Según ha trascendido por los medios de comunicación un joven de 20 años, estudiante de 3º año de Derecho de la Universidad de Carabobo (UC), perdió la vida luego de recibir un disparo en el cuello, efectuado por efectivos del ejército, pertenecientes al Plan Patria Segura, que iban a bordo de un vehículo militar. El muchacho fue identificado como Anderson Jesús Olivero Rojas, y el hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la madrugada de este jueves08 de agosto, en la avenida 94, del barrio Romancero, en la parroquia Santa Rosa, del municipio Valencia.
Según informaron medios regionales Coromoto Rojas, madre de Anderson, relató que su hijo se encontraba festejando su cumpleaños número 20 y alrededor de la medianoche, salió en el carro Ford Fiesta, color azul, de su hermano, para llevar a su novia hasta su casa, en compañía de un amigo y la novia de este. Comentó que, luego de haberla dejado en su residencia y venían de regresó por la mencionada avenida, efectivos militares ordenaron que detuvieran la marcha del vehículo y sin dar oportunidad de que se detuvieran, presuntamente dispararon en reiteradas oportunidades. Asimismo, indicó que luego de lo sucedido la muchacha que estaba con ellos en el vehículo, corrió hasta el carro militar para detener la huida de los funcionarios, logrando montarse en el mismo. En medio de toda la situación llegaron efectivos de la Policía de Carabobo y lograron la retención de los militares involucrados en el caso, para las investigaciones correspondientes. "Dicen que lanzan a los militares a la calle para que protejan a uno y lo que salen es a matar a las personas. Si querían detenerlos le hubiesen disparado a los cauchos, pero no al carro directamente", dijo.
De manera extraoficial, se conoció que por el hecho hay más de dos personas funcionarios detenidos, los cuales se encuentran en el Comando Regional Nº 2, mientras el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), hace las pesquisas correspondientes para determinar cuál de los efectivos que iban a bordo del carro militar, efectuó el disparo que acabó con la vida del joven. La madre de Anderson expresó que a su hijo nunca le había gustado festejar su cumpleaños, pero en esta oportunidad pidió que le comprara una torta de piña, que no era muy dulce, para que compartieran entre familiares y amigos. Señaló, que era un muchacho sano, estudioso y trabajador que no le gustaba estar en fiestas, porque decía que había muchos jóvenes entre 15 y 20 años que eran asesinados por muchas razones. Era el 2 de tres hermanos, trabajaba de día en un negocio de venta de repuestos y estudiaba la carrera Derecho, en horas de la noche en la UC. Su padre es paramédico de Protección Civil.
Se informó que el Ministerio Público, en la audiencia de presentación a cargo de las fiscales 62º y 28º, Ana Navarro y Karoli Montero; nacional y regional, respectivamente, procedió a la imputación de los sargentos Erick González González, Carlos Benítez Garay, Edgar Páez Torres, Wilmer Jiménez, Anderson Brett Ruiz y Fernando Álvarez Bello. Sin embargo, vale la pena preguntarse si pasado el tiempo este caso engrosará los altos índices de impunidad existentes en el país.
Según diversas declaraciones de voceros gubernamentales estos incidentes formarían parte de "hechos aislados", mientras que ONG´s en derechos humanos han rechazado el Plan Patria Segura (que significa militarizar las labores de seguridad ciudadana) por ser contrario a la Constitución, la cual establecería que los "organos de seguridad ciudadana son de naturaleza civil.
Estas muertes no son hechos aislados, sino consecuencia de la militarización de la vida cotidiana de los venezolanos. En un comunicado reciente de El Libertario se expresó que: Los hechos recientes reiteran, una vez más, que ningún cuerpo represivo es “revolucionario” y que los militares están preparados, física y psicológicamente para la guerra y no para la paz. Varias personas han sido asesinadas por los militares cuando estos realizaban labores de patrullaje ciudadano, como fue el caso de Luimener Pacheco y su hija de 12 años, en Coro, y de Ewin Rivera, en La Bombilla en Petare. En sitios como Cabruta y Orope los desmanes de los uniformados han generado la respuesta popular de rechazo, tras constatar las torturas contra Alexis Tarazona y Renny Suárez que les provocaron la muerte. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que 301 casos de violaciones al derecho a la vida ocurrieron entre 1997 y 2011, cuyos victimarios pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".
Reiteramos que ante la situación la única reivindicación revolucionaria es luchar por la desmilitarización del territorio, lo cual incluye la derogación de las llamadas “zonas de seguridad” que prohíben la manifestación y huelgas de trabajadores en instituciones y empresas del Estado. Asimismo, la disolución de los cuerpos represivos del Estado, pues su existencia es garantía de torturas y represión para la población civil, la impunidad de su participación en los diferentes delitos en el país y el mantenimiento de las prebendas para la vieja y nueva casta de privilegiados en el país, asegurando la disciplina necesaria para que Venezuela sea una maquila de recursos energéticos para el mercado globalizado. Estas reivindicaciones sólo serán posibles con la movilización e indignación generalizada de la sociedad.
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