Así hostiga y criminaliza la dictadura chavomadurista a la disidencia sindical

PROVEA

* Tomado del Informe Anual 2018 de Provea, de la sección dedicada a Derechos Laborales, pp. 31-35.

Desde 1999 aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales. Algunos han sido juzgados en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica. Varios de ellos llevan más de siete años en régimen de presentación ante tribunales. Pero además tienen otras restricciones como la no libertad de tránsito por el país, la prohibición de salida al exterior e incluso el no poder participar en concentraciones o protestas ni siquiera en las empresas donde fueron elegidos como representantes sindicales. Entre noviembre y diciembre de 2018 un total de 16 sindicalistas fueron encarcelados, acusados de delitos como agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada, entre otros [79].

Durante más de 10 años Provea ha venido dejando constancia en sus informes anuales de cómo, tanto en el gobierno de Chávez como en el de Maduro, se configuró un andamiaje jurídico para criminalizar el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a la manifestación, a huelga y a la opinión. Reglamentos y leyes como el Código Penal, la Ley de Seguridad de la Nación, la Ley Especial contra el Acaparamiento y el Boicot, el Código de Justicia Militar e incluso sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituyen un cerco jurídico que obstaculiza y genera riesgos a la libertad de toda persona que se proponga exigir y defender derechos. La labor sindical en sí misma implica organizar, aupar y promover luchas para la defensa y conquista de derechos laborales.

El 29.11.18 nueve trabajadores de la empresa Ferrominera fueron detenidos por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), un organismo policial adscrito al Ministerio de la Defensa. Los trabajadores realizaban una protesta exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva. Fueron presentados en tribunales y se les privó de libertad, ordenando el juez que fueran recluidos en El Dorado, una cárcel de alta peligrosidad. Los presos sociales que se encuentran recluidos en esa cárcel, en solidaridad con los trabajadores, se opusieron a que fuesen ingresados en ese lugar. El gobierno se vio obligado a llevarlos a los calabozos de Guaiparo, en Puerto Ordaz, un retén policial administrado por la Gobernación del estado Bolívar. Los trabajadores encarcelados son Pedro CALZADILLA, Alexis PERDOMO, Douglas ÁLVAREZ, Endry PERDOMO, Jodney MONSALVE, Jairo GUILLÉN y Nino PERDOMO. Fueron imputados por los delitos de traición a la patria, agavillamiento, restricción a la libertad de trabajo y daño a la nación.

El 14.12.18 cuatro trabajadores de la empresa estatal metalúrgica Venalum fueron detenidos igualmente por funcionarios de la Dgcim. Fueron presentados ante un tribunal que dictó medida privativa de libertad, ordenando que fuesen recluidos en La Pica, estado Monagas, una cárcel de alta peligrosidad. Para enero de 2019 no habían sido trasladados y se encontraban privados de libertad en los calabozos de ese organismo policial adscrito a la Fuerza Armada.

El 29.11.18 fue detenido el dirigente sindical Rubén Darío GONZÁLEZ ROJAS, secretario general de Sintraferrominera [80]. Tiene 34 años laborando para la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Ferrominera del Orinoco. Fue privado de libertad en la población de Anaco, estado Anzoátegui. González se desplazaba junto a un grupo de 60 trabajadores de la empresa, quienes habían participado el 28.11.18 en una protesta en la ciudad de Caracas. Los vehículos donde regresaban a Ciudad Guayana fueron interceptados por aproximadamente 20 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 10 de la Dgcim. El resto de los trabajadores fueron puestos en libertad a las pocas horas, pero se dejó detenido a González porque supuestamente tenía una orden de detención del 18.08.18 solicitada por la Fiscalía Militar N° 43 de Ciudad Bolívar, bajo la dirección de la capitana Karelis Núñez, por la presunta comisión de los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada.

El viernes 30 de noviembre en horas de la tarde fue presentado ante el tribunal de control militar con sede en la ciudad de Maturín, estado Monagas. Procesado en el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control del estado Monagas [81]. Se le imputaron los delitos de “ultraje al centinela, a la bandera y a la Fuerza Armada”, conforme a lo previsto en los artículos 501, 502, 504 y 505 del Código de Justicia Militar.

La detención, encarcelamiento y juzgamiento por tribunales militares del sindicalista Rubén González se da en un contexto de detenciones arbitrarias sistemáticas realizadas contra personas críticas al gobierno o que reclaman derechos, y como parte de la política de Estado contra la dirigencia sindical disidente. Según Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud, González habría sido torturado:

“Una vez más Nicolás Maduro viola los derechos humanos. Cuando un gobierno permite ese tipo de cosas, vemos el talante antidemocrático. No le importa torturar a un ciudadano. Rubén es cualquiera de nosotros, cualquier persona que levanta la voz” [82].

En particular en el caso de Rubén González, desde hace más de siete años hay una persecución constante por su consecuente labor en defensa de los derechos laborales. En agosto de 2009 los trabajadores de Sintraferrominera organizaron una huelga pacífica por incumplimiento de la convención colectiva. Transcurrido un mes González fue detenido por presuntos delitos durante la huelga, encarcelado por 15 meses, procesado durante cinco años con innumerables incidencias procesales e irregularidades que retardaban el curso del procedimiento y finalmente, en 2014, se decretó libertad plena al considerar que era inocente de todos los cargos que le imputaron por dirigir una huelga de trabajadores en la empresa Ferrominera [83]. En 2018 es nuevamente encarcelado y procesado bajo la jurisdicción militar.

Otro caso a destacar es el del dirigente sindical Carlos NAVARRO, presidente de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI Venezuela). El 29.08.2018, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la más grande del mundo, manifestó:

“(...) su profunda preocupación ante el creciente cuadro de hostigamiento y amenazas al compañero Carlos Navarro, presidente de la Central Sindical ASI Venezuela, quien desde hace varios días está sufriendo un cuadro de persistente seguimiento por parte de varios individuos no identificados, quienes han hecho demostraciones ostensivas de agresividad contra el compañero Navarro, otras/os compañeros/as de ASI y sus familiares” [84].

Notas:

[79] Todos los sindicalistas encarcelados pertenecen a las empresas básicas de Guayana del sector metalúrgico, empresas del Estado, y las protestas por las cuales fueron detenidos se relacionan con reclamaciones de cumplimiento de las convenciones colectivas.

[80] Identificado el sindicato con las siglas Sintraferrominera.

[81] Causa N° FM 43053-2018.

[82] El Nacional: “Denuncian que Rubén González fue torturado en La Pica”. 02.12.18.

[83] La sentencia fue dictada por el Juzgado Vigesimocuarto (24°) de primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Blanca Pacheco.

[84] Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas-Confederación Sindical Internacional (CSA-CSI) [en línea] http://csa-csi.org/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=4632 Consulta del 09.02.19.

[El texto integral de la sección de Derechos Laborales del Informe Anual 2018 de PROVEA es accesible en https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/07laborales-4.pdf.]