El cáncer del Arco Minero se extiende y llega al Edo. Amazonas

Minerva Vitti (revista Sic)

En la calle principal del Barrio Unión, en Puerto Ayacucho, tres locales con las cortinas metálicas bajadas e identificados con los carteles de ONAFIM (Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera. Misión Piar), Proveeduría. Motor Minero, y Arco Minero del Orinoco; anuncian que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, decretada el 24 de febrero de 2016 sin consulta previa libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y sin estudio de impacto socio-ambiental; llegó al estado Amazonas. Un estado al sur de Venezuela en el que precisamente está prohibida la minería, en cualquiera de sus modalidades, por el decreto N° 269 del año 1989, y los decretos que crean la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco y diferentes parques nacionales.

La posible apertura de una oficina del Arco Minero del Orinoco expande el megaproyecto del estado Bolívar al estado Amazonas. Además, coincide con la preocupación que han compartido varios líderes indígenas, a quienes se les ha pedido que consulten a sus comunidades si estarían de acuerdo en aprobar la minería artesanal en los territorios que habitan ancestralmente.

Precisamente, el 12 de octubre de 2018 el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, mencionó la posibilidad de pedir permiso y hacer consulta a las comunidades indígenas para la explotación minera y que se revirtiera la ganancia en las comunidades indígenas. Con esta consulta sobre minería artesanal, el gobernador pretende ordenar la minería ilegal, obviando que las organizaciones indígenas han sido muy claras en que no quieren minería en sus territorios, y que la practica de esta actividad depredadora ya ha traído consecuencias irreversibles en los ecosistemas y en la organización social de estos pueblos.

Los indígenas reiteran que su principal demanda es la demarcación y titulación de sus territorios, que como han denunciado las propias organizaciones indígenas se encuentra estancado y con menos del 15 % de realización, a pesar que la Constitución Nacional establecía un período de dos años para ser llevado a cabo en su totalidad.

“Necesitamos urgentemente la reactivación de la comisión nacional de demarcación de los territorios indígenas, porque en Amazonas está paralizada. Hay muchos expedientes de los hermanos indígenas, el pueblo yanomami, el pueblo arawaco, el pueblo yekuana, el pueblo hoti, el pueblo sanema, que están esperando por la reivindicación de sus territorios para garantizar la vida los pueblos indígenas”[i], dijo Gregorio Mirabal, quien actualmente es el coordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Lo anterior se enmarca en un contexto de violencia generalizada y disputas por los territorios donde se practica minería en Amazonas. El 4 de noviembre de 2018 hubo un enfrentamiento entre un grupo armado irregular procedente de Colombia, que algunos habitantes identifican con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en la comunidad de Picatonal, ubicada en el eje carretero norte a treinta minutos de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas.

Los amazonenses siempre han denunciado que ambos grupos tienen acuerdos de convivencia, por eso mientras se aclaran los verdaderos motivos del enfrentamiento, nos preguntamos si este evento guarda relación con una disputa territorial por la entrada de transnacionales convocadas en el marco del decreto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Minería ilegal en Amazonas

La Red de Defensores y Defensoras de Derechos Indígenas y Derechos de la Naturaleza, del estado Amazonas elaboró un Diagnóstico Socio-Ambiental del estado Amazonas donde alerta sobre la expansión de la minería ilegal en las últimas cuatro décadas,  “desde su presencia inicial en las cabeceras del río Orinoco en los comienzos de los años 80, oportunamente denunciada y enfrentada exitosamente por el Estado venezolano, hasta la identificación en la actualidad de por lo menos 56 sitios de minería, dispersos en las principales cuencas hidrográficas: Orinoco, Atabapo, Guainía, Negro, Ventuari, y muchos de sus afluentes: Parú, Parucito, Marieta, Wanay, Cunucunuma, Ocamo, Caño Iguapo, Padamo, Pasimoni, Pasiba, Siapa, Caño San Miguel, Yagua, Yureba, Caño Picua, Puruname, Maraya, Moyo, Fibral, Caño Caname, Guayapo, Cuao y otros afluentes de menor extensión”.

En estos lugares existen Áreas Bajo Régimen de Protección Especial (Abraes): cuatro Parques Nacionales, diecinueve Monumentos Naturales, una Reserva de Biósfera y otras categorías de áreas protegidas. Por cierto, algunas de ellas han llegado a constituirse en destinos turísticos, no únicamente del estado Amazonas, sino del país, como por ejemplo el Cerro Autana.

La Red advierte que “las técnicas de extracción han incrementado sus impactos negativos sobre los recursos naturales y la salud humana, pasando de medios artesanales a una minería mecanizada que incorporó motobombas, dragas, explosivos, monitores hidráulicos y sustancias químicas como el mercurio y el cianuro; mientras que las modalidades pasaron desde la participación individual, hasta la concentración de cientos de mineros en un sitio de mina; estableciendo paralelamente relaciones de trabajo caracterizadas por la explotación de la mano de obra en beneficio de financistas, proveedores, comerciantes y otros actores, que prestan diversos servicios. Incluso, se identifican actuaciones de funcionarios públicos e individuos representantes de diversas organizaciones del Estado, en evidente violación de las regulaciones”.

En esta actividad ilícita participan nacionales y extranjeros, con la incorporación de grupos armados irregulares. La Red también reconoce “la creciente participación de hermanos indígenas, de Colombia y Venezuela, en la actividad minera, la mayoría de ellos ocupando las posiciones más débiles de la estructura funcional que se ha generado alrededor de la actividad”.

La minería no es la única identidad de Venezuela

En Amazonas muchas comunidades indígenas del municipio Manapiare están produciendo yuca, mapuey, maíz, plátano, miel, mañoco, aceite de palo, cacao, almidón, harina de pijiguao, harina de plátano, aceite de seje, caraña, ají molido. En muchas oportunidades estos alimentos se les dañan porque no tienen cómo sacarlos de las comunidades hacia Puerto Ayacucho, para poderlo vender. La falta de combustible, esencial para la movilización y las labores productivas y sociales; y el poco o escaso apoyo aéreo de las fuerzas armadas imposibilita la comercialización de estos productos. Precisamente muchas mujeres indígenas están sembrando porque no quieren involucrarse en la minería, pero los obstáculos se multiplican y empujan a la gente a esta práctica.

El gobierno nacional declara a Venezuela como un país petrolero-minero, por encima de cualquiera de sus otras identidades, y plantean que el país saldrá de la crisis que atraviesa si explota sus bienes naturales a gran escala.

Como bien dice el geógrafo Héctor Escandell: “La decisión de basar el proyecto económico nacional en otra actividad extractivista minera, lo que evidencia es una visión cortoplacista por generar riqueza material a costa de los efectos de mediano y largo plazo sobre  elementos naturales que, como el agua dulce, son esenciales para la vida;  y sobre  las posibilidades autogestionarias de las poblaciones locales, particularmente de los pueblos indígenas; mientras que paralelamente inviabiliza otras opciones más sostenibles (manejo de la selva y su biodiversidad, turismo, agricultura…)”.

Hasta este punto es evidente la relación entre minería ilegal, grupos armados irregulares, y militares. También es notorio el incremento de la violencia en los municipios donde se práctica la minería aurífera, situación que se potenciará porque para que entren las transnacionales chinas al territorio, y se oficialice el Arco Minero del Orinoco en Amazonas, son necesarias ciertas condiciones que garanticen la “seguridad” de la “inversión”. Pero lo que siempre se pierde de vista es lo estructural: “Es necesario desarrollar una política integral que atienda el problema socioeconómico de las personas que practican minería en pequeña escala, garantice la preservación del hábitat de los pueblos indígenas y sus derechos, y la soberanía territorial mediante el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado y la realización de planes de seguridad con enfoque de derechos humanos”[viii]. La minería ilegal no se arregla con megaminería.

Del mismo modo, resulta necesario el acompañamiento más constante de los líderes, organizaciones y comunidades que hacen resistencia y que apuestan a alternativas productivas distintas al modelo extractivista minero. Solo el fortalecimiento del tejido social en las ciudades y en los territorios podrán exigir la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, detener el Arco Minero del Orinoco, y decir no a otros “arcos” que el gobierno venezolano pretende implantar como proyecto nacional. Lo que está en juego es la vida y la destrucción de la Amazonia. Venezuela no es solo minería.

[Versión resumida de artículo que en su texto integral es accesible en http://revistasic.gumilla.org/2018/amazonas-profundizacion-del-extractivismo-disputas-territoriales-y-conflictos.]