no es exógeno a uno más general latinoamericano, donde los diferentes países han debido recurrir a diversos mecanismos de dominación para garantizar la gobernabilidad neoliberal, que se ve amenazada. Así el acento a la persecución a la protesta social, la propensión al cierre del espacio público en nombre de la seguridad ciudadana, así como la tendencia a la militarización de los territorios y la aprobación de leyes antiterroristas en varios países, están ligadas al análisis que hacen los sectores dominantes respecto de cuáles son sus principales amenazas.

En este sentido, en el año 2003, la OEA (Organización de Estados Americanos) en su Conferencia Especial sobre seguridad[17], desarrollaba bajo el título de Valores compartidos y objetivos comunes, el siguiente punto:

“La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por  amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa: • el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos; • la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados, (…).”

Después  de haber trascurrido más de 10 años desde que estos Estados definieron los nuevos (“no tradicionales”) peligros para su seguridad y su estabilidad, como grandes guías de cómo debe erigirse el control social en pos del desarrollo de los gobiernos, el saldo social de estas políticas es alarmante, tanto en el contexto latinoamericano como el de Argentina.

Actualmente en nuestro país estamos viviendo una etapa marcada por el ajuste y la persecución a la protesta y la pobreza, donde la violencia y la represión como forma de control social se llevan adelante de manera menos camuflada. Sin embargo, de modo subterráneo esto no deja de marcar la continuidad y la profundización de lo que Maristella Svampa identifica como los tres ejes de la gobernabilidad neoliberal, que en tanto mecanismos de dominación, se articulan y refuerzan entre sí. De esta forma, pasaremos a desarrollar cada uno de ellos.[18]

Represión y criminalización de la protesta

Algunos de los más importantes dispositivos de control social sobre la que construye su dominación el Estado son la represión y la criminalización de la protesta. Esto no es nada nuevo, ya Bakunin nos decía  “…porque Estado significa precisamente violencia, la dominación por la violencia, enmascarada, si es posible y, si es preciso, franca y descarada”.[19]

Una gran verdad, hoy aún en el siglo XXI, la cita de Bakunin rebosa de actualidad. El Estado ejerce la represión ya sea por métodos directos- persecución a organizaciones políticas y sociales, criminalización, detenciones, cárcel, censura, montajes policiales, represión sindical, tercerización de la represión, entre otras- o métodos más sutiles, como puede ser la represión indirecta que se da en la construcción del imperativo de un pensamiento único a través de la manipulación informativa y cultural, selección la información, la escuela, etc.

En la Argentina, la represión y la criminalización de la protesta han sido algunas de las variables sobre las que se constituyó la política neoliberal. Estas han variado su intensidad y la forma en que fueron implementadas, de acuerdo al nivel de legitimidad que el Estado ha gozado, hablando de los últimos 10 años podemos decir que de forma progresiva han ido cobrando un modo más explícito, paralelamente a que las políticas del gobierno son de mayor ajuste y la conflictividad social crece.

La forma en que se instrumenta este proceso de creciente represión y criminalización de la protesta podemos dividirlo, para un mejor análisis de la siguiente manera:

- Asesinatos de militantes con motivo de la represión policial a la protesta social: El número de asesinados con motivo de la protesta  social en defensa de derechos y del avasallamiento de las poblaciones originarias es de al menos 32 personas desde 2003 hasta la actualidad.[20]  

- Avance sostenido del proceso de judicialización de los conflictos, ampliación y endurecimiento de las figuras penales: se registra en número cada vez más alarmante de encausamientos y persecuciones judiciales a militantes  populares, que ha incluido desde las organizaciones de desocupados, sindicatos, comunidades originarias, organizaciones de derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas, partidos políticos, organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.

Un caso paradigmático de esto es el de los compañeros petroleros de Las Heras, provincia de Santa Cruz, quienes fueron condenados a la cárcel falsamente acusados de haber matado a un policía en el marco de una movilización de trabajadores y desocupados en 2006. De los acusados, tres fueron condenados a cadena perpetua a pesar de que los testigos sufrieron brutales torturas para declarar en contra de los mismos. Sumado a lo anterior es aún más significativo el hecho de que la presidenta habló del tema en una conferencia de prensa, con tono criminalizante acerca de los petroleros y cultivando aún más un clima de persecución a los que luchan.

En nuestra ciudad tampoco no nos es difícil encontrar ejemplos de compañeros encausados por razones políticas, es el caso por ejemplo de Carlos Ghioldi, quien junto con Eduardo Delmonte de la Corriente Clasista y Combativa (CCC)[21], fueron falazmente acusados de un homicidio en el marco de un conflicto sindical.

En cuanto a la ampliación y el endurecimiento de las figuras penales, una situación emblemático es la Ley Antiterrorista de 2011, que viene a ampliar a las anteriores de 2003 y 2009, también obra del gobierno kirchnerista. Las leyes antiterroristas, está y las anteriores, son herramientas destinadas a disciplinar a sectores y organizaciones que combaten el sistema. Lejos de ser una novedad son una actualización del esquema represivo del Estado que responde a los intereses capitalistas[22]. Esta ley, que duplica las penas de cualquier delito cuando la intención del autor sea “aterrorizar a la población y obligar a las autoridades nacionales, o extranjeras, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse a hacerlo”, muestra la intención del Estado, en un contexto de ajuste o mayor movilización, de  resguardar sus privilegios, dotando al aparato estatal de mejores y más eficaces herramientas para criminalizar a la protesta social y perseguir a los luchadores (o a cualquier opositor que ponga en riesgo su proyecto político de dominación).

En sintonía con lo anterior, también nos encontramos con el proyecto de ley de regulación de la protesta social, “anti-piquete”, que fue en un principio fogueado por el gobierno, para finalmente desligarse cuando sus aliados políticos se manifestaron en contra. Dejando, convenientemente, la posibilidad a que este proyecto de ley pueda ser impulsado por otros armados políticos burgueses y abriendo el debate en los medios masivos de la posibilidad del no-piquete y de regulación estatal de las protestas, herramienta de lucha generalizada en la Argentina.

-Represión creciente en caso de reclamos sociales: en el marco de la aplicación de un nuevo plan de ajuste socioeconómico, como ya advertimos antes, las medidas represivas se multiplican. El otrora discurso del gobierno en contra de la represión a las luchas sociales y los fantasmas de la dictadura y el 2001, hoy se ve opacado por uno mucho más duro que busca acomodarse a la derechización de la opinión pública y los medios masivos de comunicación. Esto no hace más que poner en evidencia la demagogia y oportunismo de la estrategia comunicativa del gobierno, ya que la no confrontación abierta generalizada (en Capital Federal y conurbano bonaerense donde el costo político es mayor) encubría el alto nivel represivo que ya se vivía en las demás provincias. Allí la intervención militarizada, con Gendarmería o Prefectura, actuaba (y actúa) reprimiendo en las luchas populares. Otra modalidad represiva es la tercerización de la misma con patotas, que se constituyen como grupos de choque para-estatales para intervenir en conflictos que por su magnitud, apoyo popular o perseverancia necesitan resolver con urgencia. Dentro de estas patotas podemos encontrar: grupos integrados por organizaciones afines al gobierno, personal de agencias privadas de seguridad (fundamentalmente ex policías), patovicas contratados por las patronales, barrabravas e incluso grupos controlados por bandas mafiosas ligadas a los narco-negocios.

Son diversos los ejemplos de represión en los últimos tiempos, algunos de ellos son: el desalojo a los múltiples cortes que se realizaron en la Panamericana de Buenos Aires en el marco de la jornada por la absolución de los petroleros de las Heras; ese 27 de Marzo la gendarmería reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos para evitar que se efectivicen los cortes. El saldo fueron muchos compañeros y compañeras detenidos y  heridos; otra muestra es el nuevo ataque contra el acampe de pobladores en la zona de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, donde la población vienen denunciando por diversos medios que las fumigaciones de sembradíos multiplicaron la emergencia de enfermedades como leucemia y cáncer como consecuencia del contacto con los agro tóxicos. La represión fue llevada adelante por una patota de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), cuando unas ochenta personas llegaron hasta el lugar y agredieron a los asambleístas que hace meses resisten la construcción e instalación de la empresa Monsanto.

A esto se suma la particular y grave situación de las organizaciones que luchan en la provincia de Chaco, a partir de establecimiento de “mano dura” por parte del gobierno provincial a cargo es Juan Carlos Bacileff Ivanoff (antes vice gobernador del actual jefe de gabinete Jorge Capitanich). Dos casos emblemáticos fueron el de la represión brutal a mediados del mes de Febrero de este año en la localidad chaqueña de Pampa de Indio, en el marco de un corte de ruta. Y el del  7 de mayo en la ciudad de Resistencia, donde una movilización de organizaciones sociales, estatales y docentes fue reprimida en pleno centro de la ciudad.

Un párrafo aparte merece la situación por la que atraviesan las comunidades originarias, quienes vienen sufriendo una situación de violencia sistemática a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo la de las comunidades Qom y Wichi en Chaco y Formosa. Que van desde el despojo de sus tierras ancestrales que conlleva a inevitables represiones directas (policías y gendarmes) e indirectas (terratenientes), al montaje de causas, a los hostigamientos continuos, a la privación de sus necesidades básicas, como también a los asesinatos planificados.

- Incremento de la fuerza represiva y espionaje a las organizaciones: el aumento del número de policías y, en general, del presupuesto destinado a su equipamiento y capacitación es una política generalizada en las provincias. Estas medidas esconden atrás de su justificación de “combate a la delincuencia”, el hecho de que incrementan la situación de riesgo para quienes luchamos en la calle. En este sentido, se puede visualizar en estos últimos meses un incremento de las fuerzas de seguridad en las protestas; superando en muchos casos el número de manifestantes. Esta estrategia de saturación policial y acorralamiento de la protesta para encauzarla según su conveniencia, es una nueva modalidad que intenta amedrentar, provocar y preparar el terreno para una represión abierta.

Asimismo, las acciones de inteligencias para con las organizaciones en lucha están a la orden del día, y son llevadas a cabo por distintas fuerzas represivas. En este sentido, un caso de relevancia es la implementación del llamado Proyecto X, mediante el cual la Gendarmería Nacional espió e investigó desde el año 2002 a militantes y organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, entre otras.  Además se agrega  la infiltración de personal  de la Policía Federal en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh y en más de mil organizaciones.

Criminalización y estigmatización de la pobreza

Siguiendo a Maristella Svampa[23] el contexto de desigualdad y fragmentación social que ha ido generándose y profundizándose desde hace más de 30 años, dio paso a nuevas representaciones sociales gestadas en función del miedo al otro, dando lugar a un espiral de violencia social signada por la discriminación hacia la gente de los barrios populares, principalmente a los jóvenes, por un aumento de actos de violencia urbana y de delitos, y por la movilización de los servicios policiales que intensifican la vigilancia de “zonas y sectores de las poblaciones peligrosas”. Así, hoy en día, todo excluido o pobre es considerado un delincuente potencial.

 Michel Foucault[24] afirma que la delincuencia tiene una cierta utilidad económico-política en las sociedades actuales ya que cuantos más delincuentes existan, más crímenes existirán; cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control.

El aumento de la vigilancia policial en los barrios, y en general de un Estado de Seguridad, legitimado por las demandas de mayor seguridad que  las clases medias y sectores de poder expresan constantemente a través de marchas, pujas, escraches a las comisarías, etc.; y en donde, prima fundamentalmente el reclamo de “mano dura”. Un ejemplo emblemático, y que constantemente padecen fundamentalmente los varones pobres cordobeses, es la figura del merodeo del Código de Faltas, una norma que les impide transitar por zonas que les son prohibidas como el centro de la ciudad o zonas residenciales. Bajo esta figura pueden llevarse detenida hasta por cinco días a una persona, si se considera que es un posible delincuente por el sólo hecho de estar en un lugar en el cual no  es admitido por su condición social. Esta situación se vive en mayor o menor medida en todo el país, siendo más visible en las grandes ciudades, en donde las desigualdades de clase también son más evidentes, incluso en el propio paisaje de las mismas.

En suma, la presencia de estas “clases peligrosas” en el centro de las ciudades genera aun más discriminación, atravesada por prejuicios de clase y racistas en las clases medias y sectores de poder.

Este espiral de violencia, cuyo eslabón principal es el paso a un Estado de Seguridad / vigilante, que se expresó claramente en la declaración de la OEA, anteriormente mencionada, pone en el centro de la escena a las fuerzas de seguridad. Estas se presentan como la única solución al problema pero al mismo tiempo son constantemente deslegitimadas, ya que como bien se sabe, están en connivencia con actos delictivos y con el llamado crimen organizado.

El acrecentamiento de estas fuerzas se puede visualizar claramente en nuestro país. Así, luego de siete meses de haber designado a Alejandro Granados (un barón del conurbano caracterizado con un perfil “duro” en cuanto a las políticas represivas) a cargo del nuevo Ministerio de Seguridad provincial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli ha decretado la “emergencia en seguridad” junto con un nuevo plan que consiste en un paquete de medidas poco originales como el aumento de policías (inclusive la reincorporación de policías cesanteados, por “mal cumplimiento” de sus funciones), mayor equipamiento y la construcción de nuevas alcaldías para albergar a más delincuentes. A esto se le suma la polémica resolución que obliga a quienes circulen como acompañantes en una moto a utilizar un chaleco con el número de patente de la misma.

Nuestra ciudad no está exenta. Hace más de una mes el gobierno provincial trajo la Policía Comunitaria a barrio La Flores, una medida en coordinación entre la provincia y el gobierno nacional que no consiste en otra cosa que en llevar más policías que patrullen los barrios “conflictivos”, con un mayor acercamiento a los vecinos que se traduce en una vigilancia más próxima y selectiva. A esto se agrega el desembarco de fuerzas de seguridad federales, en el marco de un acuerdo entre los distintos niveles de gobierno, para trasladar las acciones de saturación, no sólo en las manifestaciones sino en los barrios populares; con la excusa de combatir el narcotráfico.

Todo esto configura un escenario sumamente complejo, en donde tienen lugar explosiones de violencia y situaciones extraordinarias que nos dejan perplejos, incapaces de comprender lo que está sucediendo y que nos desafían a las y los luchadores sociales a la hora de intervenir en esta coyuntura con una estrategia clara. En este sentido, ya nos advertía Priot Kropotkin: “[…] estamos obligados a afirmar que la sociedad, en sí, es responsable de las acciones antisociales cometidas en medio de ella; y que ningún castigo, ninguna cárcel y ningún verdugo puede disminuir el número de tales hechos; solamente puede hacerlo una reorganización de la sociedad misma."

 A modo de ejemplo, se exponen distintos hechos relevantes que se han desarrollado desde diciembre pasado hasta hoy. Por un lado, se encuentran los acuartelamientos policiales, a partir de los cuales ésta intentó expresarse como un actor de poder en sí mismo, corporativo, con reclamos propios. Donde los medios de comunicación trataron de, por un lado, martirizar a los policías “laburantes” y al mismo tiempo, crear un clima de caos y de “desprotección”. A este discurso, se le contrapuso el del gobierno nacional, el cual sacó a relucir, la ya desgastada, hipótesis de desestabilización. Sin embargo, debajo de todo lo que los diarios nos presentaban, existieron otros motivos o estrategias como, por ejemplo, una represalia por la separación de la fuerza a policías acusados de vinculación con el narcotráfico, negociar la impunidad para casos de gatillo fácil, y también, para la represión abierta.

Al mismo tiempo, se sucedieron saqueos en varios lugares del país, hechos que también tuvieron lugar en diciembre de 2012 y que terminaron con el encarcelamiento de las y los compañeros de Bariloche. En este caso, la coincidencia con los acuartelamientos policiales llevan a pensar que la policía ha instigado a los mismos, como estrategia de generar un clima de “caos social” que, lejos de ser resultado de su ausencia en las calles, “fue deliberadamente causado para reforzar la extorsión, y fue aprovechado, también, como “globo de ensayo” para medir la reacción de ciertos sectores de la sociedad”[25]. Sin embargo, para que los saqueos puedan ser promovidos deben existir condiciones sociales que permitan su desarrollo. En este sentido, la pobreza, marginación y el desempleo, la falta de expectativas de los jóvenes, la discriminación sufrida cotidianamente, el consumismo instalado por la sociedad capitalista como casi la única forma de inclusión de las clases excluidas, llevan a que la institución policial, desde siempre vinculada a la delincuencia, pueda operar sobre esta situación en los barrios más humildes.

De esta manera, la violencia ejercida sobre la propiedad privada no toma un carácter político de rebeldía contra este estado de desigualdad, si no que se expresa como una pelea entre pobres (recordemos que los comercios que más saqueados fueron los de los barrios), y en muchos casos, con armas de fuego que llevaron a la muerte de varias personas.

Estos hechos fueron la antesala de los llamados linchamientos que hoy en día se dan en nuestro país, y que llevó al asesinato del joven David Moreira en nuestra ciudad. En estos sucesos, que se desarrollaron en distintos lugares del país[26], encontramos nuevamente a los medios de comunicación mayoritariamente justificando y fogueando estas acciones; transmitiendo y difundiendo los valores de la ideología capitalista y racista que se cuela en toda la sociedad. Estos eventos cobraron tal magnitud que incluso se cometieron “equivocaciones” al confundir a jóvenes pobres con delincuentes, que llevaron a golpizas propinadas por  hordas de personas que de manera fascista e incluso irracional se sienten con el derecho de realizar estos actos.

En definitiva, todos estos acontecimientos tienen que ver con lo que sostiene Maristella Svampa, es decir, el establecimiento de una correlación entre inseguridad, delito y pobreza pone de manifiesto la emergencia de nuevas fronteras políticas y jurídicas y con ello abre las puertas a la posibilidad de que en nombre de la conservación del orden social se instituyan zonas despojadas de derecho, o sea zonas de no derecho, o “estados de excepción” en donde la autoestima y el respeto colectivo no cuentan y donde vuelve a primar una pura lógica de acción policial (llevada a cabo incluso por la población civil) y la violación de los derechos más fundamentales.

Militarización y guerra contra el terrorismo y el narcotráfico

Cuando la dominación, la pobreza y la marginación se hacen intolerables la "guerra contra el terrorismo", promovida por los Estados Unidos y otras potencias (en complicidad con los gobiernos locales), es la versión internacional de una guerra no declarada contra los pobres y luchadores que tiene lugar en todos los países del mundo.

Con esta modalidad, se dio un proceso de militarización de las relaciones sociales, provocando que  lo que antes sólo era guerra entre estados ahora son guerras dentro del territorio. Donde la acción militar, que se nutre del amplio entrenamiento y de la experiencia desarrollada en las dictaduras latinoamericanas, incluye actualmente medidas de contra insurgencia muy diversas, que comprenden el manejo de imaginarios, trabajos de inteligencia, control de las fronteras, la creación de bancos de información de datos personales, la introducción de nuevas funciones en las policías ocupadas de la seguridad interna, entre otras.

La influencia del militarismo sale a la luz en nuestro país. El gobierno kirchnerista portador de una retórica de derechos humanos, designa a César Milani como comandante en Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, un militar conocido por su participación en el Operativo Independencia y acusado de haber participado de forma directa en la tortura y desaparición de soldados en el marco del terrorismo de estado en la última dictadura. Que paradójicamente trata, a través de acciones de asistencia social en acuerdo con emblemáticas organizaciones de derechos humanos[27], lavar la imagen de una institución totalmente deslegitimada por la sociedad.

Sumado a lo anterior el gobierno  anunció la compra de equipamiento militar  nada menos que al Comando Sur de Estados Unidos con la excusa de “combatir al narcotráfico”. También  presentó el sistema SIBIOS (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad) que se trata de un nuevo sistema de identificación biométrica centralizado, con cobertura nacional, que permitirá a los organismos de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policías provinciales) y otros organismos estatales, a cruzar información con datos biométricos (los cuales constituyen una base de datos centralizada que almacena los recursos necesarios para la identificación de una persona, basados en los registros digitalizados de las huellas dactilares , reconocimiento facial, fotografías personales, grupo sanguíneo, grabación de voz  y un largo etcétera; campaña que se realizó con la actualización del documento y pasaporte) y otros datos personales.

Asimismo el gobierno inauguró un  “centro de asistencia y ayuda humanitaria” en Resistencia (provincia de Chaco), que rápidamente las organizaciones populares denunciaron como base de operaciones del Comando Sur, y que por ende, tiene por finalidad establecer bases militares de control estadounidense en la región, desarrollar actividades de contrainsurgencia y transmitir conocimientos a las fuerzas militares locales.

Por otro lado, en la provincia de Santa Fe, el gobernador Antonio Bonfatti y su ministro de seguridad Raúl Lamberto recibieron instrucciones de la DEA (Administración para el Control de Drogas), el FBI  y otras reparticiones estadounidenses para implementar políticas “contra el avance del narcotráfico” en la región. También en febrero y marzo, el propio Sergio Berni (Secretario de Seguridad de la Nación), Daniel Scioli, José Manuel De La Sota y ahora mismo, integrantes del ejecutivo mendocino, hacen el mismo periplo. Van al norte, reciben especialistas de la DEA y anuncian las mismas medidas en todos lados: policía de proximidad, policías municipales, convocatoria a ex policías y pedido al gobierno nacional para que envíen tropas de gendarmería y prefectura a los barrios. Ya no hay discusiones entre la administración nacional y las provinciales, ahora se habla de “coordinación”, “pacificación” y “articulación”.

Como se dijo anteriormente, en Rosario el miércoles 9 de abril  veinte barrios fueron ocupados por casi tres mil efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y las Tropas de Operaciones Especiales de Santa Fe. El objetivo de este mega operativo fue “pacificar” los territorios con la presencia represiva del estado, usando como fachada el secuestro de cocaína y marihuana, el desalojo de los búnkeres y el reclamo de mayor seguridad.

Esta reacción  del gobierno nacional ante la pérdida de legitimidad, fue justificada por el  hartazgo de grandes sectores de la población rosarina con la violencia y la corrupción de la policía provincial, sumado al pedido de un mayor endurecimiento represivo. Un día después, los cronistas de los medios locales repetían los comentarios de los vecinos que ahora expresaban la “sensación de seguridad”.

Y todavía, la mayoría de los búnkeres están allí o cambiaron la modalidad de comercialización, ese mega-negocio que gestionan y montan empresarios, políticos, banqueros, punteros, contadores, abogados, jueces y otros tantos hacen fortunas. Una modalidad que asume el narcotráfico en los barrios y vale la pena destacar es la “cooperación” con redes clientelares, que se articulan en el territorio intentando de manera estratégica dar respuesta asistencialista, por ejemplo en los barrios se suele decir que “siempre que hay un bunker hay tres comedores alrededor”. Exponiendo a los y las jóvenes pobres a una vida efímera vinculada a la delincuencia como única alternativa posible ante un sistema que los excluye de manera sistemática.

Y ahora, la ciudad  esta patrullada por tremendos camiones de las fuerzas de seguridad nacionales y por la noche el ruido de las hélices de los helicópteros, generando más coacción y control a los pobres en las villas, aumentando los casos de gatillo fácil en las calles y tortura en las comisarías. Demostrando cómo  todo  apunta más al control y disciplinamiento social, que a la prevención del delito y el narcotráfico.

SALDOS DE UNA DECADA DE AJUSTE Y REPRESIÓN

"...favorecer las organizaciones populares de todas clases es consecuencia lógica de nuestras ideas fundamentales, y debería por lo tanto formar parte de nuestro programa."

Errico Malatesta - periódico L’Agitazione 1897

Es difícil dimensionar los alcances de la ola de ajustes emprendida desde hace ya varios años por la clase dominante a nivel local. Sin embargo, se evidencia una catastrófica caída del salario frente a los niveles de inflación, una mayor inestabilidad laboral y el aumento de los niveles de empleo informal. Salvo en algunas industrias autopartistas -dependientes de la industria automotriz brasilera- y de ensamble electrónico, la reindustrialización nunca afloró. Muy por el contrario, la realidad no fue otra cosa que el intento de construcción de un discurso hegemónico policlasista de prosperidad en un sistema donde las ganancias son para los ricos y las pérdidas para los de abajo.

Los altos niveles de desocupación y el empleo precario, no solo no son reconocidos por el Estado sino que desde arriba se intenta dibujar los números bajo el manto de la continuidad de la aplicación de políticas focalizadas –propias de los 90- para los sectores que el sistema deja afuera. La inclusión social de la que ha hecho bandera la gestión Kirchnerista durante estos últimos 10 años es contradecida por los altos niveles de marginalidad y exclusión social estructural. La política estatal de control y naturalización de la pobreza -compartida por algunos movimientos sociales y agrupaciones de DDHH- intentaron esconder a una gran capa de la población que no ha podido desarrollar sus capacidades e intereses.

Ante el agotamiento de la modalidad de acumulación del gobierno kirchnerista,  verificadas por la implementación de medidas de ajuste, la clase política buscan la forma de reubicarse en este nuevo escenario, de cara a un próximo año de elecciones con el menor costo político posible. Pero en su ecuación no dejan de lado la necesaria utilización de las fuerzas represivas en pos de sofocar las resistencias organizadas de los de abajo. Es así, que el aumento y perfeccionamiento de las estrategias de control social expuestas anteriormente, muestra un panorama próximo desafiante en términos de la lucha en las calles y la construcción de organizaciones de base.

Para ir finalizando podemos resaltar brevemente varios aspectos que marcan una continuidad histórica en las luchas sociales de la región. Por un lado  en Argentina -y nos animamos a decir la región latinoamericana- existe una vieja tradición encarnada en el discurso de la clase dominante de que los problemas de los de abajo van a ser resueltos por un caudillo. Cada generación de políticos se auto-atribuyó un papel histórico emancipatorio, en nombre de la nación, la patria y el pueblo en última instancia. El Kirchnerismo no ha sido la excepción. En todos los procesos políticos -cuyos proyectos de sectores de la clase dominante creyeron innovadores- se han implementado una y otra vez concesiones de derechos sociales cuando la fuerza de la acción de los de abajo había generado sismos en las instituciones.

Pero por otro lado también es una tradición en todo el continente la práctica de la resistencia y organización de la clase oprimida ante las diferentes etapas de ajustes y represión de los de arriba. En Argentina si bien las burocracias sindicales y sociales están intentando contener el descontento popular, los sectores anarquistas, anticapitalistas y antisistémicos debemos hacer nuestro propio camino de echar raíces donde no las hay, darle continuidad a la construcción de base y establecer articulaciones como sectores populares para ir avanzando y multiplicar nuestra influencia autogestionaria en la construcción colectiva de una fuerza social. La experiencia del 2001 en Argentina y a nivel más general el proceso de las experiencias de los Estados “Socialistas” del siglo pasado y de los llamados Socialismos del Siglo XXI latinoamericanos, han dejado al descubierto que el sueño de la emancipación social y la construcción cotidiana de prácticas prefigurativas revolucionarias necesitan ser edificadas desde abajo y por fuera del Estado. En ese camino estamos y hacia allí es donde vamos.

Abajo el Estado!

Viva la Anarquía!

[1]          Enginyeria Sense Fronteres Catalunya en: http://catalunya.isf.es/sobirania/Materials/ y Grupo Socialista Libertario “Crisis Alimentaria Mundial: ¡Si no acabamos con el capitalismo, el capitalismo acabará con nosotros!” en: http://webgsl.wordpress.com/2008/07/31/crisisalimentaria/ Visto: Mayo 2014.

[2]          Pueden identificarse como factores asociados de la crisis alimentaria el estilo de vida y consumo de la población en países mas ricos y el shock de especulación financiera (evidenciado en 2008) de parte de los grupos financieros más poderosos del mundo.

[3]              Un caso emblemático es el apoyo de Cristina Kirchner a Gildo Insfran poniéndolo justo atrás  en sus discursos por Cadena Nacional el 4 de Febrero de 2013, al tiempo que masacraban a miembros de la comunidad La Primavera (Formosa).

[4]              Párrafo aparte merece la crisis de energía eléctrica. De la misma manera que con los hidrocarburos, el consumo local ha venido incrementándose significativamente y tampoco las empresas de electricidad llegaron a responder con inversiones a esa demanda. El resultado fue el colapso en pleno verano y una ola de cortes de energía sin precedentes. Inevitablemente sectores afectados se aglutinaron y salieron a hacer piquetes frente a la situación de desentendimiento del Estado y las empresas, como medida efectiva para visibilizar el reclamo.

[5]              Las reservas del BCRA mermaron de 52.100 millones de dólares a 28.000 millones, Alieto Guadagni, "Por que disminuyen las reservas...", Notas de Opinión 02/2014.

[6]           Según consultoras ajenas al gobierno el índice de inflación trepó casi a un 30%. diario La Nación, Martes 14 de enero de 2014.

[7]              Ver Acuerdo de crédito de 1000 millones entre el gobierno y la Golman Sachs, "Llegan refuerzos para las reservas del Central", 30 de Marzo de 2014, Página 12.

[8]              “Moreno autorizó subas de hasta 12% en limpieza, alimentos y bebidas”,  Radio Continental 29 de Octubre de 2013.

[9]              Las únicas semillas aptas para la siembra directa, modificadas genéticamente son vendidas por la trasnacional y solo sirven para una cosecha.  Los agrotóxicos utilizados también son propiedad de  Monsanto.

[10] The New York Times 22/10/2013 en: http://www.nytimes.com/

[11] Si bien según el ente oficialista Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil estipula al mismo en $3600, las mediciones privadas y alternativas como la de la CTA marcan una realidad de alrededor de $9000 el monto del salario. Con respecto al índice de la Canasta Básica llamativamente el Indec dejó de publicar los datos en diciembre de 2013 cuando se había estancado el índice en $1700.

[12]             "...Vamos a tratar de conservar los puestos de trabajo. Lo demás lo podemos pelear, si no hay laburo no hay impuesto a las ganancias, asignaciones familiares ni paritarias...", Diario La Nación, 12 de Diciembre de 2012.

[13]             Según datos alternativos el índice rondaría entre el 25 y el 35 %. http://infobae.com  (1 de Enero de 2014) y http://www.mundoGremial.com (25 de Abril de 2014), según estimaciones del Observatorio Social de la CGT.

[14]             Al final de la medida la dirección resolvió levantar el paro a contramano de las decisiones de asamblea. Pero las bases ya desgastadas por las dos semanas y media de medida no pudieron hacer saltar los fusibles en el sindicato.

[15] Cabe destacar que en los mismos se intentó visibilizar la situación de persecución a los Petroleros de Las Heras y demás luchadores populares.

[16]             Los planes de empleo que perciben los miembros de las organizaciones territoriales oscilan entre $600 y $2000. Según el Observatorio Social de la CGT Azopardo la Canasta Básica Total ascendió solo en diciembre último $6.184,45 (y recordemos que ha habido ya un 10% de inflación en este último trimestre).  Según la especialista Graciela Bevacqua –trabajadora echada del INDEC durante 2007- la Canasta Básica Total ha ascendido a  $ 6.577,89. En Diario Clarín 13/01/14 y en Infobae 18/02/14.

[17] En https://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf

[18] Maristella Svampa. Movimientos sociales y nuevo escenario regional: las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina. Sociohistórica, nº 19-20, 2006. ISSN 1852-1606. http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  Centro de Investigaciones Socio Históricas

[19] Mijaíl Bakunin en “Estatismo y Anarquía”. Año 1873

[20] La nómina de asesinados en este período según Plataforma 2012 es la siguiente: Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy, 2003)-  Sandra Cabrera (2004, Rosario), Martín Cisneros (2004, C.A.B.A) - Esteban Armella (2004, Jujuy)- Carlos Fuentealba (2007, Neuquén) y Lázaro Duarte (2008, Neuquén)- Juan Carlos Erazo ( 2008, Mendoza)- Javier Chocobar (2009, Tucumán)- Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (2010, Bariloche, Río negro)- Facundo Vargas (2010, Mendoza) - Mariano Ferreyra (2010, CABA)- Roberto López y Mario López (2010, Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (2010, Parque Indoamericano, CABA) – Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (2011, Jujuy)- Mártires Lopez (2011, Chaco)- Cristian Ferreyra (2011, Santiago del Estero) – Diego Jáuregui (2011, Avellaneda, Pcia Bs. As)- Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí (2012, Escobar, Pcia Bs. As)- Miguel Galván (2012, Santiago del Estero) – Celestina Jara y su nieta de ocho meses (2012, Formosa)- Imer Flores (2013, Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (2013, Formosa). En http://www.plataforma2012.org.ar/ Sumado a lo anterior, suman 2280 los muertos en manos de la represión policial desde 2003 a 2013, según diario El Mundo. En: www.elmundo.es/america/2013/07/16/argentina/1373973140.html

[21] Actualmente sobreseído, pero con otra causa abierta por el acampe realizado por la CCC en 2013 en la ANSES de Rosario.

[22] También ligada a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) controlados por Estados Unidos. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184047-2011-12-23.html

[23] Maristella Svampa. Movimientos sociales y nuevo escenario regional: las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina. Sociohistórica, nº 19-20, 2006. ISSN 1852-1606. http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  Centro de Investigaciones Socio Históricas

[24] Conferencia proferida en 1976 en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Brasil. Publicado en la revista anarquista 'Barbarie', N4 y 5 en 1981-82, San Salvador de Bahía, Brasil. La traducción del francés al portugués la realizó Ubirajara Reboucas, y la traducción del portu­gués al castellano la hizo Heloisa Primavera y fue publicada en la revista 'Farenheit 450' N1, Bs. As. Diciembre de 1986 (revista publica­da por estudiantes de la carrera de Sociología UBA). http://www.catedras.fsoc.uba.ar/heler/foucault.htm#_ftn1

[25] Declaración de CORREPI frente a  las nuevas asonadas policiales: http://correpi.lahaine.org/?p=1242

[26] Los linchamientos tuvieron lugar en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y hubo intentos en Catamarca y La Rioja.

[27] Ver en http://www.lanacion.com.ar/1672615-el-nuevo-ejercito-tareas-sociales-con-las-madres-y-la-campora-para-mostrarse-en-la-calle

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[26] Conferencia proferida en 1976 en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Brasil. Publicado en la revista anarquista 'Barbarie', N4 y 5 en 1981-82, San Salvador de Bahía, Brasil. La traducción del francés al portugués la realizó Ubirajara Reboucas, y la traducción del portu­gués al castellano la hizo Heloisa Primavera y fue publicada en la revista 'Farenheit 450' N1, Bs. As. Diciembre de 1986 (revista publica­da por estudiantes de la carrera de Sociología UBA). http://www.catedras.fsoc.uba.ar/heler/foucault.htm#_ftn1

[27] Declaración de CORREPI frente a  las nuevas asonadas policiales: http://correpi.lahaine.org/?p=1242

[28] Los linchamientos tuvieron lugar en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y hubo intentos en Catamarca y La Rioja.

[29] Ver en http://www.lanacion.com.ar/1672615-el-nuevo-ejercito-tareas-sociales-con-las-madres-y-la-campora-para-mostrarse-en-la-calle