Argentina: Resistencia y desafíos vistos desde el anarcosindicalismo

Consejo Federal F.O.R.A. (Federación Obrera Regional Argentina)

Llegamos a marzo con grandes planes de ajuste estatal y empresarial y el reacomodo de las figuras de la burocracia sindical de acuerdo a la billetera prometida y también a la impunidad en cuanto a los “trapos sucios” que esconden por su manejo de los sindicatos. También llegamos a marzo con despidos masivos y cierres de empresas estatales y privadas. Enero y febrero fueron meses de manifestaciones masivas contra los despidos en todo el país, sin olvidar las provincias donde los trabajadores están sufriendo la falta de pago de sus salarios y el congelamiento salarial, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Fueron meses de gran resistencia del pueblo trabajador, que no se quedó de brazos cruzados ante el desastre que está generando la política de Cambiemos. Claros ejemplos de esto sonFanazul, el ingenio San Isidro en Salta, las minas en Río Turbio, son un claro ejemplo de cómo avanzan sobre el pueblo y lo que responden al momento de encontrar una resistencia: la represión.

Para poder avanzar con la entrega de la economía a las grandes corporaciones y el abaratamiento de la mano de obra, el gobierno dispuso una cuántas medidas económicas y ventiló algunos planes que tiene para poder llegar a buen puerto sin mucho sobresalto, por supuesto, contando con aliados imprescindibles (impresentables si se lo quiere ver desde nuestro lado) como son los burócratas sindicales.

A principios de enero, nos abrochó con un DNU que modificaba y empeoraba las condiciones en que como trabajadores nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida tocando puntos como el dinero recibido en materia de aportes jubilatorios, el endeudamiento en que todos, de una u otra forma, nos movemos debido a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo del salario que día a día se acrecienta más, la autorización para que las empresas puedan seguir importando productos. Es un avance que continúa con el saqueo y el deterioro ya planteado desde las esferas del Estado y consensuado con los empresarios y burócratas. Insisten en la especulación financiera como forma de ingreso de dinero a las arcas del Estado, arriesgando el dinero que le corresponde a los trabajadores pasivos y los beneficiarios de planes sociales al autorizar la creación de fideicomisos con la plata que descuentan a fin de mes del sueldo (a los que por suerte están en blanco); los bancos tienen autorización para cobrar las deudas metiendo mano en las cuentas sueldo, sin necesidad ya de la autorización de un juez; la habilitación de las importaciones continúa la sangría de trabajadores en las multinacionales que pueden vender más pagando cada vez menos a cada vez menos trabajadores.

El estrangulamiento económico del pueblo trabajador para ponerlo más ymás de rodillas suma este nuevo avance como preludio de lo que será la reforma laboral tan mentada y anunciada en diciembre. Una flexibilización laboral que a raíz de las manifestaciones contra la reforma provisional y la represión subsiguiente encontró un escollo en su camino y obligó al Estado y a la burocracia sindical a replantearse la forma en que estaba haciendo las cosas. No porque vayan a echarse para atrás, sino porque necesitan consensuar más de lo que ya estaban haciendo y  reacomodarse para generar la menor resistencia posible. Por eso allanó el camino con el decreto, para tener el terreno listo para las cuatro leyes en que decidió dividir el proyecto de flexibilización laboral en 4 partes y reorganizar su aprobación con los puntos prioritarios primero, como la “capacitación laboral” y las pasantías.

En medio de todo esto, y en una puja entre un sector de la burocracia y el Estado, el secretario de Camioneros convocó a una marcha el 21 de febrero. Marcha en la cual, a pesar de que muchos burócratas pegaron el faltazo en vistas de su lugar entre favoritos del oficialismo (algunos habían llamado a participar y luego se bajaron), se pudo ver una multitud de trabajadores y trabajadoras que mostraron su rechazo a las políticas económicas del gobierno y que dan claras señales de la dificultad que tendrán para avanzar con el ajuste previsto, sobre todo para educación y salud.

Después de diciembre, las figuras en el mapa sindical se fueron realineando y configurando un “sinceramiento” de las posiciones que cada burócrata ya tomó, al menos en estas circunstancias. La mentira de la unidad de la CGT se fracturó con el paro frustrado que se convocó el 18/12 y con la movilización del 21 de febrero se terminó de romper del todo, justo a las puertas del comienzo de las paritarias de la mayoría de los trabajadores y de los docentes en particular. Prevén un máximo de aumento salarial de 15% (en cuotas obviamente) y sin la cláusula gatillo que algunos dirigentes quieren dejar por si arreglaron poco, para adaptarlo a la estimación de la inflación que dicen será del 15% (a los jubilados, por su parte, les aumentarán sólo 5%). En vistas de esta situación y en reconocimiento a su labor, además de mostrar públicamente respecto a lamarcha, el ministro de trabajo llevó de paseo a Europa a los sabuesos de la patronal en las empresas, estos son: Caló (UOM), West Ocampo (Sanidad), Pignanelli (SMATA), Barrionuevo (Gastronómicos), Martínez (UOCRA), Moser (Luz y Fuerza), Ayala (UATRE), Fernández (UTA), Hlebowicz (Pasteleros) y Cavalieri (Comercio). Además de los reconocidos aliados del gobierno, se encuentran las burocracias presentes en automotrices y autopartistas (beneficiarias predilectas de la flexibilización y el DNU de enero), del transporte (un gremio clave a la hora de paralizar el país en caso de una huelga general), energía y construcción y al burócrata de comercio, que contiene a uno de los gremios más grandes que hay en el país. Es claro que al llevarlos a pasear, están forjando las cadenas con las que nos querrán someter para poder llevar a cabo su política anti obrera.

La represión juega un factor clave en estos planes, ya que en caso de no poder contenernos, vendrán con palos a aplacarnos. Ya sea en la toma contra los despidos en INTI, la de Desarrollo Social, la militarización del hospital Posadas (luego del enfrentamiento de los trabajadores con la burocracia) y las represiones salvajes en Salta contra la población que resiste el cierre del Ingenio San Isidro son una clara muestra de que no titubean a la hora de enfrentar a los trabajadores y trabajadoras en resistencia. Los acuerdos con EEUU para la instalación de una base en el país y la gigantesca compra de balas de goma, gases lacrimógenos nos hablan de que no les importa nada a la hora de conseguir lo que quieren, como dijeron en su “nueva doctrina” policial. Además de esto, el embargo de hasta $ 200.000 a los detenidos en la cacería del 18/12 y a los que siguen presos desde el 14/12, habla de la complicidad de un Poder Judicial que, sin sorprendernos, actúa como ejecutor de una política de persecución constante a aquellos que se manifiestan y luchan por sus derechos.

Está más que clara la posición de nuestros enemigos de clase. Estado, patronal y burocracia sindical, buscan mantener el robo de derechos y la ganancia a costa de los trabajadores y trabajadoras. No tienen empacho en quitar oportunidades de recibir educación o de empeorar y reducir las prestaciones de salud al pueblo. Será todo para aquellos que puedan pagar y los demás a arrastrarse para poder conseguir un poco. No permitamos que sigan esquilmándonos y reduciéndonos cada vez más en la pobreza. Organizándonos para seguir desarrollando y potenciando la defensa de nuestros derechos, es como podremos detener este saqueo al pueblo.

Los grandes negocios no pueden ser motivo de hambre y miseria para la inmensa mayoría del pueblo, los trabajadores y trabajadoras tenemos que pararlo y avanzar hacia la mejora de nuestras  condiciones de vida.

[Artículo publicado originalmente en el periódico Organización Obrera # 73, Buenos Aires, marzo/abril 2018. Número completo accesible en https://mega.nz/#!FFpkiDaa!bCYID8_dLvTq6QhZKgOV-AN1CU4OKjKmNY3a4058OHg.]