Esperanza Hermida
El gobierno nacional habla con profusión acerca de la intervención de algunas potencias extranjeras en los asuntos internos del país, más sin embargo, ello es relativo. La presencia por ejemplo en la Faja Petrolera del Orinoco de capitales foráneos y sus ganancias, no parece ser preocupación para el presidente Maduro.
Tampoco las violaciones a los derechos laborales que se estarían produciendo en el desarrollo de las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela por parte de las empresas chinas que contratan mano de obra de aquellas latitudes.
En el caso de la Faja Petrolera del Orinoco, integrantes de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, específicamente José Bodas, su Secretario General, ha denunciado reiteradamente al llamado Proyecto Orinoco, por la presencia de empresas mixtas de diversos países que explotan y comercializan el petróleo venezolano en condiciones desventajosas para la economía nacional, además de generar violaciones a los derechos laborales en el país, pues se irrespeta la constitución y la legislación que regula la materia.
La Faja comprende el eje conformado por los ríos Apure y el Orinoco. Allí se encuentran cuatro grandes áreas que corresponden a la división de la zona para su explotación, conocidas como Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo.
El portal en internet de PDVSA informa acerca de la extensión territorial de la Faja y su subdivisión en 29 bloques de explotación. En ellos se ha documentado la presencia de al menos 19 países que han suscrito acuerdos con el gobierno venezolano para desarrollar labores en estos campos.
Se trata del Campo Carabobo con reservas estimadas en 227.000 millones de barriles, del Campo Boyacá con 489.000 millones de barriles, del Campo Junín con 557.000 millones de barriles y del Campo Ayacucho con 87.000 millones de barriles. Entre los países presentes en la actividad de explotación de la Faja están India, Francia, Noruega, Cuba, Malasia, Rusia, Portugal, Vietnam, China, España, Japón, Ecuador, Chile, Irán, Brasil, Estados Unidos, Argentina y Uruguay.
Estas áreas han sido clasificadas como zonas de seguridad donde la actividad sindical es impedida por efectivos militares en abierta trasgresión al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo que ampara la libertad sindical. Este convenio fue suscrito por nuestro país.
En tal sentido pudiera concluirse que la actividad de explotación y comercialización petrolera realizada por los países que laboran en la Faja no es considerada como una injerencia, mientras que las recomendaciones de la OIT cuando insta al gobierno nacional a garantizar la libertad sindical, son calificadas como actos lesivos a la soberanía nacional.
Hasta el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, recientemente declaraba ante los medios de comunicación venezolanos que las empresas mixtas que trabajan en la Faja debían respetar la legislación laboral del país. Además, exhortó que si estas empresas contrataban mano de obra extranjera para pretender burlar la ley, debían llevarse a su gente del país o en su defecto, acatar las disposiciones que rigen para las relaciones laborales en el territorio venezolano.
En el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, integrantes de la Federación de Trabajadores de la Construcción han denunciado la presencia de mano de obra china que está contratada en condiciones que violentan la normativa laboral venezolana, por jornadas superiores a lo previsto en la CRBV y bajo la figura de la tercerización laboral.
Las admitidas formas de injerencia extranjera en la explotación y comercialización del petróleo y en el desarrollo de las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como la tolerancia del gobierno de Maduro a la vulneración de los derechos laborales, contradicen su pretendido rostro obrerista y desnudan la debilidad de su anti imperialismo.
[Tomado de http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=115184&tipo=COL&idcolum=114.]
El gobierno nacional habla con profusión acerca de la intervención de algunas potencias extranjeras en los asuntos internos del país, más sin embargo, ello es relativo. La presencia por ejemplo en la Faja Petrolera del Orinoco de capitales foráneos y sus ganancias, no parece ser preocupación para el presidente Maduro.
Tampoco las violaciones a los derechos laborales que se estarían produciendo en el desarrollo de las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela por parte de las empresas chinas que contratan mano de obra de aquellas latitudes.
En el caso de la Faja Petrolera del Orinoco, integrantes de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, específicamente José Bodas, su Secretario General, ha denunciado reiteradamente al llamado Proyecto Orinoco, por la presencia de empresas mixtas de diversos países que explotan y comercializan el petróleo venezolano en condiciones desventajosas para la economía nacional, además de generar violaciones a los derechos laborales en el país, pues se irrespeta la constitución y la legislación que regula la materia.
La Faja comprende el eje conformado por los ríos Apure y el Orinoco. Allí se encuentran cuatro grandes áreas que corresponden a la división de la zona para su explotación, conocidas como Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo.
El portal en internet de PDVSA informa acerca de la extensión territorial de la Faja y su subdivisión en 29 bloques de explotación. En ellos se ha documentado la presencia de al menos 19 países que han suscrito acuerdos con el gobierno venezolano para desarrollar labores en estos campos.
Se trata del Campo Carabobo con reservas estimadas en 227.000 millones de barriles, del Campo Boyacá con 489.000 millones de barriles, del Campo Junín con 557.000 millones de barriles y del Campo Ayacucho con 87.000 millones de barriles. Entre los países presentes en la actividad de explotación de la Faja están India, Francia, Noruega, Cuba, Malasia, Rusia, Portugal, Vietnam, China, España, Japón, Ecuador, Chile, Irán, Brasil, Estados Unidos, Argentina y Uruguay.
Estas áreas han sido clasificadas como zonas de seguridad donde la actividad sindical es impedida por efectivos militares en abierta trasgresión al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo que ampara la libertad sindical. Este convenio fue suscrito por nuestro país.
En tal sentido pudiera concluirse que la actividad de explotación y comercialización petrolera realizada por los países que laboran en la Faja no es considerada como una injerencia, mientras que las recomendaciones de la OIT cuando insta al gobierno nacional a garantizar la libertad sindical, son calificadas como actos lesivos a la soberanía nacional.
Hasta el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, recientemente declaraba ante los medios de comunicación venezolanos que las empresas mixtas que trabajan en la Faja debían respetar la legislación laboral del país. Además, exhortó que si estas empresas contrataban mano de obra extranjera para pretender burlar la ley, debían llevarse a su gente del país o en su defecto, acatar las disposiciones que rigen para las relaciones laborales en el territorio venezolano.
En el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, integrantes de la Federación de Trabajadores de la Construcción han denunciado la presencia de mano de obra china que está contratada en condiciones que violentan la normativa laboral venezolana, por jornadas superiores a lo previsto en la CRBV y bajo la figura de la tercerización laboral.
Las admitidas formas de injerencia extranjera en la explotación y comercialización del petróleo y en el desarrollo de las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como la tolerancia del gobierno de Maduro a la vulneración de los derechos laborales, contradicen su pretendido rostro obrerista y desnudan la debilidad de su anti imperialismo.
[Tomado de http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=115184&tipo=COL&idcolum=114.]
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