México: La pandemia hostiga con violencia a la población, el Estado y los paramilitares también

Secretaría de RelacionesInternacionales de CGT (Península Ibérica)

En México la pandemia por la COVID-19 se está ensañando con especial virulencia. Y es que, en este territorio, tanto su historia revolucionaria como sus cifras impresionan. Según la OMS a 31 de agosto hay casi 600.000 personas infectadas, más de 64.000 personas fallecidas por el SARS-CoV-2. En el macabro ranking mundial, México ocupa la octava posición.

No obstante, el impacto de una pandemia de estas dimensiones, pone de relieve la importancia de tener un sistema de servicios públicos que acabe con las desigualdades sociales, y en particular, una sanidad pública que garantice el derecho a la salud de toda la población. Ya en 2018 la OCDE denunciaba que millones de trabajadoras y trabajadores no tenían acceso a la cobertura sanitaria en México. De hecho, situaban al país en los últimos puestos del gasto en salud, un 2,7 del PIB según la OCDE, titulando como “un lujo” el hecho de enfermarse en México y recibir la necesaria atención sanitaria.

Y más allá aún de las cifras, están las personas. En el último viaje que hicimos a México como CGT entre 2018 y 2019 pudimos documentar la deficiente atención sanitaria de las personas secuestradas por el Estado en las prisiones del Estado de Chiapas, que si bien, cuando así lo estimaban en la prisión, eran llevados al hospital público de la capital, San Cristóbal, donde ni había en el mismo material de diagnóstico ni tristemente apósi-tos, menos aún medicamentos, desinfectantes... En la acera de enfrente al hospital, se encontraba uno de los centros privados que podían ofrecer los diagnósticos y tratamientos sanitarios adecuados... pero a precios inalcanzables para el 90% de la población, mucho menos para la población recluida que malamente puede tener una actividad remunerada.

Aunque un poco más adelante, cuando hablemos de los feudos finqueros que atacan a las comunidades rebeldes y bases de apoyo zapatistas, entenderemos también cómo el capitalismo se sirve de la violencia paramilitar y el caciquismo para no permitir que se desarrollen los servicios públicos como la sanidad pública y sí la privada, por falta de presupuesto, pero también por la violencia explícita. Pero esto no sólo se circunscribe a México, de forma más sutil y normalizada ocurre también en la Europa de abajo y el mundo entero. Antes de seguir, queremos destacar la impresionante calidad, actualización y gratuidad de la atención sanitaria en los territorios insurgentes zapatistas que pudimos constatar en el mismo viaje. Esta atención no tenía únicamente profesionales, material sanitario sino también tratamiento médico no sólo para las y los zapatistas, si no para las casi 1.000 personas que participamos en el Encuentro al que fuimos convocadas. Todo un ejemplo de lo que sí es posible cuando se trabaja por “un mundo en el que quepan muchos mundos”.

Durante esta pandemia, la explotación laboral, los secuestros por parte del Estado, las “desapariciones”, violaciones y feminicidios no se han puesto en cuarentena. Las cifras de la violencia resultan terroríficas en otro país donde portar armas está amparado por la Constitución. A modo de ejemplo, casi mil mujeres fueron asesinadas en los primeros 4 meses de este año 2020, y precisamente en el mes de abril se superó el lamentable récord mensual de asesinatos, con más de 267 asesinatos de niñas y mujeres según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas cifras destacan con las que recogimos en el citado viaje al territorio insurgente donde en los más de 25 años de zapatismo, ninguna mujer había sido asesinada.

Así la violencia y el hostigamiento que tanto el Estado como los y las finqueras ejercen contra la población, y en especial, la indígena y rebelde es continuo. Y así lo están denunciando tanto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como el Congreso Nacional Indígena (CNI) y sus bases de apoyo y resistencia. La reacción no se ha hecho esperar para lanzar una Declaración nacional e internacional en solidaridad con las comunidades zapatistas exigiendo ¡Alto a las agresiones contra los Zapatistas!

En el mes de agosto, compas del Ejido de Tila, de más de 71 mil habitantes, denunciaban la violencia de los aspirantes al Ayuntamiento encabezados por Francisco Arturo Sánchez hijo del paramilitar Arturo Sánchez, que se están promoviendo para presentarse a las próximas elecciones municipales boicoteando por una parte el sistema ejidal-comunitario elegido por la población que habita Tila, pero sobre todo destruyendo las barreras que ha construido la comunidad para autoasilarse y protegerse, reclutando menores pandilleros y violentando a la población legalmente reconocida. El ejido está registrado y amparado por la resolución presidencial del 30 de julio de 1934 y publicado en el diario oficial de la federación el 16 de octubre de ese mismo año y es uno de los municipios con alta presencia del EZLN. El pasado 29 de agosto, las y los compas encontraron asesinado con signos de violencia a un compañero del ejido que asistía a la Asamblea y reuniones de barrio. El Ayuntamiento paramilitar de Limberg Gregorio no tiene más límites que la digna resistencia de los y las zapatistas. Allí, como en el resto del territorio mexicano no hay presencia del discurso y compromiso presidencial de AMLO por proteger a las comunidades indígenas.

La ofensiva organizada contra los pueblos originarios se reproduce en todos los territorios rebeldes. El CNI recogía y apoyaba el pasado 18 de agosto la denuncia de los compañeros Miguel Espinosa Gómez y su compañera Pascuala Pérez Gutiérrez, pertenecientes al CNI por parte de la comunidad de Nueva Jerusalén perteneciente al Ejido Peña Limonar municipio de Ocosingo, Chiapas. Su hijo de 13 años fue herido gravemente  en el tiroteo contra la y el compañero del CNI y sus hijos intentando expulsarles de su casa mientras trabajaban su tierra.

Y pocos días después, el CNI repudiaba la agresión contras las comunidades y bases de apoyo zapatista en estos términos “El Concejo Indígena de Gobierno-Congreso Nacional Indígena repudiamos el cobarde ataque de integrantes del grupo paramilitar llamado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que el pasado sábado 22 de agosto alrededor de las 11:00 de la mañana robaron y quemaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoíris, que se encuentra ubicado en el sitio conocido como crucero de Cuxuljá, Municipio Autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. La organización paramilitar ORCAO ha mantenido desde hace años una presión y violencia constante sobre las comunidades zapatistas; como es el caso del Municipio Autónomo Moisés Gandhi, para detener la organización autónoma, privatizar las tierras que han costado la lucha y organización de los pueblos originarios bases de apoyo zapatistas, para amedrentar y amenazar a las y los compañeros que desde abajo vamos apostando por la esperanza, como las diversas agresiones en contra de compañeros del CNI, que fueron violentados y secuestrados por paramilitares de ORCAO, los Chinchulines y gente del partido MORENA. Denunciamos la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas, al mismo tiempo que arriba los malos gobiernos buscan imponer, por todo el país, mega-proyectos de muerte a los que nos oponemos y nos opondremos, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros territorios y permitir la destrucción que prometen los poderosos”.

Ahora, frente a la ausencia de políticas públicas de salud y desarrollo comunitario, se aprovechan de los autoaislamientos que las comunidades autoorganizadas llevan a cabo para protegerse de la pandemia por el COVID-19 para ensañarse con violencia, y exponiendo tanto a la clase trabajadora como a las comunidades a la pandemia, continúan desarrollando sus me-gaproyectos de destrucción y despojo en el Plan Integral de Morelos, el Corredor Transístmico o el Tren Maya. Igualmente, la Selva de los Chimalapas ubicada en el sur de México (istmo de Tehuantepec, Oaxaca) que está amenazada entre otras cosas, por megaproyectos mineros a cielo abierto.

Más allá de la pandemia, es momento ahora más que nunca, de mantener la cohesión, el apoyo mutuo y la solidaridad frente a la brutal hidra capitalista y sus violencias. Es por ello que las redes de resistencia y rebeldía, colectivos y organizaciones adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona nacionales e internacionales nos hemos reunido el 5 de septiembre para poner en común las diferentes acciones planificadas para lanzar una “II acción global contra la guerra en agravio al EZLN, a los pueblos originarios y a la vida, Samir Vive” entre el 16 y 20 de septiembre #Nuestra-Lucha Es Por La Vida.

[Publicado originalmente en el periódico Rojo y Negro # 348, Madrid, septiembre 2020. Número completo accesible en http://rojoynegro.info/sites/default/files/rojoynegro%20348%20septiembre.pdf.]