México: Enfrentando la trampa de las “multinacionales verdes”

Equipo de Relaciones Internacionales de la CGT

El pasado mes de abril tuvimos la oportunidad de conocer en primera persona a Bettina Cruz Vázquez. Bettina es una mujer binnizá defensora de los derechos humanos desde que tenía 14 años. Ella es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (168 mujeres), de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno.

Esta ingeniera agrícola ha sido represaliada, detenida, encarcelada y torturada en numerosas ocasiones por las movilizaciones de resistencia civil que ha protagonizado. Es originaria y habitante del Istmo de Tehuantepec, una región que se reparte entre los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz en México, que une el océano Pacífico con el Atlántico en algo más de 200 km, una zona rica en petróleo, recursos madereros y eólicos. Si en el estado de Oaxaca viven 16 pueblos indígenas, 5 de ellos están en el Istmo. A pesar de lo agreste de la zona, conviven en el mismo territorio una diversidad originaria humana, cultural, de flora y fauna.

Las respuestas indígenas

Como decíamos, Bettina es concejala del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), ente medular del Congreso Nacional Indígena (CNI) que lo propuso en su 5º congreso y que en diciembre de 2016 fue aprobado con la participación de 523 comunidades, de 25 estados del país y de 43 pueblos indígenas.

El CNI es un espacio de confluencia de los pueblos indígenas de México que acoge a 66 de ellos y el CIG es la forma como éste se organiza para encontrarse y tomar decisiones. 22 años después del levantamiento zapatista, en el aniversario del CNI, se formó el Concejo Indígena en el gobierno para dar un paso en la transformación del país con organizaciones locales, voceras y visibilizar sus luchas. Esta organización no ha entrado en la administración política oficial, continúa con su “mandar obedeciendo”, desde abajo a la izquierda, y la construcción de autonomía en los ámbitos personales y locales.

Desde hace más de 10 años están respondiendo a la entrada de multinacionales en la zona que bajo el epígrafe de empresas verdes para la extracción de energía renovable, nada tienen que ver con el respeto al territorio, ni a la naturaleza ni a sus habitantes. En la zona del Istmo hay vientos de más de 290 km/h, lugar propicio para producir energía eólica, como dice Bettina, “nosotras no sabíamos que el viento se podía vender”. Allí se producen actualmente más de 2.600 mega watts de energía eléctrica que se sacan de la zona a través de las redes eléctricas construidas por las administraciones estatales con el dinero público de sus contribuyentes.

Con este discurso del desarrollo del empleo y de la modernización, empresas y gobierno imponen unos modelos de desarrollo violentos, y despojan a sus habitantes de sus tradicionales territorios de agricultura, pesca, rituales, caza y recolección; y desplazando a las poblaciones indígenas. Es decir, que extraen la riqueza del territorio, violentando a los habitantes humanos y no humanos que lo habitan, sin beneficio alguno para éstos y éstas y siendo todos los impactos dañinos. Es lo que el mal gobierno ha denominado ZEE, zonas especiales económicas.

Han calculado que un mega-watt produce al año cerca de 300 millones de pesos (es decir, más de 1.314 millones de euros). Si se producen 260 mgw por hora en el Istmo, ¿cuántos millones de pesos producen? ¿Por qué no hay ninguna inversión en el territorio del que se extrae? La población indígena que habita el territorio ni siquiera puede utilizar esta energía extraída en su territorio, es más, muchas de ellas viven sin electricidad porque no tienen acceso a esta energía.

Bettina también denuncia que la energía renovable no genera autonomía sino dependencia, beneficiando únicamente al capitalismo, corrompiendo a las autoridades locales, agrarias y federales. Por ejemplo, una de las consultoras que certifican a las empresas del impacto medioambiental de sus negocios pertenece al subsecretario de la Secretaría de Medioambiente Federal, no hay imparcialidad.

Se ignoran los impactos nocivos de las empresas, por ejemplo, cada turbina de los aerogeneradores tiene 400-600 litros de aceite que si explotan, se expande, además de gotear y filtrarse en la tierra, contaminando el suelo, las capas freáticas, las aguas. Preocupa también la muerte de aves y murciélagos porque en un año mata a más de 3.000 aves y 6.000 murciélagos que no pueden cumplir sus funciones en el ecosistema, como refleja un estudio que hizo el Banco Mundial en uno de los parques eólicos. También se ignora el ruido, que espanta a las personas que viven cerca así como a las aves; sin consulta previa libre e informada a la población como dicta la ley (Convenio 169). Y para colmo, las empresas recientemente han solicitado un amparo federal para evitar pagar impuestos. Por ejemplo, en la zona de Juchitán hay 15 parques eólicos en 10 años. Las empresas dueñas de estos parques deben 500.000 millones de pesos, es decir que no solo no hay reparto de la riqueza sino que ni siquiera contribuyen en mantener los servicios públicos. En la misma zona, el 46% de la población está en extrema pobreza.

Neocolonialismo

Bettina nos informa de que algunas de las empresas beneficiadas de este expolio son españolas, como Iberdrola que ha promovido la aprobación de una ley anticonstitucional, el 96% de sus ingresos provienen de la energía fósil, a pesar de la imagen “renovable” que pretende promocionar. Pero también Gas Natural Fenosa, Acciona, Repsol, Renovalia Energy, Abengoa, Gambe SA, GESE (de origen y capital gallego). Y también están EDF (Francia), SIEMENS (Alemania) y otras empresas europeas.

Luchas de David contra Goliat

Las indígenas constituyen una lucha de autodefensa de su territorio, tratando de organizarse y de no atemorizarse por las amenazas, intento de asesinato, desprestigio y detenciones ilegales, tratando de criminalizar su lucha. Bettina tiene medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para protegerla de las situaciones de riesgo y las agresiones del Estado-gobierno de Oaxaca.

Con todo ello, nos propone hacer una reflexión crítica de las energías renovables que promocionan las mismas empresas que han provocado la debacle medioambiental.

Su visita debería llevarnos a crear conciencia sobre la explotación de la tierra, el despilfarro de la energía, “habría que disminuir el gasto eléctrico”. Pero también a concienciarnos de la solidaridad, “entre todas podemos cambiar las cosas”, por ejemplo enviando cartas a las autoridades, movilizaciones frente a las multinacionales europeas, apoyo económico para procesos judiciales...

[Publicado originalmente en el periódico Rojo y Negro # 324, Madrid, junio 2018. Número completo accesible en http://www.rojoynegro.info/sites/default/files/rojoynegro%20324%20junio.pdf.]