En los recientes convenios comerciales realizados con transnacionales chinas, el presidente Nicolás Maduro anunció que empresas de ese país profundizarán extractivismo en el país, como por ejemplo la explotación de la mina de oro "Las Cristinas" ubicada en el estado Bolívar. La nota de prensa difundida por Telesur lo resume de la siguiente manera: "La empresa Citic Group también intervendrá en el desarrollo agroindustrial para el país, así como en la inversión petrolera, además de la creación de un mapa minero y la explotación de Las Cristinas, yacimiento minero ubicado en el estado Bolívar (sur)".
Según la misma Telesur "las minas de oro Las Cristinas es el segundo yacimiento aurífero más importante de Latinoamérica (...) Las Cristinas contiene 323 millones de toneladas de mineral, de los cuales los depósitos Conductora y Cuatro Muerto contienen 286 millones de toneladas con una ley de 1,13 gramos por tonelada (g/t)". El yacimiento estuvo operado hasta el año 2010 por transnacionales: las sociedades extranjeras Placer Dome, Canadá, y la multinacional Cristalex. Ese año fue estatizada, con mucha propaganda por parte del gobierno bolivariano, la cual incluso fue difundida por sitios webs internacionales. En ese momento el presidente Chávez afirmó: "Las Cristinas, esa mina es venezolana y la habían entregado a unas transnacionales; anuncio al mundo que la recuperó el gobierno revolucionario, así como la mina Las Brisas, esos recursos minerales son para los venezolanos, no para las transnacionales".
Con el anuncio de Maduro se hace realidad la conformación de una empresa mixta, con mayoría estatal, para la explotación de la mina. Durante el 2008 información oficial difundida por Telesur afirmaba que la Sierra de Imataca, donde se encuentra la mina, era una zona "escasamente habitada por grupos indígenas". Grupos ambientalistas han contrariado esta sentencia, nombrando las etnias que serán afectadas por la explotación: "-Es- una región habitada ancestralmente por las etnias Warao hacia el Norte, Kariña en la parte media, Pemón y Akawaio hacia el Sur".
Con esta decisión Nicolás Maduro continúa los planes extractivos iniciados a mediados de los 90´s por Rafael Caldera, durante su segundo período presidencial. Como se recordará en mayo de 1997 su Consejo de Ministros retiró la figura de "reserva forestal" a este pulmón vegetal de 3.700.000 hectáreas para aprobar un plan de "ordenamiento y uso" que permitía la explotación maderera, mineral y aurífera en Imataca. Esta iniciativa, en su momento, genero una amplia resistencia de organizaciones indígenas y ambientales del país que se movilizaron en todo el país en rechazo al plan. Sin embargo, hoy estas organizaciones se encuentras cooptadas y divididas, por lo que el Ejecutivo cuenta con amplias facultades para realizar hoy las políticas que ayer encontraban resistencias en la sociedad. En 1997 la CONIVE y la Federación Indígena de Bolívar rechazaron la apertura de minas en la Reserva Forestal de Imataca en estos términos: "Mientras la inmensa mayoría de la población tiene que seguir sufriendo los estragos de la política económica por la alarmante alza de la tasa de inflación, el gobierno actual representado por Rafael Caldera negocia territorios estratégicos con transnacionales extranjeras, donde están asentadas comunidades indígenas", palabras que hoy recobran toda su validez. En 1997 el Informe Anual de Provea sobre derechos ambientales expresaba: "La cesión de terrenos bajo ocupación tradicional indígena para uso minero podría significar igualmente el inicio de un proceso de expropiaciones, desalojos y usurpación de tierras que, de acuerdo a tendencias señaladas, suponen igualmente atropellos y hostigamiento".
Beatriz Sánchez Pirela, del grupo Ecológico Eco XXI, a propósito de la explotación minera en Imataca, declaró en un foro realizado hace algunos años en el Celarg: "La fragilidad ecológica que caracteriza a Imataca está científicamente comprobada, siendo esto un indicador del peligro que correría, puesto que sus bosques desaparecerían al no resistir la intensidad de explotación forestal y minera, debido a su alta fragilidad ecológica, sumándose a esto la baja capacidad de regeneración, una vez sometida a intervención. Al respecto, es preocupante los planes desarrollistas que pesan sobre esta región, rica por sus recursos, lo cual sería un atentado a la vida de los seres que la pueblan. (...) La Sierra de Imataca sería la historia de una muerte anunciada, por cuanto hay estudios científicos que constatan la realidad ecológica de la mencionada región. Véase el informe del Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y el Ministerio del ambiente y de los Recursos Renovables (Diciembre 2002). Allí se advierte que los bosques tropicales están desapareciendo, por lo cual no se deben exceder en la extracción de los recursos, en tanto la renovación natural del bosque es muy lenta. A esto se suma los impactos sobre el suelo, la hidrografía, el microclima, la vegetación, la fauna, la diversidad biológica y sobre todo las consecuencias inmediatas que pesa sobre las comunidades".
La decisión de Maduro se hace a espaldas de los pueblos indígenas que habitan en la Sierra de Imataca pues no han sido consultados sobre el proyecto ni han conocido los estudios de impacto ambiental que por ley deberían realizarse.
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