Íñigo Narbaiza
El problema de la minería ilegal en el estado Amazonas se ha venido incrementando de manera grotesca en los últimos tiempos, donde la mayor parte de la dirigencia política del Proceso en Amazonas calma su conciencia observando las largas e inhumanas colas de Mercal señalando y sentenciando con su dedito "ahí está el socialismo" mientras se enriquecen a un ritmo pocas veces visto en la historia del país, construyendo una nueva oligarquía mafiosa aliada a la anterior. La realidad de la minería y el contrabando en Amazonas y Bolívar parece tornarse incompatible con ella misma, mucho más extraña que el realismo mágico. En esa realidad conviven colombianos y brasileños con los respectivos "dueños" de minas, con apoyo logístico de los helicópteros de la Guardia Nacional y del ejército que llevan equipos mineros y de alojamiento por partes, prostitutas, celulares satelitales, armas, uniformes para paramilitares, municiones, y desde luego, espacio para retirar oro y otros minerales; helicópteros que deberían estar protegiendo la frontera, los recursos naturales, la salud de los habitantes, o brindando apoyo a las instituciones del estado. Esa realidad comienza a hacerse en nuestros cerebros, desconcertante, casi incomprensible, difícil de creer, cuando a esa convivencia se suman las FARC junto a las Autodefensas de Colombia, el ejército colombiano, oficiales norteamericanos del Plan Colombia los narcos y políticos del gobierno nacional y de la oposición, así como comerciantes de Colombia, Puerto Ayacucho, y de las mismas comunidades indígenas. Situación que inhibe las denuncias más que las amenazas, pues así las denuncias parecen venir de unos locos paranoicos. Denunciar la realidad es casi suicidarse en credibilidad personal, sin embargo, la realidad está ahí, "el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga", las denuncias se hacen cada vez más frecuentes, tanto de individualidades como de organizaciones de la oposición como del gobierno, una de las últimas denuncias viene de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (mayo, 2014) con participación de 13 organizaciones.
El problema de la minería ilegal en el estado Amazonas se ha venido incrementando de manera grotesca en los últimos tiempos, donde la mayor parte de la dirigencia política del Proceso en Amazonas calma su conciencia observando las largas e inhumanas colas de Mercal señalando y sentenciando con su dedito "ahí está el socialismo" mientras se enriquecen a un ritmo pocas veces visto en la historia del país, construyendo una nueva oligarquía mafiosa aliada a la anterior. La realidad de la minería y el contrabando en Amazonas y Bolívar parece tornarse incompatible con ella misma, mucho más extraña que el realismo mágico. En esa realidad conviven colombianos y brasileños con los respectivos "dueños" de minas, con apoyo logístico de los helicópteros de la Guardia Nacional y del ejército que llevan equipos mineros y de alojamiento por partes, prostitutas, celulares satelitales, armas, uniformes para paramilitares, municiones, y desde luego, espacio para retirar oro y otros minerales; helicópteros que deberían estar protegiendo la frontera, los recursos naturales, la salud de los habitantes, o brindando apoyo a las instituciones del estado. Esa realidad comienza a hacerse en nuestros cerebros, desconcertante, casi incomprensible, difícil de creer, cuando a esa convivencia se suman las FARC junto a las Autodefensas de Colombia, el ejército colombiano, oficiales norteamericanos del Plan Colombia los narcos y políticos del gobierno nacional y de la oposición, así como comerciantes de Colombia, Puerto Ayacucho, y de las mismas comunidades indígenas. Situación que inhibe las denuncias más que las amenazas, pues así las denuncias parecen venir de unos locos paranoicos. Denunciar la realidad es casi suicidarse en credibilidad personal, sin embargo, la realidad está ahí, "el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga", las denuncias se hacen cada vez más frecuentes, tanto de individualidades como de organizaciones de la oposición como del gobierno, una de las últimas denuncias viene de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (mayo, 2014) con participación de 13 organizaciones.
Por su parte los pueblos indígenas desengañados por la propia realidad deciden cada vez más incorporarse a las minas con la justificación casi unánime de "en vez de que vengan otros a saquearnos, destruir nuestros bosques y maltratarnos mejor nos dedicamos a sacar oro nosotros y el que se meta lo sacamos". Esto ha llevado a armarse a varias comunidades ahora dedicadas a la minería como las del Alto Paragüa en Bolívar cerca de la frontera con Amazonas.
El problema de la minería entrelazado con el contrabando de gasolina y alimentos genera un espejismo de dinero fácil para algunos habitantes que destruye proyectos de desarrollo endógeno basados en los recursos naturales renovables, atenta directamente contra el ambiente, y es una contradicción que genera fuertes dudas sobre el modelo de sociedad que se está construyendo. Las ganancias en el ámbito local son mínimas con respecto a los grandes negocios que se hacen en Colombia, Caracas, y otros países con los minerales de Amazonas, pero para los habitantes de Manapiare, Atabapo, Atures, Alto Orinoco, Maroa y Río Negro, esas "escasas" ganancias locales son mucho mayores que el salario mínimo o los ingresos por cualquier actividad productiva que no alcanzan para compensar los altos costos de los productos en estos municipios, incrementados más aún por estas actividades ilegales; un pinpinero en Atabapo, vendiendo gasolina a Colombia, en un día puede hacer un salario mínimo o más, un caletero en Garcitas (Atures) cobra por noche entre Bs. 5000 y 8.000 por descargar "las gandolas del general" escoltadas por cuerpos de seguridad y cargar embarcaciones colombianas escoltadas por quién sabe quién. En apariencia y de hecho, las altas ganancias para los habitantes locales que participan existen, al menos por el tiempo que duren las minas o el contrabando, permitiendo altos ingresos pero al mismo tiempo muy altos costos; en Manapiare la moneda principal es el oro y en ese municipio ha surgido el trueque no como una propuesta socialista sino como una necesidad de la avaricia, producto del escaso y volátil valor de la moneda, el habitante prefiere recibir a cambio por sus productos agrícolas como el cacao, productos industriales o su equivalente en oro. Esta minería no la ejercen solo pequeños grupos de mineros, en Yapacana se han llegado a contabilizar más de 2000 mineros que además de destruir la capa vegetal y contaminar, tienen como una de sus principales fuentes de alimentación carne de la fauna silvestre que cazan ellos mismos o cambian por oro a grupos organizados de cazadores locales. Cuando las minas se agoten (parece que esto ocurrirá antes de que se controlen) o cuando el contrabando ya no tenga sentido, tendremos un estado Amazonas saqueado, con graves problemas ambientales y sociales, y sin inversión productiva que permita garantizar una economía sana, la crisis económica y social se hará entonces muy grande. Eso sí, con una organización mafiosa y bandas armadas con presencia en los principales partidos y cuerpos de seguridad mucho más eficientes que los consejos comunales. Las empresa mineras, las de siempre y las nuevas organizadas por los nuevos corruptos (ricos) esperan y azuzan el caos de la ilegalidad para justificar la minería abierta, legal, donde seguirán con actividades ilegales para no pagar lo que le corresponde al Estado.
La adquisición de oro de mina ilegal no puede ser rastreada a través del estudio de transacciones comerciales, por lo tanto, es una de las mejores maneras de generar depósitos de riqueza fuera de los bancos y lavado de dinero producto del narcotráfico, la corrupción, y la delincuencia.
La minería durante el Proceso
El estado Amazonas se caracteriza por ser una región megadiversa, la presencia de más de 19 pueblos indígenas (19 grupos étnicos) ser un gran reservorio de agua dulce ) y por poseer un alto potencial en minerales estratégicos y preciosos entre los que destacan el Torio, el coltán (Niobio y Tantalio), el Uranio, la casiterita (Estaño), el cuarzo, el Oro, el diamante y la bauxita. Según Bruckmann (2013) Estados Unidos, presenta una vulnerabilidad estratégica de 99-100% en Coltán, Torio, cristales de cuarzo, y bauxita (aluminio); y entre 50-98% de vulnerabilidad en estaño, y diamante. Esta vulnerabilidad estratégica es de gran importancia a la hora de definir los intereses estratégicos de EEUU autodefinido como imperio y así reconocido mundialmente. Por otra parte, el codiciado oro es un mineral cuya importancia se ha venido incrementando como consecuencia de la crisis económica mundial.
Actualmente el estado Amazonas está invadido, está siendo saqueado, su población nativa está siendo ganada para una cultura minero-mafiosa y narco-paramilitar, fomentando la prostitución, el trabajo esclavo, el sicariato y la introducción de toda clase de enfermedades que están diezmando principalmente a los niños de las comunidades yanomami donde los servicios de salud tienen más dificultades para llegar, además de la contaminación con mercurio; pero no se trata del Imperio. Se extraen minerales estratégicos, algunos de importancia que muchos de nuestros funcionarios responsables de evitarlo, cuando no son miembros de las mismas mafias, no conocen, ni se preocupan por conocer; se investigan y saquean nuestros recursos genéticos con logística militar nacional y con participación de investigadores y técnicos de diferentes universidades nacionales al servicio de intereses extranjeros.
Todo el estado Amazonas es normado como una reserva de recursos minerales y forestales. Sin embargo, la minería ilegal ha venido ocurriendo de manera ininterrumpida, concentrada principalmente en áreas de reserva y parques nacionales, por lo que su ilegalidad se agrava, acentuándose significativamente en los últimos años con participación cada vez más creciente de mafias nacionales y fuerzas armadas paramilitares de Colombia (FARC (así se identifican), Autodefensas, y mafias narco-mineras internacionales) saqueando los recursos del país y generando impactos negativos en lo social, ambiental, y salud pública. Las continuas denuncias sobre esta actividad y la participación de mafias militares mineras, han tenido siempre muy poco eco, con tendencia a negar o restar importancia a las mismas. El pueblo yanomami, antes guerrero, que respondía con fuerza a los ataques de extraños, hoy se ve reducido ante la superioridad de las armas, la falta de escrúpulos y el apoyo logístico que reciben los mineros de Brasil desde ese país y desde Venezuela generando además graves problemas de salud con alta incidencia de VIH; hasta hace poco los yanomami de Alto Ocamo y Sierra de Parima se quejaban y denunciaban constantemente a los mineros y oficiales de la guardia nacional, hoy día no se atreven y al que trata de denunciar los demás lo callan, mientras las pocas comisiones serias que han llegado a la zona a investigar constatan por un lado la negación de los yanomami, y por otro los pertrechos y maquinarias recién abandonadas de los mineros. La muerte de yanomamis en manos de mineros es presentada como guerra de origen ancestral con los Y'kuanas; según los propios yḱuanas miembros de su pueblo practican la minería armada en las faldas del Marawaka donde contratan para trabajo semi-esclavo a yanomamis y Sanemá.
En otro acontecimiento notable en la década pasada (2000-2010), fueron capturados por el director de la Disip de Amazonas, Comisario Oscar Rosales, en el municipio Atabapo en el año 2005 dos militares norteamericanos del Plan Colombia que habían penetrado ilegalmente al país y que se dedicaban en ese momento a actividades de compra y tráfico de oro proveniente del Yapacana, los cuales fueron posteriormente liberados y el director de la Disip jubilado de manera prematura. ¿Realismo mágico? En el Yapacana para entonces se habían instalado las FARC que cobraban a los "dueños de las minas" el impuesto.
Como puede inferirse, el problema es complejo y exige una visión integral de abordaje tanto desde el punto vista de la investigación militar, policial, ambiental como sociopolítica. Generalmente las denuncias sobre minería son subestimadas y a ellas se contraponen copiosos informes de inspecciones realizados por los propios cómplices (o patronos) de los mineros, los que llevan en los helicópteros las chupadoras desarmadas hasta las minas; informes donde se asegura que tal situación no existe o ya ha sido controlada. Es así como un funcionario de la cancillería, ante la denuncia de los habitantes de Atabapo sobre la presencia desde hace años de "dragas" (balsas con chupadoras) me informó que el general de la Guardia le había mostrado un informe muy copioso donde se demostraba (?) que era mentira la presencia de "dragas". Ante esto yo le mostré un vídeo grabado por funcionarios del ministerio de ciencia y tecnología donde se observan las "dragas" a lo largo del Atapapo. Posteriormente militares colombianos retiraron las inexistentes dragas y hoy día ya han regresado.
La influencia de grupos armados abarca todo el estado, con presencia al sur del estado Bolívar, donde compiten las FARC que cobran "impuesto revolucionario" con grupos indígenas de "autodefensa" (mineros nativos y colombianos) armados y entrenados por colombianos (¿paracos?). ¿Dónde están los cuerpos de inteligencia? Que exista un convenio con Colombia para aliviar la tensión de la guerra retirando a contingentes de las FARC hacia nuestro país mientras se alcanza un tratado de paz se podría entender, pero de dónde salen tantos grupos armados? ¿Cómo es que el gobierno no puede identificar a las autoridades locales (mafiosos mineros) responsables de esta situación? ¿Cómo es que altos funcionarios del gobierno nacional se trasladan en avionetas privadas de agentes golpistas de oposición, de ONG's financiadas por empresas norteamericanas como la Procter and Gambel, y llevando de piloto a personas como German Zing, antiguo terrateniente-minero de Amazonas acusado de asesinato de piaroas en Valle Guanai en el siglo pasado? (el oro une); según el comandante de la base aérea de Puerto Ayacucho (2013), que los ministros viajen en aviones de opositores que dicen querer tumbar el gobierno se debe a que la FANB cobra muy caro a las instituciones el servicio de transporte (!). Entonces, ¿Porqué en las minas del Guayapo suben y bajan constantemente helicópteros militares y civiles? y ¿si dichos helicópteros no son de las FANB ni de instituciones nacionales, porqué al menos no son "inmovilizados" y colocados en una sabanita o en un río intactos o bien quemaditos como si fueran falsos positivos como ocurre con las avionetas del narcotráfico? ¿o en lugar de supuestamente destruirlos, porqué no los capturan y rescatan para convertirlos en aeroambulancias?¿Para qué están los radares?
[Extraido de articulo "A propósito de Tumeremo, la minería ilegal en Amazonas, cómo llegamos a ésto", que en versión completa está disponible en http://www.aporrea.org/actualidad/a224138.html.]