En Venezuela los cuerpos de seguridad del Estado matan más que el covid-19

Keymer Ávila

Según información oficial, entre los años 2010 y 2018 han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas. El 69% de estos casos ocurrió duran-te los últimos tres años. Llegando a una tasa que oscila entre las 16 y 19 personas por cada cien mil habitantes (pccmh) fallecidas por estas causas, un registro superior a la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo. En 2010 la tasa era de 2,3 y en 2018 llegó a 16,6, esto representa un incremento de un 622% (Ávila, 2019b).

El porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad dentro de los homicidios en Venezuela también es cada vez mayor: en 2010 era apenas de un 4%, ocho años después llega a 33%. Es decir, actualmente uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado [16].  Esto en un país cuya tasa de homicidios ronda los 50 pccmh puede considerarse como una masacre: durante 2018 murieron diariamente 15 jóvenes venezolanos por estas causas (Ibíd.).

 

Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil este tipo de casos apenas ocupan el 7% de sus homicidios. Durante 2017, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil 4.670 muertes, Venezuela 4.998 (Silva et al., 2019).

Estos son algunos de los saldos que caracterizan al actual gobierno, que lejos de debilitarlo le fortalecen, porque opera con una lógica necropolítica (Mbembe, 2011): en la medida que se deterioran las condiciones materiales de vida, la vida misma parece también perder su valor. En ese proceso se ejercen mayores y más efectivos controles sobre la población. Mientras más se le acusa de autoritario y dictatorial, como generador de terror, más se envilece, ese es su principal capital político. Su legitimidad no se encuentra en los votos, ni en la voluntad popular, se encuentra en el ejercicio ilimitado del poder y de la fuerza, el miedo es una de sus principales herramientas. Con la pandemia esta excepcionalidad solo se extiende otorgándole más poder a quiénes ya controlan todo el aparato del Estado.

Durante los primeros cinco meses de cuarentena -período en el que se esperaba que al reducirse la movilidad social se redujera también la violencia callejera- murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado más de 1.171 personas [17], 125 eran privados de libertad que huyeron, huían o manifestaban por las precarias condiciones en las que se encontraban en calabozos policiales o centros penitenciarios. Son ocho muertes diarias, que no escandalizan a nadie. En ese mismo lapso el COVID-19, según cifras oficiales, había acabado con la vida de 259 personas (Patria, 2020), es decir, dos personas cada día. Para los venezolanos las fuerzas de seguridad del Estado son cinco veces más letales que la pandemia que azota al mundo.

Como se puede observar en los gráficos 1 y 2 las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado se han disparado a partir de la declaratoria del Estado de Alarma. En enero se registraron 50 casos, en febrero 58, en marzo (el estado de alarma y la cuarentena comienzan el día 13) casi se triplican a 159, para seguir aumentando en los meses de abril con 215, mayo con 329, junio con 218 y julio con 221.

Los estados con la mayor cantidad de muertes institucionales son: Zulia (21,5%), Aragua (15,4%), Miranda (14%), Lara (7,8%) y Distrito Capital (7,4%), estos cinco estados suman el 66% de los casos totales.

En promedio los cuerpos nacionales son responsables de un 58% de la totalidad de estos casos, este porcentaje aumenta a 72% si se consideran sus acciones conjuntas con policías regionales o locales. Las policías estadales abarcan un 22% y las municipales un 4%, estos porcentajes se elevan a 27% y 8% respectivamente, si se considera su participación en ac-ciones conjuntas con cuerpos de otras jurisdicciones.En cuanto a la distribución de los casos por cuerpos de se-guridad, la PNB y el CICPC están bastante cerca dispután-dose el primer lugar, la PNB con el 21,5% de los casos y el CICPC con el 21,2%. Si se considera su participación en acciones conjuntas el porcentaje de casos del CICPC se eleva a 33% y el de la PNB a 31%. El 88% de los casos registrados de la PNB fueron ejecutados por su grupo tác-tico conocido como FAES.La FANB ocupa el tercer lugar con el 15% de los casos, que se incrementa 10 puntos cuando se consideran sus acciones conjuntas con otras fuerzas de seguridad. En el 91% de estos casos las acciones han sido dirigidas por la GNB.En términos generales la distribución de muertes por cuerpos de seguridad es consistente con resultados de investigaciones de años anteriores (Ávila, 2019c: 58-61).En cuanto al perfil de los fallecidos, se pudo identificar al 79% (63% con nombre y apellido, 16% por apodos) [18]. EL 99,9% son hombres, de una edad promedio de 28 años [19], la mayoría tenía entre 21 y 26 años, el 67% no llegaba a los 30. Se registraron nueve menores de 18 años, dos de ellos de 14. Se trata de jóvenes de sectores humildes y racializados que viven en las periferias.

Entre marzo y mayo se totalizaron 693 personas fallecidas por intervención de la fuerza pública, en un total de 437 casos, lo que da un promedio de 1,6 personas por cada evento. Con esta información podemos tener un marco de referencia general para evaluar la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte del Estado en estos casos, a continuación se presentan algunos indicadores:

En estos eventos fallecieron cuatro agentes de fuerza pública, esto da una razón en la que por cada policía fallecido mueren 173 ciudadanos [20]. Tómese como referente para hacer contrastes que Chevigny (1991:10) plantea que la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada funcionario de seguridad “sugiere que se pudiera haber utilizado la fuerza letal para fines distintos de la protección de la vida en situaciones de emergencia”, esto sirve como indicador de un uso excesivo de la fuerza letal.

Otro indicador es la razón entre civiles fallecidos y civiles heridos por intervención de la fuerza pública. En estos casos solo se contaron 14 civiles heridos [21], es decir, que por cada civil herido fallecen 46 [22]. Esta cifra es preocupante porque aún en contextos bélicos lo que se espera es que el número de muertos no sobrepase por mucho al número de heridos o que el número de estos últimos sea mayor [23]. En contraste, por cada tres funcionarios heridos uno fallece.

Finalmente, solo se registraron 131 personas detenidas en el marco de estos eventos, es decir, que por cada civil detenido fallecen cinco. También se contaron 457 armas de fuego incautadas, esto pudiera sugerir que, probablemente, el 44% de los fallecidos se encontraba desarmado. Estos datos reflejan una clara desproporción respecto a la cantidad de civiles fallecidos en estos procedimientos [24].

Notas:

[16] Las estimaciones que el Observatorio Venezolano de Violencia hace para 2019 son superiores.

[17] Es la cifra total del seguimiento diario que hacemos de estos casos registrados en las noticias a nivel nacional, en el que se tiene como unidad de observación a cada víctima de los eventos ocurridos entre el 13 de marzo y el 13 de agosto. La principal fuente de información fueron los portales digitales del Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio Público, así como 36 diarios (16 nacionales y 20 regionales). Cuando era necesario complementar información se revisaron también las páginas o redes sociales de las policías del lugar de los hechos. En los casos en los que existía información oficial ésta era priorizada ante cualquier otra fuente. Para el análisis que viene a continuación, sobre su distribución territorial, cuerpos de seguridad involucrados e indicadores sobre el uso de la fuerza letal, se analizaron aproximadamente unas 1.016 noticias acaecidas entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, para hacer un censo total de 693 fallecidos por estas causas durante ese período. Con los años hemos observado que con esta fuente y metodología apenas se logra hacer un modesto subregistro, que representa entre el 20% y el 30% de los casos que llega a registrar el sistema penal (Ávila, 2016:32; 2019c:54).

[18] Con el resto (21%) se usaron las variables de tiempo, lugar y organismo responsable para individualizar los casos.

[19] Se pudo conocer la edad del 35% de los fallecidos, es sobre ese porcentaje que se realiza la caracterización etaria.

[20] Otra forma de sacar esta relación es hacer un censo de todos los policías que estando en la prestación del servicio han sido víctimas de homicidio durante ese mismo período, con independencia que de ese intercambio resulten o no víctimas civiles. Este es el criterio seguido por el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina (Ávila, 2019d). Siguiendo esa metodología se cuentan seis funcionarios fallecidos, lo que daría una razón según la cual por cada policía asesinado morirían 116 civiles.

[21] Como ya se explicó la fuente utilizada son los casos informados a través de los diarios digitales, en la mayoría de éstos no se registraron heridos sobrevivientes (86%), esto puede deberse a que los heridos no resultan tan noticiosos como los fallecidos, lo que puede generar un sesgo en esta estimación. En consecuencia, el índice de letalidad basado en datos de prensa tiende a sobreestimar su valor porque es más común que las noticias den cuenta de los muertos que de los heridos. Lamentablemente, no hay disponibilidad de información para hacer este cálculo con datos oficiales.

[22] Por las versiones encontradas, así como por sus particularidades, que lo alejan de la práctica cotidiana de los operativos policiales sobre los cuales se concentra el presente análisis, para este cálculo se excluyó el caso de la masacre en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa, ocurrido el 1 de mayo, en el que se registraron al menos 47 fallecidos y 89 heridos. Con esta exclusión el número total de fallecidos quedaría en 646.23 Sobre este particular, es revelador lo que explican Silva et al . (2017:343): “Se esperaría que en enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad, la cantidad de muertos no sobrepase por mucho al de heridos y por tanto que el valor del índice no fuera muy superior a uno. Inclusive la literatura médica, al analizar el uso de armas convencionales en conflictos armados, invierte el índice para reportar heridos sobre muertos, por ser más comunes los primeros que los segundos en contextos de guerra. (…) Pero el índice se invierte cuando se trata de crímenes de guerra o tiroteos contra civiles (shootings)”.24 Estos datos son consistentes con los realizados en investigaciones anteriores (Ávila, 2019d).

Referencias indicadas:

Ávila, K. (2019b). “Una masacre por goteo: Venezuela y la violencia institucional”. Nueva Sociedad. Disponible en: https://bit.ly/2S9zKFq

Ávila, K. (2019c). “Uso de la fuerza y derecho a la vida en Venezuela”. Caracas: PROVEA. Disponible en: https://bit.ly/37AmGiM

Chevigny, P. (1991). “Police Deadly Force as Social Control: Jamaica, Brazil and Argentina”. Série DOSSIÊ NEV, N°2-1991. Núcleo de Estudios da Violência. Universidade de São Paulo.

Mbembe, A. (2011). Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto. España: Editorial Melusina

Patria Blog (2020). “COVID-19 Estadísticas Venezuela”.  Disponible en: https:// covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela

Silva, C. et al. (2019). “Análisis comparativo regional. Monitor Uso de la Fuerza Letal en América Latina” En:

Monitor del uso de la Fuerza Letal en América Latina: un estudio comparativo de Brasil, Colom-bia, El Salvador, México y Venezuela

. México: CIDE. Disponible en: https:// bit.ly/2xauU3i

[Sección extraída del articulo “¿Qué es más mortal en Venezuela: sus fuerzas de seguridad o el COVID-19? Inquietudes securitarias en tiempos de pandemia”, que en versión completa es accesible en https://www.academia.edu/43997305/_Qu%C3%A9_es_m%C3%A1s_mortal_en_Venezuela_sus_fuerzas_de_seguridad_o_el_COVID_19_Inquietudes_securitarias_en_tiempos_de_pandemia.]